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Jueves, 19 Noviembre 2020

No se ha demostrado que en Pensilvania hayan aparecido más de 21.000 muertos en lista de votantes

Por Laura Rodríguez Salamanca

La desinformación surgió a raíz de una denuncia que interpuso en octubre el grupo legal conservador Public Interest Legal Foundation, pero que el juez estatal no admitió por falta de evidencia.

El portal Oiga Noticias, al que hemos chequeado en varias oportunidades, difundió dos artículos con afirmaciones erróneas y titulados “En Pensilvania permitían que los muertos votaran” y “En Pensilvania aparecieron más de 21.000 muertos en la lista de votantes”

Los artículos, de solo dos párrafos, sostienen que “Pensilvania dejó los nombres de más de 21.000 personas muertas en las listas de votantes”, afirmación sobre la que no hay alguna evidencia, más allá de una demanda, sobre la que no se dan mayores detalles en el artículo, que fue desestimada. 

En estos artículos además se señala que, aunque Donald Trump tenía “una ventaja clara” el primer día de las elecciones en ese estado, “luego de una serie de denuncias por irregularidades, entre ellas permitir votar a los muertos, ha sido superado por Joe Biden”. Lo que tampoco es cierto, como hemos explicado en otros artículos.

Las dos publicaciones, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de redes sociales CrowdTangle, han sido compartidas en Colombia en grupos de Facebook como Uribe Senado, Bogotá Uribista, Soy Colombia No, Centro Democratico Bogotá, Amigos de Uribe y Uribe Noticias. 

Pero las afirmaciones de esos artículos son cuestionables, porque el juez a cargo de decidir sobre la demanda en la que se basa la información determinó, el pasado 20 de octubre, que ésta presentaba errores en la sustentación. 

El pasado 15 de octubre, dos semanas antes de las elecciones, el grupo legal conservador Public Interest Legal Foundation demandó a la secretaria del estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, que es demócrata, “por no mantener listas de votantes precisas y actualizadas, como lo requiere la ley federal”.

En su alegato, el demandante sostuvo que, según sus propios hallazgos, “al 7 de octubre de 2020, al menos 9.212 inscritos han muerto durante los últimos cinco años, al menos 1.990 inscritos han estado muertos durante los últimos diez años y al menos 197 inscritos han estado muertos durante al menos veinte años”. Además, asegura que “Pensilvania dejó los nombres de más de 21,000 personas muertas [exactamente 21.206] en las listas de votantes menos de un mes antes de una de las elecciones generales más importantes para los funcionarios federales en muchos años”. Y, por eso, el grupo conservador pidió impedir que estas personas votaran con una medida cautelar. 

El caso alentó a los líderes de opinión y usuarios de redes sociales a compartir información, especialmente desde principios de noviembre, sobre los supuestos 21.000 muertos inscritos para votar, pero además señalando que esta era la muestra de un posible fraude a favor de Joe Biden. 

Según reportó el New York Times, “Breitbart News, la publicación de derecha, escribió un artículo al respecto. Otros luego lo citaron como evidencia de que los demócratas estaban tratando de robarse las elecciones. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, compartió el artículo en Twitter y recopiló 74.800 me gusta. Diamond and Silk, el popular dúo de redes sociales pro-Trump, publicó sobre el rumor en Facebook. Y el representante Matt Gaetz, un republicano de Florida, trinó: ‘El voto muerto parece haber favorecido abrumadoramente a Joe Biden".

Sin embargo, lo que ni los políticos estadounidenses que ha compartido la información, ni Oiga Noticias han referido en sus publicaciones es que, de acuerdo con nuestros colegas verificadores de FactCheck.org, el grupo conservador no logró convencer a un juez federal en octubre de que su lista [de votantes muertos] era precisa y, por lo tanto, ese juez se negó a aceptar la demanda en la que se basan las desinformaciones. 

El juez John E. Jones III explicó en la decisión que no aceptaba la moción porque la medida solicitada [una medida cautelar para que quienes aparecían en las listas no votaran] solo se puede conceder “si se demuestra claramente que el demandante tiene derecho a dicha reparación”. Pero el material presentado por Public Interest Legal Foundation no presentaba “apoyo fáctico” para llegar a dicha conclusión. 

