Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y El Salvador, Nayib Bukele, recientemente sostuvieron un debate en Twitter cuando el primero criticó la creación de cárceles en el país centroamericano y las calificó de “campos de concentración”, lo que llevó a que los dos mandatarios intentaron usar índices de homicidios en distintos contextos como argumentos a su favor.

“El presidente de El Salvador está orgulloso porque redujo la tasa de homicidios, dice él, a partir de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión dantescas. Nosotros logramos lo mismo, claro la prensa no nos va a reconocer en mucho, nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios (…) pero no a partir de cárceles, sino de colegios, de espacios para el diálogo” (sic), defendió el mandatario colombiano en un video publicado por el presidente Bukele, quien lo acompañó con el texto “Señor @petrogustavo, los resultados pesan más que la retórica”.

Ante ese trino, el jefe de Estado colombiano respondió que Bogotá pasó de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 a 13 homicidios en 2022. “No hicimos carceles sino universidades” (sic), complementó.

No obstante, la discusión continuó y el mandatario salvadoreño criticó que Petro citara los resultados solo de Bogotá y usara como referencia los últimos 30 años. “¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”, apuntó. 

Por último, el presidente colombiano publicó una gráfica con la tasa de homicidios en la ciudad capital entre 1962 y 2020 y atribuyó el descenso de los homicidios “en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente”.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.

Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

¿Desde 1993? 30 años…

¿Usted gobernó 30 años?

¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia?

Nuestra experiencia:

De más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito.

Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. https://t.co/6yA490zMUG

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 2, 2023

En Colombiacheck verificamos estas afirmaciones de los mandatarios sobre la disminución de homicidios: “Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades” y “Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida”.

Nuestra conclusión es que son ambas cuestionables, porque Petro no es exacto con su cifra de 1993, sino que la exagera, y los datos que presenta Bukele no son del todo transparentes y así lo han denunciado organizaciones e investigadores.

A pesar de que le preguntamos al departamento de prensa de la Casa de Nariño sobre la fuente de los tuits del presidente Petro, no obtuvimos respuesta.

Las cifras de Bogotá 

En el caso de Colombia, revisamos las cifras de homicidios tanto del Instituto de Medicina Legal como de la Policía Nacional. Sin embargo, estas entidades no tienen datos en línea desde 1993, año con el que inició Petro su comparación. Para este cálculo usamos datos recopilados en investigaciones académicas.

Entonces, calculamos la tasa de homicidios de Bogotá en 2022, utilizando las cifras de casos según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (1.054) y la Policía Nacional (1.007), junto con la proyección poblacional publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que para ese año se ubicó en 7’901.653 personas. 

Con estos datos, aplicamos la siguiente fórmula “número de homicidios / población * 100.000 habitantes”, esto nos dio como resultado que la tasa de homicidios el año pasado cerró entre 13,3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, y 12,7, según las cifras de la Policía. Esto coincide con lo afirmado por el presidente Petro. 

El Centro de Análisis Delfos, de la Universidad de Externado, en su plataforma dedicada a recopilar información sobre homicidios en Colombia, también indica que para 2022 la capital de la República terminó con un índice de 12,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Fuente: Centro de Análisis Delfos.

La tasa nacional de homicidios, por otro lado, se ubicó entre 25,8 y 26 por cada 100.000 habitantes, tomando como referencia los 13.341 homicidios contabilizados por Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 13.442 por la Policía, con una población de 51’609.474 colombianos, según el DANE. 

Con respecto a la tasa de 1993, Petro exageró al decir que fue de 90, ya que datos de la Policía Nacional (recopilados por la investigadora Katherine Aguirre, del Instituto Igarapé) reportan 4.378 homicidios en Bogotá y, según el DANE, había una población de 5’413.484 personas. Por lo tanto, al aplicar la fórmula ya mencionada, nos da una tasa de 80,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Incluso, un tuit de la Secretaría Distrital de Salud de 2014, época cuando Petro era alcalde, también confirma que ese era el índice de homicidios. 

#BogotáHumanaES seguridad. En 1993 la tasa de homicidios era de 80,en 2013 disminuyó a 16,7 pic.twitter.com/DTE335Q6gP"

— Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) January 24, 2014

Estudios independientes sostienen lo mismo, que la tasa de homicidios de Bogotá en 1993 era de 80 por cada 100.000 habitantes. Entre ellos, “Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá”, de investigadores del Programa de Estudios Paz Pública de la Universidad de los Andes, y “Prevención del crimen y la violencia en zonas urbanas de América Latina. La caída del crimen en Bogotá: una década de políticas de seguridad ciudadana”, del Banco Mundial. 

