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Cuestionable

Miércoles, 28 Abril 2021

Reducción de homicidios de excombatientes que presentó la canciller Blum en la ONU es cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

La ministra de Relaciones Exteriores presentó una disminución de estos asesinatos con base en datos oficiales, pero otras fuentes, entre ellas la Misión de Verificación de Naciones Unidas, tienen cifras diferentes.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, afirmó que “en 2020, los homicidios [de excombatientes de las FARC] disminuyeron 10,8 por ciento frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51 % frente al mismo período del año pasado”.

Fue la reunión en la que dijo que “debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”, una acusación sin pruebas y contradictoria con su propia tesis de que son esos grupos los responsables de los asesinatos. Tan criticado fue su señalamiento, que al día siguiente tuvo que matizarlo (sin echarlo del todo para atrás) en un comunicado conjunto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Colombiacheck le preguntó a su equipo de prensa por la fuente de las cifras sobre la reducción de homicidios y otras victimizaciones contra excombatientes, para verificar su veracidad. La respuesta fue que la información salió precisamente de la consejería anteriormente mencionada, que a su vez la obtuvo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al seguir esa pista, algunos de los números empezaron a variar. Además, otras fuentes registran reducciones distintas, incluso superiores en algunos casos, a las presentadas por la canciller. Esta mezcla de datos imprecisos y otros ciertos pero discutibles hace que sus declaraciones sean cuestionables.

Homicidios 2020 vs. 2019

Distintas fuentes coinciden en que sí hubo una reducción de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC en 2020 frente a 2019. No obstante, la magnitud de esa disminución varía en un rango amplio según a quién se le pregunte.

El 10,8 % que presentó Blum ante el Consejo de Seguridad, en efecto, coincide con un comunicado que la Consejería para la Estabilización publicó dos días antes, el 19 de abril de 2021. Colombiacheck confirmó con el área de comunicaciones de esta dependencia que sus fuentes habían sido Policía y Fiscalía.

Estas dos entidades también fueron contactadas. Sin embargo, hasta el momento de publicar este chequeo, no habían contestado si sus datos coincidían con los publicados por el gobierno.

En todo caso, otras fuentes tienen información diferente. Entre ellas está, justamente, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. De acuerdo con el informe trimestral que entregó la misión con corte hasta el final de marzo de 2021, el año anterior se presentaron 73 asesinatos de exintegrantes de la guerrilla frente a 78 casos en 2019.

Esta disminución de cinco asesinatos equivale a 6,4 % frente a 2019. O sea que es inferior a la que dijo Blum por 4,4 puntos porcentuales.

Además, en una actualización posterior se descartó un caso de 2019 y se verificó uno adicional de 2020, con lo que los datos respectivos quedaron en 77 y 74 personas en proceso de reincorporación asesinadas. Por tanto, la reducción fue solo del 3,9 %.

“La Misión trabaja tripartitamente con la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y el partido Comunes [surgido de la antigua guerrilla] en la verificación constante de los casos”, explicó la oficial de información pública de la delegación, Jennifer Moreno. Detalló que, según las investigaciones, el homicidio restado de 2019 correspondía en realidad a “una confusión de nombre y cédula” con una persona que no era excombatiente; mientras que la adición del 2020 se refiere a un caso que antes estaba desaparecido y “solo hasta ahora se obtuvo el acta de levantamiento del cadáver”.

Entre tanto, la comparación entre los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) para esos años apunta a una caída mucho mayor. A pesar de esto, las estadísticas de la oenegé tampoco coinciden con las que mostró Blum en la ONU.

El abogado experto en derechos humanos Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del instituto, señaló que “desde que se suscribió el acuerdo hasta hoy [26 de abril], 271 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia”. De estos homicidios, 81 ocurrieron en 2019 y otros 67, en 2020. La reducción fue de 17,3 %; 6,5 puntos porcentuales más que la presentada por la canciller.

El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, marca una caída incluso más grande entre 2019 y 2020, según datos que publicó el diario El Tiempo el 24 de abril de 2021. En 2019 registró 86 casos, que bajaron a 70 al año siguiente. Esto es 18,6 % menos. No obstante, de nuevo, la cifra es muy lejana a la que dio la ministra.

