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Viernes, 24 Agosto 2018

La vieja noticia sobre el proceso de Claudia López en la Contraloría es engañosa

Por Ana María Saavedra

La consulta anticorrupción, promovida por la exsenadora Claudia López, revivió en las redes sociales viejas noticias en su contra. En Colombiacheck les pusimos la lupa a dos notas de los portales El Expediente y Los Irreverentes.

“14 puntos que explican condena por $103 millones contra Claudia López.

La corrupción de los antocorrupción. GRANDES!

Colombia, el único país donde los corruptos promueven consulta “antiellos”,

 

Noticia falsa sobre Claudia López en Facebook

El miércoles pasado, se difundió en el grupo de Facebook Realidad Política una noticia, publicada en noviembre del año pasado por el portal El Expediente, titulada “14 puntos que explican condena por $103 millones contra Claudia López”.

En esta nota, a su vez, hacen referencia a otra noticia publicada el 5 de abril de 2017 por el portal Los Irreverentes. Esa otra nota se titula ‘El salvavidas que le tiraron a Claudia Nayibe López’ y relata cómo, supuestamente, la exsenadora “fue condenada en doble instancia por un caso de detrimento patrimonial cuando ejercía como Directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital durante la primera Alcaldía de Enrique Peñalosa”.

La nota de Los Irreverentes también dice que “la sanción que se produjo a raíz de un sobrecosto con la empresa contratista Innema Ltda por $88.174.866, derivó en una sanción de enero de 2016 que condenó a Claudia López a responder por $103.797.691 de detrimento patrimonial” y que la entonces senadora “logró salvarse en la Corte Constitucional”.

Al analizar esta noticia en Colombiacheck encontramos que es engañosa. Parte de un dato real, que se combina con otros elementos falsos para crear una noticia que busca confundir a los lectores.

El abogado Mario Cajas, jefe Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, analizó las dos noticias mencionadas. “Ambas confunden”, le dijo a Colombiacheck. “Tienen hechos ciertos, como toda ‘fake news’, que mezclan con muchos otros para confundir”.

Lo cierto es que, en 2005, la Contraloría Distrital sancionó a la exsenadora por el detrimento patrimonial denunciado por ambos portales. Sin embargo, en 2008 la propia Contraloría decretó la nulidad de ese proceso y lo cerró, borrando la sanción.

En 2007, López había presentado una tutela por este proceso de la Contraloría y, dos años después la Corte Constitucional la resolvió. “La Corte le dio la razón en lo procesal, al decir que le violaron al debido proceso. Pero la misma Contraloría lo reconoció, aún antes que la Corte fallara la tutela”, explicó Cajas.

Así que ni la condena existe, ni López está actualmente condenada en doble instancia por detrimento.

Por otra parte, la publicación de Los Irreverentes dice que López “logró tapar [su condena] con sus magistrados amigos en la Corte Constitucional”.

Sin embargo, Cajas explica que “La Corte se pronunció diciendo si se violó el debido proceso, pero no le dio ninguna orden a la Contraloría, porque esta ya había declarado la nulidad”.

Cajas, además, opina que no tiene sentido involucrar a los magistrados mencionados por los dos portales. “Relacionar al magistrado Nilson Pinilla con un acto para favorecer a López es descabellado”, dice Cajas. “Es un magistrado conservador. Y por el lado de Antonio Sierra, que es tan riguroso en sus fallos, no tiene lógica”. Para el analista, es poco probable que dos personas de ideologías tan diferentes se pusieran de acuerdo en algo como esto.

En la página de López ya habían desmentido las informaciones de ambos portales. “La misma Contraloría fue la que revocó el proceso al no encontrar pruebas al respecto y López no tuvo que acudir a Nilson Pinilla, Jorge Iván Palacio ni Humberto Sierra Porto para revertir dicho proceso, como se afirma”, dice allí.

