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Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.

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Martes, 18 Octubre 2016

Ministro del Interior, entre una verdad y una exageración

Por Sania Salazar

Juan Fernando Cristo tiene razón en que el Acuerdo Final no incluye ideología de género, pero exageró en cifra de mujeres víctimas de la violencia en Colombia.

En el afán de desmentir otro de los grandes mitos en contra del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, exageró en el porcentaje de mujeres víctimas de la guerra en Colombia.

 

 

Colombiacheck revisó esta afirmación de Cristo y encontró que es verdadera la parte en que asegura que la ideología de género no se incluyó en el Acuerdo Final, pues lo que se incorporó fue la equidad de género. Pero es inflada la que se refiere a que las mujeres víctimas de la violencia son el 80%.

Como siempre lo hacemos, el primer paso fue contactar al ministro Cristo para saber en qué basa su afirmación.

“El acuerdo de paz nunca incluyó la ideología de género, se habla de equidad de género con el fin de buscar que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, y si miramos más allá, las familias han sido destruidas por cuenta de los 52 años de conflicto armado con las Farc y no serán destruidas por una supuesta ideología de género que el acuerdo jamás incluyó y como lo quisieron hacer ver", indicó el jefe de la cartera.

Buscamos la palabra ideología en el Acuerdo Final y no está.

A las cosas por su nombre

Margarita Martínez, investigadora del área de género del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, explica que la ideología de género y el enfoque de género son dos conceptos distintos:

“La ideología de género fue un término acuñado por la iglesia católica, principalmente por Juan Pablo II y Benedicto XVI, para referirse a la idea de que los roles de género y la sexualidad son realidades socialmente construidas. Sin embargo este término ha ido mutando y ha sido apropiado por varios sectores de la sociedad de muchas maneras, por lo que su significado se ha vuelto poroso. El enfoque de género es una perspectiva metodológica y teórica para explicar cómo hombres y mujeres experimentamos y estamos en el mundo de maneras diferentes”, precisó.

Martínez indicó además, que este enfoque de género ha sido aplicado ampliamente a los conflictos armados en el mundo, lo que ha evidenciado que hombres y mujeres experimentan los conflictos de manera diferente y que los impactos son distintos en el cuerpo masculino y en el femenino.

Para la investigadora, en el caso del conflicto armado colombiano los hombres han sido las víctimas mortales mayoritarias por el rol que se les ha asignado históricamente de combatientes y guerreros, pero las mujeres han sido mayoritariamente víctimas de delitos como el desplazamiento o la violencia sexual por su rol de protección del hogar y del significado atribuido al cuerpo de las mujeres como botín de guerra.

“El Acuerdo incluye el enfoque de género, pero no la ideología de género porque en el Acuerdo hay un reconocimiento explícito de que a hombres y mujeres nos impacta de manera diferente el conflicto armado y como parte de ese reconocimiento el Acuerdo establece mecanismos institucionales para diagnosticar cómo ha sido ese impacto diferenciado en razón del género”.

¿Las mujeres son el 80% de las víctimas?

En un chequeo de agosto pasado Colombiacheck ya había encontrado que según las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres eran el 50,1% de las víctimas. Actualizamos las cifras al 1 de septiembre de 2016, última información publicada en dicho portal, y encontramos que las mujeres son el 49.7% y los hombres el 49.4% de las 8.190.451 personas registradas como víctimas. Esto sin contar los 62.902 que suman los registros de personas declaradas como LGBTI y un ítem titulado “no informa”.

Acá hay que aclarar que las cifras de afectados por género resulta de la suma de declaraciones administrativas y por vía judicial, las dos formas que hay para registrar víctimas en el RUV.

"Las mujeres han sido quienes más han padecido esta violencia en Colombia, ellas son quienes han tenido que sacar adelante los hogares sin sus esposos, han tenido que huir de la violencia”, concluye Cristo.

Según las cifras las mujeres son la mitad de las víctimas registradas en el país, pero han sufrido de manera diferenciada la guerra por su condición, según le han explicado los expertos a Colombiacheck en este chequeo y en el que mencionamos antes.

Aunque no es cierto, como lo dijo el Ministro Cristo, que el 80% de las víctimas del conflicto sean mujeres, vale la pena preguntarse: ¿No es justo que el Acuerdo Final las reconozca, busque repararlas y pretenda también que se les trate con igualdad?