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Miércoles, 16 Noviembre 2016

La JEP “funcionará hasta por diez años”, un engaño del presidente Santos

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con la firma del nuevo acuerdo de paz con las Farc comienzan a aparecer en el debate público nuevas imprecisiones sobre su alcance. Esta vez el ‘pinochito’ fue el presidente Juan Manuel Santos, quien omitió decir varias cosas al hablar del límite de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El 12 de noviembre, con un discurso que duró 23 minutos, Juan Manuel Santos, primer mandatario de los colombianos, anunció que se había firmado el nuevo acuerdo de paz entre su gobierno y las Farc. Durante su alocución el Presidente explicó los límites de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros temas.

Santos sostuvo que la JEP “funcionará hasta por diez años”, algo que Colombiacheck encontró engañoso gracias a la inspección del texto del nuevo acuerdo, el cual, pese a la promesa del Presidente de que los colombianos podríamos leerlo al día siguiente, solo se pudo revisar 35 horas después, a las 6:53 de la mañana del 14 de noviembre, cuando finalmente el Equipo de Paz del Gobierno lo divulgó.

 

 

Sobre el plazo en que va a operar la JEP el presidente explicó que, respondiendo a una petición expresa de limitarla, “funcionará hasta por diez años y solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años”.

Sin embargo, tras revisar los nuevos acuerdos revelados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encontramos que los diez años no son el verdadero límite y que, específicamente en el numeral 9 del punto 5.1.2., queda claro que se podrá extender su vigencia en el tiempo:

El plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de los informes que tratan los literales b) y c) del numeral 48, será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad. La Sección de estabilidad y eficacia de Resoluciones y Sentencias prevista en el último párrafo del numeral 52 podrá constituirse en cualquier momento en que resulte necesaria, sin limitación temporal alguna”.

El tema de un tiempo límite para la JEP fue propuesto por varios críticos del acuerdo de paz que no logró la refrendación el 2 de octubre, por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó que “era apropiado fijar límites de tiempo a esa jurisdicción para que la justicia ordinaria no sea reemplazada”.

Con el nuevo acuerdo se habla de un límite de tiempo pero no queda claro de cuánto será, lo cierto es que pueden ser más de 10 años, algo que no dijo el presidente Santos en su discurso.

El 'taximetro' de la JEP

El primer escollo que Colombiacheck encontró para verificar la frase del Presidente sobre los diez años en que operará la JEP, es que estos solo se empezarán a contar cuando todas las salas y secciones estén en funcionamiento. Es decir, en principio habrá salas y secciones que inicien su operación mucho antes que otras. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento empezará a operar mucho antes que la de Amnistía e Indulto.

Colombiacheck buscó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de corroborar esta información y en dicha entidad lo confirmaron, sin embargo, recalcaron que todas estas salas y secciones de la justicia transicional funcionarán de manera pronta.

Pero el problema no solo es cuándo arranca, el numeral referido por Colombiacheck y no mencionado por el presidente Santos en su discurso dice expresamente que la JEP tendrá otros cinco años de funcionamiento, los cuales podrán prorrogarse.

Es decir, la JEP tendrá diez años para investigar, imputar cargos y juzgar. Luego los otros 5 se usarán para cierres o, como lo dice el propio acuerdo, “para concluir su actividad jurisdiccional”.

Otro punto que no fue mencionado por el presidente Santos es que este mecanismo de justicia transicional tendrá una sección que funcionará a perpetuidad, por lo menos así lo dice expresamente el nuevo acuerdo. Será la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias que funcionará “sin limitación temporal alguna”.

En Colombiacheck no podemos explicar cuál es la razón para que el presidente, al dirigirse a millones de colombianos en su intervención televisada del 12 de noviembre, dijera que la JEP “funcionará hasta por diez años” y omitiera todas las otras posibilidades que ofrece el nuevo acuerdo.

Pero consideramos que este no es un asunto menor ya que al hablar del funcionamiento del mecanismo especial también hablamos de recursos públicos. No es lo mismo mantener la justicia transicional por una década que por 15 años y tampoco es igual buscar recursos para un mecanismo alternativo de justicia con una sección que funcionará eternamente.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

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Sábado, 23 Julio 2016

Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ni un sólo día de cárcel para las Farc, ha sido una de las más fuertes críticas del expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz. Colombiacheck verificó y en este caso tiene razón. Pero no tanta.

