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Cuestionable

Miércoles, 28 Abril 2021

Reducción de homicidios de excombatientes que presentó la canciller Blum en la ONU es cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

La ministra de Relaciones Exteriores presentó una disminución de estos asesinatos con base en datos oficiales, pero otras fuentes, entre ellas la Misión de Verificación de Naciones Unidas, tienen cifras diferentes.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, afirmó que “en 2020, los homicidios [de excombatientes de las FARC] disminuyeron 10,8 por ciento frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51 % frente al mismo período del año pasado”.

Fue la reunión en la que dijo que “debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”, una acusación sin pruebas y contradictoria con su propia tesis de que son esos grupos los responsables de los asesinatos. Tan criticado fue su señalamiento, que al día siguiente tuvo que matizarlo (sin echarlo del todo para atrás) en un comunicado conjunto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Colombiacheck le preguntó a su equipo de prensa por la fuente de las cifras sobre la reducción de homicidios y otras victimizaciones contra excombatientes, para verificar su veracidad. La respuesta fue que la información salió precisamente de la consejería anteriormente mencionada, que a su vez la obtuvo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al seguir esa pista, algunos de los números empezaron a variar. Además, otras fuentes registran reducciones distintas, incluso superiores en algunos casos, a las presentadas por la canciller. Esta mezcla de datos imprecisos y otros ciertos pero discutibles hace que sus declaraciones sean cuestionables.

Homicidios 2020 vs. 2019

Distintas fuentes coinciden en que sí hubo una reducción de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC en 2020 frente a 2019. No obstante, la magnitud de esa disminución varía en un rango amplio según a quién se le pregunte.

El 10,8 % que presentó Blum ante el Consejo de Seguridad, en efecto, coincide con un comunicado que la Consejería para la Estabilización publicó dos días antes, el 19 de abril de 2021. Colombiacheck confirmó con el área de comunicaciones de esta dependencia que sus fuentes habían sido Policía y Fiscalía.

Estas dos entidades también fueron contactadas. Sin embargo, hasta el momento de publicar este chequeo, no habían contestado si sus datos coincidían con los publicados por el gobierno.

En todo caso, otras fuentes tienen información diferente. Entre ellas está, justamente, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. De acuerdo con el informe trimestral que entregó la misión con corte hasta el final de marzo de 2021, el año anterior se presentaron 73 asesinatos de exintegrantes de la guerrilla frente a 78 casos en 2019.

Esta disminución de cinco asesinatos equivale a 6,4 % frente a 2019. O sea que es inferior a la que dijo Blum por 4,4 puntos porcentuales.

Además, en una actualización posterior se descartó un caso de 2019 y se verificó uno adicional de 2020, con lo que los datos respectivos quedaron en 77 y 74 personas en proceso de reincorporación asesinadas. Por tanto, la reducción fue solo del 3,9 %.

“La Misión trabaja tripartitamente con la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y el partido Comunes [surgido de la antigua guerrilla] en la verificación constante de los casos”, explicó la oficial de información pública de la delegación, Jennifer Moreno. Detalló que, según las investigaciones, el homicidio restado de 2019 correspondía en realidad a “una confusión de nombre y cédula” con una persona que no era excombatiente; mientras que la adición del 2020 se refiere a un caso que antes estaba desaparecido y “solo hasta ahora se obtuvo el acta de levantamiento del cadáver”.

Entre tanto, la comparación entre los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) para esos años apunta a una caída mucho mayor. A pesar de esto, las estadísticas de la oenegé tampoco coinciden con las que mostró Blum en la ONU.

El abogado experto en derechos humanos Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del instituto, señaló que “desde que se suscribió el acuerdo hasta hoy [26 de abril], 271 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia”. De estos homicidios, 81 ocurrieron en 2019 y otros 67, en 2020. La reducción fue de 17,3 %; 6,5 puntos porcentuales más que la presentada por la canciller.

El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, marca una caída incluso más grande entre 2019 y 2020, según datos que publicó el diario El Tiempo el 24 de abril de 2021. En 2019 registró 86 casos, que bajaron a 70 al año siguiente. Esto es 18,6 % menos. No obstante, de nuevo, la cifra es muy lejana a la que dio la ministra.

