El pasado 23 de agosto, durante la plenaria en el Congreso de la República en la que Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presentó ante la corporación el informe final del conflicto armado en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal, una de las voces más críticas del documento, hizo varias afirmaciones que lo criticaban. Así se puede escuchar en el video que ella misma publicó en su cuenta oficial de Twitter.

 

El informe de Francisco De Roux es la plataforma política de Gustavo Petro. La impunidad que hoy se juega con el futuro de Colombia va a traer nuevas violencias.

Intervención en Plenaria sobre el informe de la Comisión de la Verdad#SoyOpositor#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/hrvLxWXDzU

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 24, 2022

 

Algunas de sus afirmaciones ya las verificamos con anterioridad y decidimos chequear algunas de las pronunciadas en esta nueva intervención de la congresista del partido Centro Democrático:

 

1. La senadora aseguró, entre otras cosas: “Tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las Farc”.
2. “En ninguna parte del informe dice que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”.
3. “El Informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños”.
4. “El informe desconoce lo que dice la sentencia de alias ‘Karina’ y otros desmovilizados de Justicia y Paz”.

 

1. “Tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las Farc".

Cabal afirmó que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) “tuvo el buen cuidado de no escoger a ningún comisionado que fuera víctima de las Farc”. En Colombiacheck quisimos chequear, de nuevo, lo dicho por ella, pues ya la habíamos verificado cuando ella misma dijo, en entrevista con Gustavo Gómez en el programa Hoy por Hoy, de Caracol Radio, que en la Comisión de la Verdad “no existió ningún comisionado víctima de las FARC o representante de víctimas de las FARC”. En su momento, Colombiacheck intentó comunicarse con la senadora para saber cuál fue la fuente en la que se basó para afirmar lo dicho en el programa radial, pero no obtuvimos respuesta. 

Sin embargo, esta vez, cuando nuevamente nos contactamos con su jefa de prensa para saber cuál era la base de su afirmación, obtuvimos esta respuesta: “Que algunos de los comisionados, hubieran trabajado con víctimas de la guerrilla terrorista de las FARC, no los hace víctimas en estricto sentido. En este mismo sentido hay que aclarar que la referencia es a los Comisionados seleccionados desde el primer momento, no a los que llegaron en reemplazo de otros, como es el caso de Leyner Palacios, quien posteriormente llegó a esa Comisión para reemplazar a Ángela Salazar”.

Pero, de nuevo, es necesario aclarar, como lo hicimos en este chequeo que “de las 13 personas que en algún momento fueron comisionados de la Comisión de la Verdad, cinco fueron victimizados durante el conflicto armado por parte de la guerrilla de las FARC (además, en algunos casos, de otros grupos armados). Dos comisionadas más trabajaron con organizaciones de víctimas que incluían a víctimas de las FARC sin ser ellas mismas víctimas directamente”.

Pero en la Comisión de la Verdad las víctimas de la extinta guerrilla de las Farc no solo han tenido representatividad a través de Leyner Palacios quien, como también lo explicamos en nuestro anterior chequeo, “es sobreviviente de la masacre de Bojayá y líder de los desplazados que ésta causó, es víctima directa de uno de los crímenes más terribles y emblemáticos de las FARC. Cuando el jueves 2 de mayo del 2002 un cilindro bomba lanzado por las FARC en un combate contra los paramilitares de El Alemán cayó sobre la iglesia del casco urbano de Bojayá, Palacios y su esposa Mercedes Rentería estaban resguardados muy cerca, en la Casa de las Hermanas Agustinas de Bellavista”; ni tampoco únicamente a través de Ángela Salazar (q.e.p.d) quien fue víctima de desplazamiento en la región del Urabá, por la violencia de los enfrentamientos entre las FARC y otros grupos armados. 

En la CEV, como lo habíamos contado previamente, están figuras como las del comisionado Saul Franco, quien se identifica como víctima de todos los bandos del conflicto, incluyendo a las FARC, organización armada que asesinó a su tío en una finca en Antioquia cuando lo intentaron secuestrar, a finales de los años ochenta.

