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Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2002, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.

Lunes, 06 Febrero 2017

“La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca”

Por Sania Salazar

La afirmación la hizo un columnista de El Heraldo, quien se basó en una comparación que a simple vista puede parecer ligera, pero un informe de la Fundación Ideas para la Paz le da la razón.

En su columna del pasado 15 de enero en El Heraldo titulada La reincorporación de las Farc Indalecio Dangond aseguró que la mayoría de las 19 zonas veredales transitorias de normalización (Zvtn) y 7 puntos donde se concentrarán las Farc para su desmovilización están cerca de cultivos de coca.

Esa afirmación llama la atención debido a que el Gobierno había dejado claro desde que anunció la ubicación de las mismas que estas no podían estar ubicadas en áreas de cultivos ilícitos. Basados en varios informes periodísticos y en una investigación de la Fundación Ideas para la Paz en Colombiacheck calificamos la frase de Dangond como verdadera.

Hablamos con Dangond para saber en qué basaba su afirmación y él explicó que buscó en Google el mapa de cultivos ilícitos en Colombia (del estudio de la ONU) y el mapa con la ubicación de las Zvtn y los imprimió. “Cuando tú pones un mapa encima del otro te das cuenta de que las 20 zonas y los 7 campamentos quedaron en las mismas zonas donde están los corredores geográficos de los cultivos ilícitos. No sé con qué intenciones han hecho eso las Farc, porque ellos fueron los que exigieron esas zonas”, aseguró.

El Director de sustitución de cultivos de la Presidencia de la República, Eduardo Díaz, aseguró que los cultivos no podían estar dentro de las Zvtn y que en los casos en los que se presentó esa situación, que fueron alrededor de 8, los cultivos ya se retiraron.

“Hay unas zonas que tienen cultivos ilícitos a un kilómetro, hay otras donde están más distantes, eso depende de la región, estamos trabajando en programas de sustitución voluntaria y son de los programas prioritarios para el Gobierno, pero eso no quiere decir que lo que dice el señor de El Heraldo sea cierto”, afirmó Díaz.

El funcionario recordó que las Zvtn tampoco pueden estar cerca de grandes poblados ni de carreteras, donde por lo general, no hay cultivos ilícitos, y que es precisamente en las zonas distantes, donde operan normalmente los grupos armados, donde hay actividades ilícitas como cultivos de coca.

Díaz indicó que en el caso de La Cominera, Cauca, no dieron resultados los diálogos con las comunidades para retirar los cultivos, por lo que desistieron de instalar allí Zvtn.

Otras miradas

Algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales nacionales hicieron radiografías de las Zvtn y de los puntos. La Silla Vacía asegura que hay cultivos de coca en 12 zonas. La Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que indica que hay cultivos de coca en tres de las Zvtn: Buenos Aires, (Cauca); Puerto Asís, (Putumayo); y Cartagena del Chairá, (Caquetá).

En una entrevista con María Isabel Rueda para El Tiempo Daniel Rico, criminólogo con tesis de doctorado sobre cultivos de droga, habló sobre la situación de los cultivos de coca en el país e indicó que cuando se llegó a los sitios seleccionados para las Zvtn “se dieron cuenta de que se habían cundido (extendido, llenado) de coca algunas de estas zonas, con todas las dificultades adicionales que esto genera”.

La Fundación Ideas para la Paz, FIP, acaba de publicar el informe titulado Entornos y riesgos de zonas veredales y los Puntos Transitorios de Normalización en el que utilizó cinco variables para ponderar el grado de riesgo que presenta cada zona, entre ellas la continuidad de economías criminales (narcotráfico y minería ilegal).

“Llama la atención, según se aprecia en el cuadro, que la mayor concentración de cultivos coincide con las regiones donde se ubican la gran mayoría de zonas y puntos de concentración, con contadas excepciones. Tal es el caso de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, que suman el 81% de los cultivos ilícitos de todo el país”, indica el informe.

 

Según el estudio, hay cultivos de coca en 15 de las 19 veredas donde hay Zvtn y hay rutas de narcotráfico que pasan por 15 de las 19 zonas.

En cuanto a los puntos de concentración, hay cultivos de coca en 5 de las 7 veredas y 5 rutas del narcotráfico pasan por allí.

“Con pocas excepciones, todas las zonas y puntos de concentración están ubicados en regiones estratégicas donde por años han funcionado corredores de narcotráfico y, en general, de otros bienes que alimentan economías criminales. La continuidad de otros grupos armados y las presiones para que estas economías sigan operando debe ser un motivo de alerta para las poblaciones, miembros de las Farc en proceso de desmovilización y entrega de armas, así como para los miembros del MM&V (Mecanismo de Monitoreo y Verificación)”, resalta el informe.

“Un claro ejemplo es el corredor de más de 1.500 kilómetros que va desde el departamento del Guaviare hasta las fronteras con Brasil y Venezuela. Esta región del país sería, en teoría, la que se vería afectada por la disidencia del Frente 1 que, aunque tiene un radio de acción alejado de las dos zonas veredales de San José del Guaviare, ya ha demostrado que puede alterar el orden público como lo hizo en ese municipio el pasado 2 de octubre, día de la votación del plebiscito por la paz. De hecho, se cree que esta disidencia habría hecho contactos con miembros de las AGC o “Clan del Golfo” para repartir el control y las ganancias sobre este corredor”, señala el informe.