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Martes, 29 Septiembre 2020

Policía civil no es igual a desarmada, como dicen Sergio Rodríguez y Papo Amín

Por José Felipe Sarmiento

El columnista y el concejal escribieron que la desmilitarización propuesta por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, implicaría quitarle las armas a la institución. Esto es falso.

En su cuenta de Twitter, el economista y columnista conservador Sergio Rodríguez publicó un “dato” según el cual la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de tener una policía sin fuero ni formación militar “implicaría desarmar [a sus integrantes] y quitarles su autoridad, algo así como volverlos gestores de convivencia”.

Trino de Sergio Rodríguez sobre desmilitarización de la Policía

Colombiacheck le preguntó, a través de un mensaje directo en esa red social, por sus fuentes y argumentos para hacer esa afirmación. Su respuesta fue un trino de Humberto Rafael Amín, concejal del Distrito por el partido Centro Democrático, que también asegura que el mensaje de la mandataria distrital equivale a “desarmar a la Policía” y adjunta un video donde la funcionaria dice que hay que “desmilitarizar” la institución.

Trino de Rafael Amín sobre desmilitarización de la Policía

La equivalencia entre los dos términos es falsa. El carácter civil de la institución policial no es incompatible con que utilice armas ni la equipara en autoridad o funciones a los gestores de convivencia, que son una figura distinta. De hecho, la Constitución ya define a la Policía como “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”.

Incluso hay quienes consideran que hay una confusión entre quienes dicen que la entidad está militarizada. “El hecho de que tenga ciertas características, no la hace una fuerza militar”, señala Katherine Aguirre Tobón, investigadora del Instituto Igaripé, un tanque de pensamiento sobre violencia en América Latina.

Definida como civil, la Policía Nacional maneja armas. Pero eso no solo pasa en Colombia, también en la gran mayoría de países del mundo. “Yo diría que el 99 por ciento son instituciones armadas. Si, en cumplimiento de su deber, su vida o la de una tercera persona está en riesgo, pueden hacer uso de las armas”, explica el abogado Jairo Libreros, consultor internacional sobre seguridad y profesor de la Universidad Externado.

Como señaló el mismo experto en un explicador reciente acerca del limitado poder que tienen las alcaldías sobre la Policía Nacional en sus jurisdicciones, el carácter civil significa que la misión de la institución no es la de participar en combates y sus integrantes, por tanto, no son combatientes. Su fin, dice la Constitución, “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Para otros asuntos, como la defensa de la soberanía territorial, están las Fuerzas Militares (el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea). Esto no impide que la Policía, de acuerdo con la misma Carta Política, haga parte de la Fuerza Pública junto con las otras tres instituciones.

Otra cosa es que la historia del país ha llevado a una confusión en las labores de los componentes militar y policial. Analistas como Libreros y Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), coinciden en que el conflicto armado interno y la guerra contra el narcotráfico han obligado a que la Policía asuma funciones de contraguerrilla y utilice helicópteros o armas largas, por ejemplo.

Los expertos también recuerdan que el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla emitió un decreto en 1953 para supeditar la Policía al entonces Ministerio de Guerra (hoy Defensa) bajo un mismo Comando con las Fuerzas Militares. La herencia de ese cambio perduró a lo largo de las décadas incluso en la cultura de la institución: los nombres de los rangos, los colores de los uniformes, hasta la forma de las botas. Sin embargo, Libreros y Castillo también destacan que se han hecho esfuerzos para desmilitarizarla desde la Ley 62 de 1993.

A partir de esa norma, se crearon los comandos municipales para tratar de mejorar los controles civiles a nivel local; también se reformaron los controles internos, se modificaron la carrera y los rangos de agentes y suboficiales (los grados de patrullero, subintendente, intendente, subcomisario y comisario reemplazaron a más de 15 de corte más militar, aunque los oficiales mantuvieron el viejo sistema) para profesionalizar el trabajo y darles más autonomía a los policías, entre otras medidas.