En cuanto a los registros que lleva Comunes, los datos que entregó su equipo de derechos humanos para esta verificación muestran que los asesinatos en 2019 fueron 83 y en 2020 bajaron a 64 casos. Por tanto, la reducción fue del 22,9 %, más del doble de lo que declaró la funcionaria del gobierno.

Al no haber una estadística clara, con diferencias tan amplias entre las diferentes fuentes, Colombiacheck califica la cifra de Blum como cuestionable. Todas coinciden en que hubo una reducción. Varias dan resultados incluso muy superiores. No obstante, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que tiene el mandato explícito de vigilar el cumplimiento de las garantías de seguridad en virtud del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, marca una disminución muy inferior a la presentada por Blum.

Victimizaciones 2020 vs. 2021

Por “victimizaciones”, el equipo de prensa de la Cancillería detalló que se hace referencia a “los tres tipos de delitos contra las personas en reincorporación que son investigados por la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación: homicidios, desapariciones y atentados de homicidio”. El problema en este caso es que su propia fuente dio una cifra ligeramente distinta.

El comunicado ya citado de la Consejería para la Estabilización no decía que la reducción fuera del 51 %, como señaló Blum, sino del 46,7 %. Esto es 4,3 puntos menos.

Como la ministra había dicho que sus datos eran “en lo corrido de 2021” y había tres días de diferencia entre los dos pronunciamientos del gobierno, Colombiacheck indagó por las fechas de corte de ambas entidades para saber si estas podían explicar la diferencia. Sin embargo, en ambos casos contestaron que era el 13 de abril de 2021.

Los datos de la consejería para 2020 eran de 30 hechos victimizantes frente a 16 sucedidos en 2021. Esto confirma su cálculo de 46,7 %, dato inferior al de la canciller.

Además hay que tener en cuenta que esta cifra viene acompañada de una observación y es que, al contrastar con la información de Comunes, hacía falta contar el asesinato de José Bolívar Yonda Casawachin, ocurrido el 17 de febrero de 2020. Al tomarlo en cuenta, la reducción sube a 48,4 % pero tampoco alcanza al dato de la ministra.

Por otro lado, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck las siguientes cifras con corte al 27 de abril:

  • 23 homicidios verificados en los que va de 2021, el mismo número que iba hasta la misma fecha de 2020.
  • 3 tentativas de homicidio en 2021, frente a 9 verificadas en el mismo periodo del año anterior.
  • Ninguna desaparición hasta el momento en 2021, cuando ya había una con verificación en 2020.

Así, al pasar de 33 a 26 victimizaciones, la reducción es de 21,2 %. Esto es menos de la mitad de lo que presentó el gobierno ante la ONU.

Hay que tener en cuenta que el corte en los datos de la misión se hizo dos semanas después que en los de Cancillería. No obstante, el hecho de que también haya diferencia con la Consejería de Estabilización, su propia fuente, hace cuestionable el dato a pesar de que sí haya habido disminución en los casos.

Actualización 29 de abril de 2021, 8:00 p. m.

Al día siguiente de la publicación de esta nota, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck la explicación sobre la cifras más recientes de la ONU con un caso menos en 2019 y uno más en 2020. frente a las que aparecían en el último informe trimestral. Con estos nuevos datos, añadimos un par de párrafos al respecto. Esto no cambia la calificación y, por el contrario, reafirma la diferencia entre esta fuente y las estadísticas presentadas por el gobierno al Consejo de Seguridad y a la opinión pública.

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Lunes, 05 Octubre 2020

"Denuncias contra Maduro fueron confirmadas por la ONU"

Por José Felipe Sarmiento

Este es uno de los chequeos a la intervención del presidente, Iván Duque, ante la 75ª Asamblea General de la ONU.

En su discurso del 22 de septiembre ante la máxima instancia de la Organización de Naciones Unidas, Duque afirmó que “las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Nicolás Maduro en Venezuela], las que denunciamos en nuestro país y las que hemos denunciado en los foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional [CPI], han sido confirmadas recientemente por la ONU”.

El 26 de septiembre de 2018, los gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Canadá enviaron una carta a la CPI en la que pedían abrir una investigación sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio desde febrero de 2014, durante el gobierno de Maduro, para “determinar si una o más personas específicas deberían ser acusadas”. Además, Duque lideró un grupo de congresistas colombianos y chilenos que ya le habían presentado una petición similar al tribunal en julio de 2017.