Contrario a esto, el juez escribió: “Si le concediéramos al demandante la reparación preliminar solicitada, el status quo en este caso se alteraría irreparablemente: si las personas supuestamente fallecidas son removidas, pero de hecho están vivas, no pueden votar en las elecciones de 2020. No habría nada que pudiéramos hacer para paliar ese hecho en un juicio sobre el fondo”. 

Una de las razones que incluyó Jones en su argumentación fue que “la lista ofrecida por el demandante, de 21.206 votantes registrados supuestamente fallecidos, no cuenta toda la historia”. Esto porque, de una lista de 9.300 votantes registrados fallecidos que Public Interest Legal Foundation envió inicialmente para su consideración en la demanda, “aproximadamente 5,000 no aparecieron en las listas de septiembre u octubre del demandante”. 

Esto, para el juez, “podría ser resultado de una serie de factores, incluidas las deficiencias en los procedimientos de extracción de datos del demandante” o “de los esfuerzos del estado y del condado para eliminar a los votantes no elegibles”. 

Pero en cualquiera de los casos, este error, para el juez, demostraba vacíos en la exposición del demandante. Y, en palabras de FactCheck.org, “la discrepancia llevó a la corte a "cuestionar seriamente cuántos votantes en la lista [de la organización legal] han fallecido''.

De hecho, el juez anotó que, aunque no dudaba de la buena fe con la que el demandante recabó los datos para determinar la lista de votantes fallecidos, consideraba que la información presentada “fácilmente podría ser idéntica en varios individuos” y que el demandado no tenía tiempo para verificar la lista de manera independiente. Entonces, decidió no privar al electorado de su derecho “sin previo aviso o sin una investigación adecuada sobre la base de una empresa especulativa y mal enmarcada lanzada en esta fecha tardía”. 

Después de la emisión de la decisión de la corte, de acuerdo con los chequeadores estadounidenses, la organización legal presentó una queja enmendada el 5 de noviembre en la que alegó “que entre las elecciones de 2016 y 2018, se emitieron un total de al menos 216 votos "por (o al menos en nombre de)" personas que habían muerto antes de las elecciones. [Pero la organización] no proporcionó ninguna evidencia para el reclamo en la queja”. 

Sin embargo, como escribimos en otro chequeo reciente, aunque es posible que estos casos se presenten, eso no quiere decir que esas papeletas representen una parte significativa de todos los votos emitidos y mucho menos de que, como escribió Gaetz, esto demuestre un fraude en contra de Trump. 

Ya que no se ha comprobado que la evidencia en la que se basan los artículos de Oiga Noticias tengan alguna validez, los calificamos como cuestionables.

 

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Miércoles, 18 Noviembre 2020

Historia de Biden con el juez supremo Thomas es distinta a versión de redes

Por José Felipe Sarmiento

Publicaciones virales aseguran que, en 1991, el entonces congresista de Estados Unidos “orquestó” acusaciones de violencia sexual contra el hoy miembro de la Corte Suprema de ese país.

Según un meme que circula en Facebook y ha sido compartido 454 veces desde un solo perfil, el presidente electo de Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr., supuestamente “hizo todo lo posible para destruir la vida y la reputación del hoy juez de la Corte Suprema de Justicia [de ese país] Thomas Clarence para impedir su nominación” en 1991, una historia muy similar a la que también contó la senadora colombiana María Fernanda Cabal en un trino del 9 de noviembre.

Meme que acusa a Biden de haber hecho todo lo posible contra Thomas

Trino de María Fernanda Cabal sobre acusaciones contra juez Thomas

El mensaje de la congresista incluyó un video de la audiencia presidida en 1991 por Biden, entonces senador demócrata de Delaware, sobre la confirmación del jurista postulado para el tribunal. “Mi nombre ha sido dañado”, reclamó este al Comité Judicial del Senado; pidió terminar el proceso sin importar si su nombramiento era o no avalado por esa corporación; se declaró a sí mismo “víctima” de un supuesto “linchamiento” y dijo que no permitiría “más humillación”, por lo que no respondería preguntas sobre temas “íntimos”.

La historia completa es bien distinta a la que pinta la parlamentaria del partido Centro Democrático y, por tanto, Colombiacheck concluyó que es cuestionable. Lo que Thomas señaló como su vida privada en los dos minutos y cuarto de grabación compartidos en la publicación se refiere, en realidad, a denuncias en su contra por acoso sexual que salieron a la luz en esa época y por las que Joe Biden hizo poco o nada, según las mismas víctimas e incluso sus copartidarios.

