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Lunes, 15 Julio 2019

Las cuatro falsedades de Pastrana en su entrevista con El Espectador

Por Ana María Saavedra y Sania Salazar

Cuatro de las afirmaciones que le dio el expresidente Pastrana a El Espectador sobre coca, la violencia de su gobierno, la CPI y las Farc son falsas.

El pasado 6 de julio, el expresidente Andrés Pastrana (quien gobernó el país entre 1998 y 2002) le dio una entrevista al periódico bogotano El Espectador sobre el proceso de paz con la guerrilla desmovilizada de las Farc. De esa entrevista vino su polémica frase “el de Santos fue el peor proceso de paz”.

Para sustentar esa posición, Pastrana dio varias opiniones y afirmaciones. En Colombiacheck encontramos cuatro afirmaciones verificables. Revisamos las cuatro y encontramos que todas son falsas.

Colombiacheck contactó al expresidente a través de WhatsApp y le envió las preguntas para conocer las fuentes en las que basa sus afirmaciones, pero nos remitió a su secretaria, quien nos dijo que él nos podía atender solo cuando volviera al país, a finales de agosto.

 

Falsa

“Cuando dejamos 40.000 hectáreas de coca con el Plan Colombia; cuando habíamos derrotado a las Farc, porque lo que las lleva a sentarse en la mesa de negociación es el Plan Colombia, ¿que nos dejó Santos?: 300.000 hectáreas de coca (...).

Esta fue la respuesta a la pregunta: “las Farc fueron uno de los males más grandes de Colombia durante cincuenta años y hoy ya no lo son, ¿eso no es suficiente?“

Aunque Pastrana no nos contestó la pregunta de en qué periodo las cifras de cultivos de coca llegaron a 40.000, encontramos que en 2017 el expresidente en una entrevista con W Radio había hablado del mismo tema. 

“Cuando llegó en 1998 Ernesto Samper me había dejado a mí como Presidente y al país cerca de 180.000 hectáreas de coca. En dos años, entre el 2000 y el 2002, las reduje a 90.000 hectáreas de coca y el presidente Uribe, que continuó el Plan Colombia, lo deja en 40.000 hectáreas”. Además, añadió: “de 40.000 hectáreas de coca hoy estamos entre 200.000 y 230.000 hectáreas”, señaló en ese momento.

Esta frase la verificamos en el chequeo “¿Cálculos de Andrés Pastrana sobre cultivos de coca son correctos?” y encontramos que era falsa.

En Colombia, explica Daniel Rico en su columna “¿Y las cifras de la coca?”, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

Los dos primeros son públicos y han sido difundidos en los últimos años. Al revisar las cifras de los dos monitoreos encontramos que Pastrana no acierta en ninguno de los números de hectáreas de coca.

Adam Isaacson, director para la veeduría defensa de Wola (Washington Office on Latin America), una organización civil a favor de los derechos humanos en Washington, recopiló en el siguiente gráfico las cifras de los dos monitoreos de las hectáreas de coca en Colombia desde 1994.

isaacson

En las cifras se puede ver que en ningún año Colombia ha tenido 40.000 hectáreas. Cuando Pastrana asumió la presidencia, en 1998, según las cifras de Estados Unidos, teníamos 102.000 hectáreas y en su salida, en 2002, las hectáreas aumentaron a 144.000.

La medición de la ONU, como se ve en el recuadro, arranca a partir de 1999, con 160.100 y muestra 102.000 hectáreas en 2002. 

Pastrana asegura que el Plan Colombia durante su gobierno y el de Uribe logró reducir a 40.000 las hectáreas de coca, pero en 2002, el último año del Gobierno de Uribe, los dos informes hablan de cifras mayores: 100.000 hectáreas (EE.UU.) y 62.000 (ONU). 

La cifra más baja de cultivos ilícitos se reportó en 2012, durante el gobierno del presidente Santos: 78.000 hectáreas (EE.UU) y 48.000 (ONU).

Otra de las cifras dadas por Pastrana de los cultivos de coca es que Santos nos dejó “300.000 hectáreas de coca”. Sin embargo, este número también es falso. El informe de los cultivos de 2018 de la ONU aún no ha salido, pero el de 2017 dio la cifra de 180.000 hectáreas.

