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Falso

Lunes, 16 Septiembre 2019

Paloma Valencia también dijo que disidencias de Farc son principales asesinos de líderes sociales

Por Sania Salazar

En Colombiacheck ya habíamos revisado una afirmación similar. Revisamos cifras actualizadas y las conclusiones son las mismas, en la mayoría de los casos se desconocen los autores y las disidencias están entre los victimarios, pero no son los principales.

La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, aseguró en una entrevista con Jaime Bayly, que “el primer asesino de los líderes sociales son las disidencias de las Farc; eso sumado al narcotráfico y a la minería ilegal”.

En enero de 2019 Colombiacheck revisó una frase similar de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que calificamos como falsa, pues tanto las cifras oficiales como las extraoficiales sobre los asesinatos de líderes sociales concuerdan en que en buena parte de los casos no se ha podido establecer la identidad de los responsables, además las disidencias no aparecen como las mayores responsables de la autoría material ni intelectual de esos crímenes, según las fuentes que consultamos. 

El equipo de prensa de Valencia le dijo a Colombiacheck que la información está basada en artículos de prensa, en derechos de petición y en una investigación realizada al interior de la oficina de la senadora. Documentos e investigación que son reservados, resaltaron.

A raíz de que Valencia repitió la idea, hicimos una nueva búsqueda de datos actualizados a 2019 y encontramos que la mayoría de información al respecto tiene datos de 2018 o se refieren a los asesinatos que se han registrado desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. Pero, en todo caso, la información es falsa.

En un comunicado de prensa fechado el 20 de agosto de 2019, la Fiscalía General de la Nación presenta un balance de la generalidad de los casos de asesinatos de líderes sociales en el que incluye una tabla en la que las organizaciones criminales con mayor responsabilidad son “Organización criminal tipo C” (que son definidos por la Fiscalía como "Grupos de Delincuencia Común Organizada"), el “Clan del Golfo” (que es el mismo grupo antes conocido como "Los Urabeños" o el "Clan Úsuga") y los “Gaor”. Este último se refiere a "Grupos Armados Organizados Residuales", que es el nombre con el que el gobierno identifica a las disidencias de las Farc. El rubro “FARC” está en el quinto puesto. Entre Gaor y FARC, suman el 12,99 por ciento de los hechos reportados. Es decir que en la mayoría de los casos no fueron los responsables.

[ACTUALIZACIÓN 23/9/2019: Editamos el párrafo anterior para dar más claridad sobre los grupos mencionados].

Cuadro Fiscalía


La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, ha registrado 70 asesinatos de líderes sociales entre enero y septiembre de 2019, en 62 de los casos no está identificado el “autor o estructura” responsable del hecho, en tres se responsabiliza al “Clan del Golfo”, en dos a los “Caparrapos”, en otros dos al “ELN” y en uno a un “grupo armado Postfarc”.

El informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo”, publicado en febrero de 2019, coincide con otros análisis en que en buena parte de los casos se desconoce el autor. “Del total de los homicidios y desapariciones forzadas registradas se encuentra que, de los 257 casos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en 118 casos (45,91%) se desconoce la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61%) –por las características de los homicidios– es posible determinar que se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es”.

El informe señala que solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24%) se presume el autor y que de estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares (17,12%). “Dentro de los ejecutores materiales de estos asesinatos se encuentran miembros de grupos locales considerados como de delincuencia organizada presumiblemente al servicio o con vínculos con organizaciones de alcance nacional, involucrados en tres de ellos”, indica el informe, que además señala que los casos atribuidos a  grupos conformados por desertores o disidentes de las FARC-EP fueron 19 (7,39%).

Aquí hay que anotar que este informe, como lo aclaran sus autores al comienzo del texto, está construido con base en registros e información aportada por las organizaciones participantes, pues como ya lo habíamos explicado en el chequeo realizado a la Vicepresidenta, no hay uniformidad en las cifras de estos delitos debido a las diferencias metodológicas de las organizaciones que hacen seguimiento y análisis de estos crímenes.

