El pasado 11 de abril, durante su discurso en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Gustavo Petro abordó el tema de tierras consignado en el Acuerdo de Paz, criticando la gestión del Gobierno Duque. En respuesta, el ex Alto Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, expuso cifras para contradecirlo.

No es la primera vez que Petro compara su trabajo en materia de tierras con la gestión de Duque. El 2 de marzo, en medio de un acto oficial de entrega de predios a comunidades campesinas, indígenas y reincorporados de la extinta guerrilla de las FARC, el presidente Gustavo Petro aseguró sobre la restitución de tierras: “en estos meses que llevamos gobernando han restituido tres veces más que en los cuatro años del pasado gobierno”.

La respuesta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a nuestra solicitud de acceso a la información tardó hasta el pasado 30 de marzo, pero tras examinar las cifras, en contexto con las iniciativas del Gobierno Nacional, encontramos falsa la afirmación de Gustavo Petro, en tanto el procedimiento mediante en el que se surte la restitución de tierras no depende enteramente del poder ejecutivo.

Esencia y actualidad de la Restitución

La restitución de tierras es un derecho consignado en la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, garantizando a las víctimas del conflicto armado que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del mismo. 

Aunque el poder ejecutivo juega un papel importante en la gestión de solicitudes a través de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la decisión de adjudicar el predio al reclamante pasa en gran medida por la rama judicial, pues con el visto bueno de la URT se presenta una demanda ante un juez especializado. En caso de que haya oposición en el caso, el litigio puede pasar por varios tribunales e incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Contando con este contexto, el pasado jueves 9 de marzo elevamos una solicitud de acceso a la información a la URT, solicitando datos históricos de predios restituidos mediante sentencia, así como las solicitudes que aún se encuentran cursando la etapa judicial.

La respuesta, con corte al 28 de marzo (tres semanas después de las afirmaciones del presidente), evidencia que no hay asidero para la comparativa realizada por Petro. Desde el inicio de su gobierno, la URT registró 583 solicitudes resueltas con la compensación o restitución de 561 predios. Cifras muy lejanas a las 4.674 solicitudes resueltas con la compensación o restitución de 4.111 predios durante el gobierno Duque. Ambos periodos se encuentran por debajo del total alcanzado en los gobiernos de Juan Manuel Santos, si bien cabe recordar que estas decisiones no son del resorte del Ejecutivo.

En términos geográficos, los datos actualizados demuestran gobierno a gobierno la preponderante emisión de sentencias en el departamento de Antioquia, seguido de cifras similares en el suroccidente entre los departamentos de Cauca, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, así como Cesar y Bolívar en el norte del país.

Con esta información, podemos asegurar que los datos oficiales no acompañan la afirmación de Gustavo Petro, dado que la restitución de tierras durante los primeros meses de su gestión avanza acorde al ritmo previo, pero aún los resultados son pequeños en comparación con los cuatro años anteriores. Además, tras la radicación de las demandas, no hay control del poder ejecutivo frente a las sentencias resultantes.

Unidad y Agencia

Mientras esperábamos respuesta de la solicitud de acceso a la información, contactamos con el área de comunicaciones de la Presidencia de la República para preguntar por la fuente de la que provino la afirmación del mandatario. Nos remitieron con la Agencia Nacional de Tierras, cuyo director hacía presencia en el acto del 2 de marzo. 

La ANT, adscrita al Ministerio de Agricultura, se encarga (entre otras funciones) de la identificación, administración y destinación de las tierras que son propiedad del Estado colombiano. A través de ella, el gobierno nacional adelanta en buena medida la Reforma Agraria. Sin embargo, dentro de sus funciones no se cuentan actividades relativas a los trámites de restitución de tierras, si bien puede estar vinculada a determinados procesos a partir de órdenes en las sentencias.

La investigadora y docente Diana Isabel Güiza Gómez nos explicó así la diferencia entre el trabajo de la ANT y la URT sobre pugnas y reclamos sobre la tierra:

“El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras (lo mismo para resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras), es donde hay una pérdida de la tierra debido a las dinámicas de la guerra. Ahí entra la Unidad de Restitución de Tierras. Si hay disputas por la tierra, pero no están asociadas con las dinámicas de la guerra, ahí entra la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, son dos enfoques distintos y pues no son comparables”.

Con esta conclusión coincide el director de la ANT, Gerardo Vega, a quien entrevistamos el pasado 10 de abril y preguntamos si podría equipararse el trabajo de la entidad que encabeza con el que adelanta la URT. Esto nos contestó: 

“No, es completamente diferente. Recordemos: la Unidad de Restitución de Tierras, es para la gente a la que se la quitaron, que lo despojaron de la tierra en el hecho de violencia. Nosotros lo que estamos es comprando una tierra para entregarle a la gente que no tiene tierras, y entregando títulos a la gente que no tiene los títulos, aunque esté sobre la tierra trabajando”.

Recientemente la ANT anunció vía Twitter la formalización de “más de 1 millón de hectáreas”, así como la recuperación de baldíos. Esto con miras a contribuir durante el Gobierno de Gustavo Petro con las 7 millones de hectáreas que el Estado se comprometió a formalizar en el Acuerdo de Paz.

Gerardo Vega, en entrevista con Colombiacheck, aseguró “en lo que iba del Acuerdo de Paz hacia acá se habían hecho dos millones [de hectáreas] y hemos hecho un millón cuatrocientas mil en estos siete meses”. Según el informe “Las deudas de la paz: dimensiones agrarias” del Observatorio de Tierras, a julio de 2022 la cifra exacta era de 2.600.000.

Pero, incluso si en lugar de restitución se compara el trabajo de formalización de tierras realizado en estos meses por el gobierno Petro, las 1.400.000 hectáreas que asegura Vega representa un aumento del 67,2% respecto a las 837.000 hectáreas que (como mínimo) se reportaron formalizadas durante el Gobierno Duque. Sería exagerado entonces hablar de “tres veces más”, que implicaría un aumento de aproximadamente el 200%.

La anterior hipótesis, sin embargo, no estaría fundamentada dado que, en principio, no se puede entender la restitución de tierras por fuera de la gestión de la URT. Así nos lo explicó la profesora Güiza:

“El diseño institucional de la restitución de tierras inicia con la Unidad, que se encarga de hacer una caracterización; decir cuál es el predio que fue arrebatado por la guerra, si la persona que está reclamando esos derechos los tiene, si es una víctima de la guerra y, después de documentar todo eso, va a los jueces de Restitución de Tierras”. 

Por último, como explicamos en “El Gobierno que más títulos de tierra habrá entregado en la historia de Colombia”, existe un debate abierto sobre las cifras que presenta cada año la ANT, pues estas son globales e incluyen, tanto la formalización de predios privados de familias campesinas, como la titulación colectiva para comunidades indígenas y afro que habitan áreas rurales. Estos procesos son distintos entre sí y, según la propia ANT, la proporción de la tierra formalizada está en un 93.4% implicada en titulación colectiva, mientras apenas el 6.6% responde a titulación individual de baldíos.

Así pues, aunque el Gobierno Nacional se encuentre avanzando en la formalización de predios en el país, la gestión de la ANT no es equiparable a la de la URT. Frente a esta última, sus cifras evidencian que no se ha restituido “tres veces más” en siete meses que en los cuatro años anteriores, por lo cual resulta falsa la afirmación del presidente Petro.