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Cuestionable

Miércoles, 28 Abril 2021

Reducción de homicidios de excombatientes que presentó la canciller Blum en la ONU es cuestionable

Por José Felipe Sarmiento

La ministra de Relaciones Exteriores presentó una disminución de estos asesinatos con base en datos oficiales, pero otras fuentes, entre ellas la Misión de Verificación de Naciones Unidas, tienen cifras diferentes.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, afirmó que “en 2020, los homicidios [de excombatientes de las FARC] disminuyeron 10,8 por ciento frente a 2019. Y en lo corrido de 2021, el total de victimizaciones ha caído 51 % frente al mismo período del año pasado”.

Fue la reunión en la que dijo que “debe considerarse la existencia de disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político”, una acusación sin pruebas y contradictoria con su propia tesis de que son esos grupos los responsables de los asesinatos. Tan criticado fue su señalamiento, que al día siguiente tuvo que matizarlo (sin echarlo del todo para atrás) en un comunicado conjunto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Colombiacheck le preguntó a su equipo de prensa por la fuente de las cifras sobre la reducción de homicidios y otras victimizaciones contra excombatientes, para verificar su veracidad. La respuesta fue que la información salió precisamente de la consejería anteriormente mencionada, que a su vez la obtuvo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional y la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, al seguir esa pista, algunos de los números empezaron a variar. Además, otras fuentes registran reducciones distintas, incluso superiores en algunos casos, a las presentadas por la canciller. Esta mezcla de datos imprecisos y otros ciertos pero discutibles hace que sus declaraciones sean cuestionables.

Homicidios 2020 vs. 2019

Distintas fuentes coinciden en que sí hubo una reducción de los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC en 2020 frente a 2019. No obstante, la magnitud de esa disminución varía en un rango amplio según a quién se le pregunte.

El 10,8 % que presentó Blum ante el Consejo de Seguridad, en efecto, coincide con un comunicado que la Consejería para la Estabilización publicó dos días antes, el 19 de abril de 2021. Colombiacheck confirmó con el área de comunicaciones de esta dependencia que sus fuentes habían sido Policía y Fiscalía.

Estas dos entidades también fueron contactadas. Sin embargo, hasta el momento de publicar este chequeo, no habían contestado si sus datos coincidían con los publicados por el gobierno.

En todo caso, otras fuentes tienen información diferente. Entre ellas está, justamente, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. De acuerdo con el informe trimestral que entregó la misión con corte hasta el final de marzo de 2021, el año anterior se presentaron 73 asesinatos de exintegrantes de la guerrilla frente a 78 casos en 2019.

Esta disminución de cinco asesinatos equivale a 6,4 % frente a 2019. O sea que es inferior a la que dijo Blum por 4,4 puntos porcentuales.

Además, en una actualización posterior se descartó un caso de 2019 y se verificó uno adicional de 2020, con lo que los datos respectivos quedaron en 77 y 74 personas en proceso de reincorporación asesinadas. Por tanto, la reducción fue solo del 3,9 %.

“La Misión trabaja tripartitamente con la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía y el partido Comunes [surgido de la antigua guerrilla] en la verificación constante de los casos”, explicó la oficial de información pública de la delegación, Jennifer Moreno. Detalló que, según las investigaciones, el homicidio restado de 2019 correspondía en realidad a “una confusión de nombre y cédula” con una persona que no era excombatiente; mientras que la adición del 2020 se refiere a un caso que antes estaba desaparecido y “solo hasta ahora se obtuvo el acta de levantamiento del cadáver”.

Entre tanto, la comparación entre los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) para esos años apunta a una caída mucho mayor. A pesar de esto, las estadísticas de la oenegé tampoco coinciden con las que mostró Blum en la ONU.