También está la comisionada Lucía González. Ella, como también lo explicamos en el chequeo en el que verificamos, “se identifica como víctima de las FARC, y exigió que le pidieran perdón por el secuestro del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, con quien ella estaba en una marcha simbólica por el Movimiento de la No Violencia en el municipio de Caicedo el 21 de abril de 2002 cuando fue raptado. Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio, lideró el acto de reconocimiento por el secuestro y posterior asesinato de Gaviria y el exministro Gilberto Echeverry”.

Tampoco hay que olvidar figuras como la del excomisionado y mayor retirado del Ejército, Carlos Ospina Galvis, quien renunció a la CEV el pasado 2 de mayo. Ospina fue víctima del conflicto y, además, lideró desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.

Por supuesto, en el chequeo que hoy volvemos a traer a colación, a propósito de la afirmación de Cabal, también mencionamos a Patricia Tobón Yagarí. Ella “cuenta que le tocó vivir la guerra como indígena embera-chamí y que por eso trabaja desde hace muchos años representando a organizaciones indígenas, una de las poblaciones más victimizadas por todos los grupos armados, incluyendo a la extinta guerrilla de las FARC”.

Ahora bien, es necesario aclarar, nuevamente, que el decreto 588 de 2017 define en su artículo 24 el “Proceso de escogencia de los Comisionados”, de acuerdo a lo que dice este artículo, los criterios que se debían tener en cuenta para la selección de los comisionados son estos: 

1.  El Comité de escogencia pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatos será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos.
2. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales como la idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, el conocimiento del conflicto armado, del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en alguno de estos campos.
3. La selección de  los comisionados también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la participación equitativa entre hombres y mujeres, la diversidad étnica, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional.
4.  Cerrada la fase de postulaciones el Comité de escogencia tendrá hasta tres (3) meses para la selección de los comisionados.
5. El Comité de escogencia podrá seleccionar comisionados y comisionadas extranjeros pero estos en todo caso no podrán ser más de tres (3). 

Entre las condiciones estipuladas en el mandato de la CEV, no hay una referencia respecto a que el equipo de comisionados de la entidad tuviera que estar conformado por víctimas de la extinta guerrilla de las FARC, aunque sí dejó explícito que las organizaciones de víctimas pudieran postular candidatos. En cambio, los criterios de diversidad que debían tenerse en cuenta para la elección de los comisionados eran “la participación equitativa entre hombres y mujeres, la diversidad étnica, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional”.

Por todo lo anterior, calificamos la afirmación de la senadora Cabal como falsa.

 

“En ninguna parte del informe dice que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”

En esta misma plenaria, y durante la misma intervención del mencionado evento de presentación del informe final entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la senadora hizo la siguiente afirmación: “En ninguna parte del informe dice que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”.

En Colombiacheck calificamos la afirmación como falsa. Al llamar a Cabal para saber cuál era la fuente de su afirmación, su respuesta fue esta: 

“En el Proceso en la jurisdicción de Justicia y Paz que se llevó a cabo en contra de Elda Neyis Mosquera García, alias Karina y Otros en el radicado 110016000253 2008 83435, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Sala de Justicia y Paz, solo por mencionar algunos apartes de las declaraciones de los postulados indica lo siguiente:

‘Sexta Conferencia: Se llevó a cabo desde el 18 al 26 de enero de 1978, en Río Duda, cerca de la Sierra de la Macarena en el departamento del Meta, de gran importancia para la agrupación armada ilegal, en la medida que fue una de las más prolijas en asunto estatutario y direcciones respecto del cumplimiento del plan estratégico trazado; debido a las condiciones que para ese entonces tenía el país; contaron con cerca de 6 meses para preparar todo un contenido temático que, sería tratado en dicho encuentro, diseñándose el norte que tendría toda la estructura criminal a futuro’”.