La frase es verdadera porque una misión independiente de la ONU sí presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo el 15 de septiembre, en el que se concluye que hay “motivos razonables para creer” que Venezuela ha sido escenario de ese tipo de actos.

Según la reciente declaración, han ocurrido encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y desapariciones forzadas que se habrían cometido “en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”. Por tanto, considera que cumplen con los criterios que establece el Estatuto de Roma, que rige a la CPI, para determinar que son crímenes de lesa humanidad.

La carta de los presidentes Iván Duque, Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Martín Vizcarra, Mario Abdo Benítez y el primer ministro Justin Trudeau contenía la misma lista de señalamientos con base en tres fuentes. La principal era un informe de expertos internacionales elaborado en mayo de 2018 con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que le pedían al tribunal tener en cuenta.

Pero los mandatarios también citaban un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en diciembre de 2017 y otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) de junio de 2018. Este último incluía “violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014”.

Aunque el alto comisionado de ese entonces, Zeid Ra’ad Al Hussein, todavía no catalogaba esos actos como crímenes de lesa humanidad, su informe sí motivó a que la Asamblea General de la ONU emitiera una resolución en la que le pidió a su sucesora, Michelle Bachelet, la elaboración de nuevos reportes sobre el país para los años siguientes. Esto ocurrió el mismo día que Duque y los demás jefes de Gobierno enviaron su remisión del caso a la Corte.

No obstante, el reciente informe de la misión independiente es el primero en el marco de la ONU que se refiere a las violaciones de derechos humanos bajo el gobierno de Maduro como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, se puede decir que sí “confirmó” lo que Duque ha denunciado.

Entre tanto, el proceso en la CPI (que no es parte de las Naciones Unidas sino una institución aparte, como está descrita en un explicador) todavía está en examen preliminar. Esto quiere decir que no se ha abierto la investigación pedida por Colombia y compañía. Tampoco existe un plazo perentorio para abrirla, aunque el informe sobre los avances hasta diciembre de 2019 anunciaba que en 2020 terminaría la evaluación sobre la competencia del tribunal, que precisamente implica determinar que hay “fundamento razonable para creer” que se cometieron crímenes de lesa humanidad u otros cobijados por el Estatuto.

Además, la eventual apertura de una investigación depende de otros dos factores. Uno es la admisibilidad, que evalúa si el Estado está ejecutando las acciones judiciales pertinentes con voluntad y capacidad de hacerlo de forma eficaz e imparcial o si, por el contrario, hay un riesgo de impunidad. El otro es el interés de la justicia, que revisa la gravedad de las conductas en términos del número de víctimas u otras consecuencias e incluso tiene en cuenta la edad y la salud del presunto autor para decidir si vale la pena seguir adelante.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, tomó la decisión de abrir el expediente sobre Venezuela en febrero de 2018, siete meses antes de la remisión de los estados americanos. En ese entonces, aseguró que le estaba haciendo seguimiento a la situación venezolana desde 2016 y anunció que analizaría hechos sucedidos por lo menos desde abril de 2017.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró.

Después de recibir la remisión de los seis países en septiembre de 2018, la misma Bensouda dijo que el examen sobre Venezuela seguiría “su curso normal”. Esa solicitud solo podría acelerar el proceso si la fiscal decide abrir la investigación formal con base en esa denuncia, porque así no tendría que pedir el aval de la Sala de Cuestiones Preliminares como si lo hiciera de oficio; pero el penalista y defensor de derechos humanos Élmer Montaña aclara que ella tiene autonomía para escoger cualquiera de los dos caminos.

Adicionalmente, la institución le dio inicio a un segundo examen sobre Venezuela en febrero de 2020, luego de que el mismo gobierno de Maduro envió una remisión en la que responsabiliza a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en el territorio venezolano. Por ahora permanecen como expedientes separados, aunque podrían unificarse. Montaña explica que esto depende de principios del derecho como la unidad probatoria: “si las pruebas, los tiempos, los lugares, las víctimas y otras circunstancias son iguales, no tiene sentido llevar dos procesos aparte”.

De modo que el nuevo informe sí confirmó que hay motivos para creer en las denuncias de Duque sobre la situación en Venezuela. Ahora falta ver qué determina la CPI al respecto en su proceso independiente sobre el caso.