El abogado experto en derechos humanos Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos del instituto, señaló que “desde que se suscribió el acuerdo hasta hoy [26 de abril], 271 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia”. De estos homicidios, 81 ocurrieron en 2019 y otros 67, en 2020. La reducción fue de 17,3 %; 6,5 puntos porcentuales más que la presentada por la canciller.

El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, marca una caída incluso más grande entre 2019 y 2020, según datos que publicó el diario El Tiempo el 24 de abril de 2021. En 2019 registró 86 casos, que bajaron a 70 al año siguiente. Esto es 18,6 % menos. No obstante, de nuevo, la cifra es muy lejana a la que dio la ministra.

En cuanto a los registros que lleva Comunes, los datos que entregó su equipo de derechos humanos para esta verificación muestran que los asesinatos en 2019 fueron 83 y en 2020 bajaron a 64 casos. Por tanto, la reducción fue del 22,9 %, más del doble de lo que declaró la funcionaria del gobierno.

Al no haber una estadística clara, con diferencias tan amplias entre las diferentes fuentes, Colombiacheck califica la cifra de Blum como cuestionable. Todas coinciden en que hubo una reducción. Varias dan resultados incluso muy superiores. No obstante, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que tiene el mandato explícito de vigilar el cumplimiento de las garantías de seguridad en virtud del Acuerdo Final de Paz del Teatro Colón, marca una disminución muy inferior a la presentada por Blum.

Victimizaciones 2020 vs. 2021

Por “victimizaciones”, el equipo de prensa de la Cancillería detalló que se hace referencia a “los tres tipos de delitos contra las personas en reincorporación que son investigados por la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación: homicidios, desapariciones y atentados de homicidio”. El problema en este caso es que su propia fuente dio una cifra ligeramente distinta.

El comunicado ya citado de la Consejería para la Estabilización no decía que la reducción fuera del 51 %, como señaló Blum, sino del 46,7 %. Esto es 4,3 puntos menos.

Como la ministra había dicho que sus datos eran “en lo corrido de 2021” y había tres días de diferencia entre los dos pronunciamientos del gobierno, Colombiacheck indagó por las fechas de corte de ambas entidades para saber si estas podían explicar la diferencia. Sin embargo, en ambos casos contestaron que era el 13 de abril de 2021.

Los datos de la consejería para 2020 eran de 30 hechos victimizantes frente a 16 sucedidos en 2021. Esto confirma su cálculo de 46,7 %, dato inferior al de la canciller.

Además hay que tener en cuenta que esta cifra viene acompañada de una observación y es que, al contrastar con la información de Comunes, hacía falta contar el asesinato de José Bolívar Yonda Casawachin, ocurrido el 17 de febrero de 2020. Al tomarlo en cuenta, la reducción sube a 48,4 % pero tampoco alcanza al dato de la ministra.

Por otro lado, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck las siguientes cifras con corte al 27 de abril:

  • 23 homicidios verificados en los que va de 2021, el mismo número que iba hasta la misma fecha de 2020.
  • 3 tentativas de homicidio en 2021, frente a 9 verificadas en el mismo periodo del año anterior.
  • Ninguna desaparición hasta el momento en 2021, cuando ya había una con verificación en 2020.

Así, al pasar de 33 a 26 victimizaciones, la reducción es de 21,2 %. Esto es menos de la mitad de lo que presentó el gobierno ante la ONU.

Hay que tener en cuenta que el corte en los datos de la misión se hizo dos semanas después que en los de Cancillería. No obstante, el hecho de que también haya diferencia con la Consejería de Estabilización, su propia fuente, hace cuestionable el dato a pesar de que sí haya habido disminución en los casos.

Actualización 29 de abril de 2021, 8:00 p. m.