La senadora insistió en que “uno de los puntos contemplados en esta conferencia fue: ‘Órdenes de reclutamiento de militantes’, del Régimen Disciplinario de las FARC-EP”. Según Cabal, dentro del régimen disciplinario de las Farc, “se reitera lo relacionado con el reclutamiento” de la siguiente manera: 

“Con respecto a la disciplina, en el capítulo primero de los estatutos, artículo primero 943, se consagraba algunas que denominan, faltas graves de primera instancia, y en el literal a) estableció el intento de homicidio en compañeros o gentes de la población civil. Situación que para los cargos que se formulan en el presente proceso, como más adelante se precisará, es una de las conductas en las que incurrieron los desmovilizados; en tanto, en el evento se realizaban reclutamientos de niños, niñas o adolescentes, que luego fueron sometidos a los ‘consejos revolucionarios de guerra’; precisamente, en virtud de la aplicación de las sanciones a las faltas disciplinarias, contempladas en los estatutos (régimen disciplinario)”.

Pero, si bien las respuestas de la senadora Cabal tienen relación con los siguientes dos puntos que se abordan en este chequeo múltiple, no la tiene con esta frase: “en ninguna parte del informe dice que los hechos violentos por parte de la guerrilla obedecían a una estrategia de guerra”.   

Ahora bien, para entender cómo muestra el informe que los actos violentos cometidos por las guerrillas fueron una estrategia de guerra, consultamos con Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflicto Responses. Según él, en el informe sí se habla de que: 

“Los ataques de la guerrillas obedecían a estrategias, pues existen documentos de, por ejemplo, la Séptima Conferencia, en la que se habla de expansión hacia zonas más productivas económicamente y eso implicaba violencia. También están los documentos de la Octava Conferencia, 1993, en la que las Farc EP opta por lo militar por encima de lo político y así empiezan las estrategias de la toma del centro del país, que significaban los grandes ataques a bases militares gigantes que se dieron durante los años 90”. 

El investigador asegura que “está documentado que la estrategia de expansión de las Farc implicaba ataques militares, tanto a poblaciones en algunos lugares de disputa con los paramilitares y contra la Fuerza Pública”.    

En concreta referencia al informe final y su relación con la frase afirmada por Cabal, encontramos varios elementos que contradicen lo afirmado por ella: 

 

1. Página 92 - 93 del capítulo de Hallazgos y recomendaciones: “Durante el segundo gobierno del Frente (Nacional), se desarrollaron operaciones militares enmarcadas en el Plan Lazo, tendientes a retomar el control territorial del Estado en las regiones donde subsistía la violencia, que eran, a grandes rasgos, las mismas donde persistían conflictos agrarios sin resolver o donde existía influencia comunista. Estas operaciones –con bombardeos, detenciones y acoso a los pobladores– fueron asumidas por el PCC como el leitmotiv para iniciar una nueva guerra y dieron origen a las FARC, pues, para entonces, el PCC ya había definido que su estrategia de toma del poder se basaba en la combinación de todas las formas de lucha: legales e ilegales, armadas y electorales”. 
2. Página 104, del capítulo de Hallazgos y recomendaciones: “Las guerrillas comprendieron que el poder local y el regional constituyen el factor determinante en Colombia. Su estrategia en los años noventa fue, por lo tanto, acumular este poder en las regiones donde podían dominar; pelear a sangre y fuego donde había campos en disputa; e intentar colapsar la gobernabilidad donde sus fuerzas oponentes eran hegemónicas. Hacer, como dijo alguna vez Laureano Gómez, invivible la nación”.

 

Este mismo capítulo contiene gráficas, como la siguiente, en la que se muestra  la serie temporal de registros de despojo del RUV y del desplazamiento conjuntamente. La gráfica muestra, además, como se lee en el informe, que el despojo de tierras, uno de los impactos más graves que trajo consigo la configuración del conflicto protagonizada por las guerrillas, “empieza a crecer desde 1991 hasta 2002, año en el que alcanza su pico máximo, de manera similar al comportamiento del desplazamiento forzado. Esta época coincide con el fracaso de los diálogos del Caguán con las FARC-EP (1998-2002) y de Maguncia con el ELN (1998)”.

Gráfica 15. Página 177. Capítulo Hallazgos y recomendaciones. Víctimas de desplazamiento forzado y despojo a nivel nacional (1985-2021)

 

Fuente:  Registro Único de Víctimas. Corte a 1 de enero de 2022.

