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Falso

Viernes, 12 Febrero 2021

La regularización no implica que el Gobierno le dará cédulas a los migrantes venezolanos

Por Laura Rodríguez Salamanca

En varias publicaciones de redes se difunde esa desinformación. Pero la reciente decisión del gobierno solo significa inicialmente que estas personas recibirán un Permiso por Protección Temporal.

Desde que el pasado 9 de febrero el presidente Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, se empezaron a difundir desinformaciones sobre los alcances y efectos de esta decisión.

Inicialmente, se hicieron publicaciones y trinos en los que se alertaba sobre la posibilidad de que las personas que se beneficiaran de la medida votarán en las elecciones presidenciales de 2022. En Colombiacheck publicamos un chequeo aclarando que en ningún caso estas personas pueden votar para elecciones presidenciales ni departamentales; solo pueden participar en los comicios locales si cuentan con una visa de residencia de por lo menos cinco años de antigüedad. 

A pesar de estas aclaraciones y las que hicieron otros medios de comunicación, varias publicaciones en Facebook y Twitter señalan falsamente que el gobierno les dará cédula a los migrantes venezolanos. En algunas versiones, se añaden comentarios sobre la posibilidad de que estas personas voten, pero en muchas otras solo se habla del otorgamiento de dicho documento de identidad. 

Sin embargo, son afirmaciones falsas. Lo cierto es que el Estatuto Temporal de Protección para venezolanos no le otorga directamente cédulas a los migrantes provenientes de ese país, sino un Permiso por Protección Temporal que les servirá como documento de identidad hasta que termine la vigencia de estatuto: en 10 años.

Entre quienes difundieron este tipo de afirmaciones se destaca el periodista Gonzalo Guillén, quien en la tarde del 9 de febrero trinó: “Les van a dar cédulas a dos millones de venezolanos exclusivamente para que voten por el que diga el matarife. Sólo cédula, obviamente, y nada más. Luego, que coman mierda con cédula, como la inmensa mayoría de colombianos”.

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Además, encontramos una publicación en Facebook en la que se señala que “le dará cédula a 7 millones de venezolanos” (sic), y que ha sido compartida más de 250 veces. En esta publicación propiamente se incurre en dos errores de los que partiremos para explicar con más detalle la desinformación sobre la supuesta cedulación.
 

Mapa_cedulas_siete_millones_venezolanos_falso


Por una parte, decir que los beneficiarios del otorgamiento del documento serán para “7 millones de venezolanos” es una exageración. Esa cifra no tiene ningún sustento a la luz de los datos disponibles. 

De acuerdo con cifras del 31 de diciembre de 2020 de Migración Colombia, en nuestro país en ese momento había 1’729.537 migrantes venezolanos, aunque puede haber un subregistro por la migración irregular. 

De hecho, ni siquiera son 7 millones los venezolanos que se calcula que han dejado su país. Según cifras de R4V, la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, hasta el 5 de febrero de 2021 se había reportado que 5’478.377 personas habían emigrado a más de 19 países. 

Así mismo, como nos explicó Juan Manuel Caicedo, jefe de prensa de Migración Colombia, la cifra que se presenta en la desinformación tampoco encaja con las proyecciones de migrantes venezolanos que podrían llegar a Colombia, aún en escenarios poco alentadores para el país vecino.

“Se han planteado diferentes escenarios. Un escenario como en el que estamos ahora de aproximadamente 1 millón 800 mil migrantes venezolanos. Después, dijimos que si las cosas se mantenían en un escenario base podríamos estar hablando de un poco más de 2 millones 100 mil migrantes venezolanos, que es la cifra que esperamos que con el estatuto puedan llegar a beneficiarse. Y que si las cosas se agudizaban en Venezuela, tendríamos que recibir cuatro millones de venezolanos”, sostiene Caicedo. 