En cuanto al informe de Estados Unidos, revelado recientemente, fue de 208.000 hectáreas. Una cifra que difiere en 92.000 hectáreas a la dada por el expresidente. 

Falsa

“Eso de los 2.000 actos al año se desvirtuó, porque lo que el Ejército hacía era que, en las llamadas “pescas” de las Farc, por ejemplo, retenían diez buses y si en cada uno de ellos iban cien personas, se contaban entonces como mil secuestrados. Nunca escuché la cifra de 2.000”.

Con esa frase, el expresidente Pastrana respondió la pregunta: “en el pasado, las Farc cometían hasta 2.000 actos terroristas al año: atentados, secuestros, tomas de pueblos. Hoy esas cifras no llegan ni a cien por parte de las disidencias, ¿eso no es suficiente para apoyar el proceso de paz, así tenga falencias?”.

Para verificar esta afirmación, nos remitimos a las bases de datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Al descargar los datos, buscamos los siguientes actos cometidos por las Farc: acciones bélicas (sin contar los combates), asesinatos selectivos, masacres, ataques a poblaciones, atentados terroristas, atentados que ocasionaron daños en bienes civiles (explosivos y atentados contra la infraestructuras eléctrica o petrolera) y secuestros.

La información de estos documentos está por casos y no por número víctimas. Asimismo, Memoria Histórica define un atentado terrorista como “todo ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos, con el fin de ocasionar una alta letalidad y devastación sobre la población civil. Se trata de ataques que pretenden asegurar una visibilidad pública de la violencia que contribuya a generar pánico entre la ciudadanía y a propagar una percepción de desestabilización”. 

La base datos incluye hechos ocurridos desde 1965 hasta 2016. Revisamos los años en los que Pastrana fue presidente del país: asumió el poder en agosto de 1998 y lo entregó en agosto de 2002.

Es así como en 1998 encontramos que se presentaron 1900 actos de violencia cometidos por las Farc; en 1999, 2.163; en 2000, 2.321; en 2001, 2.232, y en 2002, 2.874.

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Con esta información, extraída de la base de datos del conflicto, calificamos la afirmación de Pastrana como falsa, pues, en sus años de Gobierno la cifra de acciones de las Farc sí superó los 2000 casos.

Asimismo, encontramos notas de prensa que mostraban las altas cifras de violencia durante esos años. Por ejemplo, una nota de Caracol Radio, titulada “Colombia rompió todos los records de violencia en 2000”. La nota relataba que, “pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas, entre ellas 35 extranjeros”, indicaba la noticia.

Falsa

“En mi gobierno me tocó negociar la CPI y pedí una moratoria de siete años para no cerrarle la puerta a mi sucesor, a ver si las Farc querían hacer la paz”.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues Pastrana lo que hizo fue acogerse a un artículo del Estatuto de Roma que permitía un plazo de siete años para que la Corte Penal Internacional, CPI, pudiera juzgar específicamente crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Colombiacheck contactó al expresidente y le preguntó a qué se refería con que le había tocado “negociar la CPI”, pero como ya explicamos, nos remitió a su sercretaria, quien dijo que el expresidente solo se pronunciaría después de volver a Colombia en agosto.

La CPI es un institución con la facultad de juzgar a personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional cuando los Estados no hayan procesado y castigado a esas personas.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, en 2002, año en que esta entró en vigencia, pero se acogió al artículo 124 del Estatuto, que establece que los Estados pueden abstenerse de aceptar la competencia de la CPI durante siete años contados a partir de la fecha en la que lo firman específicamente para los crímenes de guerra.

Es decir, Pastrana no tuvo que negociar ese plazo, el Estatuto ya lo contemplaba, lo que hizo fue firmarlo con esa condición en junio de 2002. El proceso de paz de ese gobierno con la guerrilla de las Farc se había roto en febrero del mismo año. 

René Fernando Urueña Hernández, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Los Andes, le explicó a Colombiacheck que acogerse al artículo 124 del Estatuto era una opción que tenían los países y que solo lo hicieron Colombia y Francia.

