La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, aseguró en una entrevista con Jaime Bayly, que “el primer asesino de los líderes sociales son las disidencias de las Farc; eso sumado al narcotráfico y a la minería ilegal”.

“El primer asesino de los líderes sociales son las disidencias de las farc; eso sumado al narcotráfico y a la minería ilegal.” @PalomaValenciaL en @BaylyTVOficial1 pic.twitter.com/cZZ3p2WEBa

— Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) 6 de septiembre de 2019

En enero de 2019 Colombiacheck revisó una frase similar de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que calificamos como falsa, pues tanto las cifras oficiales como las extraoficiales sobre los asesinatos de líderes sociales concuerdan en que en buena parte de los casos no se ha podido establecer la identidad de los responsables, además las disidencias no aparecen como las mayores responsables de la autoría material ni intelectual de esos crímenes, según las fuentes que consultamos. 

El equipo de prensa de Valencia le dijo a Colombiacheck que la información está basada en artículos de prensa, en derechos de petición y en una investigación realizada al interior de la oficina de la senadora. Documentos e investigación que son reservados, resaltaron.

A raíz de que Valencia repitió la idea, hicimos una nueva búsqueda de datos actualizados a 2019 y encontramos que la mayoría de información al respecto tiene datos de 2018 o se refieren a los asesinatos que se han registrado desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. Pero, en todo caso, la información es falsa.

En un comunicado de prensa fechado el 20 de agosto de 2019, la Fiscalía General de la Nación presenta un balance de la generalidad de los casos de asesinatos de líderes sociales en el que incluye una tabla en la que las organizaciones criminales con mayor responsabilidad son “Organización criminal tipo C” (que son definidos por la Fiscalía como "Grupos de Delincuencia Común Organizada"), el “Clan del Golfo” (que es el mismo grupo antes conocido como "Los Urabeños" o el "Clan Úsuga") y los “Gaor”. Este último se refiere a "Grupos Armados Organizados Residuales", que es el nombre con el que el gobierno identifica a las disidencias de las Farc. El rubro “FARC” está en el quinto puesto. Entre Gaor y FARC, suman el 12,99 por ciento de los hechos reportados. Es decir que en la mayoría de los casos no fueron los responsables.

[ACTUALIZACIÓN 23/9/2019: Editamos el párrafo anterior para dar más claridad sobre los grupos mencionados].

La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, ha registrado 70 asesinatos de líderes sociales entre enero y septiembre de 2019, en 62 de los casos no está identificado el “autor o estructura” responsable del hecho, en tres se responsabiliza al “Clan del Golfo”, en dos a los “Caparrapos”, en otros dos al “ELN” y en uno a un “grupo armado Postfarc”.

El informe “¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo”, publicado en febrero de 2019, coincide con otros análisis en que en buena parte de los casos se desconoce el autor. “Del total de los homicidios y desapariciones forzadas registradas se encuentra que, de los 257 casos registrados desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, en 118 casos (45,91%) se desconoce la autoría; mientras que en otros 35 (el 13,61%) –por las características de los homicidios– es posible determinar que se trata de un grupo armado, aunque se desconoce cuál es”.

El informe señala que solo en 106 casos de violaciones al derecho a la vida (41,24%) se presume el autor y que de estos, 44 se atribuyen a grupos paramilitares (17,12%). “Dentro de los ejecutores materiales de estos asesinatos se encuentran miembros de grupos locales considerados como de delincuencia organizada presumiblemente al servicio o con vínculos con organizaciones de alcance nacional, involucrados en tres de ellos”, indica el informe, que además señala que los casos atribuidos a  grupos conformados por desertores o disidentes de las FARC-EP fueron 19 (7,39%).

Aquí hay que anotar que este informe, como lo aclaran sus autores al comienzo del texto, está construido con base en registros e información aportada por las organizaciones participantes, pues como ya lo habíamos explicado en el chequeo realizado a la Vicepresidenta, no hay uniformidad en las cifras de estos delitos debido a las diferencias metodológicas de las organizaciones que hacen seguimiento y análisis de estos crímenes.

¿Y el narcotráfico y la minería ilegal?

“Algunas personas y familias pertenecientes a determinados sectores del poder político y económico que históricamente han transitado entre legalidad e ilegalidad y que sienten amenazada su posición privilegiada, y por eso acuden a los grupos armados para, mediante actos criminales, mantener esa posición”, le dijo Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, a El Espectador cuando le preguntan quiénes se oponen a los nuevos actores sociales y políticos al punto de querer asesinarlos.

En esa teoría coincide con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, quien aseguró en el programa Semana en Vivo en mayo pasado que hay gente en las regiones contratando sicarios para asesinar líderes sociales.

“Los actores armados son uno de los eslabones en esto, pero no es el único eslabón en el territorio, ¿quién manda a matar a los reclamantes de tierra en el Urabá? Pues los despojadores. . . uno no puede decir que donde hay actores armados ilegales hay un plan de exterminio, entonces, ¿qué pasa en el resto del país donde no hay esa presencia?”, pregunta Ávila, quien indicó que desde el perfil de la víctima hay una sistematicidad clara. “El 68% de las víctimas están agrupados en: líderes comunales que se oponen a economías ilegales, reclamantes de tierra o de verdad que quieren participar en política y los líderes que defienden el medio ambiente”.