Por otra parte, como ya dijimos, el Estatuto de Protección Temporal para Venezolanos no otorga cédulas a los migrantes que se acojan a esta figura. Tal y como se explica en el proyecto normativo, a los venezolanos que quieran permanecer temporalmente en Colombia se les otorgará un Permiso por Protección Temporal que tendrá una vigencia hasta que termine el estatuto y que no es prorrogable.

Este permiso, según el proyecto, es el “documento de identificación” que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en el país de forma regular y realizar actividades legales como firmar un contrato laboral, acceder al sistema de salud o abrir una cuenta bancaria.

Como escribimos en una verificación reciente, el gerente de Fronteras de la Presidencia, Lucas Gómez, aclaró dudas relacionadas con la cedulación en una transmisión en vivo de La Silla Vacía. “No es una medida para nacionalizar a nadie. No es una medida para darles cédula y que puedan votar en las elecciones, ni siquiera en las locales”, aclaró el funcionario.

Finalmente, hay que aclarar que, de acuerdo con el proyecto normativo del estatuto, el Permiso de Protección Temporal servirá para que los migrantes venezolanos puedan empezar a acreditar el tiempo de residencia en Colombia que se requiere para solicitar una visa de residencia y, por ende, una cédula de extranjería. 

Para que eso ocurra, deben pasar cinco años desde que los migrantes permanezcan ininterrumpidamente en el país con el permiso, según la norma actual. 

Existen otros tipos de visas que requieren la expedición de cédula de extranjería, pero la de residencia es a la que les abre las puertas explícitamente el Estatuto por Protección Temporal. De hecho, después de que se venza el Permiso por Protección (en 10 años), según la norma actual, deberán solicitar la visa de residencia y la cédula de extranjería para poder seguir en el país de forma regular. 

“Para que que un ciudadano extranjero, indistintamente de su nacionalidad, pueda tener una cédula de extranjería obligatoriamente debe tener una visa”, según nos explicó Caicedo. 

Además, para que estas personas puedan votar (solo en elecciones de consejos, juntas administradoras y alcaldías locales o municipales, que es lo que permite la ley) deberían pasar cinco años más desde que obtengan su visa de residencia, de acuerdo con los requisitos de la Registraduría Nacional.  

Así las cosas, en Colombiacheck reiteramos que calificamos como falsas las publicaciones en las que se señala que con el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos se otorgará cédulas a los extranjeros.

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Martes, 01 Febrero 2022

Chequeo al foro de La República con cinco candidatos presidenciales

Por José Felipe Sarmiento, Paola Benjumea Brito y Alexander Campos Sandoval

Colombiacheck aplicó su metodología de verificación del discurso público a una afirmación de cada uno de los aspirantes que participaron en el evento, enfocado en temas económicos.

El diario económico La República y la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) organizaron un foro de candidatos presidenciales el 19 de enero de 2022 en el que cinco de los aspirantes plantearon y debatieron algunas de sus propuestas económicas.

 

Los asistentes fueron:

Colombiacheck seleccionó una afirmación de cada uno para chequearlas con base en su metodología de verificación del discurso público. A continuación están los resultados, por orden cronológico de las frases (el mismo de la mención anterior):

 

Peso presupuestal del déficit pensional

Frase: “Una tercera parte del presupuesto nacional se va sosteniendo el déficit del régimen de prima media”.
Candidato: Enrique Gómez Martínez
Calificación:

FALSA

Al presentar los ejes de su propuesta económica y los planes para su financiación, Gómez Martínez señaló la necesidad de “una reforma pensional que les garantice a todos los colombianos una pensión de un salario mínimo” y agregó que “cualquier pensión por encima de eso dependerá del ahorro individual”. En consecuencia, indicó que hay que eliminar los subsidios pensionales.

“No más subsidios. Una tercera parte del presupuesto nacional se va sosteniendo el déficit del régimen de prima media”, argumentó. Esta es la parte del sistema pensional cubierta por la administradora pública, Colpensiones, en la que las mesadas deben ser cubiertas con fondos públicos comunes nutridos con los aportes de las personas trabajadoras afiliadas a esa entidad y los rendimientos que generan, como dicta la Ley 100.

