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Lunes, 22 Agosto 2016

¿Qué beneficios reciben empresas que contratan excombatientes?

Por Sania Salazar

Un empresario que participa de la iniciativa califica la experiencia como 99% positiva. Las compañías comprometidas reciben incentivos tributarios.

Este fue el trino con que Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, resaltó las bondades que encuentran las empresas en Colombia que decidan participar del posconflicto vinculando entre sus trabajadores a excombatientes.

 

 

Ad portas de que miles de guerrilleros de las Farc se desmovilicen luego de la firma del proceso de paz con el Gobierno, Colombiacheck quiso saber qué tan real y efectivo es ese apoyo del que habla Mitrotti.

El primer paso fue averiguar a qué se refería el director de la ACR cuando usó la palabra “todo”, qué alcance tienen ese “apoyo y acompañamiento” del que habló en su trino.

El asesor de alianzas estratégicas del grupo de Corresponsabilidad de la ACR, Miguel Suárez, fue el vocero de la entidad para este caso.

“El acompañamiento no tiene un solo procedimiento, sino que se diseña de acuerdo con las necesidades de la compañía. De ser necesario disponemos de profesionales que hacen visitas y seguimiento a las personas en su desempeño. Con las empresas determinamos si el seguimiento es semanal, quincenal o mensual. El acompañamiento personalizado es que la empresa sienta que si necesita en algún momento hablar con nosotros sobre la persona que contrató, ahí estamos”, aseguró.

Suárez señaló que hay empresas que contratan personas que se dedican a acompañar el proceso de inserción laboral de desmovilizados y que son el enlace entre las empresas y la ACR para hacer el seguimiento.

“El tiempo que dura ese seguimiento también depende de las necesidades de las empresas, se concerta con ellos, pero nosotros nunca perdemos el nexo, cuando no necesitan el acompañamiento tan personalizado, no es que no vuelvan a saber de nosotros, lo que hacemos es reuniones más periódicas. Podemos garantizar que las empresas no están solas”, enfatizó Suárez.

El funcionario explicó también que buena parte de los 9.745 excombatientes que cuenta en la actualidad con un empleo formal lo consiguieron por su propia iniciativa. En esos casos la ACR interviene con un proceso de sensibilización si al excombatiente lo despiden debido a su condición, lo que ya ha pasado y lo que según Suárez es un reto para la entidad.

La otra manera más expedita de que esta población consiga empleo es que las empresas que tienen algún tipo de acercamiento con la ACR ofrezcan vacantes. En ese caso la Agencia abre la convocatoria y quienes están en el proceso de reintegración pasan por un proceso de selección. El acompañamiento inicia cuando son seleccionados.

¿Qué opinan los empresarios?

Juan Manuel Barrientos, es chef y dueño del restaurante El Cielo, paralelo al cual tiene la Fundación El cielo para todos, en la que capacita y emplea a desplazados, excombatientes, soldados heridos en combate e indígenas.

“La ACR cada tanto viene y hace un chequeo, manda un sicólogo, un trabajador social, para saber cómo va el desmovilizado. Cuando tenemos problemas, los llamamos y ellos responden ahí mismo”, asegura Barrientos, quien además dice que aunque han vivido procesos difíciles con algunos, “la experiencia ha sido positiva en un 99%”.

Colombiacheck contactó a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Panaca, empresas que también contratan excombatientes, para saber cómo ha sido la experiencia, pero aunque insistimos por más de dos semanas, no suministraron la información.

Interesantes beneficios

La Ley 1429 de 2010 de Formalización y Generación de Empleo, estipula en el artículo 10: “Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad”.

Descuentos que aplican por cada nuevo empleo otorgado a una persona perteneciente a estas poblaciones.

A juzgar por la experiencia del chef Barrientos y del constante estímulo tributario no solo es verdadero el apoyo de la ACR a los cerca de 650 empresarios que contratan a excombatientes en el país, sino que sus beneficios son suficientemente tangibles para que la medida sea una opción atractiva para el empresariado colombiano.

