3 DATOS CLAVE:

1. En redes revivieron una desinformación que ya hemos chequeado y que compara las reformas constitucionales desde 1991 para decir que el gobierno de Gustavo Petro no ha promulgado ningún cambio a la Carta Política.
2. Esto es cuestionable porque, aunque la mayoría de los datos son correctos, se equivoca en el número de cambios expedidos por Duque y omite que la administración actual le ha hecho siete modificaciones a la Constitución.
3. El post tampoco aclara que, de 64 reformas a la Carta Magna, cuatro han sido “tumbadas” por la Corte Constitucional.

Una imagen en redes compara las reformas a la Constitución Política de 1991 en los diferentes gobiernos desde entonces y señala, sin orden: Álvaro Uribe, 15; Iván Duque, 8; Juan Manuel Santos, 19; Andrés Pastrana, 7; César Gaviria, 3; Ernesto Samper, 4; Gustavo Petro, 0. “Ah pero según los uribestias, Petro, es dictador”, concluye el post.

Esto es cuestionable. Si bien el contenido acierta en los cambios hechos a la Carta Magna durante las presidencias de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, se equivoca en la cantidad de modificaciones aprobadas en la administración de Duque, además, omite que la gestión de Petro ha expedido siete. Tampoco considera que varias de las reformas fueron “tumbadas” por la Corte Constitucional. 

Estos cambios a la Carta Política han sido posibles a través de “actos legislativos”, un mecanismo que pasa por el Congreso y se diferencia de una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso no solo requiere del Legislativo, sino también del aval de la Corte Constitucional y del voto popular. Uno de los impulsores de esta instancia ha sido el mismo presidente Petro, pero no ha logrado que prospere la propuesta. 

La desinformación fue compartida en Facebook y Tiktok y repite el mismo contenido engañoso que verificamos el año pasado. 

¿Qué es un acto legislativo?

Un acto legislativo permite la modificación, adición o derogación de un texto de la Constitución por parte del Congreso de la República. 

Este trámite puede ser radicado por el Gobierno Nacional, una comitiva de 10 congresistas, el 20% de los concejales o diputados, o el 5% de los ciudadanos del censo electoral vigente, según el artículo 375 de la Carta Política. Estas reformas, por lo tanto, no son una facultad exclusiva del Jefe de Estado o deben representar su agenda. 

Este tipo de iniciativa legislativa requiere superar ocho debates: cuatro en primera vuelta con mayoría de asistentes a la respectiva sesión y cuatro en la segunda vuelta con la mayoría de miembros de la Comisión Primera y de la plenaria de cada cámara. El plazo para su aprobación definitiva es una sola legislatura, es decir, un solo año. 

Cambios a la Constitución desde el 91

En Colombiacheck corroboramos que todos los presidentes han introducido cambios a la Constitución vigente desde 1991. En total van 64 reformas. Sin embargo, cuatro fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, debido a que iban en contravía de la Carta Magna: dos en los gobiernos de Uribe, una en el primero de Santos y una en el de Duque. 

Durante la presidencia de Gaviria (1990 – 1994) fueron aprobados tres actos legislativos en 1993. De estos, el más destacado fue el 3 de 1993, el cual autorizó los reemplazos a los congresistas por faltas temporales, una opción que no aparecía en el texto original de la Constitución. 

En el gobierno de Samper (1994 – 1998) fueron promulgadas cuatro reformas: dos en 1995, una en 1996  y otra en 1997. Esta última fue la más relevante pues restableció la extradición de nacionales por nacimiento debido a delitos cometidos en el exterior, con excepción de delitos políticos, una medida que había sido prohibida en el artículo 35 de la Carta Política. 

Con Pastrana (1998 – 2002) se expidieron siete cambios a la Constitución: uno en 1999, dos en 2000, dos en 2001 y dos en 2002. Entre las modificaciones más importantes figura el acto legislativo 1 de 1999, que reestableció el pago de una indemnización en caso de expropiación que el artículo 58 de la Constitución había eliminado. 

En el primer mandato de Uribe (2002 – 2006) se promulgaron ocho reformas: una en 2002, dos en 2003 (una que tumbó la Corte por inconstitucional), dos en 2004 y tres en 2005. El segundo acto legislativo de 2004 autorizó la reelección presidencial inmediata (cuya aprobación en el Congreso se vio envuelta en el famoso escándalo de la ‘Yidispolítica’) y el acto 1 de 2005 cambió varias políticas pensionales, entre ellas, suprimió la mesada 14 (excepto para la Fuerza Pública y Presidencia) y estableció un tope de mesadas.