El dinero adicional faltante para completar los pagos a las personas pensionadas lo pone la Nación. Esto es a lo que se refiere el déficit mencionado por Gómez, pero su afirmación es falsa.

Lo que dijo el candidato se basa en cifras desactualizadas con las que saca cuentas de manera equivocada, porque incluye unos rubros que no hacen parte del presupuesto nacional en un lado de la división, mientras excluye otros que sí debería incluir en la contraparte. Así obtiene un resultado que nada tiene que ver con los dineros de la Nación destinados a cubrir esas pensiones.

En Colombiacheck le consultamos a la campaña de Gómez Martínez y a través de la página del Movimiento de Salvación Nacional en Facebook, nos enviaron el cálculo en el que se basó. Sus fuentes son un proyecto presupuestal de Colpensiones y una presentación del Ministerio de Hacienda sobre el Presupuesto General de la Nación. Ambos documentos son de 2018.

Según el primero, ese año la empresa pública calculaba que recibiría casi 7,6 billones de pesos por aportes del régimen de prima media en el fondo para vejez (Gómez contó 7,5 billones a pesar de que el segundo decimal era 9 y debía aproximar hacia arriba); 467.942 millones para el de invalidez y 648.324 para el de supervivencia. Es decir, le entrarían un total de 8,7 billones de pesos por ese rubro, sin contar sus rendimientos financieros.

Las cuentas del candidato suman este último valor con los 39,6 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación de 2018 destinados a las mesadas pensionales, de acuerdo con la séptima diapositiva de MinHacienda. Así surgen los 48,2 billones de pesos que llama “total pagos pensiones” y que en realidad son 48,3 billones por el mencionado error de redondeo en el fondo para la vejez.

El supuesto total lo divide entre 147,5 billones de pesos en “gastos de funcionamiento”, que a su vez son la suma de 95,9 billones en transferencias de ley, 39,3 billones en personal, 11 billones en otras transferencias y 1,3 billones en operación comercial. O sea que el denominador tampoco tiene en cuenta realmente todo el presupuesto nacional, que ese año era de 235,55 billones de pesos.

Tabla de Excel que envió la campaña de Gómez Martínez con sus cálculos sobre peso de las pensiones de prima media en el presupuesto nacional

El resultado de la operación es el 33%, o sea un tercio, a lo que se refiere la afirmación. El problema es que esto no refleja de ninguna manera el déficit pensional del régimen de prima media al que supuestamente se refiere. Este, si bien existe, tiene un valor mucho menor y un peso también mucho más pequeño en las finanzas de la Nación.

Incluso la presentación del Ministerio de Hacienda en 2018 hace a pie de página una claridad necesaria que las cuentas del candidato ignoran: “Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14,8 billones y no hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

Esto quiere decir que los aportes que recibe la administradora de pensiones como ingresos no tienen ningún impacto en el presupuesto nacional. Por tanto, no hay razón para que Gómez los haya metido como déficit en su ecuación. 

“Colpensiones es una empresa del Estado, por eso ni lo que recauda ni el total que paga entra en el presupuesto”, explica el director de Econometría Consultores, Mauricio Olivera, quien fue presidente de la compañía pública de 2013 a 2017. La Ley 489 de 1998 también establece que las entidades de este tipo tienen autonomía financiera, así que la Nación no puede apropiarse de los recursos de ellas para su presupuesto general.

Ni siquiera la misma administradora pensional puede disponer a su antojo de los dineros, por su destinación específica. La Corte Constitucional, en la sentencia C-378 de 1998, se pronunció en este sentido: 

“...la naturaleza pública que se reconoce al fondo común que se constituye con los aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida, dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida en el sentido que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación”.

En cambio, sí hay dineros de la Nación que se destinan a cubrir mesadas pensionales, pero lejos de la proporción señalada por Gómez. Como se puede ver en cuatro anexos de proyectos recientes de presupuesto (1, 2, 3, 4), estos representan entre el 15 y 19 por ciento del total cada año. O sea que no llegan a ser ni la quinta parte y menos la tercera.

