En la videocolumna que la senadora por el Centro Democrático publicó en sus redes sociales, el 7 de junio, sobre el Paro Nacional, después de hablar de las cifras de daños a la propiedad pública y privada, las denuncias sobre desapariciones y otros temas, a partir del minuto 2:53 se refirió a las denuncias de homicidios por parte de la fuerza pública en las manifestaciones: 

“Pero dicen ‘es que mataron a más de 49 personas’. Ojo, la Fiscalía General de la Nación ya dijo que el 44 por ciento no tienen nada que ver con las protestas. Hay 18 que están relacionadas con las protestas y nueve que se están examinando para determinar si tienen o no relación con las protestas. Pero ojo, no significa que en todas esas muertes esté vinculada a la fuerza pública, porque la manifestación no es tan pacífica. Se han incautado 38.000 armas corto punzantes, más de 1.500 armas de fuego en los manifestantes. Mil quinientas. Más de 190 elementos explosivos”. 

Al hacer la verificación de esta frase, encontramos que la congresista mezcla varios datos inexactos y engañosos para llegar a una conclusión cuestionable en la que desestima la participación de la fuerza pública en los homicidios denunciados durante el Paro Nacional. 

Al inicio de su declaración, la senadora se refiere a las cifras de homicidios denunciados. Pero dice que de esos más de 49, la Fiscalía, dijo que el 44 % no tienen relación con las protestas, que hay 18 relacionados con las protestas y 9 en verificación. 

Le solicitamos al área de prensa de la Fiscalía la información sobre las muertes relacionadas con el Paro Nacional. Nos compartieron varios comunicados de prensa (1, 2, 3, 4 y 5) que publican semanalmente con la información disponible. En estos documentos encontramos que Valencia confundió un poco las cifras, pero lo que pretendía explicar en esta parte de su afirmación se ajusta a los datos presentados por el ente acusador. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía asumió la vocería para presentar este tipo de cifras gubernamentales sobre el paro. 

En el reporte más reciente antes de la publicación de la videocolumna de la congresista, se señala que desde el 28 de abril hasta el 30 de mayo, “se estableció mediante labores investigativas que de las 48 muertes registradas, 20 están relacionadas directamente con las protestas, (...) 19 de los decesos reportados no tienen nexo alguno con las manifestaciones; mientras que los 9 casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos”.

Entonces, según datos de la Fiscalía, en realidad el 39,58 % de las 48 muertes registradas hasta el 30 de mayo no tenían relación con las protestas; no el 44 % de las más de 49 muertes, como dijo Valencia.

Hay que aclarar que entre el 28 de abril y el 31 de mayo, Temblores ONG reportó “45 víctimas de violencia homicida presuntamente por la Policía”, pero la verificación que hace la Fiscalía no es sobre los datos de la ONG sino que se acuerdan en una Mesa intersectorial con la Defensoría del Pueblo. 

En todo caso, la información presentada por el ente acusador no es del todo confiable. Según una investigación de La Silla Vacía titulada “En el paro mataron a 47 personas y la Fiscalía solo cuenta 24” , aunque 23 personas que murieron durante las manifestaciones cumplen con los criterios que estableció la Fiscalía para incluirlas en su lista de homicidios ligados al paro (con fecha de cierre del 14 de junio), la entidad no los lleva entre sus cuentas. 

De acuerdo con el medio, la Fiscalía explicó en el informe que le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que para incluir a alguien en la lista de homicidios vinculados con las manifestaciones se verifica “si el hecho se dio en un lugar en el que había manifestación, si la protesta se tornó violenta, si hubo confrontación con la Fuerza Pública, y si hay un señalamiento directo contra los presuntos autores del delito”. 

Pero La Silla Vacía “creó una base de datos, alimentada con los reportes de las ONG [Human Rights Watch y Temblores, Indepaz y Paiis] y la Fiscalía, en sus respectivos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”, y revisó “caso por caso, con fuentes externas al origen de la base de datos (ONG o Fiscalía), para agregar información acerca de las circunstancias en las que esa persona perdió la vida”. 