Además, la gráfica de tasas de homicidios utilizada por el presidente, la cual encontramos con búsqueda inversa en la página de la Alcaldía de Bogotá, tampoco se ajusta a lo que el mandatario dijo, ya que allí se señala que la tasa para 1993 fue de 85,2. 

Este mismo error lo cometió Petro anteriormente y fue detectado por RedCheq cuando le verificó una afirmación parecida. 

Esta red de verificadores comprobó en otro chequeo, además, que si bien el jefe de Estado acierta cuando dice que en Bogotá no se han construido cárceles nuevas en tres décadas, omite que la Alcaldía sí amplió la capacidad de la Cárcel Distrital de 450 a 1.028 cupos en 1999, siendo alcalde Enrique Peñalosa, y adquirió en 2020, ya bajo el mandato de Claudia López, un inmueble para un centro de detención transitoria para delitos menores llamado Centro Especial de Reclusión (CER), el cual comenzó a funcionar con 489 cupos.

El mismo distrito sostiene que este es un lugar transitorio para mejorar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad mientras son trasladadas a una cárcel o establecimiento penitenciario y carcelario. “La diferencia es que en la Cárcel Distrital están condenados, mientras que aquí están en reclusión temporal mientras cumplen su sanción o los trasladan a otra cárcel”, dijo la alcaldesa.

En cuanto a nuevas universidades, durante la alcaldía Petro se comenzó la construcción o adjudicación de tres sedes de la Universidad Distrital pero se inauguraron en periodos posteriores. La de la localidad de Bosa fue en 2017; la de Kennedy, en 2022 y la de Ciudad Bolívar, a inicios de marzo de 2023. La primera se estrenó bajo el segundo mandato de Enrique Peñalosa y las otras, con López.

Lo que sí logró entregar durante su alcaldía fue la Biblioteca Ramón Eduardo D’Luyz Nieto de la misma universidad, que antes era el antiguo matadero municipal. 

Homicidios en El Salvador 

El presidente Bukele ha reiterado en varias oportunidades que El Salvador presenta la tasa más baja de homicidios de la región y, durante la controversia con Petro, aprovechó para repetirlo al decir que el índice de muertes violentas pasó de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a un solo dígito. 

Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019. Para ese momento, recibía el país con una tasa de 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 (3.246 asesinatos, según las cifras dadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública al Instituto Igarapé).

Al revisar los homicidios en El Salvador publicados en el Monitor de Homicidios de Igarapé, encontramos que, entre 2000 y 2021, el único año en el que la tasa de homicidio superó 100 fue 2015, con 103 por cada 100.000 habitantes (6.656 casos). A partir de ese año, como se observa en la siguiente tabla, El Salvador empezó a tener una reducción. Es decir, cuatro años antes de la llegada de Bukele al poder.

La tasa de homicidios de 2022 fue de 7,8 por cada 100.000 habitantes, según el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, quien indicó que el año pasado se cometieron 496 homicidios. Esta información se dio luego de las medidas de excepción contra las pandillas anunciadas por Bukele.

El Salvador y su reducción de la violencia

Al menos en la última década, El Salvador ha pasado por periodos de reducción de la violencia y los homicidios, como fue entre 2012 y 2013 y luego de 2016. Se trata de una tendencia previa a la era Bukele.

Para el profesor e investigador de la Maestría en Política Educativa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Álvaro Bermúdez-Valle, este comportamiento se debió a que en 2013 comenzó una fuerte cooperación internacional en materia de seguridad para los países del conocido “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador), donde la violencia estaba disparada.

El objetivo de esta cooperación fue mejorar la seguridad e inteligencia de esas naciones para que disminuyera la migración que llegaba a Estados Unidos, principalmente de niños no acompañados.

La investigadora Katherine Aguirre, coincidió en que esto fue un factor muy importante para que bajaran las tasas de homicidios, principalmente porque contemplaba estrategias de prevención del delito, aunadas a una tregua pública entre las pandillas salvadoreñas, acompañada por la Iglesia Católica de 2012 a 2014.

En 2015, sin embargo, se volvió a disparar la violencia por la guerra entre el crimen organizado y la policía, lo cual se contuvo a través de políticas de mano dura del Gobierno, en particular contra la Mara Salvatrucha (MS13) y de Barrio 18, según explica un análisis de Insight Crime,

Además, se desplegaron unidades conjuntas de policía y ejército para perseguir a estos grupos delictivos y se instauró, dentro de las medidas extraordinarias decretadas, un estado de emergencia en las cárceles para aislar a los cabecillas de las pandillas.

El doctor en Criminología Carlos Carcach explicó que, en ese momento, el accionar del Gobierno se concentró principalmente en el aislamiento de los líderes de pandillas en cárceles de máxima seguridad y también se habló de que había hecho un pacto con las bandas para reducir los homicidios. 

