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Lunes, 31 Mayo 2021

Marta Lucía Ramírez hace afirmaciones engañosas sobre visita de la CIDH a Colombia

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El gobierno ha supeditado la visita del organismo para después de una audiencia que realizará la CIDH el 29 de junio. Si se permitiera, la visita podría realizarse antes.

Desde el 14 de mayo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo una solicitud al gobierno de Colombia para realizar una visita de trabajo al país con el fin de verificar la situación de derechos humanos en el marco de hechos de violencia sucedidas durante las protestas iniciadas el 28 de abril.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, realizó una visita a Washington, Estados Unidos, para sostener varias reuniones sobre la crisis social que se vive en Colombia por el paro nacional que ya completa un mes. Y en entrevista el 26 de mayo con CNN, aparentemente en respuesta a la pregunta “por qué no se le ha permitido a la CIDH ir a Colombia”, Ramírez dijo: 

“No sé de dónde sacas que no se les ha permitido. Se les invitó, se les dijo que bienvenidos, la fecha del 29 de junio la pusieron ellos y nosotros les hemos dicho ‘estamos listos para esta visita’. Si ellos quieren venir… anticipar la audiencia… del 29 de junio.. mañana y la hacen mañana, y anticipan la audiencia, no tenemos ningún problema en que vengan al día siguiente a Colombia”.

En Colombiacheck revisamos los comunicados de la CIDH y las declaraciones públicas dadas por la propia canciller días atrás y encontramos que su respuesta a CNN es cuestionable, pues está usando la fecha de la audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos que realizará la comisión el 29 de junio para decir que el organismo fijó la fecha de la visita a Colombia. Los dos eventos son distintos y no están supeditados el uno al otro. Además, la propia canciller aseguró públicamente días atrás que Colombia consideraba que había que esperar que los propios organismos nacionales de control terminaran de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos.

La CIDH ha dicho varias veces que está dispuesta a venir a Colombia en cualquier momento y a la brevedad posible.

En el marco de la visita que realizó Ramírez a Washington, que mencionamos arriba, la primera reunión que tuvo la canciller fue el 24 de mayo con Luis Almagro, secretario general de la OEA. A la salida del encuentro, Ramírez dijo: “Tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas [son] bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”.

Ese mismo día, la vicepresidenta y canciller se reunió con la CIDH “para abordar la situación de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas por parte de agentes del Estado y los actos de violencia registrados durante las mismas”, según informó la misma CIDH en su cuenta de Twitter un día después.

De acuerdo con el diario El Espectador, “Ramírez anunció el envío de la información específica solicitada por la CIDH respecto de las protestas y la invitó [a la CIDH] a realizar la visita de trabajo a Colombia luego de que se realice la audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en el país, que se llevará a cabo el próximo 29 de junio durante el 180 Período de Sesiones de la Comisión”. La audiencia pública fue convocada por la CIDH el 21 de mayo.

Esa misma información sobre la invitación realizada por la canciller fue publicada en un hilo de Twitter por la CIDH:  

El 26 de mayo se realizó la rueda de prensa en la que Ramírez respondió lo citado por CNN en español. Esto fue lo que publicó El Espectador al respecto: 

“Dos días después, este miércoles [26 de mayo], en una rueda de prensa, la vicepresidenta emitió una postura que pareciera diferente al planteamiento inicial. Primero, la vicepresidenta y canciller cuestionó las informaciones que daban a entender que se le había cerrado la puerta a una delegación de la CIDH. Luego, señaló que la fecha de esta visita depende de la propia organización interamericana”.

Pero, como mencionamos, la misma CIDH señaló que fue la vicepresidenta quien hizo la invitación al organismo para visitar Colombia después de la audiencia pública del 29 de junio. Incluso, al comienzo de la intervención publicada por CNN en español, Ramírez dice: 

“No sé si has leído la declaración que hizo la CIDH, te la puedo mostrar con mucho gusto. La CIDH dice claramente que se reunieron conmigo, los invité a venir a Colombia tan pronto pase la audiencia en la que ellos mismos pusieron la fecha. Ellos pusieron el 29 de junio para una audiencia en la cual van a evaluar la información que ellos solicitaron de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría”.