En cuanto a los registros que lleva Comunes, los datos que entregó su equipo de derechos humanos para esta verificación muestran que los asesinatos en 2019 fueron 83 y en 2020 bajaron a 64 casos. Por tanto, la reducción fue del 22,9 %, más del doble de lo que declaró la funcionaria del gobierno.

Al no haber una estadística clara, con diferencias tan amplias entre las diferentes fuentes, Colombiacheck califica la cifra de Blum como cuestionable. Todas coinciden en que hubo una reducción. Varias dan resultados incluso muy superiores. No obstante, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que tiene el mandato explícito de vigilar el cumplimiento de las garantías de seguridad en virtud del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, marca una disminución muy inferior a la presentada por Blum.

Victimizaciones 2020 vs. 2021

Por “victimizaciones”, el equipo de prensa de la Cancillería detalló que se hace referencia a “los tres tipos de delitos contra las personas en reincorporación que son investigados por la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación: homicidios, desapariciones y atentados de homicidio”. El problema en este caso es que su propia fuente dio una cifra ligeramente distinta.

El comunicado ya citado de la Consejería para la Estabilización no decía que la reducción fuera del 51 %, como señaló Blum, sino del 46,7 %. Esto es 4,3 puntos menos.

Como la ministra había dicho que sus datos eran “en lo corrido de 2021” y había tres días de diferencia entre los dos pronunciamientos del gobierno, Colombiacheck indagó por las fechas de corte de ambas entidades para saber si estas podían explicar la diferencia. Sin embargo, en ambos casos contestaron que era el 13 de abril de 2021.

Los datos de la consejería para 2020 eran de 30 hechos victimizantes frente a 16 sucedidos en 2021. Esto confirma su cálculo de 46,7 %, dato inferior al de la canciller.

Además hay que tener en cuenta que esta cifra viene acompañada de una observación y es que, al contrastar con la información de Comunes, hacía falta contar el asesinato de José Bolívar Yonda Casawachin, ocurrido el 17 de febrero de 2020. Al tomarlo en cuenta, la reducción sube a 48,4 % pero tampoco alcanza al dato de la ministra.

Por otro lado, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck las siguientes cifras con corte al 27 de abril:

  • 23 homicidios verificados en los que va de 2021, el mismo número que iba hasta la misma fecha de 2020.
  • 3 tentativas de homicidio en 2021, frente a 9 verificadas en el mismo periodo del año anterior.
  • Ninguna desaparición hasta el momento en 2021, cuando ya había una con verificación en 2020.

Así, al pasar de 33 a 26 victimizaciones, la reducción es de 21,2 %. Esto es menos de la mitad de lo que presentó el gobierno ante la ONU.

Hay que tener en cuenta que el corte en los datos de la misión se hizo dos semanas después que en los de Cancillería. No obstante, el hecho de que también haya diferencia con la Consejería de Estabilización, su propia fuente, hace cuestionable el dato a pesar de que sí haya habido disminución en los casos.

Actualización 29 de abril de 2021, 8:00 p. m.

Al día siguiente de la publicación de esta nota, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck la explicación sobre la cifras más recientes de la ONU con un caso menos en 2019 y uno más en 2020. frente a las que aparecían en el último informe trimestral. Con estos nuevos datos, añadimos un par de párrafos al respecto. Esto no cambia la calificación y, por el contrario, reafirma la diferencia entre esta fuente y las estadísticas presentadas por el gobierno al Consejo de Seguridad y a la opinión pública.

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Falso

Lunes, 01 Marzo 2021

Es falso que todas las secretarías de la Alcaldía de Medellín trabajen para partido Farc

Por Ana María Saavedra

Foto de Rodrigo Londoño con el Secretario de la No-Violencia de Medellín fue en el marco de novenas navideñas para hijos de excombatientes en la Casa del Común de Medellín. 

En Facebook circula una publicación que asegura: “¡ MUY GRAVE! Todas las secretarias de la Alcaldia Dichosas trabajando para el partido Farc. Ahora las Farc son los articuladores de la instrumentalización del acuerdo de Quintero Calle con la Criminalidad de Medellín, para que no sean extraditados y los destinó en gestores de Paz. ¿Que te parece esta desfachatez? Foto: secretario de la "no violencia" Juan D. Upegui. PARA QUE LAS FARC NO VENGAN A GOBERNAR NUESTRA CIUDAD TU VOTO A LA REVOCATORIA DAR” (sic). 