Aunque algunos de esos cambios se han mantenido, el investigador en seguridad Pablo Casas Dupuy recuerda, en un artículo alojado en la Base de Datos Política de las Américas de la Universidad de Georgetown, que a este intento le siguió una “contrarreforma” desde 1995, denominada como Plan de Transformación Cultural. Esta todavía está vigente, según el portal de la Policía.

Si bien el plan depuró la Policía de unos 7.000 miembros y buscó convenios con universidades para mejorar la formación, el autor argumenta que “muy sutilmente se revirtió todo el proceso iniciado en 1993” por medio de una nueva reforma estructural. Así, eliminó muchas de las nuevas instancias de control civil, participación ciudadana, bienestar y especialización que recién se habían creado o que ni siquiera alcanzaron a empezar a operar, incluyendo los comandos municipales.

También hubo un segundo intento de reforma en 2003, para el cual se convocó una misión de expertos que hizo una serie de recomendaciones sobre los controles disciplinarios y la gestión de recursos al interior de la institución. No obstante, el Gobierno desechó la mayoría y se concentró en un plan que, según Casas, no recogía “ni el espíritu ni la esencia de las transformaciones más importantes” que se habían propuesto”. 

De todas formas, la Ley 63 coincide con la Constitución en definir a la Policía como “cuerpo armado permanente de naturaleza civil”. Por tanto, demuestra una vez más que la equivalencia entre desmilitarización y desarme es falsa.

El concejal Amín nunca respondió nada luego de ser consultado por sus argumentos para igualar la propuesta de desmilitarizar la Policía con “desarmar” a sus integrantes. El columnista Rodríguez, más allá de enviar el trino del cabildante, consideró que no era necesario explicar más su posición con respecto a la supuesta pérdida de autoridad “después de todo lo que [la alcaldesa López] ha dicho estos días”. Solo le pidió a Colombiacheck averiguar “sobre la contratación de más gestores de convivencia”.

Para Castillo, decir que la desmilitarización le quita autoridad a la institución “es como decir que las empresas no tienen jerarquías porque no son militares”. La verdadera idea se refiere a darle mayor autonomía a los policías para actuar. “La estructura militar estricta no se compadece con el tipo de problemas que tienen que tratar”, explica.

Es cierto que Bogotá ha contratado más gestores de convivencia en la actual administración. A finales de 2019, bajo el mandato de Enrique Peñalosa y en pleno paro nacional, eran 120 personas. Para agosto de 2020, habían aumentado a 227. La misma Secretaría de Gobierno había anunciado el aumento de este personal desde febrero, pero nunca con la intención de quitarle autoridad a la Policía.

A la vez, la misma entidad anunció que aumentaría la concentración de policías en las manifestaciones de estudiantes en las universidades públicas. Solo en Bogotá, había 16.663 integrantes de la Policía en febrero y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, planeaba que el Distrito pudiera contar con recursos para aumentar el pie de fuerza con 2.000 o 3.000 uniformados más en la actual administración, según contó el diario El Tiempo 10 días después. Por tanto, la contratación de más gestores está lejos de ser un plan para reemplazar o desautorizar a la Policía.

De hecho, el fortalecimiento de la figura de los gestores por parte de las administraciones locales incluso está consignado en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana del actual gobierno nacional con el objetivo que “posibilitar que los miembros del cuerpo de Policía, que están formados para enfrentar a la delincuencia, se concentren principalmente en esa actividad y en la protección de los ciudadanos”. Están planteados como un apoyo a la institución, no lo contrario.

Los gestores se encargan de mediar en situaciones de aglomeración de personas, como eventos masivos o protestas. Además, durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 cumplieron una labor de promoción de las medidas sanitarias. No cooptan las funciones policiales relacionadas con la atención ante posibles delitos y la detención o captura de personas, por ejemplo. Ni van armados.