Colombiacheck contactó a la Contraloría de Bogotá para confirmar el cierre de este proceso. La oficina de prensa nos confirmó que el proceso de responsabilidad fiscal contra Claudia López está cerrado. Sin embargo, al momento de esta publicación, aún no habían podido compartirnos físicamente los folios del proceso en los que se explican los motivos del cierre de ese proceso.

Esta información será actualizada por Colombiacheck próximamente* cuando los documentos sean enviados por la Contraloría.

*Debido a que el expediente se la exsenadora se encuentra en "archivo muerto", la Contraloría no ha enviado los documentos aún. La nulidad decretada en 2008 por el contralor de entonces está referenciada y documentada en el proceso de la Corte Constitucional.

Para conseguir en físico la decisión, acudimos al archivo de la Contraloría y este es el documento de la decisión.

 

Lunes, 18 Febrero 2019

Claudia López y Roy Barreras sí fueron autores del Código de Policía

Por Ana María Saavedra

Los excongresistas fueron parte de los autores de la ley, pero dicen que fue malinterpretada en el caso de la multa por una empanada

La semana pasada, un joven en Bogotá fue multado con 835.000 pesos por compra una empanada a una vendedora ambulante. La indignación apareció rápido en redes sociales y, entre otros memes que circularon, uno asegura que el senador Roy Barreras y la exsenadora Claudia López fueron los autores del “absurdo Código de Policía”. 

En Colombiacheck revisamos y calificamos la información como “Verdadera, pero”, pues López y Barrera sí hicieron parte de los autores de la ley, pero el meme no explica el contexto de lo que sucedió.

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En efecto, Barreras y López hacen parte de los nueve congresistas autores de la Ley 1801 de 2016 del nuevo Código de Policía y Convivencia. Los otros autores fueron Germán Varón, José David Name, Juan Manuel Galán, Óscar Fernando Bravo, Telésforo Pedraza y el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Sin embargo, algunos de los autores de la ley argumentan que el caso de la empanada fue una malinterpretación de lo que esta dice.

El artículo por el que los policías impusieron el comparendo al comprador es el 140, numeral 6.

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En ese punto se indica entre los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público está el “promover o facilitar el uso y ocupación del espacio público en violación de las normas o jurisprudencia constitucional vigentes”.

La exsenadora Claudia López, explicó, a través de su oficina de prensa, que lo ocurrido con la multa al comprador de la empanada “es un claro exceso y mala interpretación de la norma”.

“En ese entonces esos artículos se pusieron para castigar a los que cobren por alquilar espacios para poner ventas ambulantes. ¡Promover no es comprar empanadas! Y la Corte en ese artículo dijo que los vendedores eran personas vulnerables, castigarlos es una sanción desporporcional”, nos dijo, a través de Whatsapp, la jefe de prensa de López como la respuesta de la ex senadora.Además, la exsenadora publicó este hilo en su cuenta de Twitter:

 

 

 

Consultamos al exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista, quien estuvo de acuerdo en que el artículo 140 numeral 6 fue creado para sancionar a quien que promueva la invasión del espacio público.

“Un ejemplo: soy administrador de un edificio y hago poner muebles y obstáculos en el espacio público para beneficio de mi edificio o las mafias que venden el espacio público. Eso es, la sanción es para el que promueve y no para el que se comprar una empanada. Las normas del derecho deben ser interpretadas como principios mínimos: efecto útil de la norma. La norma tiene que ser orientada a realizar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Una interpretación como la de sancionar a alguien que compra una empanada o un chontaduro es desproporcionada y no razonable”, explicó el exmagistrado, haciendo referencia a un caso similar de hace un mes en el que una persona fue multada en Armenia por comprar chontaduros en la calle.

Justamente, los principios rectores mencionados por Hernández están en el artículo 8 del código de policía.

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Hernández también aclaró que no se puede considerar que comprar la empanada se esté promoviendo la invasión del espacio público. “Se parte del supuesto de que la persona cumple los requisito. Como peatón no tienes por qué ser quién investiga si el vendedor tiene la autorización o no”.