Pero una cosa es la visita y otra la audiencia. Y la visita no tiene que estar supeditada a la realización de la audiencia. 

Según explicó a Colombiacheck Silvia Serrano, abogada experta en el sistema interamericano, la comisión convocó una audiencia sobre la crisis en Colombia en la cual el Estado debe presentar la información que considera que corresponde que debe presentar y la sociedad civil también presenta la información que quiera. “Las audiencias son para recibir información”, aclaró Serrano.

Las visitas de trabajo, según explicó a El Espectador Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, “son un mecanismo de la CIDH para verificar y recabar en terreno la información sobre situaciones de derechos humanos, así como para conversar con los más amplios sectores de la sociedad, y a partir de allí hacer recomendaciones a efectos de contribuir con una hoja de ruta que priorice la protección a los derechos humanos, en particular en este caso a los derechos en el contexto de las protestas”. 

En el audio que muestra CNN, Ramírez dice que si la CIDH quiere “anticipar la audiencia, hacerla mañana, no tenemos ningún problema con que vengan al día siguiente”. Lo que corrobora que la vicepresidenta supedita la visita a la audiencia.

Sin embargo, como Urrejola le dijo a El Espectador, “la audiencia no se puede adelantar, pero que ésta no sustituye la visita de trabajo, pues son dos mecanismos complementarios”. Nuevamente: la visita no está supeditada a la audiencia. Y si el gobierno de Colombia diera la anuencia para mañana, la visita podría realizarse antes.

Según explica Serrano en un trino, que la visita sea después de la audiencia del 29 de junio no tiene base en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ni en el reglamento de la comisión, “ni tiene justificación más allá de lo conveniente para el gobierno”.

En la entrevista con El Espectador Urrejola dijo que en la reunión con Ramírez, “la canciller nos invitó a realizar la visita de trabajo (...) después de la audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que se llevará a cabo el próximo 29 de junio durante el 180 Período de Sesiones de la CIDH”. Y agregó: 

“Debo decir que, para realizar una visita de trabajo, la CIDH requiere de la anuencia del Estado por lo que está en su prerrogativa otorgarnos o no. Al respecto, seguiremos insistiendo en la importancia de realizar la visita lo antes posible. Entendemos que la puerta está abierta, para después de la audiencia, pero la Comisión está lista para realizar la visita en cualquier momento.

Más adelante, en la misma entrevista, Urrejola dijo: “la CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado”.

Finalmente, en carta enviada por la Cancillería a la CIDH el 27 de mayo, se dio la anuencia para que la comisión visite Colombia “con posterioridad al recibo de la documentación solicitada por ustedes y a la Audiencia Pública definida por ustedes para el próximo 29 de junio de 2021.

Sin embargo, es tan claro que la visita de la comisión no está supeditada a la audiencia que, según informó Noticias Caracol el 30 de mayo a las 07:40 de la noche, la CIDH habría suspendido la audiencia “y darle prioridad a la visita a Colombia”. “La Comisión Interamericana propone como fecha para la realización de la visita del 7 al 9 de junio del corriente. En el evento de que el Ilustre Estado esté de conformidad con esas fechas propuestas la comisión suspendería la realización de la audiencia pública sobre situación general de derechos humanos”, dice la carta enviada por la CIDH a la Cancillería revelada por el noticiero. 

Finalmente en gobierno aceptó esa fecha, según publicaron medios como El Tiempo y El Espectador sobre las 02:00 de la tarde del 31 de mayo. "Visita de la CIDH sería el próximo 8 de junio", tituló El Espectador, quien informó que "antes habrá una reunión previa el 7 de junio para que la Comisión reciba información oficial y de los entes de control sobre la situación de los derechos humanos durante el paro nacional".

