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Cuestionable

Miércoles, 16 Febrero 2022

Las cifras de cultivos de coca que citan Fico y Barguil mezclan datos verdaderos con falsos

Por Ana María Saavedra

Los precandidatos por la coalición Equipo por Colombia han hablado del número de cultivos ilícitos. En Colombiacheck corroboramos sus cifras y encontramos que son cuestionables.

La lucha contra el narcotráfico y el alto número de cultivos de coca es uno de los temas centrales de los debates presidenciales de 2022. En uno reciente organizado por el programa Hora 20 de Caracol Radio, la periodista Diana Calderón, directora del espacio, cuestionó a los candidatos de la Coalición Equipo por Colombia sobre esto.

Dos de los precandidatos: David Barguil, senador del Partido Conservador, y Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín que aspira por firmas, dieron cifras de las hectáreas de coca. El segundo ya había hablado de las hectáreas de cultivos ilícitos en otro debate de Caracol Radio en enero pasado. Así que en Colombiacheck decidimos verificar qué tanto acertaron los precandidatos en sus cifras.

Nos contactamos con los equipos de prensa de ambos candidatos para precisar cómo sustentaban sus afirmaciones y en el caso de Barguil para que aclarara a qué año hacía referencia en el caso de las 40.000 hectáreas, pero no contestaron.

Entonces, cotejamos las cifras dadas con los datos oficiales y encontramos que ambos mezclaron en sus afirmaciones cifras reales con datos falsos o imprecisos. 


Barguil y las hectáreas de coca

El precandidato conservador David Barguil aseguró durante el debate de la coalición Equipo por Colombia de Caracol Radio que en Colombia “pasamos de 40.000 a 245.000 hectáreas de coca”.

Ya habíamos verificado afirmaciones similares sobre las cifras de los cultivos de coca al expresidente del Senado Ernesto Macías y al expresidente Andrés Pastrana en una entrevista en El Espectador. 

Como lo explicamos en dichos chequeos, en Colombia hay tres tipos de mediciones: el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999; otro realizado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, ONDCP,  de Estados Unidos  y el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos, pero del que no se entregan datos públicos.

De estos sistemas, el oficial en el país es el realizado por la ONU, contratado por el gobierno y en el que se realiza un censo cada año desde 1999.

 En este gráfico,  realizado por Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington,  se observan las cifras de las mediciones del Simci y de Estados Unidos.

 

En cuanto a las cifras de 2020 del sistema SIMCI, pues el informe de 2021 aún no sale, la cifra es de 143.000 hectáreas, una disminución respecto a 2019. Esta continúa una tendencia que viene desde 2017, contraria a lo que reflejan las mediciones de Estados Unidos, como se observa en el gráfico.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó un reporte de los cultivos de coca en Colombia, basado en la información de la  Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP).

 

 

Así que, al buscar las cifras dadas por Barguil, encontramos que efectivamente para 2020 el número de hectáreas en el país, según esa medición de EE.UU., era de 245.000. Sin embargo, en ese conteo no hay ningún año con 40.000 hectáreas.

Colombia nunca ha tenido esa cifra de 40.000 hectáreas. Los años con menos cultivos, desde que existen las mediciones del SIMCI de la ONU, son 2012 y 2013, ambos con 48.000 hectáreas. Y en las mediciones de EE.UU., está 1994 con 45.000. Los años 2012 y 2013 tuvieron 78.000 y 85.000.

Barguil acierta en la cifra de 245.000, si toma la medición de Estados Unidos, pero las 40.000 hectáreas no aparecen en esos reportes. El dato más aproximado de esa cantidad de cultivos es de otro reporte, el del SIMCI, el cual tiene una metodología diferente.  Es engañoso tomar datos de ambos informes para compararlos. Por esas razones, calificamos su afirmación como cuestionable.

Fico y los cultivos

En el mismo debate, Gutiérrez dijo: “Estamos nadando en drogas en todo el país, 245.000 hectáreas (...)”.

Gutiérrez había asegurado en el debate de los medios del grupo Prisa del 21 de enero de 2022: “En 1998, teníamos 180.000 hectáreas; en 2012, 70.000 y hoy tenemos 245.000”.

Fico comete una imprecisión similar a la de Barguil, ya que acierta en las 245.000 hectáreas, si se basa en la medición de Estados Unidos.

Sin embargo, para 1998 esa misma medición da cuenta de 102.000 hectáreas, 78.000 menos que el dato del exalcalde de Medellín. En cuanto a 2012, la cifra de Estados Unidos es de 70.000, 8.000 menos. Estos datos están en el gráfico citado anteriormente.

Por esas razones, la afirmación de Gutiérrez es cuestionable pues mezcla datos verdaderos con otros aproximados y otros falsos.

 

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Sábado, 18 Junio 2022

Rodolfo Hernández se equivoca en su interpretación del fallo que ordenó el debate

Por Juan Sebastián Lozada

El candidato santandereano dijo que Petro debía pagarles a las personas tutelantes el traslado a Bucaramanga para no incurrir en desacato, pero el fallo no ordena que quienes interpusieron las tutelas deban asistir.

El 15 de junio se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá les ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, y Gustavo Petro, del Pacto Histórico, ponerse de acuerdo para realizar un debate previo a los comicios de segunda vuelta, que se llevarán a cabo el domingo 19 de junio.