¿Y el narcotráfico y la minería ilegal?

“Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada, y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición”, le dijo Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, a El Espectador cuando le preguntan quiénes se oponen a los nuevos actores sociales y políticos al punto de querer asesinarlos.

En esa teoría coincide con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, quien aseguró en el programa Semana en Vivo en mayo pasado que hay gente en las regiones contratando sicarios para asesinar líderes sociales.

“Los actores armados son uno de los eslabones en esto, pero no es el único eslabón en el territorio, ¿quién manda a matar a los reclamantes de tierra en el Urabá? Pues los despojadores. . . uno no puede decir que donde hay actores armados ilegales hay un plan de exterminio, entonces, ¿qué pasa en el resto del país donde no hay esa presencia?”, pregunta Ávila, quien indicó que desde el perfil de la víctima hay una sistematicidad clara. “El 68% de las víctimas están agrupados en: líderes comunales que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierra o de verdad que quieren participar en política y los líderes que defienden el medio ambiente”.

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Jueves, 17 Enero 2019

Fiscalía no informó de incremento de las Farc sino de disidencias

Por Ana María Saavedra

Portales aseguran que la Fiscalía informó sobre un incremento de miembros de las Farc, pero realmente el informe se refiere a miembros de disidencias, es decir de grupos que ya no tienen que ver con la guerrilla.

Una nota publicada en los portales El Nodo y Oiga Noticias asegura que la “Fiscalía informa incremento en las Farc que alcanza los 1.749 guerrilleros”.  

nodo farc

oiga farc

Al revisar el informe encontramos que la Fiscalía sí reporta esa cifra, pero asociada a miembros de “Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR)”, conformados por excombatientes de las Farc. Por esta razón los titulares de ambos portales son Cuestionables.

En el informe se agrega que, con labores de inteligencia, “lograron identificar 11 estructuras, 9 subestructuras y 10 comisiones de los GAOR. Estos grupos están integrados por 1.749 hombres en armas y están ubicados en cinco áreas –Noroccidental, Occidental, Oriental, Nororiental y Sur–. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y las FACON también determinaron que, en la actualidad, los GAOR afectan 2.596 veredas en el territorio nacional, correspondientes a 129 municipios en 19 departamentos”.

Pero hay una diferencia entre las GAOR, más conocidas como disidencias de las Farc, y las Farc como grupo guerrillero. Este grupo, tras las negociaciones de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos entregó las  armas en un proceso que finalizó en junio de 2017, como lo reportaron los medios de comunicación, entidades como la Defensoría del Pueblo y lo certificó la misión de observación de la ONU.

Las disidencias, aunque hayan surgido de las Farc, son grupos diferentes que no quisieron acogerse al proceso de paz. En abril del año pasado la Fundación Ideas para la Paz realizó el informe Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc  en el que analizaba que “el surgimiento de disidencias es, precisamente, uno de los principales desafíos durante las fases de negociación e implementación de los acuerdos (...) Se trata de estructuras armadas que —con sus respectivas dimensiones, rasgos y variaciones—, pueden competir en el plano militar, político y social de forma directa a la acción del Estado y sabotear sus esfuerzos para la construcción de la paz o los anhelos de quienes sí dejaron las armas”.

El informe hacía un seguimiento a la evolución de este fenómeno, desde 2016, en el que mostraba que las economías criminales son la única motivación para explicar las disidencias, dejando de lado factores políticos y organizacionales. 

“Un rasgo característico de las FARC durante el conflicto fue su cohesión interna reflejada en un aparato burocrático compuesto por normas, códigos, reglas, estatutos, reglamentos y jerarquías, que favoreció su longevidad en la confrontación”, se agrega en el informe, aunque se aclara que “desde 2012 las investigaciones de Insight Crime daban cuenta de cómo algunas estructuras de este grupo estaban entrando en un proceso de degradación interna y criminal”.