Para saber en qué información basó su afirmación Marta Lucía Ramírez consultamos a la Cancillería y nos informaron que la gira de la vicepresidenta y canciller fue manejada por la Vicepresidencia. Nos comunicamos con esta última entidad, pero hasta el momento de publicar este chequeo no hemos obtenido una respuesta.

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Miércoles, 28 Abril 2021

Reducción de homicidios de excombatientes que presentó la canciller Blum en la ONU es cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

La ministra de Relaciones Exteriores presentó una disminución de estos asesinatos con base en datos oficiales, pero otras fuentes, entre ellas la Misión de Verificación de Naciones Unidas, tienen cifras diferentes.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, afirmó que “en 2020, los homicidios [de excombatientes de las FARC] disminuyeron 10,8 por ciento frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51 % frente al mismo período del año pasado”.

Fue la reunión en la que dijo que “debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”, una acusación sin pruebas y contradictoria con su propia tesis de que son esos grupos los responsables de los asesinatos. Tan criticado fue su señalamiento, que al día siguiente tuvo que matizarlo (sin echarlo del todo para atrás) en un comunicado conjunto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Colombiacheck le preguntó a su equipo de prensa por la fuente de las cifras sobre la reducción de homicidios y otras victimizaciones contra excombatientes, para verificar su veracidad. La respuesta fue que la información salió precisamente de la consejería anteriormente mencionada, que a su vez la obtuvo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al seguir esa pista, algunos de los números empezaron a variar. Además, otras fuentes registran reducciones distintas, incluso superiores en algunos casos, a las presentadas por la canciller. Esta mezcla de datos imprecisos y otros ciertos pero discutibles hace que sus declaraciones sean cuestionables.

Homicidios 2020 vs. 2019

Distintas fuentes coinciden en que sí hubo una reducción de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC en 2020 frente a 2019. No obstante, la magnitud de esa disminución varía en un rango amplio según a quién se le pregunte.

El 10,8 % que presentó Blum ante el Consejo de Seguridad, en efecto, coincide con un comunicado que la Consejería para la Estabilización publicó dos días antes, el 19 de abril de 2021. Colombiacheck confirmó con el área de comunicaciones de esta dependencia que sus fuentes habían sido Policía y Fiscalía.

Estas dos entidades también fueron contactadas. Sin embargo, hasta el momento de publicar este chequeo, no habían contestado si sus datos coincidían con los publicados por el gobierno.

En todo caso, otras fuentes tienen información diferente. Entre ellas está, justamente, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. De acuerdo con el informe trimestral que entregó la misión con corte hasta el final de marzo de 2021, el año anterior se presentaron 73 asesinatos de exintegrantes de la guerrilla frente a 78 casos en 2019.

Esta disminución de cinco asesinatos equivale a 6,4 % frente a 2019. O sea que es inferior a la que dijo Blum por 4,4 puntos porcentuales.

Además, en una actualización posterior se descartó un caso de 2019 y se verificó uno adicional de 2020, con lo que los datos respectivos quedaron en 77 y 74 personas en proceso de reincorporación asesinadas. Por tanto, la reducción fue solo del 3,9 %.

“La Misión trabaja tripartitamente con la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y el partido Comunes [surgido de la antigua guerrilla] en la verificación constante de los casos”, explicó la oficial de información pública de la delegación, Jennifer Moreno. Detalló que, según las investigaciones, el homicidio restado de 2019 correspondía en realidad a “una confusión de nombre y cédula” con una persona que no era excombatiente; mientras que la adición del 2020 se refiere a un caso que antes estaba desaparecido y “solo hasta ahora se obtuvo el acta de levantamiento del cadáver”.

Entre tanto, la comparación entre los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) para esos años apunta a una caída mucho mayor. A pesar de esto, las estadísticas de la oenegé tampoco coinciden con las que mostró Blum en la ONU.