Al día siguiente de la publicación de esta nota, la oficial de información pública de la Misión de Verificación, Jennifer Moreno, le envió a Colombiacheck la explicación sobre la cifras más recientes de la ONU con un caso menos en 2019 y uno más en 2020. frente a las que aparecían en el último informe trimestral. Con estos nuevos datos, añadimos un par de párrafos al respecto. Esto no cambia la calificación y, por el contrario, reafirma la diferencia entre esta fuente y las estadísticas presentadas por el gobierno al Consejo de Seguridad y a la opinión pública.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Viernes, 19 Octubre 2018

Hay más de 8.000 venezolanas embarazadas registradas en Colombia

Por Sania Salazar

Un funcionario de la Cancillería redondeó la cifra en ocho mil, pero hay que aclarar que la fuente es un registro de migrantes que realizó el Gobierno, por lo que es posible que haya más mujeres embarazadas que no se registraron.

En el programa Hora 20 de Caracol Radio, el Director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza de Cancillería, Víctor Bautista, aseguró que en Colombia hay 8.000 venezolanas en embarazo.

La oficina de prensa de la Cancillería le explicó a Colombiacheck que esa cifra sale del Informe final del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (realizado entre el 6 de abril y el 8 de junio de 2018), en el que, exactamente, se cuentan 8.209 mujeres embarazadas.

En una entrevista con el programa radial venezolano En Compañía Radio, Lucía Ramírez, abogada de la ONG Dejusticia, aclaró que la cifra de las 8.209 mujeres es un registro administrativo que hizo Migración Colombia para toda la población venezolana que hubiera entrado sin documentación, por lo que es posible que algunas mujeres no se hayan registrado y que haya una mayor cantidad de mujeres en esa situación. Por lo anterior, Colombiacheck califica la frase como Aproximada.

En el Ministerio de Salud y Protección Social le suministraron a Colombiacheck la misma cifra, 8.209 migrantes venezolanas en estado de embarazo (atendidas entre marzo de 2017 y julio de 2018).

El informe sobre el registro de migrantes venezolanos indica, además, que de las 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 no han tenido control prenatal y 8.045 no tienen seguridad social. Según el Ministerio de Salud, además, hay 7.496 mujeres lactantes.

La nacionalidad de los bebés, otro problema

La ONG Dejusticia evidencia otro problema derivado de las migrantes venezolanas que están dando a luz en Colombia: los bebés no tienen ninguna de las dos nacionalidades, por lo cual corren el riesgo de ser apátridas (es decir, no ser reconocidos por ningún estado como ciudadanos).

En el caso de Colombia, no solo basta haber nacido dentro del país para obtener la ciudadanía. Dejusticia recuerda que la nacionalidad por nacimiento en Colombia se adquiere solo cuando alguno de los padres es colombiano o, cuando siendo extranjeros, al menos uno de ellos esté domiciliado en Colombia.

“El gobierno colombiano no ha sido claro en definir si el hecho de tener el Permiso Especial de Permanencia les sirve a las madres y padres venezolanos para cumplir con el requisito de tener un domicilio en Colombia y, por ende, acceder a la nacionalidad colombiana”, señala Dejusticia en en el artículo titulado Los bebés sin patria que podría dejar el éxodo venezolano en Colombia.

Dejusticia explica que las leyes del país vecino le dan la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en el extranjero, para lo cual se debe acudir a la misión diplomática y cumplir con un serie de trámites, pero que hay diversos obstáculos para que los migrantes realicen esas gestiones que van desde el desconocimiento hasta trabas de funcionarios de los consulados de ese país.

Además, la ONG indica que Colombia ha tomado medidas para prevenir que los menores se queden sin nacionalidad, como la expedición de la Circular 168 de 2017 de la Registraduría Nacional de Estado Civil, que establece un procedimiento frente a los casos de niños nacidos en Colombia a quienes ni Colombia ni ningún otro estado les reconoce la nacionalidad.

No tener nacionalidad implica para estos bebés no poder acceder a servicios básicos como salud y educación. “La falta de protección de un estado deja a las personas apátridas en situación de indefensión y vulnerabilidad. Ser apátrida es como ser invisible”, sentencia el artículo de Dejusticia.