3 DATOS CLAVE:

1. Cuentas de redes sociales afines al gobierno Petro difundieron la noticia de que este les pagó a las EPS una deuda de 819.000 millones de pesos heredada del período de Iván Duque y quedó “al día”.
2. Piezas como la del representante Andrés Cancimance omiten que el pago fue por órdenes judiciales y que la Corte Constitucional incluso tuvo que abrirle un incidente de desacato al Ministro de Salud por cuenta de los atrasos.
3. La deuda es de 2022, año del que Petro llegó al poder. Las desinformaciones se la atribuyen a Iván Duque, aunque ningún documento especifica que sea de solo de ese periodo presidencial.

Un usuario nos consultó a través del Gato Chequeabot acerca de una pieza gráfica que muestra a Félix León Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), junto al siguiente texto: “ADRES salda deuda de $819 mil millones que dejó el periodo Duque”, y concluye “El Gobierno del Cambio está al día con las obligaciones del sistema de salud hacia las EPS”.

En la parte baja de la pieza figura el logo de Andrés Cancimance, representante a la Cámara por Putumayo y miembro de la coalición gobiernista Pacto Histórico por el partido Colombia Humana, quien la publicó originalmente en su cuenta de Facebook, en correspondencia con la forma en que la propia Presidencia de la República presentó la noticia. Así mismo lo hicieron desinformadores recurrentes como la cuenta de X ‘Mamertos 2.0🐦’ (@mamertos0), a la que hemos verificado en numerosas ocasiones.

Sin embargo encontramos que esta información es cuestionable, pues la narrativa gobiernista buscó convertir en logro político lo que en realidad fue una acción obligada por una orden judicial, derivada de incumplimientos de esta misma administración, que incluso generaron sanciones a funcionarios del gabinete.

Sobre la deuda

Los presupuestos máximos son montos adicionales que el sistema de salud asigna cada año a las entidades promotoras de salud (EPS) para pagar servicios costosos o no incluidos en la unidad de pago por capitación (UPC), como medicamentos de alta tecnología, tratamientos especiales, pañales o alimentos nutricionales. Mientras tanto, una vigencia corresponde a un año fiscal (por ejemplo, vigencia 2022), durante el cual se definen y reconocen los montos a saldar. 

Aunque los pagos de presupuestos máximos se realizan mensualmente con base en una estimación, a medida que se consolida la información real de los servicios y tecnologías efectivamente prestados se hacen ajustes que saldan las diferencias entre lo que se giró anticipadamente con el gasto real y auditado. En los informes de la Adres se evidencia que, a la par de los pagos mensuales, constantemente se cancelan estos ajustes. 

Para 2022, el artículo 14 de la Resolución 1139 de ese año, estipula tres situaciones en las que se pueden calcular ajustes a los presupuestos máximos asignados a las EPS durante esa vigencia: 

1. Cuando hay traslados de afiliados entre entidades. 
2. Cuando se identifica una fuente de financiación distinta a los presupuestos máximos.
3. Cuando existen valores pendientes de reconocimiento por validaciones, inconsistencias o desviaciones atípicas en la información reportada por las EPS.

Basado en estas normas, en Acta 754 del 22 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de Política Fiscal aprobó espacio en el plan financiero de la vigencia 2024 para el pago de presupuestos máximos de 2022 por los 819.667 millones de pesos a los que se refiere la desinformación. Estos valores habían sido ya analizados por la Adres y fueron reconocidos en ese momento como una deuda del sector salud. Así se desglosa la deuda entre las diferentes entidades:

Las responsabilidades

El 13 de diciembre de 2024, mediante el Auto 2049, la Corte Constitucional concluyó que había un incumplimiento general en el componente de suficiencia de los presupuestos máximos para ese año y abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud. Según advirtió, “la demora en el pago y en la implementación de medidas que permitan superar la insuficiencia de recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados”. 

Con estas conclusiones como base, el tribunal ordenó: “se debe reconocer los presupuestos máximos correspondientes a los periodos de noviembre y diciembre de 2024, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 30 de enero de 2025”. 

Un documento del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), emitido el pasado 24 de enero, realizó una breve cronología del incumplimiento señalado por la Corte. Allí explicó que, entre el 30 de abril y el 10 de octubre de 2024, la Adres había radicado ante el Ministerio de Hacienda cinco cuentas de cobro para saldar la mencionada deuda, cuyo espacio había sido aprobado en diciembre de 2023.

Sin embargo, según reportó la Administradora, MinHacienda devolvió las cuentas de cobro sin trámite alguno el 22 de noviembre de 2024, indicando que fue “debido al incumplimiento de las metas de recaudo tributario”. La situación, señaló, habría “obligado al Tesoro Nacional a priorizar los pagos del Presupuesto General de la Nación”.

Como se ve, aunque la deuda data de la vigencia 2022, el incumplimiento de los pagos se enmarca enteramente en el periodo de gobierno de Gustavo Petro. Prueba de ello es que la definición de las cuentas pendientes se hizo recién en el numeral 3 del artículo 153 de la Ley 2294 de 2023, norma en la que se basó el Confis para aprobar el espacio financiero en la vigencia 2024.

En enero de 2025, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y ordenó dar cumplimiento a las órdenes del Auto 2049 de 2024. Este, además de los pagos, ordenaba la creación de una metodología unificada para la definición y reajuste de los presupuestos máximos.

En respuesta a este pronunciamiento, Hacienda finalmente declaró el monto como deuda pública a través de la Resolución 369 de 2025, emitida el pasado 19 de febrero. Allí se programaron tres pagos mensuales de 200.000 millones de pesos entre febrero y abril, con un último pago por valor de 219.667 millones para mayo.

Fue justamente a mediados de ese mes que la Presidencia, el representante Cancimance y desinformadores progobierno en redes aseguraron que el Gobierno Petro saldó una deuda que dejó la administración Duque. Sin embargo, como hemos expuesto, ninguno de los documentos previamente mencionados segmenta la vigencia 2022 entre los meses gobernados por Duque o por Petro.

Tampoco se trata de una acumulación de incumplimientos durante 2022, sino de ajustes que se realizan con posterioridad a los pagos iniciales. Estos son analizados y admitidos por la Adres y, en este caso, durante el gobierno actual recibieron aprobación del Confis y no fueron transferidos oportunamente por el Ministerio de Hacienda, provocando pronunciamientos de la Corte Constitucional que le obligaron a realizar el desembolso.

El Gobierno contra las EPS, más allá de la deuda

Finalmente, aunque la publicación alegue que el Gobierno está al día en sus obligaciones con las EPS, el propio Auto de la Corte expresó que el aumento de la UPC fue insuficiente durante 2024, lo que impidió que las EPS contaran con recursos adecuados para cubrir los servicios de salud requeridos. Caso semejante al que se vive en 2025, vigencia para la que se aumentó este valor en un 5,36% cuando el aumento sugerido por expertos era de 16,4%.

Esa responsabilidad fue señalada por analistas en un artículo de la Revista Cambio sobre la deuda de las EPS a la red hospitalaria, asunto que también nos consultaron varios lectores a través del Gato Chequeabot, después de que el propio presidente Petro desmarcó a su gobierno de los recientes hallazgos de la Contraloría, que señaló un pasivo de 32,9 billones de pesos.

Además de las finanzas asfixiadas de las EPS por cuenta de la insuficiencia en la UPC, cabe anotar que entre las 9 entidades intervenidas por el Gobierno se suman $24.4 billones dentro de la deuda, correspondientes al 74% del pasivo total.