El fallo fue notificado a todas las partes el 14 de junio a las 10:44 pm, según comunicó en redes sociales una de las tutelantes. En la mañana del 15 de junio, Petro afirmó, por medio de su cuenta de Twitter, que estaba listo para el debate. Por su lado, Hernández dio a conocer el 16 de junio un documento con un listado de temas en los que solicitó avanzar para que se diera el debate. Lo hizo a través de su equipo de prensa por grupos de WhatsApp pero no lo publicó en sus redes sociales.

En la lista, Hernández propone, entre otras cosas, que por razones de seguridad el debate se de en Bucaramanga, su ciudad de residencia. Luego, más adelante, le exige a su rival que pague “los gastos de viaje y demás erogaciones” de quienes interpusieron las acciones de tutela, “porque de lo contrario”, prosigue Hernández, “incurriríamos en desacato por afectación grave a su derecho fundamental”.

Esta exigencia está en el numeral 5 del mensaje, que textualmente dice:

"Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión” (sic).

En Colombiacheck decidimos verificar si, como afirma Hernández, los candidatos deben garantizar que las personas tutelantes estén presentes o participen directamente en el debate o, de lo contrario, cometerían desacato, pero encontramos que esta aseveración es falsa.

En primer lugar, consultamos con la campaña de Rodolfo Hernández en qué se basó el aspirante para considerar que esta era una de las condiciones que deberían cumplir ambos para no desacatar la decisión del fallo, pero no hemos obtenido respuesta.

Segundo, buscamos el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El fallo considera distintos apartados antes de decidir sobre las acciones de tutela, pero en ninguno de ellos encontramos algo que hable expresamente sobre la participación directa o asistencia de las personas tutelantes en un eventual debate.

Al comienzo, expone los antecedentes del caso. Allí menciona que las personas accionantes solicitan, en resumen, la protección del derecho a elegir y ser elegido que está consignado en el artículo 40 de la Constitución Política. Para ello requieren:

Primero, que los candidatos organicen y planifiquen el o los debates en un canal nacional televisivo o radial. Segundo, que se cumpla con “la función de información acerca de su programa de gobierno”. Tercero, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “exhorte a los candidatos para la presentación en los debates”. Cuarto, que se protejan derechos del artículo 40 a elegir y a tomar parte en elecciones, así como del artículo 20 a recibir información veraz e imparcial.

Además se pide que “se lleve a cabo como mínimo dos debates previos a las elecciones del 19 de junio de 2022 en horario no laboral, incluyendo ayudas audiovisuales”. Luego, hace un recuento de las contestaciones allegadas de las partes, incluyendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), el CNE, el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, y el candidato Rodolfo Hernández.

Inmediatamente después, el fallo expone las consideraciones del caso. Allí se define el problema sobre el que van a resolver, explican la competencia del tribunal para tomar una decisión, legitiman la petición de las personas accionantes, además de otras consideraciones.

Por último, el fallo resuelve “tutelar el derecho fundamental de participar en la conformación del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política” a quienes interpusieron las tutelas. Y también ordenar a los candidatos presidenciales que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, soliciten de manera conjunta la realización de un debate presidencial.

Como explica la profesora constitucionalista y subdirectora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Diana Esther Guzmán, el desacato se configura si las órdenes no se cumplen, “es decir, es con respecto a la parte resolutiva de la sentencia, la parte en donde están las órdenes”. Guzmán determina que “las órdenes para los candidatos se reducen a una, que consiste en solicitar el debate y coordinarlo de común acuerdo”, y finaliza resaltando que las otras órdenes no contienen nada más relacionado con los candidatos presidenciales.

La profesora de la Universidad Nacional menciona que el apartado resolutivo el fallo no tiene una orden específicamente establecida para que los candidatos paguen los costos de traslado de las personas tutelantes, ni tampoco es posible encontrar esto en otro lugar de la sentencia, “entonces no hay una obligación expresa derivada de la sentencia”, asegura. Asimismo, “la sentencia tampoco contempla cómo debe garantizarse el derecho que se les ampara a los tutelantes”, concluye.

“La respuesta está en el mismo fallo”, admite por su parte Carlos Hernán Escobar, abogado penalista y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, “está en la parte final de la decisión donde están los resolutivos, la parte vinculante para un eventual desacato es el 1 y el 2”, señala.

Sobre esto, Escobar aclara que el primer resolutivo se está tutelando el derecho democrático de los accionantes. Guzmán también comenta que esta es la declaratoria de que el Tribunal concede la tutela, pero de allí no se derivan acciones concretas.

“En ninguno de esos dos resolutivos, ni siquiera en general, dice expresamente que en ese debate deban participar o estar presentes los tutelantes”, menciona Escobar, quien también apunta que las personas tutelantes no hacen parte del debate, ni tampoco se les tuteló el derecho a realizar las preguntas. “Si, en el hipotético caso tenía que garantizarse que hicieran parte del debate, su participación es como espectadores, cosa que puede darse vía virtual o televisión. El candidato incurre en una imprecisión en la lectura del fallo”, estima.

En Colombiacheck calificamos como falsa la afirmación del candidato Rodolfo Hernández, en su comunicado, en el que aseguró que ambos candidatos caerían en desacato si su contendor no le pagaba a las personas que interpusieron las tutelas el traslado al debate que intentaron planear. La única orden del fallo dirigida a los candidatos es que ellos soliciten y programen, de manera conjunta, un debate.