Además, no todo se va a Colpensiones. Ni siquiera es la mayoría sino entre 25 y 35 por ciento de lo anterior y, en consecuencia, alrededor de la veinteava parte del presupuesto nacional. Solo la porción correspondiente a esta entidad es el verdadero monto del déficit del régimen de prima media, indica el economista Olivera.

En concreto, el presupuesto para 2022 aprobado por el Congreso asciende a 350,4 billones de pesos. De este valor, lo que se estima que recibirán los fondos de pensión de Colpensiones por parte de la Nación son 12,1 billones de pesos, como se refleja en las cuentas de la empresa. Esto es apenas el 3,5%, casi la décima parte del tercio que señaló el candidato Gómez en el foro.

Dada esta diferencia tan amplia entre las dos cifras, Colombiacheck califica su afirmación como falsa. Los cálculos presentados para sustentar la del candidato en realidad no corresponden al rubro que pretendía señalar y, por el contrario, ignoran la naturaleza de los recursos pensionales y el funcionamiento de Colpensiones.

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Micronegocios y colombianos informales

Frase: “Colombia tiene 5 millones de micronegocios en la informalidad y 10 millones de colombianos”.
Candidato: Óscar Iván Zuluaga
Calificación:

VERDADERA

Uno de los ejes de la propuesta económica que presentó Zuluaga es el aumento de los ingresos del Estado para equilibrarlos con los gastos de funcionamiento y una de las maneras en las que planteó que podría lograrlo es “un mecanismo que permita desincentivar la informalidad” y señaló que “Colombia tiene 5 millones de micronegocios en la informalidad y 10 millones de colombianos”.

Colombiacheck buscó a su campaña para obtener detalles de su afirmación y las fuentes en las que se basó. Hasta el momento de publicar este chequeo, no había llegado respuesta.

Sin embargo, la información que dio es correcta. Su frase es verdadera.

Según la Encuesta de Micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondiente al segundo trimestre de 2021, publicada en agosto del mismo año, los micronegocios son aquellos en los que trabajan menos de 10 personas. La misma entidad explica en sus boletines que esto incluye múltiples posibilidades:

“Las actividades económicas que realizan los micronegocios comprenden desde la pequeña miscelánea de barrio hasta los servicios de consultoría especializada, incluye las profesiones liberales, las ventas ambulantes y las confecciones al interior de la vivienda. Es un grupo muy heterogéneo y puede desarrollar la actividad en cualquier emplazamiento (vivienda, local, puerta a puerta, etc.)”.

Los datos más recientes sobre informalidad son los del resultado final de la encuesta en 2020, publicados en marzo de 2021, en los que Colombiacheck ya se había basado para otra verificación a un trino de Gustavo Petro. Según ese boletín del DANE, hay cuatro dimensiones para medir qué tan formal es un micronegocio: los requisitos de registro empresarial, las condiciones laborales (en especial el pago de salud, pensión y seguro de riesgos), los registros contables y el pago de impuestos.

Este último es el que se relaciona de forma directa con el contexto de la afirmación de Zuluaga. De hecho, en el debate convocado por el diario El Tiempo y la revista Semana el 25 de enero de 2022, también señaló que “Colombia tiene 5 millones de negocios que hay que atraer al sistema tributario”.

La encuesta del DANE indica que, al cierre de 2020, el país tenía 5,4 millones de micronegocios en total. Tres cuartas partes de estos, 4,2 millones, no tenían registro único tributario (RUT), que es el documento de identificación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Gráfico del DANE sobre porcentaje de micronegocios que no tienen RUT

Tabla del DANE con cantidad de micronegocios que tienen o no RUT

Sin embargo, de 1,3 millones de micronegocios que sí están registrados, 338.000 no realizaron su declaración de renta. En el caso del impuesto de industria y comercio (ICA), fueron 308.000 micronegocios y apenas 11.500 en el de valor agregado (IVA).