 

Pero el informe no solo se centra en hechos cometidos por parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP, sino también en movimientos armados guerrilleros como lo fue el M- 19, que, según el capítulo de Narrativa histórica “se concentró en la guerrilla urbana al estilo de los Montoneros, de Argentina, o los Tupamaros, de Uruguay”.

Según el capítulo del informe, la  estrategia del ‘Eme’ buscaba llegarles a los sectores urbanos, “cuyas demandas sociales estaban en pleno auge. Esta guerrilla también planteó el campo de disputa con el Gobierno en el terreno simbólico. Si bien no tenía tras de sí a un partido o movimiento político, su objetivo era atraer a la opinión pública y lo lograron despertando una mezcla de simpatía y miedo. Acciones de gran impacto, como el mencionado robo de la espada de Bolívar, generaron curiosidad, pero el asesinato del presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), José Raquel Mercado, fue mucho más lejos”.

Y en la página 182 del capítulo mencionada, son más precisos al escribir que el expresidente Belisario Betancur (1982-1986) “se enfrentaba a unas guerrillas cuya estrategia era la toma del poder a través de la insurrección y con la prioridad de buscar recursos para la guerra, aunque tampoco dejaron pasar la oportunidad de explorar una salida política o de encontrar una plataforma para la propaganda y la acción pública”. 

En la página 337 de este capítulo se evidencia, a través de la siguiente gráfica, cuál fue la responsabilidad de las FARC-EP durante los hechos acaecidos en el conflicto colombiano:  

 

En la página 525 de este mismo capítulo, el informe vuelve a ser enfático al decir que en el año 2008,  la guerrilla de las FARC-EP “se replegó y adoptó nuevamente la estrategia de guerra de guerrillas que generó un estancamiento en los planes militares del Estado colombiano”. 

Así pues, por encontrar recursos en el informe, que sí demuestran que los hechos violentos cometidos por la guerrilla eran parte de una estrategia de guerra, calificamos la afirmación de la senadora Cabal como falsa.  

 

“El informe soslaya lo que significó el reclutamiento de niños” 

“Pasar por alto algo, especialmente una dificultad, dejándolo de lado”. Así define la Real Academia Española (RAE) la palabra ‘soslayar’. Al consultar el tomo de Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final, publicado el 28 de junio de este año, encontramos que esa afirmación no es cierta y carece de sustento, pues la Comisión de la Verdad abordó ese tema de manera integral, analizando causas, impactos, metodologías, responsables y consolidando cantidades de casos de reclutamiento forzado.

Esa es una de las 20 violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que analizó en el tercer capítulo de ese documento. De entrada, recuerda que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH y que es una práctica común y generalizada, que ha persistido desde hace décadas hasta la actualidad.

Ya en Colombiacheck habíamos verificado una frase similar en este chequeo, en el que encontramos que, “en el capítulo No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado, el documento de 295 páginas recopila cerca de 200 historias de la manera como la guerra afectó a los menores entre 1958 y 2016. Para construirlo se recogieron 2.744 testimonios (de los cuales 50 fueron a personas que aún son menores de edad). Además, el equipo de investigadores recibió 140 informes y 75 casos”.

La CEV señaló también que en esa infracción del DIH también incurrió la Fuerza Pública, ya que hasta 1996 fue legal la vinculación de menores de 18 años de edad. Además, que los utilizó para realizar “registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia, en las que involucran en actividades militares a niños y niñas”.

En su análisis, la Comisión establece la diferencia entre vinculación y utilización de menores de edad en el conflicto armado. La primera está relacionada con su instrumentalización para cumplir una tarea o asumir algún rol a favor de un actor armado; mientras que la segunda no implica la participación directa en hostilidades, pero “es igualmente victimizante porque vulnera derechos de la niñez y adolescencia, además del principio de distinción”.

Al respecto, los comisionados reiteran que la normatividad prohíbe cualquier forma de instrumentalización, relación, aproximación o abordaje por parte de los grupos armados, con la que pretendan beneficiarse de niñas, niños y adolescentes, más aún si pretenden que desempeñen cualquier función a su favor.

