La disputa por los datos de violencia en Colombia y El Salvador que se ha generado con cruce de trinos e intervenciones entre entre los presidentes Nayib Bukele y Gustavo Petro hace parte de una narrativa que se ha viralizado en redes sociales y que no solo incluye a los mandatarios. En las últimas semanas se viralizó un trino que compara dos cifras, la de homicidios en los últimos 10 meses en El Salvador, con las masacres ocurridas en Colombia en los últimos 6 meses.

El autor de la publicación, @realsantig, cita otro trino del exsenador Gustavo Bolívar, quien afirmó: “La derecha, esa que celebró el articulito corrupto para que Uribe se reeligiera, esa misma derecha, está feliz porque Bukele cambiará la Constitución para reelegirse. ¿Qué pasaría si Petro hiciera lo mismo?”. Ante esto, el usuario responde con un mensaje en el que presenta unas cifras sobre homicidios y masacres y lo asocia con la gestión de los presidentes Nayib Bukele, de El Salvador, y Gustavo Petro, de Colombia:

“Bukele: 0 homicidios en 10 meses.

Petro: 47 masacres en 6 meses

🇸🇻 Bukele: Potencia mundial de la vida.

🇨🇴 Petro: Potencia mundial de las masacres”.

La captura de pantalla del trino, publicado originalmente el 20 de febrero de 2023, se ha compartido en otras redes sociales como Instagram y Facebook. En esta última, se trata de un post compartido más de 170 veces y con más de 300 reacciones titulado “Esa es la diferencia los resultados” (sic).

En los comentarios se ven respuestas a favor de uno u otro mandatario: “No hay punto de comparación el presidente del salvador es un hombre q le sirve al pueblo q lo eligio” (sic), “Solo diré esto: Colombia tiene 51 millones de habitantes y el Salvador 6 millones, un abrazo!” (sic) y “Es q no hay comparación entre el presidente bukele y el kkas hampón” (sic), son algunas de las réplicas que se ven en esta sección.

Para verificarlo, en Colombiacheck averiguamos las cifras oficiales y de fuentes académicas y de la sociedad civil sobre los homicidios y las masacres en Colombia y El Salvador.

Los datos de El Salvador

Consultamos las entidades de El Salvador que registran las cifras del delito de homicidio en ese país, pero la información no está disponible o no se encuentra actualizada. Por ejemplo, en el portal de transparencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador están contabilizados los delitos de homicidio hasta septiembre de 2021, en total desde enero a septiembre de ese año se registraron 848 delitos.

Por otro lado, la carpeta de estadísticas del Instituto de Medicina Legal, alojadas en el Portal de Transparencia del Órgano Judicial del país, muestra que los últimos informes de delitos de homicidio en el país son de marzo de 2022, cuando en El Salvador se decretó un estado de excepción. De acuerdo con estos informes, en enero de 2022 se registraron 85 homicidios, 79 en febrero y 172 en marzo.

La página de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Seguridad tampoco tiene información general más allá de dos actas con reportes de homicidios para los meses de enero y febrero de 2022. Además de esto, publican un informe semestral de enero a junio de 2022 sobre violencia contra la mujer en el que indican que, durante ese periodo, ocurrieron 47 muertes violentas distribuidas así: 12 en enero, 8 en febrero, 12 en marzo, 4 en abril, 5 en mayo y 6 en junio. Un primer indicio de que sí ha habido muertes violentas en los últimos 10 meses en El Salvador.

El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, dijo a los medios que durante el 2022 se habían registrado 496 homicidios, 160 más que los identificados entre enero y marzo de 2022, antes de que comenzara el estado de excepción. La estadística le ha dado pie al presidente Bukele para afirmar que El Salvador es ahora el país más seguro de América Latina.

Bukele también ha dicho, el 7 de febrero a través de sus redes sociales, que hasta ese entonces la tasa de homicidios del país era de 1,8 por cada 100.000 habitantes, y añadió que era la más baja de toda América. Esta, la reducción más significativa según fuentes oficiales, la precede una tendencia a la baja en homicidios en el país que se aprecia desde el año 2016, tres años antes del inicio del mandato de Bukele.

La plataforma Homicide Monitor del Instituto Igarapé de Brasil, un tanque de pensamiento que investiga las cifras de homicidios y construye tasas a partir de la información que entregan los países, cuenta con registros hasta el año 2021. Para ese año, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador fue de 16,7. En el monitor también se aprecia la tendencia a la baja en esta cifra desde el año 2016.

