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Cuestionable

Jueves, 17 Septiembre 2020

No está totalmente claro año de aumento de masacres

Por Sania Salazar

Clara López publicó cifras de estos hechos en los últimos años, pero no hay consenso al respecto, pues las de la ONU y de otras organizaciones son más altas que las oficiales.

En una reciente columna en la revista Semana Clara López Obregón, excandidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo, se refirió a las masacres que se han registrado en las últimas semanas en el país y aseguró que “la desmovilización de las AUC en 2006 había reducido sustancialmente las masacres, pero en 2018 regresaron: de 11 en 2017 aumentaron a 29; en 2019, a 36 y en lo corrido del año, a 37 y subiendo”. 

Calificamos la información como Cuestionable pues, aunque las masacres estuvieron, en general, a la baja desde el año 2000 y hay consenso entre expertos sobre la disminución de estos hechos, las cifras oficiales indican un incremento en  2019, pero las cifras de la ONU registran ese aumento en 2018. Además, las cifras de ONU  y de otras organizaciones son más altas que las oficiales.

Colombiacheck contactó por diversos medios a López Obregón para preguntarle cuál era la fuente de la información, pero hasta el momento de esta publicación no había respuesta. Sin embargo, encontramos en una nota de El Espectador las mismas cifras atribuidas a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que las publica en sus últimos dos informes anuales sobre Colombia (20192018) y que indica que en 2018 el número de masacres aumentó en un 164 % respecto a 2017.

En la página web del Ministerio de Defensa hay cifras de estos hechos (que esa cartera denomina como homicidios colectivos) desde 2010. Los datos al respecto muestran un descenso continuo de este delito entre 2010 y 2014 y leves aumentos y descensos entre 2014 y 2018. 

Las cifras del Mindefensa le dan la razón a López Obregón en que hasta el 2018 las masacres u homicidios colectivos venían a la baja, pues pasaron de 39 casos en 2010 a máximo 13 (en 2015 y 2017).

Pero las demás cifras que da López Obregón no coinciden con las oficiales. Según ella, en 2017 se registraron 11, mientras que el Mindefensa indica que fueron 13. La excandidata presidencial asegura que en 2018 fueron 29 casos, pero según el Mindefensa fueron 12. Ella dice que en 2019 hubo 36, mientras que el Ministerio dice que fueron 22. 

Las cifras de 2020 tampoco concuerdan, pues López Obregón dice que van 37 en lo corrido del año, mientras que el Mindefensa indica que se contabilizaron 12 en el periodo enero-julio.

Pantallazo homicidios colectivos Mindefensa

Acá hay que indicar que el Mindefensa considera homicidios colectivos a “aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en cumplimiento de su deber constitucional, resultan muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tiene en cuenta las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas”.

En cuanto a las cifras de lo corrido de este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, asegura que hasta el pasado 8 de septiembre había registrado 55 masacres.

Como ya habíamos contado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había documentado hasta el pasado 16 de agosto 33 masacres en Colombia durante 2020 y tenían otras siete por documentar. 

Ninguna de las cifras anteriores coincide con el número de masacres que López Obregón dice que han ocurrido este años en el país.

La siguiente gráfica del libro Detrás de la guerra en Colombia, de Ariel Ávila, muestra una reducción de los casos entre 2006 (la desmovilización de las AUC se dio entre 2003 y 2006) y 2007, al pasar de 37 a 26 casos, pero un aumento en 2008 cuando se registraron 37 masacres. La gráfica también muestra un descenso continuo de los casos desde el 2000 hasta el 2004.

Foto libro Ariel Ávila

Incluso la siguiente gráfica de un artículo de Insight Crime muestra el comportamiento de estos hechos en un periodo más amplio antes del año 2000.

Pantallazo artículo Inst

Según Camilo González Posso, director de Indepaz, una de las formas de violencia que en Colombia más ha sido practicada por el fenómeno paramilitar, pero que también han practicado las mafias, es lograr control del territorio, de comunidades y de organizaciones mediante las masacres, la matanza de grupos de ciudadanos en situación de indefensión que son sometidas.

“Ese sometimiento es parte de un proceso, no es un hecho aislado. Es una de las modalidades de esa violencia que se convierte en instrumento para darle continuidad a las formas de apropiación de recursos y de poderes y de reproducción de todo un esquema político, regional y nacional”.

Para Ariel Ávila, Subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, las masacres recientes se leen en el contexto de varios hechos: deterioro de la seguridad en los últimos dos años. Empates técnicos negativos: disputas criminales entre actores del conflicto por el poder, como ninguna gana porque no es capaz de imponerse sobre los otros, la emprenden contra la población civil, en lo que se llama, explica Ávila, degradación del conflicto. Problema de política de seguridad, “hay una lectura ideológica del tema y no se está entendiendo qué pasa, se cometen errores como asegurar que la fumigación reduce las masacres, confunden una política de lucha contra las drogas con una política de seguridad.

La siguiente gráfica, del Informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, muestra que “de las 1.982 masacres documentadas por el GMH (Grupo de memoria histórica) entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. Las veinte masacres restantes corresponden a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o a acciones de otros grupos armados (agente extranjero o milicias populares). Esto significa que, aproximadamente, por cada masacre que perpetraron los grupos guerrilleros, los paramilitares efectuaron tres”. 

Pantallazo masacres Basta Ya

El mismo informe explica que los paramilitares usaron las grandes masacres contra la población civil como golpes destinados a combatir y desmoralizar la guerrilla. “Así dieron a conocer, por ejemplo: las masacres de los Montes de María cometidas entre los años 2000 y 2001; la masacre de El Salado en febrero de 2000 que dejó 60 víctimas; la de Chengue el 17 de enero del 2001 con 35 víctimas; la masacre de Macayepos el 16 de octubre del 2000 con 17 víctimas; y la de Las Brisas el 11 de marzo del 2000 con 12 víctimas”.