“Hacerlo implicaba un costo político, los países se unían al Estatuto y no usaban esa oportunidad. Hacerlo mostraba que Colombia no sentía que podía cumplir sus obligaciones con el Tratado de Roma inmediatamente, entonces eso es costoso internacionalmente y nacionalmente era costoso porque el Estatuto le servía al Gobierno para forzar a los guerrilleros a negociar, entonces cuando el Gobierno Pastrana decide no tener esa herramienta, al menos para crímenes de guerra durante siete años, es un costo político, porque eso mina su posición en la negociación”, indicó el profesor.

Urueña Hernández explicó que los países adoptan los tratados voluntariamente y que los tratados normalmente permiten reservas, es decir, adherirse, pero solicitar que no aplique alguna cláusula, pero el Estatuto de Roma no permite esas reservas, entonces los Estados que lo negociaron decidieron incluir el artículo 124 para los crímenes de guerra. El profesor aclaró que los países pueden acogerse a ese artículo solo al firmar el tratado y por una sola vez.

El Tratado entró en vigor en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002, para los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no para crímenes de guerra (homicidio intencional, tortura, toma de rehenes, dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares, entre otros).

Falsa

“Las Farc [son] el mayor cartel del narcotráfico del mundo”

Colombiacheck ya había chequeado esta frase, pues la habían mencionado en varias ocasiones el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, partido de Uribe.

La conclusión del chequeo, después de consultar varias fuentes y de revisar documentos al respecto es que, si bien hay pruebas de que ese grupo estuvo involucrado en dicha actividad ilegal, su papel no alcanzó las dimensiones para configurarse como el mayor cartel de narcotráfico del mundo.

Martes, 11 Septiembre 2018

La cuenta a la ligera que tuiteó Piedad Córdoba sobre el glifosato

Por José Felipe Sarmiento Abella

La exsenadora aseguró que en Colombia se había fumigado con 15 millones de litros de ese producto entre 2003 y 2009. Pero la fórmula en que se basó es imprecisa.

La millonaria demanda contra la multinacional Monsanto, que ganó un jardinero en Estados Unidos porque uno de sus herbicidas de glifosato pudo ser la causa del cáncer terminal que padece, avivó de nuevo el debate sobre las fumigaciones de cultivos ilícitos con ese producto en Colombia. En medio de esa coyuntura, la excandidata presidencial Piedad Córdoba sacó a relucir una cifra alarmante.

Según un tuit de la exsenadora, al que le adjuntó la mentada noticia, en las zonas rurales del país se vertieron 15 millones de litros de esa sustancia entre 2003 y 2009. Ese cálculo lo hizo la agencia Prensa Rural en 2012, cuando todavía estaba vigente la aspersión de glifosato con avionetas como método de erradicación (en octubre 2015 se dejó de utilizar, precisamente por recomendación del Ministerio de Salud).

Pero las cuentas del portal en las que se basó Piedad son inexactas en varios aspectos. La misma nota reconoce que no tenía disponible un dato exacto de hectáreas asperjadas en ese periodo, por lo que se basó en un estimado de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) entre 1995 y 2009, citado por otro autor. El portal también advirtió que las autoridades tendrían que hacer luego las “precisiones que correspondan”.

La fórmula que aplicó el portal fue multiplicar la cifra de 1,45 millones de hectáreas asperjadas que encontró, por la dosis recomendada en 2003 por el Ministerio de Ambiente (que era de 10,4 litros por hectárea). Sobre esta dosis, Prensa Rural decía luego que solo el 44 por ciento (4,19l) correspondía al herbicida, 1 por ciento era un producto coadyuvante (para mejorar el efecto) y el resto agua. Pero también advertía que se le aplicaba dos veces a cada cultivo.

Ahí hay varias imprecisiones. Pero vamos por partes.

La directora encargada de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, Martha Paredes Rosero, le remitió a Colombiacheck las dos resoluciones del Ministerio de Ambiente que reglamentaron la dosis de glifosato. La primera, de 2001, establecía 8 litros por hectárea. La segunda, del 31 de enero de 2003, aprobó 10,4 litros, la misma dosis con la que se hizo la cuenta en la que se basa Córdoba. Hasta ahí, todo bien.