Sobre las causas del reclutamiento, la investigación indica que además de las estrategias de reclutamiento de los grupos armados, la falta de oportunidades y la desprotección social han sido parte del contexto favorecedor de la permanencia del reclutamiento en la actualidad: “Algunas condiciones que propician el reclutamiento son los contextos de violencia, pobreza, miseria, exclusión social y ausencia, violencia o abandono familiar”.

Igualmente, el informe establece una conexión entre esa práctica ilegal y las dinámicas de la guerra, pues identificó que el reclutamiento aumentó en los periodos de mayor confrontación y expansión territorial de los grupos armados. Sobre esas causas, el documento precisa que la necesidad de tener más combatientes en momentos puntuales, potenció la intensidad de reclutamiento, así como “la flexibilización de las normas que lo rigen”.

En cuanto a las víctimas, una proyección estadística realizada por medio de inteligencia artificial, producto de una alianza entre la CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés), determinó que desde 1990 y hasta 2017, se produjeron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, que la mayor cantidad ocurrió en los departamentos de Meta, con 2.977 víctimas (18%); Antioquia, con 2.346 víctimas (14%); Guaviare, con 1.105 víctimas (7 %); Caquetá, con 1.063 víctimas (6%); y Cauca, con 838 víctimas (5%).

Y en cuanto a presuntos responsables, la CEV señala que el mayor reclutador fue la extinta guerrilla de las FARC, a quien se le atribuyen 12.038 víctimas, es decir, el 75% de los casos. A ella le siguen grupos paramilitares con 2.038 víctimas (13%) y la guerrilla del ELN con 1.391 víctimas (9%).

Si bien la función principal de la Comisión de la Verdad es determinar las causas, los orígenes y los efectos del conflicto armado hasta la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, esta entidad fue más allá y reseñó que esa práctica ilegal sigue vigente, ya que, según cifras del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico (ONCA), entre 2016 y el primer semestre de 2021, se registraron 269 casos de reclutamiento de menores de edad.

A diferencia de las recriminaciones de la senadora Cabal al padre Francisco de Roux en plenaria de la Cámara Alta del Congreso de la República, el Informe Final no pasó por alto el tema del reclutamiento ilícito y también incluyó un apartado sobre los efectos que produce.

“El reclutamiento y uso de los niños, niñas y adolescentes desarticula a sus familias y comunidades, tiene consecuencias especialmente graves en comunidades indígenas, donde la socialización bélica de los adolescentes provocó afectaciones comunitarias en la autonomía, autoridad o transmisión cultural.

Además, “familiares y comunidades pueden ser víctimas de actos de retaliación y estigmatización por otros grupos armados que consideran como parte del enemigo a los familiares de menores reclutados. Trunca el libre desarrollo de niñas y niños al privarlos de su niñez, una etapa fundamental para su desarrollo humano y su crecimiento. Las víctimas quedan inmersas en una violencia extrema y son expuestas a tratos crueles, a prácticas de guerra traumáticas, a daños físicos y emocionales graves y hasta a la muerte”, detalla el documento.

Y sobre las funciones que desempeñaron, relata que entre las más recurrentes “están las de informante, infiltrado y mensajero; otros niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participaron en combates y muchos murieron. El deseo de venganza por el asesinato de seres queridos también se mencionó como motivo de ingreso en el grupo. En ocasiones la imposición es ejercida con violencia, amenazando a las víctimas y a sus familiares. También existen registros de algunas acciones cívico-militares que pusieron en riesgo o utilizaron niños y niñas, de interrogatorios”.

Como si fuera poco, el pasado 8 de agosto, en su tomo Hasta la Guerra Tiene Límites, dedicado a violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y responsabilidades colectivas, la CEV amplió su análisis sobre el reclutamiento forzado y profundizó sobre las condiciones que lo propiciaron, los lugares del reclutamiento, las tareas que desempeñaron los menores reclutados, los periodos de reclutamiento, su persistencia en la actualidad y realizó una valoración particular sobre la responsabilidad de guerrillas, grupos paramilitares y la Fuerza Pública. Y sobre este crimen, el Informe Final concluye que cuatro de cada diez víctimas, eran menores de 15 años de edad.