Katherine Aguirre, investigadora del Instituto, aseguró que han tenido acceso a los datos de El Salvador hasta el año pasado, que coincide con el régimen de excepción: “Hace tres años se creó una mesa homologada de homicidios con información completa, pero hasta el año pasado. De allí para acá hemos hecho pedidos formales pero nos han dicho que los datos son reservados y que no los van a compartir. Cualquier número que publiquen a través de fuentes oficiales va a ser difícil de comprobar porque no han entregado los datos a nadie”, advierte.

La investigadora indicó que las autoridades salvadoreñas dieron respuesta a una solicitud formal que presentó para acceder a las cifras de 2022. En ella indican que la información no se puede entregar porque es reservada:

Con esto coincide David Bernal, editor judicial del medio salvadoreño La Prensa Gráfica, quien ha dicho que las principales entidades encargadas de dar información sobre los homicidios, como la Policía, Fiscalía, Medicina Legal y Ministerio de Seguridad, decretaron una reserva de las estadísticas. “Tampoco brindan la información si se pide directamente”, expresó.

“El 4 de mayo de 2022 la Policía también declaró como reservadas las bases de datos y archivos sobre incidencia delictiva y estadísticas relacionadas con víctimas de homicidios, desaparecidos y de otros delitos, además de personas detenidas, reos en bartolinas policiales y otros”, señala un informe de La Prensa Gráfica sobre las reservas de información que se han hecho en El Salvador.

La Policía sube periódicamente un índice de información reservada en el que agregan, cada cierto tiempo, la información que ya no se va a compartir. En esa base de datos, se ve que por el documento “ACUERDO No.PNC/DG/COP.1.1-A-001-05-2022” del 4 de mayo de 2022, la siguiente información pasa a estar reservada por un plazo de 7 años:

“Bases de datos y archivos de información sobre incidencia delictiva; información relacionada con diferentes delitos como: víctimas, personas detenidas, reos en bartolinas policiales, armas de fuego incautadas, información geográfica policial; documentos como: planes operativos, órdenes de operaciones, directivas, circulares, etc.; asímismo estadísticas relacionadas con lo antes mencionado.” (sic).

La única información actual disponible sobre homicidios, la publica a diario, por medio de su cuenta de Twitter, la Policía Nacional Civil del país sin referir la fuente, base o plataforma de dónde se toman los datos. Pero incluso allí se han registrado homicidios en meses recientes del 2023: 1 homicidio el 2 de marzo, 2 homicidios el 27 de febrero, 1 homicidio el 19 de febrero, 4 homicidios el 11 de febrero, 1 homicidio el 10 de febrero, 2 homicidios el 8 de febrero, y 3 homicidios el 7 de febrero, son algunos de los reportes con casos registrados. También hay reportes que señalan que la jornada tuvo cero homicidios, a pesar de registrar muertes violentas así: “Terroristas muertos tras enfrentarse a policías y militares”.

Cristosal, una oenegé salvadoreña que promueve la defensa de los derechos humanos y la ONG Human Rights Watch, presentaron en diciembre de 2022 el informe ‘Podemos detener a quien queramos’ en el que afirman que ha habido 90 muertos bajo custodia en penitenciarías desde que se decretó el estado de excepción, un número que admitió el vicepresidente de gobierno. Las organizaciones han dicho que, en un caso documentado, las autoridades sepultaron a una víctima en una fosa común sin que la familia tuviera conocimiento.

Zaira Navas, jefa jurídica de estado de derecho y seguridad de Cristosal, afirma que una situación delicada es que el gobierno extrae de los homicidios los enfrentamientos o las ejecuciones de las fuerzas de seguridad cuando están en persecución o cuando la fuerza armada deliberadamente provoca una muerte. “Están sacando las cifras de desaparecidos y cuerpos que son encontrados en fosas comunes, sacan los homicidios comunes y además las muertes violentas que producen las autoridades de seguridad”, detalla.

También sostiene que la Ley de Transparencia de El Salvador ha perdido su efectividad desde 2019: “Ha dejado de ser efectiva en la medida en que el gobierno y las instituciones han declarado reservada información sensible. Esto significa que no podemos evaluar y contrastar la información publicitaria que el gobierno realiza con respecto, por ejemplo, al número de detenidos. Incluso hay denuncias de fosas en centros penales precisamente por la cantidad de muertos que hay. No hay información sobre las condiciones de las personas privadas de la libertad”.

Navas llama la atención sobre el proceso de recolección de datos de las entidades de gobierno, pues recuerda que desde 2020 se han eliminado del reporte diario los cuerpos encontrados en fosas clandestinas: “Y, posteriormente, sacaron los homicidios de la delincuencia común, los feminicidios, etc. Eso significa que ahora, con la reserva, es muy difícil saber si estamos hablando de datos reales y si la disminución es real o no”.