Diagrama de barras del DANE con porcentajes de micronegocios con RUT según declaración de renta

Diagrama de barras del DANE con porcentajes de micronegocios con RUT según pago de IVA

Diagrama de barras del DANE con porcentajes de micronegocios con RUT según ICA

Esto quiere decir que el total de micronegocios que no están registrados ante la DIAN o, estándolo, no declaran sus impuestos sería de 4,5 millones como mínimo. Una cifra aproximada a la que dio el candidato del Centro Democrático.

Sobre los 10 millones de colombianos en informalidad, la cifra de Zuluaga no solo recoge a los que trabajan en micronegocios sino que coincide con el boletín más reciente sobre el trabajo informal en la Gran Encuesta Integrada de Hogares que hace el DANE, con corte a noviembre de 2021. El 48,2% de la población ocupada está en esa situación.

Histograma del DANE sobre informalidad laboral

Según las cifras sobre empleo de esta misma entidad, para esa fecha había 21,8 millones de personas con ocupación laboral en el país. Es decir que el porcentaje de informalidad equivale a 10,5 millones de trabajadores. El dato está ligeramente por encima del que dio el exministro de Hacienda.

Es decir que Zuluaga acertó tanto en los micronegocios como en la cantidad de personas que están en la informalidad. En el primer caso, desde el punto de vista tributario y en el segundo, por sus condiciones laborales. Por tanto, su frase es verdadera.

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Desigualdad frente a América Latina

Frase: “... [Colombia cuenta] con una desigualdad social [que es] la segunda peor de América Latina, que es el continente más desigual del mundo”.
Candidato: Jorge Enrique Robledo
Calificación:

CUESTIONABLE

La desigualdad social es un concepto de la economía que describe las diferencias que a partir del salario, la cultura y la etnia, entre otras, existen en las condiciones de vida de los miembros de la población de un determinado territorio, así como sus oportunidades y el acceso a derechos como la salud y la educación. 

Además de Jorge Enrique Robledo en el debate organizado por el diario La República, otros candidatos de la contienda electoral como Alejandro Gaviria y Gustavo Petro han abordado antes el tema de Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

Consultamos a Ramiro Guerrero, decano de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Icesi, acerca de cómo se entiende técnicamente la desigualdad. “Esas cosas factuales deberían ser como muy en blanco y negro, pero puede haber muchas definiciones. La forma más usual de medir la desigualdad es a través de una desigualdad de ingresos, que se mide a través de un indicador llamado coeficiente de Gini”.

Según los datos más recientes en la base de datos del Banco Mundial sobre el coeficiente de Gini, rango con el que históricamente se ha señalado el nivel de desigualdad a escala internacional, es cierto que América Latina concentra la mayor cantidad de países con un puntaje desfavorable en esta materia. Brasil es el país más desigual del continente con 53,4 puntos de 100 posibles, seguido por Colombia con 51,3.

En ese orden de ideas, sería correcto decir que Latinoamérica es el continente más desigual del mundo y que Colombia está en segundo lugar dentro de la región. Sin embargo, esta medición no es la única ni más fiable, aunque sea el estándar internacional.

Como señala en un artículo el doctor en economía Javier Mejía Cubillos, la información utilizada para calcular el Gini es la encuesta a los hogares. Una herramienta que, en palabras de Mejía, “viene con una amplia serie de retos metodológicos”.

Por otra parte, este índice solo contempla la desigualdad de ingresos, dejando de lado factores de bienestar como la movilidad social, el acceso a la educación y a servicios de salud, entre otros. Aspectos que, en estudios independientes, cuentan dentro del gran cálculo de la desigualdad.

Finalmente, a día de hoy los datos más recientes del coeficiente Gini datan de 2019, por lo cual la posición de Colombia podría estar desactualizada. De hecho, ya para 2018 un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalaba a Colombia como el país de menor movilidad social en el planeta, en tanto arrojó que en el país una familia requiere de once generaciones para salir de la pobreza. 

