En redes sociales circula un video en el que se afirma que, a través del recién creado Ministerio de la Igualdad del gobierno de Gustavo Petro, se conformará con delincuentes un “ejército paralelo al que constitucionalmente tenemos en la patria colombiana” y que este costará lo mismo que hoy en día exigen las tres entidades promotoras de salud (EPS) más grandes del país para seguir funcionando. 

“Ayer, el ministro de Hacienda le mandó la disponibilidad presupuestal al guerrillero presidente para que a través del nuevo Ministerio de la Igualdad de la vicepresidente ‘Rancia’ [Francia Márquez] empiecen a pagarse a los 100.000 forajidos a razón de un millón de pesos por cabeza, por mes, durante un año para conformar ese ejército paralelo al que constitucionalmente tenemos en la patria colombiana, con un valor de un billón doscientos mil millones de pesos colombianos” (sic), señala la persona del video.

“Repito, 1,2 billones de pesos vale el programa de subsidios a vagos, criminales, drogadictos y asesinos. Y más o menos una cifra similar es lo que costaría darle el dinero que necesitan las tres grandes EPS, Sura, Sanitas y Compensar, para asegurar la prestación de los servicios médicos a 13 millones de afiliados colombianos”, añade. 

El audiovisual aparece en la cuenta de Facebook de Juan Londoño, un perfil antipetrista, y en Kwai, subido por @awopx027.

Al rastrearlo con búsqueda inversa en Google Lens, encontramos que el original pertenece al usuario de TikTok @1958au, quien consiguió más de 26.000 reproducciones con la publicación y comentarios como: 

• “y nadie de la fiscalía de la corte ni procuraduría dicen nada nos vamos a tener que ir a una guerra civil es lo mejor” (sic).
• “La Corte Constitucional , el Congreso y demás instituciones del país están de acuerdo? Apoyan esto.?” (sic).
• “Le quitó recursos a la salud a la educación, al deporte, a la fuerza pública para pagar a los bandidos reclutados en el paro criminal” (sic).

En Colombiacheck verificamos la publicación debido a su alcance y la calificamos de falsa, puesto que el programa “Jóvenes en Paz”, que busca darle un subsidio a jóvenes para que dejen el crimen, no costará lo mismo que piden las mencionadas EPS para seguir funcionando, sino que está cifra es mucho mayor. Además, el gobierno Petro no ha dicho que vaya a crear un “ejército paralelo” con “forajidos”, sino que esta es una narrativa para criticar el programa que se ha fundamentado en otras desinformaciones.

En el pasado, hemos verificado otras publicaciones que difunden esta idea, como se puede leer en nuestros chequeos “Así se tergiversó el programa ‘Jóvenes en Paz’ de Petro como si fuera un supuesto ejército”, “Tergiversan video viejo sobre programa de Jóvenes en Paz para invitar a marchar contra gobierno Petro” y “Con video desinformador sobre deudas a las EPS y un nuevo ‘ejército’ invitan a marchar el 19 de julio”. 

El origen de esta narrativa se remonta a las declaraciones que ofreció Petro el 13 de septiembre de 2022, durante un acto de posesión de consejeros, presidentes y directores de entidades del Gobierno Nacional, en el que mencionó por primera vez como presidente la propuesta de reeditar el programa “Jóvenes en Paz”, una estrategia que aplicó durante un año en Bogotá cuando era alcalde y que, según él, dio buenos resultados.

Explicó que, durante su alcaldía, la iniciativa acogió a 10.000 jóvenes que estaban en la criminalidad y les propuso entrar a estudiar, principalmente en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por lo que planteó replicar lo mismo en todo el país, pero esta vez con 100.000 jóvenes para que abandonen bandas. Según sus propias cuentas, esto acarrearía una inversión de 1 billón de pesos.

Durante su intervención, el mandatario no mencionó la creación de un ejército ni que les iba a entregar armas a los jóvenes. Sin embargo, el periodista Luis Eduardo Maldonado, de Noticias Caracol, en su informe televisivo usó la palabra “ejército” para referirse al anuncio del programa y, desde entonces, esto ha sido utilizado por cuentas antipetristas.