Por su parte, Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS) de El Salvador, concuerda en que un porcentaje significativo de los homicidios que han registrado desde la organización son muertes violentas ocasionadas por agentes del Estado. Pero también afirma que el detalle de los delitos no es claro: “Al tener datos globales y muy poca desagregación no tenemos claridad de dónde ocurren, qué edades tienen, en qué circunstancias o quiénes son los victimarios; es información que ya no se brinda”.

Las masacres en Colombia

Ahora bien, las cifras de masacres en Colombia hay que tener en cuenta que estas difieren entre los datos de algunos organismos de derechos humanos, que consideran una masacre al asesinato de tres personas o más en un solo hecho, y el del Gobierno, que mide los homicidios colectivos con la cifra de 4 o más víctimas.

Una de estas entidades que ha recopilado los datos de masacres es el Observatorio de Derechos Humanos, Conflictividad y Paz de la ONG Indepaz. Al consultar el informe Masacres en Colombia durante el 2020, 2021, 2022 y 2023 de Indepaz, encontramos que en Colombia ocurrieron 18 masacres en 2023, aunque existen notas de prensa recientes (1, 2) en las que Indepaz ha declarado que se ha tenido conocimiento de 20 masacres en lo que va de este año. Desde que comenzó el mandato de Petro, el 7 de agosto de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022, ocurrieron 33 masacres. En total, durante todo el mandato de Petro se han presentado 51 casos, son más hechos de violencia de los que afirma la publicación de redes.

El observatorio recopila información de fuentes como prensa, informes de organizaciones de derechos humanos de las regiones y entidades oficiales, entre estas las Fuerzas Militares, la Defensoría, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Defensa.

Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos de Indepaz, explicó que ahora los hechos de violencia se han concentrado en unas zonas del país: “Este mismo número de masacres estaba en diferentes partes del país, ahora está más concentrado sobre todo en las zonas donde hay grupos que no quieren entrar en la política de paz por diferentes intereses, sobre todo narcotráfico. Lo que vemos es una respuesta del narcotráfico a una política de paz de Petro. Por eso la mayoría de las masacres son sicariatos”.

Asimismo, el Ministerio de Defensa presenta la publicación ‘Logros de la política de defensa y seguridad’, en la que se caracteriza un número de “homicidios colectivos”, un eufemismo que adoptó el gobierno anterior para hablar de los mismos actos de violencia. Según su definición, ‘homicidios colectivos’ son “aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas”.

Este informe presenta un número significativamente menor, en total 22 casos en el año 2022.

Homicide Monitor muestra que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes para el 2021 fue 26,88, es decir, subió, con respecto a la cifra del 2020, el año de la pandemia, cuando fue de 23,93. Aún así, la tendencia de la tasa de homicidios en el país es a la baja en los últimos 20 años, según se observa en la gráfica del sitio. La tasa de homicidios en el 2002 era 71,76.

El régimen de excepción en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, el 27 de marzo de 2022, un estado de excepción como una respuesta del gobierno al pico de homicidios que vivió el país desde el 25 hasta el 27 de marzo de ese año: 88 personas fueron asesinadas en esos días en varios municipios del territorio salvadoreño.

El presidente del país, Nayib Bukele, ha recibido críticas porque la medida, instaurada mediante el Decreto 333 de marzo de 2022, supone una suspensión de los derechos constitucionales, como dice el artículo 4 del decreto:

“Suspéndanse a partir de la vigencia del presente decreto y por el plazo de treinta días, a nivel nacional, los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, 12 inciso segundo, 13 inciso segundo, y 24, en relación al artículo 131 ordinal 27, y artículo 29 todos de la Constitución de la República”.

Y también porque, durante el estado de excepción, arrestó arbitrariamente a cientos de personas que viven en barrios dominados por las pandillas, reportó The Guardian en abril de 2022. El estado de excepción permite que la detención administrativa pase de los 3 a los 15 días.

En febrero de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó, por mayoría, una nueva extensión del régimen. Ya lo ha hecho 11 veces desde marzo de 2022.

Con estas evidencias, calificamos como cuestionable una publicación que compara los homicidios en El Salvador con las masacres en Colombia y afirma que en El Salvador se han presentado 0 homicidios en los últimos 10 meses. Incluso las fuentes oficiales del país centroamericano, que limitan la información y la mantienen bajo reserva, han mostrado que sí han ocurrido homicidios en los últimos 10 meses.

Además, organizaciones de la sociedad civil y oenegés critican que la falta de transparencia y cómo otros fenómenos, como muertes bajo custodia, homicidios comunes y desapariciones, han sido eliminados de los registros oficiales.