Ahora, entre las respuestas que la senadora Cabal le envió a Colombiacheck al ser consultada sobre su intervención, indicó que la Comisión de la Verdad no hizo alusión a la Escuela Hernán Murillo Toro, ubicada en la vereda La Esmeralda Baja, de Tolima, en donde el Bloque Central de las antiguas Farc adiestraron a menores de edad que fueron vinculados a sus filas.

Asimismo, la legisladora señaló que los comisionados tampoco hicieron alusión a un manual de adiestramiento incautado por las autoridades, titulado Guía para el Trabajo de los Clubes Infantiles Bolivarianos, en el que se señala que podían hacer parte niños de 5 a 12 años edad.

Al revisar los tomos sobre hallazgos y recomendaciones, y violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, encontramos que la senadora Cabal tiene razón sobre esos casos puntuales, pero ello no significa que el informe final “soslaya lo que significó el reclutamiento de niños”, como planteó en el Congreso de la República, pues la CEV fue exhaustiva al analizar ese drama desde múltiples puntos ángulos, como ya demostramos, por lo que calificamos esta afirmación como falsa.

"El informe desconoce lo que dice la sentencia de alias ‘Karina’ y otros desmovilizados de Justicia y Paz”

Para efectos de demostrar por qué esta aseveración es parcialmente cierta, es necesario dividirla en dos, dado que da cuenta de realidades distintas. En ese sentido, se contrastó inicialmente la afirmación “El informe desconoce lo que dice la sentencia de alias ‘Karina’”.

La congresista hace alusión a la decisión tomada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra nueve integrantes del Bloque José María Córdova de las FARC-EP, también llamado Bloque Noroccidental, ‘Iván Ríos’ y ‘Efraín Guzmán’, entre los que se encontraba Elda Neyis Mosquera García, conocida con los alias de ‘Karina’ o ‘La Negra’, quien comandó el Frente 47 adscrito a estructura alzada en armas hasta mayo de 2008, cuando desertó y se entregó a las autoridades en el oriente antioqueño.

Esa sentencia contiene un extenso relato de la historia de la guerrilla y de manera particular del Bloque José María Córdova, que estuvo conformado por los frentes 5, 9, 18, 34, 36, 47, 57 y 58, así como por las compañías ‘Mario Vélez´ y ‘Aurelio Rodríguez’, con un radio de operaciones que abarcó varias regiones de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba y Chocó.

Con base en los testimonios de los guerrilleros desmovilizados procesados por este mecanismo de justicia transicional, fundamentado en el Ley 975 de 2005, complementados por fuentes documentales de diversas entidades públicas y privadas, se reconstruyeron los contextos de surgimiento de la esta organización guerrillera, las estructuras que hicieron parte de ella, las zonas donde operaron, los mecanismos de financiación y los delitos que cometieron.

Si bien es cierto que la sentencia no es citada directamente en los distintos capítulos que componen el informe final de la CEV, la razón es el momento en que fue proferida y su extensión –6 de mayo de 2022 y 5.964 páginas–, lo que suponía una dificultad metodológica por cuanto para ese momento estaban cerrando la escritura de los textos de los distintos capítulos.

Eso no quiere decir que algunos de los contenidos de esa decisión judicial, especialmente los delitos cometidos contra la población civil, no hayan sido abordados por los investigadores de la Comisión ni excluidos del informe final. Una revisión de varios textos así lo constata.

Investigadores de la CEV entrevistaron a alias ‘Karina’ y a varios exguerrilleros que hicieron parte de los frentes del Bloque José María Córdova, quienes aportaron información sobre prácticas de guerra de esa organización alzada en armas en aquellas regiones donde operaron. Además, se consultaron documentos de organismos de investigación y seguridad del Estado para complementar esas versiones.

Ejemplo de ello son las referencias al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes indígenas del departamento de Chocó por parte de guerrilleros del Bloque José María Córdova citadas en el informe sobre las afectaciones a los pueblos étnicos y recogidas por la Fiscalía General de la Nación. En una de ellas se lee que esa estructura insurgente “además de ocupar diferentes territorios indígenas, también llevó a cabo en ellos varios reclutamientos”.