Agnes Callamard, relatora especial de las Naciones Unidas de sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, destacó en 2018 que el país centroamericano impulsaba iniciativas para disminuir la violencia como “Yo Cambio”, un programa de rehabilitación para detenidos, y “Jóvenes Con Todo”, dirigido a ofrecerles oportunidades de capacitación y empleo a los jóvenes.

Aunque también llamó la atención sobre ejecuciones extrajudicales y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en su lucha contra las bandas, amparado por las medidas impuestas desde 2016.

Ya con Bukele en el poder, en 2019, se fraguó una tregua entre el gobierno y las pandillas, de acuerdo con las investigaciones del medio salvadoreño El Faro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que permitió reducir los homicidios cometidos por los grupos a cambio de beneficios para sus cabecillas. “Dicho pacto permitió mantener tasas relativamente bajas de homicidios, pero se mantenían las extorsiones”, agregó Bermúdez-Valle.

La ola de asesinatos en marzo de 2022, sin embargo, terminó por romper las negociaciones y el presidente de El Salvador decidió aplicar un estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, que ha permitido la suspensión de derechos constitucionales, como el derecho a las reuniones, y más de 60.000 arrestos arbitrarios en el país, principalmente en barrios dominados por la violencia.

Una situación que ha desembocado en una violación de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos a detenidos; así como violaciones significativas del debido proceso, tal como documenta la ONG Human Rights Watch.

Para Aguirre, no obstante, este tipo de políticas, aunque reducen los homicidios, no son sostenibles puesto que no consideran las causas primarias de la violencia como la inequidad, la falta de educación u oportunidades laborales. “Un enfoque tan punitivo puede derivar en retaliaciones, en venganzas, tanto en el país como en personas fuera del país, considerando los altos niveles de migración; además, las detenciones arbitrarias están relacionadas con violación de derechos humanos”, resaltó.

Especialistas consultados por Insight Crime también coincidieron que no son sostenibles estas medidas. Entre ellos está José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) e investigador de pandillas en El Salvador, quien afirmó que estas acciones no pueden garantizar que estos grupos no reaparezcan, “especialmente si las condiciones que dan origen a su existencia siguen presentes”.

Recordó que durante los 2000, cuando se desarrolló el primer experimento de mano dura en el país, se confinó a las pandillas a las prisiones y solo se consiguió que usaran esos lugares para reagruparse y fortalecerse.

Por su parte, el profesor asistente de ciencia política en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia (VCU) Michael Paarlberg explicó que estas soluciones cortoplacistas pueden derivar en que el crimen organizado simplemente se reubique en otras comunidades, como en los campos, y no desaparezca. 

La falta de transparencia en las cifras de 2022 y 2023

En el chequeo “Trino omite homicidios no registrados en El Salvador en su comparación con masacres en Colombia”, precisamente recordamos que las instituciones encargadas de entregar la información sobre los homicidios en El Salvador no lo hacen porque la declararon bajo reserva o los datos públicos se encuentran desactualizados. 

Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal solo contabiliza 336 muertes hasta marzo del año pasado, cuando comenzó el régimen de excepción en el país, mientras que la Policía Nacional Civil no actualiza sus datos públicos desde septiembre de 2021, aunque a veces publica los homicidios por día en su cuenta de Twitter. Lo cual revela la falta de transparencia que vive el país en materia de homicidios.

David Bernal, editor judicial del medio salvadoreño La Prensa Gráfica, consultado para la verificación antes mencionada, recordó que las principales entidades encargadas de dar información sobre los homicidios, como la Policía, Fiscalía, Medicina Legal y Ministerio de Seguridad, decretaron una reserva de las estadísticas. “Tampoco brindan la información si se pide directamente”, agregó.

“El 4 de mayo de 2022, la Policía también declaró como reservadas las bases de datos y archivos sobre incidencia delictiva y estadísticas relacionadas con víctimas de homicidios, desaparecidos y de otros delitos, además de personas detenidas, reos en bartolinas policiales y otros”, documenta un informe de La Prensa Gráfica sobre las reservas de información que se han hecho en El Salvador.

En nuestra investigación anterior también aclaramos que las escasas cifras de homicidios en el país tampoco incluyen a quienes mueren en un enfrentamiento con la  Policía o militares ni a quienes fallecen bajo custodia de las autoridades penitenciarias. 

En resumen, calificamos de cuestionables los trinos de Petro y Bukele. En el caso del presidente colombiano, aunque acierta en la tasa de homicidios de 2022 en Bogotá, exagera al decir que la de 1993 fue de 90 por cada 100.000 habitantes. En cuanto al salvadoreño, su país solamente tuvo un año (2015) con una tasa por encima de 100 y, aunque para 2022 la tasa, según los datos dados por su Gobierno, sí bajó a un dígito, hay falta de transparencia y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.