Así encontró que los criterios para ser incluidas en la lista de homicidios relacionados con las manifestaciones no solo se cumplen para las 24 muertes que el ente acusador presentó en su informe del 15 de junio. También se cumplen, según escribió el medio, “para otros 23 casos que no están en las cifras oficiales, que sí están en otras bases de datos, y que fueron verificados por La Silla”. 

El medio encontró que 23 casos no reconocidos como parte de las protestas cumplen al menos dos criterios de la Fiscalía y 10 casos cumplen con los cuatro criterios establecidos por el propio ente acusador.

Por ejemplo, no se incluyeron los casos de María Jovita Osorio y Evelio de Jesús Flórez, dos adultos mayores que inhalaron gases lacrimógenos cuando estos cayeron en sus casas en medio de confrontaciones entre manifestantes y miembros de la fuerza pública. 

En la lista de la Fiscalía, según el hallazgo de La Silla, tampoco está el caso de Brahian Gabriel Rojas, un joven de 26 años, quien “según las versiones de sus familiares y varios testigos reportadas por las ONG y por medios como Vorágine, quedó en medio de un operativo del Esmad en La Virginia, Risaralda. Fue golpeado por los agentes hasta que se lanzó al río Cauca, donde se ahogó”. 

Además, el medio encontró que en los casos, en que civiles armados dispararon en medio de las protestas, la Fiscalía solo contó “como ocurridos en el marco de las marchas” los homicidios en los que las víctimas fueron funcionarios. Entonces, en su registro no está, por ejemplo, el caso de Lucas Villa, en Pereira. 

“En el caso del agente [del CTI] [Fredy] Bermúdez hay evidencia de que habría asesinado a dos manifestantes: Luis Eduardo López Solano y Juan Pablo Cabrera. Justamente, esas muertes desencadenaron el linchamiento en el que fue asesinado. Pero paradójicamente las muertes de López y Cabrera, no las está investigando la Fiscalía como ocurridas en el marco de las protestas”, escribió La Silla. 

Entonces, esta primera parte de la frase de Valencia es, por lo menos, cuestionable. Su afirmación, aunque con imprecisiones, se ajusta a los datos presentados por la Fiscalía. Pero, según La Silla Vacía, la información de esta entidad no incluye otros homicidios que tienen relación con las protestas. 

En la segunda parte de la frase, la senadora Valencia señala que no todas las muertes están vinculadas a la fuerza pública. Y su argumento para sostenerlo es que “la manifestación no es tan pacífica” porque “se han incautado 38.000 armas corto punzantes, más de 1.500 armas de fuego en los manifestantes” y “más de 190 elementos explosivos”. 

El problema de esta afirmación, que igual que la anterior es algo inexacta en las cifras, es que resulta engañoso presentar los datos como si se tratara de decomisos de armas y otros artefactos en poder de los “manifestantes”. 

Como escribimos en un chequeo reciente en el que revisamos la afirmación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la incautación de 40.000 armas durante el Paro Nacional, tanto la Policía como el Ministerio de Defensa, han presentado informes con datos sobre el paro. 

El del Ministerio de Defensa dice que entre el 28 de abril y el 4 de junio se incautaron 40.747 armas cortopunzantes, 1.625 armas de fuego, 207 elementos explosivos y 691 armas“neumáticas” (aquellas que emplean aire comprimido para impulsar el proyectil). 

Y en uno de los informes que actualiza diariamente la Policía en su página web, se reporta que entre 28 de abril y el 6 de junio se incautaron 45.690 armas cortopunzantes, 772 armas neumáticas, 1793 armas de fuego y 216 elementos explosivos. Estos datos son, incluso, superiores a los presentados por Valencia. 