Colombiacheck verificó la afirmación que ha dicho el expresidente Uribe sobre el tema de no cárcel para las Farc, una consigna que no sólo ha dicho el actual senador sino un gran número de personas afines al uribismo, críticos del proceso de paz, postura que representa a un buen número de colombianos.

 

 

Lo primero que hay que decir respecto a las continuas afirmaciones de que no habrá cárcel para las Farc, es que es un argumento que apela al imaginario colectivo de una prisión con celdas pequeñas separadas por barrotes. Algo que puede confundir a los colombianos ya que los desmovilizados de las Farc sí pagarán sanciones con restricción efectiva de su libertad, solo que lo harán en otro tipo de espacios, según el Acuerdo General de paz.

Ese tema se trata, específicamente, en el punto sobre Víctimas. El cual deja muy claro que los guerrilleros que se acojan al proceso de paz y cumplan con ciertos requisitos, no pagarán sus penas en una prisión tal y como las conocemos.

Esa imagen de guerrilleros tras las rejas, especialmente los miembros del Secretariado de las Farc, por la que claman Uribe y sus seguidores, es poco probable que la veamos. Mucho menos si la imaginamos al estilo de Hollywood: con pijama de rayas o con sudadera naranja como suele mostrarlos el cine norteamericano.

La afirmación de Uribe se basa en el numeral 60 del punto de Víctimas, el cual sentencia: “La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”.

 

El camino de la verdad

Respecto a penas y sanciones, el Acuerdo General de paz, dispone dos tipos de tratamientos para los guerrilleros. Por un lado los que digan la verdad, asuman su responsabilidad, reparen a las víctimas y garanticen la no repetición, sin importar si se trata de delitos graves, amnistiables o no amnistiables, no pagarán cárcel.

Tal y como lo ha sostenido el expresidente, lo que tendrán será restricción de la libertad y de movimiento. Inicialmente, luego de la firma del Acuerdo General, estarán seis meses en las famosas 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, y en los ocho campamentos de ubicación en donde se realizará el proceso de desarme y reintegración a la vida civil.

Luego de esos seis meses, los combatientes irán a unas zonas de reincorporación que aún están pendientes de acordar entre Gobierno y Farc, como parte del tercer punto de Fin del Conflicto. Zonas de las que aún se desconocen sus detalles.

Precisamente el tema de las penas ha sido uno de los aspectos que el uribismo ha puesto como condición para participar de los diálogos en La Habana. “Si el Gobierno y las Farc aceptan reabrir algunos capítulos como el de la impunidad y la elegibilidad política, estaríamos dispuestos a participar en esa conversación”, sentenció el senador Uribe el 21 de julio en una cumbre del Centro Democrático.

 

El camino de los renegados

Los guerrilleros que no digan la verdad ni asuman su responsabilidad, también estarán en las Zvtn y en los ocho puntos de ubicación, pero al no cumplir con los requerimientos del Acuerdo General, su camino será diferente.

Estos desmovilizados tendrán que afrontar la justicia ordinaria o en su defecto ajustarse a las máximas penas alternativas pactadas en la negociación, que en ningún caso podrán superar los 20 años de cárcel, según el numeral 60 del punto de Víctimas.

“Las sanciones ordinarias que se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves”.

Básicamente estas son las únicas dos opciones que tienen los militantes de las Farc que se sometan al Acuerdo General de paz, zanahoria o garrote.

A grandes rasgos el gobierno colombiano apuesta por un concepto alternativo de lo que significa pagar las penas o sanciones. Los miembros de las Farc, de asumir su responsabilidad, no estarán en La Picota, La Modelo, El Buen Pastor o extraditados en Estados Unidos, ya que la no extradición quedó acordada en el numeral 72 del punto de Víctimas.

Respecto al debate sobre si las Farc pagarán sanción intramural, Colombiacheck dialogó con María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), quien explicó que no hay estándares internacionales que manifiesten que las penas de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos deben ser intramurales.

Lo importante, según Moreno, es que no pueden dejar de ser sancionados. La directora de Ictj explicó que la costumbre internacional son las prisiones intramurales pero que cada país que negocie un proceso de paz con un grupo armado, tiene la potestad para definir cómo serán las sanciones.

Respecto al hecho de que sean elegibles (como lo expresó el exmandatario Uribe en su tuit) es preciso indicar que el Acuerdo General los habilita para participar de las elecciones pero que esto no será una carrera breve, tal y como lo explicamos en el chequeo ¿Timochenko presidente?