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Falso

Viernes, 01 Marzo 2019

No es verdad que exguerrilleros puedan hacer política si le incumplen a la JEP

Por Sania Salazar

Los exguerrilleros que participan en política deben cumplir con los requisitos de la JEP para mantenerse en esa actividad. Incluso se arriesgan a perder esa oportunidad si no aportan verdad y aceptan responsabilidad tempranas.

Lina García se describe en su cuenta de Twitter como columnista y uribista. El pasado 18 de febrero García aseguró en su cuenta que todos los procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, podrán participar en política así incumplan las condiciones de esa jurisdicción. La congresista uribista María Fernanda Cabal retrinó la información.

Retweet María Fernanda Cabal

Calificamos la afirmación como falsa pues, según lo pactado en el Acuerdo Final, para mantenerse en la justicia transicional es necesario cumplir con los requisitos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso quiere decir que si los exguerrilleros de las Farc que están haciendo política incumplen alguna de esas condiciones, perderán los beneficios de la JEP y no podrán continuar con la labor política.

García le dijo a Colombiacheck que se había basado en el artículo “30 “micos" de en la JEP, según el uribismo”, del periódico El Nuevo Siglo. Le preguntamos si se había dado cuenta de que se estaba basando en un artículo publicado el 2 de octubre de 2017 y nos dijo que sí.

El artículo informaba sobre 30 aspectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, criticados por el uribismo durante el estudio de la ley estatutaria de la JEP en el Congreso.

Hay que recordar que “la esencia del fin del conflicto es el rompimiento del vínculo entre política y armas para transitar a un escenario en el que todos juegan con unas mismas reglas de juego, que son las de la democracia. Eso quiere decir que, por una parte, quienes dejan las armas y transitan a la democracia deben garantizar dicha condición para vincularse a los procesos políticos democráticos (fin de la combinación de todas las formas de lucha)”, como se explica en el Tomo tres sobre participación en política de la Biblioteca sobre el proceso de paz.

En 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, en su artículo 26, indicaba que, en cuanto a participación política de sancionados por esa jurisdicción, se cumpliría lo dispuesto por el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 01 de 2017, que dice que la imposición de sanciones de la JEP no inhabilitará para la participación en política.

Pero, en la revisión que la Corte Constitucional hizo en agosto de 2018 de la Ley Estatutaria de la JEP, que es la norma de funcionamiento de esa jurisdicción, se recordó que en esa materia se mantienen las disposiciones tomadas en la sentencia de revisión del Acto Legislativo 01 de 2017:

-”Es incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias”. Es decir, quienes hagan política perderán el derecho a hacerlo si no aportan verdad temprana en los procesos ante la JEP y no aceptan su responsabilidad en los hechos por los que se les investiga. Las sanciones alternativas y ordinarias de la JEP se impondrán a quienes no digan la verdad en las etapas tempranas de los procesos.

-A quienes reciban sanciones ordinarias se les mantendrán las restricciones para hacer política.

-“La suspensión de las inhabilidades se encuentra condicionada al cumplimiento progresivo y de buena fe de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y del Acto Legislativo 01 de 2017 (dejación de armas, sometimiento al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, atención de las obligaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, y el compromiso de no volver a delinquir).

-”Compete a la JEP verificar el cumplimiento de estas condicionalidades y adoptar las medidas de levantamiento de la suspensión en caso del incumplimiento de las mismas, así como determinar la compatibilidad con la participación en política” y

-”Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz determinar la compatibilidad entre el cumplimiento de la condena y la participación simultánea en Política”.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Sábado, 10 Septiembre 2016

Frank Pearl se descacha al usar datos de presos 'gringos' sin aclararlo

Por Óscar Felipe Agudelo B.

"Porcentajes de reincidencia de las personas que salen de las cárceles superan el 75%” dijo el negociador desde La Habana. El dato es cierto pero describe el contexto estadounidense y no sirve para comparar con la situación colombiana.

Pocas horas después de culminadas las negociaciones de paz entre gobierno y Farc los integrantes del equipo negociador del gobierno colombiano salieron a dar una rueda de prensa en la que según se dijo, “se resolverían dudas referentes al acuerdo de paz pactado entre Farc y gobierno”.

Una de las personas que integraron esa rueda de prensa fue Frank Pearl, un negociador con trayectoria en los procesos de paz y con gran pericia en los temas de reincorporación de quienes se han desmovilizado.

En dicha rueda de prensa del 25 de agosto en La Habana, Pearl sin despeinarse sostuvo que el índice de reincidencia de los presos es del 75%, una cifra que llamó la atención de Colombiacheck y que este medio se propuso chequear.

El hallazgo fue certero. Pearl empleó una fuente de connotada autoridad aunque es importante aclarar que la cifra no viene de un contexto nacional sino de un estudio realizado con presos estadounidenses.

Colombiacheck contactó al miembro del equipo negociador y éste por medio de una misiva respondió que para dar la cifra del 75% se basó en un estudio de Bureau of Justice Statistics del Departamento de Justicia de USA. Dicho estudio abordó durante cinco años, 2005 a 2010, la situación de los presos de 30 estados del país del ‘Tío Sam’.

Una de las conclusiones del estudio fue la que precisamente citó Frank Pearl en La Habana, que el índice de reincidencia de las personas que salen de la cárcel es cercano a un 75%, exactamente un 76.6%, según el estudio.

Por otro lado, Colombiacheck quiso conocer una cifra de un contexto más criollo y sobre todo un poco más actual. Por esta razón acudimos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, una entidad que expuso unas estadísticas mucho menos elevadas que las suministradas por el miembro del equipo negociador.

De acuerdo con el Inpec, al momento de hablar de reincidencia de presos es necesario diferenciar el tipo de sanción que ha pagado cada persona. El Inpec maneja tres tipos de sanciones: la intramural, la domiciliaria y la de vigilancia.

La información suministrada, con corte a julio de 2016, muestra unos porcentajes de reincidencia muy alejados del 75%.

 

Los presos que estuvieron en intramural reincidieron en un 17.8%, los que estuvieron en domiciliaria en un 11.8% y los que que pagaron su sanción de manera vigilada reincidieron en un 10.9%.

Respecto a las cifras del Inpec, Pearl le explicó a Colombiacheck que los datos de personas que reinciden corresponde solo a las personas recapturadas y no al número real de las personas que vuelven a actividades ilícitas.

De acuerdo con el integrante del equipo negociador del gobierno, ese hecho resulta de gran trascendencia porque según el Índice Global de Impunidad México 2016, IGP, Colombia es el tercer país con más impunidad en una escala de 59 países. Solo lo superan Filipinas y el propio México.

Pearl no duda, y lo explicita en su misiva, que el número real de personas que reinciden en Colombia es mayor a las cifras entregadas por el Inpec. Lo anterior resulta apenas lógico en un país con tan altos niveles de impunidad. ¿Cómo censar a las personas que delinquen y cuyo delito queda en la impunidad?

Pese a sus explicaciones Colombiacheck califica la afirmación del negociador del Gobierno como aproximada pues aunque sustentó de manera clara el origen de su aseveración, la cifra del 75% no es del todo vigente (con corte a 2010) y además, no se recomienda aplicar el índice de reincidencia de un país a otro.