El proceso de selección de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos consiste en que la Presidencia envía una candidatura al Senado y este debe confirmar el nombramiento por mayoría simple. El Comité Judicial de ese órgano hace unas audiencias para evaluar a la persona postulada y vota para decidir si le recomienda o no a la plenaria que le dé el aval. En 1991, cuando el presidente republicano George H.W. Bush propuso a Thomas, el congresista encargado de liderar esas sesiones era Biden.

A través de su equipo de prensa, Cabal le respondió a Colombiacheck que, en su calidad de presidente del comité, fue él “quien, luego de cerrada la investigación general de confirmación del juez Clarence Thomas, permitió que se reabriera y organizó una audiencia televisada con la acusadora, Anita Hill, que, recuerda, se convirtió en un fiasco”. A esa respuesta, aunque cierta, le faltan partes importantes.

La testigo que menciona la senadora era abogada, en ese entonces profesora titular de la Universidad de Oklahoma (la primera afroestadounidense en esa institución). Había sido asesora del jurista cuando trabajaba como secretario de la Oficina de Derechos Civiles en el Departamento de Educación y, luego, como presidente de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, en inglés) a principios de los ochentas.

Fue una excompañera de clase de ella quien le dio la pista del caso al Comité Judicial, según recordó uno de los primeros periodistas en conocer y publicar el testimonio, Timothy Phelps, en una columna de 2018 con motivo de las audiencias de confirmación del también juez Brett Kavanaugh, denunciado por abuso sexual. Su texto fue publicado por el periódico Newsday de Long Island, estado de Nueva York, donde trabajaba en 1991.

Empleados de la corporación trataron de convencer a Hill de hablar pero ella no quería exponer su identidad. “El equipo de Biden le dijo que no podrían entregar sus denuncias a los miembros del Comité Judicial a menos que las compartieran también con Thomas, incluyendo su nombre”, contó un reportaje del diario The Washington Post en 2019.

El dilema se resolvió con una declaración juramentada para que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) iniciara un proceso en el que entrevistó a 10 personas, pero su informe final no aportó ninguna conclusión. El senador demócrata solo compartió las declaraciones de la testigo con sus compañeros apenas unas horas antes de la votación para definir si el equipo le recomendaría o no a la plenaria del Senado la confirmación. El resultado fue un empate con siete votos a cada lado.

El aval definitivo para Thomas parecía garantizado hasta que entró la prensa en escena. Así lo relató la periodista Nina Totenberg de National Public Radio, que compartió la primicia con Phleps, en una entrevista de octubre pasado: “Ella [Hill] dijo que, si yo podía obtener su declaración juramentada, ella accedería a hablar. Creo que no pensó que yo la podría conseguir, de modo que no tendría que hacerlo. Pero sí lo logré y ella cumplió su palabra”.

Los reporteros publicaron el testimonio con nombre propio tras hablar con ella. Nunca se supo quiénes filtraron a la prensa el reporte del FBI, porque ambos autores y sus medios se negaron a revelar sus fuentes a pesar de que fueron presionados con una investigación.

En todo caso, fue la noticia la que obligó a reabrir las audiencias, pero “los republicanos recibieron varias concesiones de Biden y los líderes demócratas”, aclaró el Post. Uno de los acuerdos fue que, pasara lo que pasara, la plenaria votaría en la fecha programada sin dar espacio a una nueva votación del comité.

Hill se enfrentó a un panel de congresistas compuesto solo por hombres blancos. Según contó en diálogo con el diario The New York Times en abril de 2019, después de que el exvicepresidente demócrata la llamó para pedirle perdón justo antes de iniciar su campaña presidencial, él le había dicho antes de las nuevas sesiones que ella sería la primera en hablar pero Thomas tuvo primero el uso de la palabra.

La abogada repitió lo que les había dicho al FBI y a los medios: cuando era su superior, el postulado juez la había invitado de forma insistente a salir a pesar de sus rechazos, le había hecho comentarios inapropiados sobre su ropa y había desviado conversaciones laborales para tocar temas sexuales, incluyendo descripciones explícitas de pornografía. Como respuesta, ella recibió toda clase de ataques de los republicanos sin que le dieran la oportunidad de defenderse.