Esta dosis, sin embargo, es toda del herbicida. No incluye los 240 mililitros de coadyuvante que se le añaden después ni los 13,1 litros de agua en los que se disuelve la mezcla antes de ser aplicada. Es decir que, en total, a cada hectárea se le aplican 23,65 litros por pasada, pero solo 10,4 litros de esos son de glifosato. Así lo confirmó el teniente coronel Jesús Enrique Quintero Rave, comandante de la compañía de Aspersión Aérea de la Policía Antinarcóticos.

Quintero también señaló que la fumigación se hacía cada seis meses, “teniendo en cuenta la resiembra y el zoqueo de los cultivos”. Es decir que, dependiendo de estos factores, cada hectárea podía recibir 20,8 litros de glifosato disueltos en 47,3 de mezcla al año. Pero no necesariamente en todos los casos.

En cuanto a las hectáreas de cultivos ilícitos asperjadas con glifosato, fueron 971.570 de 2003 a 2009 según las cifras que la Policía le entregó a Colombiacheck de sus bases de datos.

 

Si multiplicamos esto por los 10,4 litros mínimos del herbicida (sin incluir el agua y el coadyuvante) que recibió cada una, son 10,1 millones de litros fumigados. Si lo hacemos por 20,8 litros por hectárea (con todas recibiendo dos pasadas), son 20,2 millones de litros. La cifra de Córdoba está justo en la mitad de las dos.

Para dejar el tema actualizado, Colombiacheck sacó las cuentas hasta 2015, cuando se acabó el programa de erradicación aérea. Para entonces, las hectáreas asperjadas desde 2003 alcanzaron a ser 1,42 millones.

Nuevamente, con una sola dosis para cada una, son 14.8 millones de litros de glifosato. Con dos, el máximo llega a 29,5 millones.

Pero estos cálculos no tienen en cuenta que el glifosato no solo se usa para la erradicación de cultivos ilícitos. Si se quisiera hablar con exactitud de la cantidad de este herbicida que se ha vertido en las zonas rurales del país, habría que tener en cuenta también las dosis, más pequeñas, que se utilizan para el control de malezas en los sembrados de caña o café, por ejemplo.

Solo en 2016, primer año en que no se usó la aspersión aérea contra la coca, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registró ventas de 9,7 millones de litros de herbicidas con glifosato como ingrediente activo (sin contar los que lo combinan con otros). Fueron 1,57 millones más que en 2015. Pero el pico de comercialización fue en 2014, cuando se vendieron 11 millones de litros.

Eso quiere decir que, en menos de dos años, se usa en Colombia una cantidad de esa sustancia equivalente a la que mencionó Piedad en su tuit para un periodo de siete. Solo que se aplica en cultivos legales y en dosis más pequeñas. Y esto era así desde antes que la fumigación contra la coca tomara fuerza con el Plan Colombia, pues entre 2000 y 2001 se vendieron 16,5 millones de litros.

Conozca la ruta del chequeo
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    Para esta nota consultamos al Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) que encabeza el Ministerio de Justicia. De allí nos enviaron las resoluciones 1065 de 2001 y 099 de 2003 con las que el Ministerio de Ambiente fijó la dosis de glifosato para la aspersión aérea con fines de erradicación de cultivos ilícitos. El resto de nuestras preguntas las remitieron a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

    A esta última entidad también le habíamos consultado por nuestra cuenta y luego le insistimos varias veces. Nunca obtuvimos respuesta pero encontramos las estadísticas de producción y comercialización de plaguicidas de 2000-2001 y 2008-2016 en su página web.

    La Policía nos confirmó la dosis y nos dio los datos de las hectáreas asperjadas año a año (que contrastamos con las que ya teníamos a partir de los informes de Unodc desde 2004 y coincidieron), la cantidad de aplicaciones que se le hacía a cada una, los criterios para hacerlo y la composición exacta de la mezcla completa.

    Toda esta información la comparamos con la nota de Prensa Rural, la principal referencia que encontramos donde aparecía la cifra que dio la exsenadora Piedad Córdoba. Intentamos contactar a la ingeniera agrícola Elsa Nivia, una de las fuentes del portal, pero nunca respondió las llamadas.

    Finalmente revisamos algunas publicaciones del Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) sobre el uso del glifosato como herbicida en esos cultivos. También encontramos referencias a su uso en el portal del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en Colombia (Cenicaña).