Según los resultados de la investigación, Colombia es el país más desigual de Latinoamérica a causa de la alta concentración de la riqueza que deriva en el estancamiento de la población más pobre durante décadas, como afirmó para la BBC Gabriela Ramos, directora general de la OCDE.
 
También el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (IDERE LATAM) situó a Colombia en el primer lugar del continente en materia de desigualdad, demostrando en su informe que dentro del país las brechas de bienestar entre territorios son mucho más pronunciadas que en las naciones vecinas. Además de la actividad económica, este estudio tuvo en cuenta otras siete dimensiones de la desigualdad que van desde la calidad de la educación y la salud, hasta el desarrollo en políticas de género y protección del medio ambiente.

Por último, el World Inequality Report 2022 (WIR), un informe realizado por la iniciativa World Inequality Database, indica que la región más desigual de la tierra es el Medio Oriente, seguido del África Subsahariana y, tras este, América Latina. Esto debido a la disparidad entre lo que el 50% de la población de cada región gana respecto a lo que gana el 10% más rico. En el Medio Oriente, la mitad de la población gana 32 veces menos que ese 10%.

Con esa base comparativa, el orden de la desigualdad dentro de Latinoamérica cambia, poniendo en primer lugar a Chile pues, de los ingresos totales del país, el 50% de la población recibe apenas el 10.2%, mientras el 10% más rico percibe el 58.9%, generando una brecha de 48.7 puntos porcentuales. De allí seguiría Brasil, con una diferencia de 48.5 puntos porcentuales y, en tercer lugar, Colombia con 40.9.

Mapa del WIR

Consultamos al decano Ramiro Guerreo sobre la diferencia en los resultados entre estos estudios y mediciones. “Imagínese a un sastre que toma distintas medidas de un mismo sujeto: espalda, cintura, cadera. Cada medida será distinta, pero habla de lo mismo. Todas son medidas de la desigualdad y son válidas. El problema es cuando esto se politiza para mostrar una realidad u otra”, explicó. Una ilustración que coincide con la que expuso Sergio Chaparro, responsable del desarrollo de programas en el Center for Economic and Social Rights, en un hilo de Twitter.

Consultamos al precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo acerca del origen de su afirmación. Como respuesta nos envió dos enlaces.

El primero, de un artículo de Portafolio que presenta “El virus de la desigualdad”, un informe publicado el 25 de enero de 2021 por la ONG Oxfam. En el artículo, el director de la organización en América Latina y el Caribe, Asier Hernando, afirma que la región es la más desigual del mundo, basado en la gran brecha que hay entre las 69 personas más ricas y el 50% de la población restante.

El segundo corresponde a un artículo de la revista Forbes que posiciona a Colombia como el país más desigual de América Latina, contradiciendo lo dicho por Robledo, quien aseguró que Colombia es el segundo más desigual. El artículo está basado en el ya mencionado estudio de Idere Latam.

Lo afirmado por el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo recibe la calificación de cuestionable, dado que no especificó el tipo de desigualdad al que se refería. Por esta razón, los estudios en los que se basa su afirmación podrían no ser la única ni la más confiable forma de medir la desigualdad. Según la forma en que cada estudio entiende y mide este fenómeno, el país y la región pueden variar de posición frente a sus pares.

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Promedio anual de crecimiento a largo plazo

Frase: “La tasa de crecimiento de largo plazo de los últimos 20 años no supera el 3,6% del promedio anual”.
Candidato: Federico Gutiérrez
Calificación:

CUESTIONABLE

En respuesta a la pregunta sobre cuáles serán los sectores productivos prioritarios que se van a impulsar en su programa de gobierno y qué medidas implementará para impulsar su desarrollo, el precandidato presidencial por firmas Federico Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, mencionó en su respuesta que en el país “la tasa de crecimiento de largo plazo de los últimos 20 años no supera el 3,6% del promedio anual”. 