El fuero, por otro lado, es el que permite que los policías sean juzgados como combatientes por la Justicia Penal Militar cuando cometen delitos relacionados con los actos del servicio. De acuerdo con la explicación de Libreros, los militares se rigen por el Derecho Internacional Humanitario por ser combatientes. Quitarle el fuero a la Policía implicaría juzgar a sus integrantes bajo otra óptica, “como funcionarios públicos de otra naturaleza”, en palabras de Castillo.

El experto de la FIP afirma que esto “no se puede desmontar de un día para otro porque la realidad es compleja”, debido a que la institución todavía ejerce funciones de corte más militar a pesar de ser un cuerpo civil armado en el papel. No obstante, los dos académicos coinciden en que esto nada tiene que ver con quitarles autoridad a sus integrantes ni con dejarlos desarmados.

Por tanto, los trinos de Amín y Rodríguez son falsos porque no corresponden con la realidad de lo que quiere decir la desmilitarización de la Policía. Ambos contrarían la definición de la institución, tanto a nivel nacional como internacional, y desconocen sus funciones. Además, el columnista plantea otra equivalencia con los gestores de convivencia del Distrito que, por el contrario, fueron creados para apoyar la labor policial en ciertas funciones que no requieren armamento, no para reemplazarla.

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Miércoles, 21 Octubre 2020

Video de policías ‘robando’ mercados a campesinos es del paro agrario de 2013

Por José Felipe Sarmiento

La grabación se viralizó con un reclamo al presidente, Iván Duque, y al exmandatario Álvaro Uribe, pero los hechos en realidad ocurrieron cuando el jefe de Estado era Juan Manuel Santos.

Desde el pasado fin de semana, circula por redes sociales un video que muestra a policías subiendo a un camión diferentes productos en medio de reclamos de un grupo de campesinos a los que se los quitaron.

“¿Por qué le roban el mercado, producto de su trabajo a los campesinos?”, pregunta un trino compartido 3.200 veces en esa red social, que tomó la grabación de otro retuiteado 1.500 veces, y les reclama al presidente, Iván Duque, y al exmandatario Álvaro Uribe que “digan algo” al respecto. Una de las cuentas que lo difundió fue la del senador Roy Barreras, del Partido de la U.

Trino con video de policías que les quitan mercados a campesinos

Trino retuiteado por Roy Barreras con reclamo a Duque y Uribe por policías que aparentemente roban mercados

Sin embargo, Colombiacheck califica la publicación como falsa porque en realidad corresponde al paro agrario de 2013, cuando el jefe de Estado era Juan Manuel Santos. Los hechos se dieron a conocer días antes de que el entonces presidente pronunciara su famosa frase de que “el tal paro nacional agrario no existe” en su discurso del 25 de agosto de ese año, con motivo de la 35a Caminata de la Solidaridad.

Una búsqueda en Google arroja una nota en el portal de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico que incluye la dirección en internet del video en YouTube, donde está desde el 20 de agosto de 2013 con una descripción que le pone fecha del día anterior, la misma en la que empezó el paro. El 22, también fue reseñado por el diario El Espectador y Blu Radio.

Ninguno de los artículos aporta mayores detalles sobre las circunstancias de la grabación, ni siquiera sobre el lugar donde ocurrieron. En el video se alcanza a leer un aviso del restaurante El Fogoncito de la Abuela y otro letrero ofrece cuy asado y sancocho de gallina, pero solo hay un resultado en internet con ese nombre y está ubicado en la cabecera de Fusagasugá, Cundinamarca, no sobre una carretera como la que se ve en las imágenes.

Por esas mismas fechas, una misión conformada por diferentes organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos documentó múltiples abusos de la Fuerza Pública en Boyacá, incluyendo robos de dinero, celulares, gasolina y alimentos en diferentes puntos del departamento. Sin embargo, esto no significa que el video corresponda a alguno de esos casos. El acento de las personas que les reclaman a los policías parece más del suroccidente del país, donde también es típico el cuy.

En todo caso, son falsas las publicaciones recientes que lo comparten sin aclarar que es viejo y lo usan para reclamarle al actual gobierno por ese proceder de la Policía.