El abogado experto en derechos humanos Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del instituto, señaló que “desde que se suscribió el acuerdo hasta hoy [26 de abril], 271 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia”. De estos homicidios, 81 ocurrieron en 2019 y otros 67, en 2020. La reducción fue de 17,3 %; 6,5 puntos porcentuales más que la presentada por la canciller.

El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, marca una caída incluso más grande entre 2019 y 2020, según datos que publicó el diario El Tiempo el 24 de abril de 2021. En 2019 registró 86 casos, que bajaron a 70 al año siguiente. Esto es 18,6 % menos. No obstante, de nuevo, la cifra es muy lejana a la que dio la ministra.

En cuanto a los registros que lleva Comunes, los datos que entregó su equipo de derechos humanos para esta verificación muestran que los asesinatos en 2019 fueron 83 y en 2020 bajaron a 64 casos. Por tanto, la reducción fue del 22,9 %, más del doble de lo que declaró la funcionaria del gobierno.

Al no haber una estadística clara, con diferencias tan amplias entre las diferentes fuentes, Colombiacheck califica la cifra de Blum como cuestionable. Todas coinciden en que hubo una reducción. Varias dan resultados incluso muy superiores. No obstante, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que tiene el mandato explícito de vigilar el cumplimiento de las garantías de seguridad en virtud del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, marca una disminución muy inferior a la presentada por Blum.

Victimizaciones 2020 vs. 2021

Por “victimizaciones”, el equipo de prensa de la Cancillería detalló que se hace referencia a “los tres tipos de delitos contra las personas en reincorporación que son investigados por la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación: homicidios, desapariciones y atentados de homicidio”. El problema en este caso es que su propia fuente dio una cifra ligeramente distinta.

El comunicado ya citado de la Consejería para la Estabilización no decía que la reducción fuera del 51 %, como señaló Blum, sino del 46,7 %. Esto es 4,3 puntos menos.

Como la ministra había dicho que sus datos eran “en lo corrido de 2021” y había tres días de diferencia entre los dos pronunciamientos del gobierno, Colombiacheck indagó por las fechas de corte de ambas entidades para saber si estas podían explicar la diferencia. Sin embargo, en ambos casos contestaron que era el 13 de abril de 2021.

Los datos de la consejería para 2020 eran de 30 hechos victimizantes frente a 16 sucedidos en 2021. Esto confirma su cálculo de 46,7 %, dato inferior al de la canciller.

Además hay que tener en cuenta que esta cifra viene acompañada de una observación y es que, al contrastar con la información de Comunes, hacía falta contar el asesinato de José Bolívar Yonda Casawachin, ocurrido el 17 de febrero de 2020. Al tomarlo en cuenta, la reducción sube a 48,4 % pero tampoco alcanza al dato de la ministra.

Por otro lado, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck las siguientes cifras con corte al 27 de abril:

  • 23 homicidios verificados en los que va de 2021, el mismo número que iba hasta la misma fecha de 2020.
  • 3 tentativas de homicidio en 2021, frente a 9 verificadas en el mismo periodo del año anterior.
  • Ninguna desaparición hasta el momento en 2021, cuando ya había una con verificación en 2020.

Así, al pasar de 33 a 26 victimizaciones, la reducción es de 21,2 %. Esto es menos de la mitad de lo que presentó el gobierno ante la ONU.

Hay que tener en cuenta que el corte en los datos de la misión se hizo dos semanas después que en los de Cancillería. No obstante, el hecho de que también haya diferencia con la Consejería de Estabilización, su propia fuente, hace cuestionable el dato a pesar de que sí haya habido disminución en los casos.

Actualización 29 de abril de 2021, 8:00 p. m.

Al día siguiente de la publicación de esta nota, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck la explicación sobre la cifras más recientes de la ONU con un caso menos en 2019 y uno más en 2020. frente a las que aparecían en el último informe trimestral. Con estos nuevos datos, añadimos un par de párrafos al respecto. Esto no cambia la calificación y, por el contrario, reafirma la diferencia entre esta fuente y las estadísticas presentadas por el gobierno al Consejo de Seguridad y a la opinión pública.