Y agregó que “por eso una de las razones para que el país pueda crecer es mejorar las condiciones de productividad y competitividad”. Además, aseguró que “el país tiene que crecer como mínimo el 5% para superar la pobreza y las brechas”, lo que da a entender que el 3,6% está por debajo del crecimiento esperado. 

En el contexto de la frase, Gutiérrez se refiere a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un periodo determinado.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, la tasa de crecimiento del PIB en Colombia en los últimos 20 años, tomando desde 2001 hasta 2020, ha sido del 3,3% del promedio anual, es decir, que no supera el 3,6% como lo expresó el precandidato Gutiérrez. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB cayó 6,8% en 2020 debido a la recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 y los confinamientos. Si se hace el cálculo sin incluir ese año, es decir, tomando desde 2000 hasta 2019, la tasa de crecimiento del PIB es del 3,8% del promedio anual, por encima de lo dicho por Gutiérrez.

Colombiacheck consultó a la campaña de Federico Gutiérrez para saber en qué se basó para hacer el cálculo de la tasa de crecimiento de largo plazo en los últimos 20 años, pero al momento de la publicación de este chequeo no habían respondido. 

El doctor en Economía Julio César Alonso Cifuentes, profesor y director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas (Cienfi) de la Universidad Icesi, explica que la tasa de crecimiento promedio normalmente se calcula por décadas, es decir, del 2000 al 2009 sería una década y del 2010 al 2019 otra década, pero si se calculan los últimos 20 años, como dijo el precandidato Gutiérrez, se cuentan los últimos años hacia atrás (2001 al 2020).

“El 2020 es un año muy atípico y no lo usaría para hacer el cálculo (…) porque el cálculo sería injusto al tener el peor crecimiento de la historia por la pandemia”, dijo Alonso. También agregó que la economía colombiana ha sido muy estable:

“Nosotros nos movemos entre crecimientos positivos. En el peor de los escenarios, en lo que va corrido de este siglo, sacando la pandemia, tuvimos un crecimiento de 1,4% en el 2017 y 1,1% en 2009 y un crecimiento relativamente bueno de 6,9% en 2011, pero el rango en que se mueve el PIB colombiano es muy bajito”.  

Por su parte, la economista y Ph.D. en Desarrollo Económico María del Pilar López-Uribe, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes,  dijo que crecer el 3,3% “no es que sea malo, pero no es suficiente si se compara con economías más aceleradas como la de China o países africanos que en los últimos 20 años han crecido 7 u 8% en promedio”.

En comparación con el crecimiento de otros países de Latinoamérica, según López-Uribe, Colombia está en el promedio, casi por igual con Perú y Chile, que son economías que han crecido bastante en los últimos 20 años. “Nosotros estamos en el promedio de la región, pero con un país que decreció 8 o 9% como Venezuela, eso obviamente afecta mucho el promedio”, aclaró.

Con relación a lo dicho por Gutiérrez sobre que, para que el país pueda crecer, es necesario mejorar las condiciones de productividad y competitividad, López- Uribe mencionó que sí es clave aumentar la productividad porque hace que seamos más competitivos, es decir, que podamos producir más bienes a menor costo y vender más barato en el exterior. Sin embargo, aclaró que el crecimiento también se alimenta de otros factores. 

“Es equivocado decir que el crecimiento solo depende de la productividad y competitividad porque hay factores adicionales. Son importantes los factores de redistribución, factores del desarrollo de otros sectores, por ejemplo, de producción interna que genera aumento de la demanda interna. La productividad y competitividad son necesarias, pero no suficientes”.

El doctor en Economía Jorge Iván González, docente de las universidades Nacional y Externado de Colombia, coincidió en que la tasa de crecimiento de largo plazo de Colombia, en comparación con la de otros países de la región, está en el promedio, pero no es un crecimiento alto. 

“Colombia vive del carbón y del petróleo. Tenemos una estructura productiva muy frágil, que depende básicamente del petróleo, carbón y minerales y eso hace que la tasa de crecimiento sea muy bajita en comparación con países que están creciendo bastante como China o Perú”, expresó González.