En su segundo periodo (2006 – 2010), el gobierno de Uribe expidió otros siete cambios: cuatro en 2007, uno en 2008 (inconstitucional) y dos en 2009. El segundo acto legislativo de 2009 modificó el artículo 49 de la Carta Política para prohibir el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y castigar su consumo personal.

Después, durante la primera administración de Santos (2010 – 2014) se aprobaron ocho nuevas modificaciones: seis en 2011, dos en 2012 (una inconstitucional) y una en 2013. Uno de los textos más relevantes fue la primera reforma de 2012 que contempló los instrumentos de justicia transicional aplicables a grupos armados al margen de la ley para que se desmovilizaran por acuerdos de paz.

En su segundo periodo (2014 – 2018), se sancionaron el mayor número de reformas a la Constitución durante un gobierno, un total de 10: dos en 2015, uno en 2016, cinco en 2017 y dos en 2018. Mediante el primer cambio en 2015 se introdujo la aplicación de las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en la investigación y los juicios de los miembros de la Fuerza Pública con relación al conflicto armado. El acto legislativo 2 de 2015 reformó la justicia y eliminó la reforma presidencial aprobada durante la presidencia de Uribe.

En el gobierno de Duque (2018 – 2022) se aprobaron nueve modificaciones a la Constitución, no ocho como asegura la desinformación. Fueron expedidas cinco en 2019, dos en 2020 (una de ellas declarada inconstitucional) y dos en 2021.

Entre sus reformas más relevantes se encuentra el acto legislativo 2 de 2021, el cual autorizó la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2022 – 2026 y 2026 – 2030. Esta era una medida contemplada en el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo cumplimiento se había negado el presidente y su partido, el Centro Democrático. Esto es un ejemplo de que los cambios a la Carta Magna muchas veces ocurren sin el apoyo del Jefe de Estado o en consonancia con su agenda. 

Las reformas en el Gobierno Petro

Contrario a lo que afirman en redes sociales, en lo que va de la presidencia de Petro, desde el 7 de agosto de 2022, sí se han promulgado cambios a la Constitución. En total han sido siete: tres en 2023, tres en 2024 y uno en 2025. De estos, cuatro son de autoría del Gobierno nacional. 

De estas reformas, destaca el reconocimiento del pago de la mesada 14 para la Fuerza Pública como un derecho constitucional, el cual ya estaban recibiendo los militares del país por parte del Gobierno, pero se encontraba en un debate jurídico. En 2021, el Consejo de Estado, a través de una medida cautelar, suspendió provisionalmente el pago, pero en julio de 2023 ese mismo tribunal revocó la decisión en respuesta a varias demandas. Desde entonces, el Ministerio de Defensa reanudó el beneficio.  

Entre los proyectos de acto legislativo radicados para la legislatura 2025-2026, tanto en Senado como en Cámara, no hallamos registro de alguno presentado por la actual administración. Esta revisión la hicimos de forma manual y también con apoyo de la herramienta de análisis de inteligencia artificial, Notebook, desarrollada por Google.

Petro y una Asamblea Constituyente 

El mandatario nacional ha insistido en varias oportunidades desde abril de 2024 en llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política. Ayer, incluso, pidió la conformación de un comité de firmas para activar este mecanismo y que “Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza y no una finca de seis sujetos que la manejan para enriquecerse”.

En octubre de este año, antes de presentar su renuncia, el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, había mostrado un borrador de proyecto de ley para sacar adelante esta iniciativa. Pero tras su salida del gabinete, la discusión no avanzó. 

Para convocar una Constituyente, las mayorías del Senado y de la Cámara deben aprobar una ley para consultar a la ciudadanía. La ley debe especificar:

• La convocatoria de la Asamblea Constituyente.
• El número de integrantes de esta instancia.
• El sistema de elección.
• Los temas que discutirá la Constituyente. 
• La fecha de su iniciación y período.

Una vez aprobada la ley por el Congreso, esta pasa a sanción presidencial y el presidente debe enviarla a revisión de la Corte Constitucional. Si el tribunal aprueba la convocatoria, entre los dos y seis meses siguientes se debe consultar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con esta y con los temas propuestos. Para que sea aprobada, al menos la tercera parte del censo electoral debe votar positivamente.

En medio de este debate incierto por si prospera o no una Constituyente, la desinformación que circula sobre las reformas a la Constitución es cuestionable porque es imprecisa en varios datos que presenta y omite que el Gobierno Petro sí ha expedido reformas a la Carta Magna.  

Cuentas que difundieron la desinformación:

En Facebook: 

• En los grupos ‘AMANTES DE LA PAZ Y LA VERDAD’ y ‘Iván Cepeda Castro presidente 2026’, y un perfil personal.

En Tiktok:

• Por varios perfiles personales (1, 2, 3).