Y en otro apartado del informe étnico se detalló esa afectación: “[…] la persuasión fue el método que más utilizó el Bloque José María Córdoba de las FARC-EP para engrosar sus filas. Los reclutadores atraían a niños, niñas y adolescentes a la organización a través de estrategias de persuasión y manipulación, como el manejo o trabajo de masas, la idealización del combatiente, el enamoramiento o mediante familiares en la guerrilla; asimismo, aprovechaban otras circunstancias, como el gusto por las armas, las carencias afectivas y de protección, la orfandad, la violencia intrafamiliar, la pobreza, el temor y la desescolaridad”.

En las entrevistas dadas por alias ‘Karina’ a la CEV se destaca el tema de los abortos forzados en las filas guerrilleras. En el informe sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, se registra su versión sobre ese asunto y se le permite explicar de manera amplia lo que ocurrió: “Había médicos de afuera que hacían los abortos, pero también había capacitación de enfermeros de la guerrilla”, reconoció la exguerrillera ante la Comisión.

Y explicó que esa decisión se tomó en la Octava Conferencia, celebrada en abril de 1993: “[…] después de la Octava era obligatorio el aborto. Antes, si la guerrillera quería abortar, abortaba, y si no, no. En la Octava Conferencia se tomó esa medida porque estaba quedando mucho ‘guerrillerito’ por ahí botado, a merced del campesino que lo quisiera recibir, a merced de la familia. Y los guerrilleros no tenían con qué darle económicamente al pelao, porque allá no se daba nada: el guerrillero no gana plata, allá no había ningún renglón de maternidad, ningún renglón para hijos, nada de esas cosas. Ya había guerrilleras que tenían tres, cuatro hijos”.

Con respecto a hechos como la masacre perpetrada bajo su mando el 23 de enero de 1994 en el barrio La Chinita, del municipio de Apartadó, Antioquia, que dejó 35 personas muertas, la exjefe guerrillera fue, incluso, más detallada en su relato a la CEV que lo que revela la sentencia de Justicia y Paz en su contra (ver página 301 del volumen No matarás).

“La masacre de La Chinita fue como en enero del 94, yo incluso acepté eso por línea de mando –aseveró ante la Comisión–. Hemos dicho que aunque la masacre no fue ordenada en su totalidad por las FARC-EP, sí fue ordenada la muerte de varios dirigentes que estaban ahí en el barrio La Chinita. Incluso hay uno de los muchachos, cuentan en Justicia y Paz, al que se le dio el plan de venir a matar cuatro dirigentes de ahí del EPL, del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Entonces, les dieron la orden a ellos; debido a esos cuatro, mataron a todo ese gentío”.

Las atrocidades perpetradas por guerrilleros de los distintos frentes y compañías que integraban el Bloque José María Córdova también fueron relatadas en distintos capítulos del informe final por algunas víctimas, quienes, en sendas entrevistas con investigadores de la CEV, relataron hechos como tomas guerrilleras, torturas, secuestros de civiles y ataques a la Fuerza Pública.

Frente a la segunda enunciación hecha por la senadora Cabal: “El informe desconoce lo que [dicen] otros desmovilizados de Justicia y Paz”, es importante resaltar su ambigüedad. ¿La congresista se refiere a qué tipo de desmovilizados: exguerrilleros del Bloque José María Córdova de las FARC o exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)?

Si la aseveración hace relación al caso de los exguerrilleros, es importante destacar que los distintos capítulos del informe final muestran dos tipos de referencias: de un lado, se citan fuentes secundarias, entre ellos documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Fiscalía General de la Nación (FGN); y de otro, alude a entrevistas realizadas por investigadores de la CEV a exjefes y exguerrilleros de distintos frentes de esa estructura insurgente.

Ejemplo de la referencia a documentos del CNMH que detalla versiones de excombatientes de las FARC ante Justicia y Paz es un fragmento en que se habla de cómo entrenaban a los nuevos reclutas en las escuelas de formación: “[…] allí se enseñaban tácticas militares, manejo de explosivos, manejo de masas, inteligencia, sistemas y se exponían las conclusiones de las conferencias guerrilleras”.