En Colombiacheck calificamos la frase del precandidato Federico Gutiérrez como cuestionable porque si hacemos el cálculo de la tasa de crecimiento del largo plazo en los últimos 20 años, tomando desde 2001 hasta 2020, no supera el 3,6% del promedio anual, sin embargo, hay que tener en cuenta que el 2020 fue un año atípico en el que el crecimiento del PIB cayó 6,8% debido a la pandemia de COVID-19 y si se excluye ese año del cálculo el porcentaje es mayor a lo dicho por Gutiérrez.

Además, los expertos consultados aseguran que la tasa de crecimiento no solo depende de que mejoren la productividad y competitividad porque hay que analizar otros factores.  

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Multiplicación de los alimentos importados

Frase: “Nosotros importábamos 600.000 toneladas de alimentos en el año 94. Hoy importamos cerca de 15 millones de toneladas”.
Candidato: John Milton Rodríguez
Calificación:

FALSA

Uno de los sectores económicos que el senador y candidato presidencial del partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, señaló como prioritarios para un eventual gobierno suyo fue el del campo. “Nosotros importábamos 600.000 toneladas de alimentos en el año 94. Hoy importamos cerca de 15 millones de toneladas”, dijo como introducción a su propuesta de “cooperativismo rural”.

Según esa afirmación, hoy la cantidad de alimentos importados es 25 veces la de 28 años antes. Colombiacheck consultó a su campaña para averiguar la fuente de los datos que usó, pero no ha obtenido respuesta.

La afirmación es falsa porque compara dos cifras que cuentan diferentes tipos de mercancías que incluyen comida pero que no son lo mismo. Por un lado, la cifra de importaciones de 1994 es solamente de alimentos procesados y en el segundo caso, se trata de bienes agropecuarios en general.

En estos dos rubros, las mercancías que entran al país se multiplicaron entre 1994 y 2020, el año más reciente del que se tiene el dato completo, pero no en la cantidad que pretende mostrar Rodríguez.

En marzo de 2021, como respuesta a una citación de la comisión quinta del Senado para un debate de control político, la entonces viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, le entregó a la corporación las cifras de las importaciones de bienes agropecuarios así como de alimentos procesados, entre otras estadísticas, desde 1991 hasta 2020. Pero el candidato confunde unas con otras en su afirmación.

 

En 1994, el país importó 605.238 toneladas de alimentos procesados. Es decir, no son vegetales o derivados de animales en su estado original sino productos derivados.

La definición en la que se basa la cifra es la que está en el plan de negocios de este sector industrial, elaborado por Colombia Productiva (una entidad del Ministerio de Comercio) y una consultora internacional. La clasificación incluye pasabocas, panadería, pastelería, galletas, aceites que no estén en bruto, carnes y pescados procesados, helados, comida infantil, chocolates, confitería, lácteos, salsas, cereales, pastas, papas congeladas, entre otros.

En 2020, la importación de estos productos fue de 3 millones de toneladas. O sea que se quintuplicó.

Los 14 millones de toneladas actuales de los que habló Rodríguez en realidad coinciden con la importación total de productos agropecuarios en 2020. En este caso, el Ministerio de comercio basó su definición en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de Aduanas.

Así, esta categoría incluye alimentos con o sin procesamiento, pero también otras mercancías que tienen origen en el agro, como lanas, sedas, algodón, linos, cueros e incluso animales vivos. De manera que no es comparable con las cifras de alimentos procesados mencionadas antes.

Las importaciones de bienes agropecuarios en 1994 fueron de 3,6 millones de toneladas. Para 2020, casi se habían cuadruplicado.

De modo que la afirmación que hizo el congresista es falsa, pues da a entender que hubo una multiplicación de las importaciones de alimentos mucho mayor a la real al comparar un dato antiguo de comida procesada con uno más reciente que incluye mercancías agrarias de otros tipos. La entrada de la primera se multiplicó por cinco y las segundas, por cuatro; ninguna de las dos es hoy 25 veces más que en el 94.

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