 

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Miércoles, 12 Julio 2017

¿Hubo compromiso de entrega de bienes en el acuerdo con las AUC?

Por Paula Vásquez

En el caso de las AUC la entrega de bienes fue una condición que se introdujo por la vía jurídica.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostuvo un debate con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal en la W Radio acerca de los cambios que haría el Partido Centro Democrático, al que pertenece Cabal, si ganan las elecciones presidenciales de 2018.

Los congresistas hablaban del manejo del dinero y los bienes que debe entregar las Farc y en ese momento Cepeda le dijo a Cabal: “Los gobiernos del presidente Álvaro Uribe hicieron una especie de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ¿hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? la verdad es que no”.

Colombiacheck habló con el senador Cepeda quien nos dijo que su afirmación se basaba en la realidad. “En el proceso que hicieron entre 2003 y 2010 los gobiernos de Álvaro Uribe y las AUC, no hubo ningún compromiso sobre entrega de bienes, el resultado es que la reparación de las víctimas de los paramilitares ha sido totalmente insuficiente, en materia de justicia hubo muy pocas decisiones judiciales”.

“No hubo ningún pacto en el que voluntariamente entregaran bienes, el proceso de la Ley 975 (o de Justicia y Paz), no fue producto de un pacto entre el gobierno y los paramilitares, sino que fue un proceso muy accidentado que hubo en el Congreso y que modificó sensiblemente la Corte Constitucional, hay decisiones judiciales en las que se impone como castigo o sanción la reparación de las víctimas, ahora, esa reparación ha sido realmente insignificante”, precisó el senador.

Después de hablar con Cepeda, de revisar el proceso de desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz que reglamentó dicho proceso y de comparar los dos acuerdos a los que se llegó con las Farc, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada.

Si bien en el caso de las Autodefensas es verdad que la entrega de bienes se introdujo por vía legal. En el caso de las Farc estaba de manera muy general en el primer Acuerdo, pero en el documento final que se está implementando se debieron hacer precisiones respecto a ese compromiso y las Farc debieron comprometerse públicamente.

El proceso con las AUC

La ley tuvo tres momentos, el primero fue el proyecto de ley 180 del 2004 presentado por Luis Carlos Restrepo (Comisionado de paz del momento) en la que no se menciona el destino de los bienes de las AUC. El segundo momento es la Ley 975 aprobada por el Congreso, en la que está estipulado que tanto para la desmovilización colectiva como para la individual uno de los requisitos era la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal”. En esa ley basa Cepeda su afirmación.

El tercer momento es el fallo de la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-370 en el que se habla de una reparación obligatoria para las víctimas con bienes tanto ilícitos como lícitos.

epeda dice que la diferencia del proceso con las Farc es que el grupo guerrillero se comprometió voluntariamente a entregar dinero y bienes.

Comparamos el Acuerdo inicial con las Farc y el Acuerdo Final. Si bien en el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena la guerrilla se comprometía a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, después de la negociación con los voceros de las campañas que pedían revisar y modificar el Acuerdo, se introdujeron precisiones respecto a cómo y cuándo las Farc entregaría el inventario de sus bienes.

Un día antes del plebiscito las Farc anunció expresamente que entregarían sus bienes para reparar a las víctimas.

Miradas

El especial realizado por Verdad Abierta en 2015 ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? indica que uno de los fracasos inminentes de esta negociación fue la entrega de bienes, pues “solo el 6% del dinero para reparar las víctimas ha sido de los paramilitares”.

Ivonne Rodríguez, periodista de ese medio, explica que el proceso de Justicia y Paz permitió la desmovilización de unos 30 mil paramilitares en todo el territorio nacional, de los cuales 3 mil fueron a la cárcel. Para no perder los beneficios de este tipo de justicia transicional, que propuso entre cinco y máximo ocho años de cárcel, los postulados a esta Ley debían cumplir con varios requisitos, entre ellos confesar los crímenes, no seguir delinquiendo y entregar todos los bienes que adquirieron en la legalidad y la ilegalidad para reparar a las víctimas del conflicto armado. Así que la entrega de bienes era una exigencia contemplada en la Ley.

Sin embargo, “lo que pasó en la aplicación de la Ley es que el Estado no fue eficiente en administrar los bienes entregados por los paramilitares. Y también faltó más investigación para saber si estaban ocultando otros, como lo ha venido descubriendo el siguiente proceso de justicia transicional, el de Restitución de Tierras”, afirma Rodríguez.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Carlos Montoya, aseguró que la desmovilización de las AUC fue un ejercicio que partió de lo que cada bloque iba entregando. Dichas entregas podían ser en especie, “hay historias como por ejemplo que Mancuso entregó unas reses que se adelgazaron y murieron, también de casas, carros, además muchos de los bienes entregados no se han podido vender para la reparación de víctimas”.

¿Es válida la comparación?

Según el senador Cepeda, sí vale la pena comparar el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc con la negociación de las AUC y con todos los procesos que ha habido en Colombia y en el mundo. Ya que “solamente a través de la comparación sabemos realmente hasta donde se están cumpliendo medidas que pueden ser satisfactorias e importantes para el país”.

Es importante aclarar que esta es la primera ley en proponer la entrega de bienes para reparar víctimas.

Álvaro Villarraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que aunque los procesos de las Farc y las AUC son de diferentes naturalezas, se deben tener en cuenta para evitar volver a caer en los errores que se cometieron durante el proceso de reintegración de los paramilitares.