Con respecto a la financiación de distintos frentes de las FARC, un documento de la FGN recoge versiones libres de excombatientes que integraban comisiones de finanzas: “[…]. En el plan de trabajo, venía en establecerles un impuesto a las compañías subcontratistas que estaban contratando con una compañía […] que se había ganado el contrato para el poliducto de oriente, ese cruza por el sur de Santander y llega a Tunja, […] con el criterio de que se cobraba el 10 % sobre la ganancia total […], diferido a varias cuotas”.

Y en cuanto a las entrevistas, uno de los capítulos del Informe Final de la CEV, dedicado a las afectaciones a los pueblos étnicos, recoge las voces de exmiembros de los frentes 5, 34, 57 y 58 del Bloque José María Córdova, quienes reconocieron ante investigadores de la Comisión los múltiples daños a comunidades negras e indígenas, especialmente del departamento de Chocó.

Y si de lo que se trata es de llamar la atención sobre los exparamilitares de las AUC, la afirmación de la congresista no se sustenta, pues en los distintos capítulos del informe final hay numerosas citas alusivas a testimonios entregados a los tribunales de Justicia y Paz y a decisiones proferidas por los magistrados de las distintas salas del país.

Esas citas, además, fueron complementadas por entrevistas de investigadores de la CEV a exjefes paramilitares de estructuras asociadas a las AUC, que cumplieron sus penas carcelarias bajo la Ley 975 de 2005 y que decidieron aportar su verdad sobre la guerra para nutrir lo dicho por diversas fuentes, tanto testimoniales como documentales. Entre ellos se destacan Salvatore Mancuso, Emiro Correa y Manuel Castellanos, quienes hablaron sin la restricción de identidad ante la Comisión. Otros más dieron su versión bajo el anonimato.

Al solicitarse aclaración, respecto a esta afirmación, la congresista incurrió en un error en su respuesta, pues puso en boca del exguerrillero Elí Mendoza, conocido con el alias ‘Martín Sombra’ o ‘El Carcelero’, declaraciones de otro excombatiente, Marcos Fidel Giraldo Torres, entregadas en tribunales de Justicia y Paz.

Hecha esa aclaración y para respaldar sus afirmaciones, la senadora reproduce un fragmento de la sentencia contra alias ‘Karina’ en el que alude a los fusilamientos de niñas, niños y adolescentes que integraron el Frente 47 y que, según ella, no fueron tenidos en cuenta por la Comisión. Puso como ejemplo este extenso párrafo:

“Marco o Marcos Fidel Giraldo Torres, en concordancia con los datos presentados por la Fiscalía, aludió que el Frente de 47 fue la estructura de las FARC donde más hubo ajusticiamientos o fusilamientos, que se debió a ‘las ganas del crecimiento del Frente’, ya que era orden de los miembros del ‘Estado Mayor’ del Bloque ‘el crecimiento del personal’; en cuyo cumplimiento se quebrantaron las normas sobre el reclutamiento de personas, por lo cual se incorporaron a las filas de esa agrupación ‘gente no apta para confrontación armada, como es el caso de muchos menores, niños de 13 años’; explicando que esta situación fue aprovechada por los diversos grupos de autodefensas para ‘infiltrar’ individuos, acotando Giraldo Torres que llegaban al Frente 47 con diversos cometidos ‘algunos con la misión de matar comandantes, otros con la misión de dañar armamento’; acotando que el territorio de injerencia de esa agrupación era estratégico para ambas organizaciones al margen de la ley porque ‘había una parte o una forma de financiarse ambos grupos’, de ahí el llamado fenómeno de ‘la infiltración’ y en consecuencia, el fusilamiento indiscriminado, en especial de niños, niñas y adolescentes”.

Si bien hizo esa aclaración, el tema de fusilamiento de menores de edad en las filas de las FARC fue incluido en varios de los informes, por lo que es calificamos como cuestionable lo que dice en esta última frase la senadora Cabal.

 

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.