Incluso, cuando hacemos la búsqueda en Google de notas de prensa que recojan alguna declaración de Petro sobre conformar un “ejército paralelo”, un “ejército de jóvenes” o “ejército de delincuentes”, no encontramos ninguna. 

En diciembre de 2022, el jefe de Estado precisó que la asignación mensual para quienes integren el programa de “Jóvenes en Paz” sería de 1 millón de pesos, pero aunque se esperaba que comenzara el 1 de enero, aún sigue sin empezar. 

En su Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, artículo 346, se especifica que la iniciativa se dirigirá a “jóvenes entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos”.

Las transferencias monetarias, además, estarán condicionadas al trabajo social, educación o planes de emprendimiento, etc., y el plan no menciona cuánto sería el subsidio, ya que la proyección de los recursos para cubrir el programa se haría con base en “las metas de cobertura y gestión que se definan”.

Lo cierto es que, a inicio de agosto, se conoció el borrador del decreto del programa, que estará a cargo del Ministerio de la Igualdad y el Departamento Nacional de Prosperidad Social, cuyos beneficiarios recibirían 1 millón de pesos por 12 meses.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, informó a la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que el plan costará 1,2 billones de pesos al año solo con el cálculo de las transferencias monetarias, tal como indicó el video que analizamos.

“Con relación al artículo 43 monto y temporalidad de las transferencias monetarias condicionadas, de acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias sería de $1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar”, señaló el concepto de la institución publicado el 28 de agosto.

El lío con las EPS 

También a finales de agosto, las EPS Sanitas, Sura y Compensar, que suman más de 13 millones de afiliados, reportaron problemas financieros para continuar operando, en una carta al Ministerio de Salud. 

Las entidades promotoras de salud aseguraron que se les adeuda en total 2,3 billones de pesos correspondientes a presupuestos máximos (financiación de atenciones no cubiertas por el pago que el Estado hace por cada afiliado), cartera ajena al Plan de Beneficios en Salud (los servicios y tecnologías que las EPS le deben garantizar a cualquier persona) diferente a tales presupuestos máximos e incluso por conceptos aún relacionados con la pandemia de covid-19. 

En su comunicado, sin embargo, las empresas alertaron que las deficiencias financieras van más allá y están ligadas a:

• Insuficiencia en el valor de la UPC (unidad de pago por capitación), el valor anual que se reconoce por cada afiliado desde el sistema general de salud para cubrir las prestaciones del plan de beneficios en salud.
• No existe una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables, ya que no se ha ajustado la UPC por condiciones de salud (perfil epidemiológico), por lo que “varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad. Las EPS con menor carga de siniestralidad presentan mejores resultados financieros”.
• Las deudas de presupuestos máximos, recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades y procesos de compensaciones pendientes.

Estas fueron las cifras que presentaron:

Fuente: carta de Sura, Sanitas y Compensar a MinSalud.

Por lo tanto, al sumar los montos entre deudas y recursos requeridos para seguir funcionando que presenta la misiva, el monto asciende a más de 5 billones de pesos. Esto sería más de cuatro veces lo calculado por MinHacienda para el programa “Jóvenes en Paz”, una comparación muy distinta a la que plantea el video.

También las EPS apuntaron que habían agotado su capital financiero, que sumaba 1,09 billones de pesos en total (415.000 millones de Sanitas; 400.000 millones de Sura y 279.000 millones de Compensar).

Frente a esto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que se les había cumplido “religiosamente” con todos los pagos a estas empresas, con excepción de deudas pendientes desde la pasada administración, del presidente Iván Duque. Para el 29 de agosto, no obstante, se instalaron mesas técnicas para evaluar la situación entre el Gobierno, las EPS denunciantes y miembros de Acemi, el gremio que agrupa a las principales entidades promotoras del contributivo (en el que afiliados y empleadores hacen aportes mensuales para financiar el sistema).

En resumen, calificamos de falso que el monto que se destinará al funcionamiento del programa Jóvenes en Paz se equipara con lo que hoy piden tres EPS para el pago de deudas y mantener su funcionamiento, una comparación contenida en un video que, además, insiste en la narrativa tergiversada de que los subsidios anunciados por Petro con el propósito de reducir la delincuencia equivalen a la conformación de un supuesto “ejército paralelo”.