El mensaje se encuentra acompañado, además, de una fotografía de Rodrigo Londoño Echeverri, anteriormente conocido como “Timochencko”, presidente del partido político Comunes (llamado anteriormente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc), y el secretario de la No-Violencia de Medellín, Juan Carlos Upegui Vanegas, chocando los puños junto a un pendón del partido político Farc.

La foto y su descripción fue publicada originalmente en el grupo “Más Medellín”, que pertenece a una página promotora de la revocatoria de mandato al alcalde Daniel Quintero liderada por Alejandro Posada, exedil de la comuna 12 de Medellín por el partido Centro Democrático. 

En una plataforma a la que tenemos acceso gracias a una alianza con Facebook para combatir la desinformación encontramos que esta frase ha sido compartida por más de 2.600 personas y vista por más de 80.000 desde el pasado 2 de noviembre hasta la fecha. Aparte de esto, la foto, con un mensaje similar, fue publicada en Twitter.  Por esa razón en Colombiachek decidimos verificarla y encontramos que es falsa.

Para realizar este chequeo verificamos y pusimos en contexto tanto la foto como las afirmaciones de la publicación de Facebook.  

Respecto a la fotografía del secretario de despacho Upegui y el líder exguerrillero Londoño, el equipo de prensa del Secretario informó a Colombiacheck que esta fue tomada en el marco de las novenas navideñas que realizó el Partido Comunes para los hijos e hijas de los excombatientes en diciembre del año pasado, en la Casa del Común, en Medellín. 

La Alcaldía de la ciudad apoyó el evento con regalos para los niños y niñas y realizaron acompañamiento logístico. “El proyecto de Paz y Reconciliación proyecta trabajar con firmantes de la paz (reincorporados) y por ello se llevan a cabo estas actividades, las cuales a futuro se seguirán realizando con este partido y con otros individuos y grupos que se comprometan a la protección de la vida y la construcción de paz”, nos respondieron desde el equipo de prensa de la Secretaría.

La imagen había sido publicada en la cuenta de Twitter de Upegui el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, esta foto no prueba las afirmaciones del post de que el partido Farc gobierna en Medellín.

Entre tanto, el mensaje mezcla datos falsos con informaciones no probadas para decir que las Farc gobiernen en Medellín y pedir la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Calle.  

En ese sentido, el partido político Farc, ahora llamado Comunes, es un partido reconocido y que tras el acuerdo de paz tiene asiento en el Congreso. 

“El partido político tiene presencia en Medellín y debe ser contemplado dentro de la agenda de la Alcaldía, y está en todas las agendas de alcaldías y gobernaciones de Colombia, porque estos procesos de paz y reintegración tienen presencia territorial. No nos ha de extrañar que una secretaría de la No-Violencia hable con estos actores”, le explicó a Colombiacheck Andrés Felipe Lopera Becerra, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

Lopera agrega que existe un cruce de actores en la cadena criminal del Valle de Aburrá, algunos son de alcance nacional como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero otros de alcance regional como Los Caparros, Los Pachelly y la Oficina de Envigado. 

“Hay una multiplicidad de actores para la articulación criminal, pero existe una diferencia fundamental entre un partido político que antes era un grupo subversivo, se desmovilizó e hizo un acuerdo de paz; y las disidencias y los grupos residuales”, asegura el investigador en Seguridad. 

En Antioquia, por ejemplo, existen disidencias principalmente en los municipios de Ituango y Peque, del frente 18 Román Ruiz, y grupos residuales del frente 36 y Los Cabuyos, que de acuerdo con el experto, han tenido relación profunda con actores de municipios más urbanos como Bello (con Los Pachelly), pero también tienen presencia en Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Peque, Yarumal. “Ellos sí han estado articulados a las lógicas de la confrontación con la criminalidad en el Valle de Aburrá”, precisó Lopera. 

Para el docente investigador sería un error la asociación de las agendas políticas dentro de un partido que está en pos de terminar su proceso de reinserción a la sociedad civil con la criminalidad de Medellín.