Pero en el área de comunicaciones de la Policía, institución encargada de las incautaciones, nos aclararon que los datos de incautaciones que se están reportando corresponden a resultados de operaciones en general desde que se inició el Paro Nacional, no a incautaciones relacionadas exclusivamente con las protestas. Esto quiere decir que se realizaron en el mismo periodo de tiempo, no en hechos vinculados con el paro, por lo que no se pueden atribuir a los manifestantes. 

De hecho, en Colombiacheck encontramos que en 2021 no se evidencia un incremento significativo en las incautaciones de armas de fuego al compararlas con los datos de 2019 y 2020, que nos compartió la Policía. En 2019, en promedio se incautaron 1.717 armas de este tipo por mes; en 2020, 1.432, y en lo que llevamos de 2021, 1.662. 

Además, al comparar las incautaciones hechas en abril, mayo y junio de este año con las correspondientes a los mismos meses de 2019 y 2020, no se evidencia un aumento importante. Para el análisis no solo tomamos en cuenta el 2020 porque en esos meses el país estaba en cuarentena por la pandemia del COVID-19.

En el proceso de verificación a la frase de Marta Lucía Ramírez también notamos que en 2021 sí se evidencia un incremento de la incautación de las armas cortopunzantes, pero no solo al tener en cuenta los meses del paro para la comparación con los años anteriores, sino durante todo el 2021. 

 De hecho, en enero, febrero y marzo de 2021, se incautaron mayor cantidad de armas cortopunzantes que en abril, mayo y junio (con datos hasta el 19). 

Finalmente hay que agregar que, como dice en su videocolumna Paloma Valencia, evidentemente “no todas las muertes” ocurridas en el paro pueden atribuirse a la fuerza pública. Eso sería, de entrada, una falacia. Por ejemplo, tres civiles fueron imputados por la Fiscalía por el “homicidio agravado” del capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, jefe de la SIJIN de la Policía en Soacha, Cundinamarca. 

El problema de su argumento es que lo sustenta, como ya explicamos, en datos engañosos y pretende reducir la gravedad de las denuncias, pues no se puede negar la participación de la fuerza pública en los homicidios. El 5 de mayo, en la instalación de la mesa interinstitucional de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, el fiscal general Francisco Barbosa, anunció que de los 11 homicidios que en ese momento contaban estas instituciones como relacionados con las protestas, tres les serían imputados a miembros de la Policía Nacional. 

Hasta el momento, el ente acusatorio solo ha podido establecer la participación de dos agentes de policía en muertes durante las protestas. El 13 de mayo, el agente Luis Ángel Piedrahita Hernández fue judicializado por el “homicidio agravado” de Marcelo Agredo, un menor indígena de 17 años en Cali. El mayor de la Policía Jorge Mario Molano Bedoya, fue imputado por la Fiscalía y enviado a un centro carcelario de forma preventiva por el homicidio de Santiago Murillo Meneses, un joven de 19 años, en Ibagué. 

En la investigación de La Silla Vacía, por su parte, se encontró que “de los 47 homicidios que se han presentado durante las protestas, en 39 hay indicios de algún vínculo de la Fuerza Pública o agentes estatales en los hechos”. 

También, en palabras del medio, que “en 32 de estas muertes los reportes presentan indicios de una responsabilidad directa de la Policía, y en los otros siete casos las muertes se habrían dado en cruces de disparos de civiles con la Policía”.

Para hacer los chequeos de este especial, nos comunicamos con la senadora Valencia para solicitarle información sobre las fuentes de sus afirmaciones, tal como indica nuestra metodología, pero no obtuvimos respuesta. 

Con esta información, calificamos como cuestionable la frase en la que la senadora Paloma Valencia presenta datos engañosos sobre los homicidios durante las protestas y la incautación de armas desde que se inició el Paro Nacional para reducir la gravedad de las denuncias por homicidios por parte de la fuerza pública.