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Lunes, 05 Septiembre 2016

Un tuit engañoso de congresista del Centro Democrático puso en vilo a 57 empresas

Por Felipe Chica

No es cierto que 57 empresas mencionadas en un estudio académico tengan que responder ante “un tribunal creado por el grupo guerrillero (Farc)” como lo publicó en su cuenta de Twitter Carlos Felipe Mejía, senador caldense del Centro Democrático.

Para comprender que tan cierta y genuina es la preocupación del senador Carlos Felipe Mejía sobre las 57 empresas mencionadas en su trino del pasado lunes 29 de agosto, Colombiacheck buscó al congresista del Centro Democrático para conocer la fuente de su información pero no obtuvo respuesta.

 

 

Sin embargo, una columna de Yohir Akerman, publicada en El Espectador el sábado 3 de septiembre y titulada: “Desinformación”, explica cuál es la fuente del listado de empresas y traza la ruta que usaron los opositores a la paz para convertir un trabajo académico en ‘munición’ contra el Acuerdo Final.

Dice Akerman que “el 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc” y agrega más adelante que “el listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado”.

Akerman termina aclarando que el listado “fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional”.

Además, el columnista revela que el autor del estudio “fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal”.

Trino sin evidencia

Con la fuente de la información aclarada, Colombiacheck revisó los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, así como los antecedentes de algunas empresas mencionadas en su trino.

Lo primero que debemos decir es que en la página 134 del Acuerdo Final viene el apartado que desarrolla la JEP, allí en el artículo 32 del capítulo II, dice: “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.

Así que es cierto o al menos probable que algunos casos de financiación de grupos paramilitares puedan terminar llegando a esta jurisdicción especial. Lo que no es verdad es que existan casos judiciales o investigaciones en proceso ante la JEP para las 57 empresas que hizo públicas el senador Mejía en su trino.

Dicho listado es un anexo al estudio académico que circuló el 18 de julio pasado a través de un artículo publicado en el portal Razón Pública con el objetivo de “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Por eso no se puede afirmar que quienes aparecen allí nombrados terminarán compareciendo ante la JEP, tal como lo aclaró a los medios el viernes pasado mismo Nestor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que (las 57 empresas) deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, sentenció Martínez.

En este sentido Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia transicional, había dado una explicación bastante clara cuando dijo que tanto empresarios como actores directos de crímenes de lesa humanidad tendrán un tratamiento punitivo en relación a la dosis de verdad que entreguen al país; en sus palabras “a más verdad menos pena”.

Por su parte, Humberto de Calle, negociador plenipotenciario por el gobierno en La Habana, afirmó que no aplicará para aquellos que “participaron de forma coaccionada –obligados bajo amenaza– sino aquellos que jugaron un papel sistemático en la colaboración con violaciones de derechos humanos”, cuyos casos serán analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, como relató el portal Verdad Abierta “que (cada uno de los casos) los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una condena, pues muchos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia”.

Entre las empresas relacionadas en el trino del senador se encuentra la multinacional Drummond salpicada por el caso del excontratista Jaime Blanco Maya a quien la Fiscalía profirió resolución de acusación en el 2012 por la desaparición del sindicalista Hugo Manuel Guerra Cabrera.

La empresa antioqueña Argos, que según Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, no pudo demostrar, que la adquisición proveniente de terceros del predio con matrícula inmobiliaria No. 062-22049 en este departamento, se hizo bajo el principio de “buena fe”. Por lo que esta instancia ordenó la devolución del predio al señor Uriel Uribe Lambraño Carmona quien luego de la masacre del Salado se desplazó con su familia.

Entre los hechos que implican a la empresa Indupalma se encuentra la desaparición del Luis Arnulfo Restrepo Sora que se desempañaba como vigilante de esta empresa en el departamento del Cesar.

El trino del senador Mejía, como muchos otros de opositores al proceso de paz, generó un fuerte debate en las redes sociales, pero sobre todo, como ya lo ha venido señalando Colombiacheck, sirvió para desinformar y confundir a los colombianos por ser engañoso.

*Felipe Chica es un periodista pereirano que tomó el taller sobre la metodología de Colombiacheck la semana pasada en Medellín, convirtiéndose en el primer corresponsal de este medio digital.