“No hemos conocido hasta ahora un acuerdo del gobierno de Quintero con la criminalidad. Tampoco se han esclarecido los rumores de administraciones anteriores donde se haya dicho que existió un pacto de fusil”, afirma el docente Andrés Felipe Lopera. “Sin embargo, hay que recordar que muchas de las lógicas del crimen organizado son Estadocéntricas, es decir, se aproximan al obrar del Estado para que se omitan acciones o presionar para subir o bajar indicadores”, explicó. 

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Antioquia, tendría que existir un caso penal para probar los nexos con actores específicos, como fue el caso del primer secretario de Seguridad de la administración de Federico Gutiérrez, Gustavo Alberto Villegas Restrepo, inhabilitado por la Personería de Medellín para ejercer cargos públicos por 16 años y condenado a 33 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad, por omisión de denuncia y abuso de función pública, por una presunta relación con la Oficina de Envigado y no denunciar una extorsión de la que habría sido víctima su familia. 

Por otra parte, de acuerdo con el equipo de prensa de la Alcaldía de Medellín, si bien es cierto que la Secretaría de la No-Violencia desarrolla procesos en el marco del proyecto de Paz y Reconciliación con población reincorporada, entre ellos, exguerrilleros miembros del partido Comunes; también incluye dentro de este proyecto a excombatientes de otros grupos ilegales extintos o vigentes. Además, a víctimas del conflicto armado, y población privada de la libertad, pospenada y en riesgo, y con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

“En este proyecto estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, para todo lo relacionado con autonomía económica. Claro está que con el Partido Comunes hacemos principalmente procesos y actividades en el marco de la Paz y la Reconciliación”, declaró la Secretaría de la No-Violencia. 

Todas las secretarias trabajando para el partido Farc

Para verificar esta afirmación consultamos al magíster en Ciencia Política Juan Carlos Escobar Escobar, también investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien opinó que el peso político del partido Comunes en general es muy pequeño tanto en el país como en Medellín. 

“Tuvieron 2.476 votos en las elecciones pasadas, no les dio el umbral para alcanzar curules, son una fuerza política minoritaria en la ciudad y hasta cierto punto despreciada por los partidos de corte independiente o de izquierda que vieron con malos ojos una coalición”, afirmó el docente. “No creo que tenga alguna injerencia en ninguna secretaría, es equívoca esa afirmación en una ciudad como Medellín donde ha habido un desprecio muy grande por lo que fue esta guerrilla. Pese a que el alcalde tiene nexos con políticos del orden nacional o departamental, el partido Comunes no hizo parte de la coalición que lo llevó al poder”. 

Por otra parte, de acuerdo con un informe del periódico El Colombiano del 13 de septiembre de 2020, algunos de los secretarios de despacho tienen nexos lazos políticos con partidos tradicionales, como el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, con el Partido Liberal; la secretaria Privada, María Camila Villamizar, con Cambio Radical (por su relación con David Luna, exministro de las TIC) y el secretario de Gestión y Control Territorial Carlos Mario Montoya, con el partido Conservador. 

Asimismo, el nombramiento del propio Juan Carlos Upegui en la nueva Secretaría de la No Violencia, creada por la administración de Quintero, no ha sido relacionado en ningún momento con el partido Comunes. Al contrario, las críticas de diversos sectores han sido por nepotismo, pues se trata del primo de la gestora social y esposa del alcalde, Diana Osorio Vanegas, como se ha publicado en medios de comunicación como El Tiempo y La Silla Vacía, entre otros.

Así que, más que las secretarías estén trabajando para el “partido Farc”, como señala la publicación de Facebook, se evidencia que el ajedrez político de Medellín se divide entre los familiares de la gestora social y esposa de Quintero Calle y otros partidos tradicionales.

En cuanto a la afirmación de que los miembros del partido Comunes (antes Farc) no serán extraditados y fueron destinados como gestores de paz, es la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en materia de justicia por el Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, firmado el 26 de septiembre de 2016; y no ningún ente ejecutivo local, la que establece que no habrá extradición para excombatientes de la extinta guerrilla que se sometieron a partir de ese año al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.  

Por su parte, el Plan de Desarrollo municipal Medellín Futuro 2020-2023 no contempla la figura de gestor de paz en ninguno de sus programas y proyectos, como sí lo hizo su antecesor Medellín Cuenta con Vos 2016-2019 de la Alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga. 

Por tal motivo, calificamos de falsa la publicación compartida en redes sociales.