Arlen Specter, de Pensilvania, la acusó de mentir bajo juramento. Orrin Hatch, de Utah, leyó un pasaje de la novela El exorcista para argumentar que uno de los episodios que contó estaba basado en una escena de ese libro. Alan Simpson, de Wyoming, sugirió que estaba delirando con base en un concepto de un fiscal anónimo que resultó ser parte del equipo de defensa de Thomas. Otros citaron el testimonio en el que un amigo de infancia de él la describió a ella como “inestable”.

Hill culpa a Biden de no haber hecho nada al respecto, lo contrario a lo que dicen el meme y Cabal. Además, Thomas tuvo la oportunidad de volver a intervenir al final para negar las acusaciones en su contra y uno de sus asesores, el exsenador John Danforth, invitó a un psiquiatra forense que diagnosticó a la testigo como “erotomaníaca” sin haberla visto nunca antes. Mientras tanto, otras tres exfuncionarias de la EEOC que se ofrecieron a declarar fueron ignoradas.

Angela Wright incluso viajó a Washington para las audiencias, tenía una historia similar a la de la profesora; pero ni ella ni su testigo de respaldo, Rose Jourdain, fueron llamadas a testificar. A la tercera, Sukari Hardnett, solo le permitieron enviar un escrito en el que afirmó que “si eras una mujer joven, negra y razonablemente atractiva sabías muy bien que estabas siendo inspeccionada y auditada [por él] como mujer”, pero el documento entró al registro tan tarde que pocos lo vieron a tiempo.

A pesar de haberse disculpado, la defensa de Biden ante las críticas por su inacción ha sido que actuó “según las reglas” del proceso. Sin embargo, “le faltó reconocer que, como presidente del Comité Judicial del Senado en 1991, él ponía muchas de ‘las reglas’ que le hicieron daño a Hill”, resaltó un artículo en la revista The New Yorker el año pasado. Incluso sus colegas demócratas consideran que, en su afán por ser justo con las dos partes, dejó desprotegidas a las víctimas.

La misma historia y las mismas conclusiones salen en varios de los reportajes ya citados y otros más [1, 2]. Por otro lado, las grabaciones de las audiencias están disponibles en el portal de red pública de televisión por cable y satélite de Estados Unidos, C-SPAN [día-parte: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6].

La afirmación de Cabal incluso fue corregida en Twitter por el abogado Santiago Pardo Rodríguez, coordinador del Laboratorio de Diseño para la Justicia de la Universidad de los Andes. El profesor ya había escrito un hilo en abril sobre el papel que tuvo el candidato presidencial demócrata en este caso.

La abogada experta en enfoque de género y docente universitaria Lina Buchely Ibarra le dijo a Colombiacheck que “hay mucha documentación que habla de cómo jueces blancos heterosexuales de capas medias-altas o altas, usualmente relacionados con las élites judiciales, pueden ser tremendamente intimidadores para las mujeres víctimas de acoso sexual y, en ese sentido, la justicia actúa patriarcalmente”. A esto se le conoce como doble victimización y fue lo que Hill experimentó en las audiencias.

De modo que lo más cerca que estuvo Biden de “orquestar” las acusaciones contra Thomas fue que su equipo le insistió a Hill para obtener su testimonio, hasta que la convenció de declarar ante el FBI. Sin la presión mediática, no hubiera permitido la reapertura de las audiencias. De resto, su papel incluso favoreció al candidato a magistrado, que fue confirmado por la plenaria con 52 votos contra 48 y se posesionó el 23 de octubre de 1991.

Por otro lado, no está claro a qué se refiere la publicación viral con que “Clarence está hoy en pleno control de la Corte Suprema de Estados Unidos”. El actual presidente vitalicio del tribunal es John Roberts, quien fue postulado para ese cargo por el presidente republicano George W. Bush (hijo) en 2003 y se posesionó en 2005. Tras la posesión de la nueva juez Amy Coney Barrett, impulsada por Trump, la mayoría es conservadora, pero esto no quiere decir que Thomas la controle.

Lo que sí es cierto es que, a sus 72 años, Thomas sigue activo como juez supremo. La víctima, ciertamente, no es él.