Un artículo de La Nueva Prensa titula que “soldados de Estados Unidos vendieron videos de 54 niñas a las que violaron en Colombia” y, en seguida, asegura que el “portavoz del Comando de Investigaciones Criminales del Ejército estadounidense, Chris Grey, señaló recientemente el desarrollo de una investigación en respuesta a las acusaciones”.

La curioso es que el artículo de La Nueva Prensa, con fecha del pasado 2 de febrero, no describe ese “desarrollo” que supuestamente señaló “recientemente” el funcionario estadounidense. Solo agrega cuatro párrafos que citan el ensayo del historiador Renán Vega Cantor para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), que se convocó en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en Cuba y entregó su informe final en febrero de 2015.

Aunque sí ocurrieron violaciones, el número de niñas abusadas que presenta el titular ya ha sido desmentido por su falta de sustento. Además, Colombiacheck encontró que el pronunciamiento del país norteamericano data de la misma época que el documento de la comisión y, por tanto, no tiene nada de reciente. De modo que la nota es falsa.

El mismo texto y otros muy similares han sido publicados en otros portales desde mucho antes, sobre todo a principios de 2016 y 2019, y ahora de nuevo. Un ejemplo llamativo es el de YVKE Mundial Radio, una emisora pública de Venezuela que replicó esa desinformación en enero del año pasado.

La Nueva Prensa le da crédito a Russia Today (RT, un canal de televisión internacional ruso) por el escrito. Pero en Google no hay ningún texto de ese medio (ni en español ni en inglés) que coincida con el citado, a pesar de que ese medio de comunicación sí le hizo seguimiento a la denuncia de Vega entre marzo y julio de 2015.

Lo único en lo que coincide con RT es en que este, en la página de su canal en español, usó la misma foto que La Nueva Prensa en una nota que hizo parte de ese cubrimiento. Pero los somnolientos marines estadounidenses que protagonizan esa imagen, captados por la cámara de Kim Hong-ji para la agencia Reuters, no tienen nada que ver con Colombia, sino que estaban descansando de un ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur en una región costera del país asiático en 2013.

El artículo del medio ruso fue publicado el 2 de mayo de 2015. Ese mismo día apareció el texto original que La Nueva Prensa retoma casi cinco años tarde, pero fue publicado por el canal de televisión CDN, de República Dominicana. Solo que en ese entonces sí era noticia la acusación contenida en el informe de la CHCV, que había desatado un escándalo en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Además, La Nueva Prensa enlaza como referencia un artículo del portal estadounidense The Daily Beast. Lo que no dice es que esta nota también fue publicada por primera vez en abril de 2015 y su última actualización es de febrero de 2017. Incluso abre con una nota del editor, que aclara que el número específico de casos “ha sido cuestionado” después de que el artículo salió al aire por primera vez.

El origen difuso de la cifra

Luego de que la acusación tomó fuerza en la primera semana de mayo de 2015, se demostró que ese aparte del escrito de Vega no tenía sustento. “Lo que no se ha contado es que este historiador y economista que enseña en la Universidad Pedagógica Nacional ya admitió que no sabe de dónde sacó el número y que tampoco tiene cómo respaldarlo”, relató el portal La Silla Vacía con base en una investigación del periodista Manuel Rueda, que indagó por las fuentes primarias del académico y no encontró asidero para ese dato concreto.

El docente le dijo al reportero que tomó la cifra de la prensa y de Anna Kucia, una politóloga e internacionalista alemana que sí ha escrito sobre abusos de militares y contratistas estadounidenses contra “mujeres jóvenes” en Colombia. Solo dio mayores detalles en una réplica que escribió después de que fue cuestionado públicamente.

En esa respuesta, Vega incluyó una traducción literal de la tesis que la citada autora presentó ante la Universidad Libre de Berlín en 2007. Sin embargo, esta difiere de lo que él mismo escribió para la CHCV. El trabajo de ella se refiere a “53 menores de edad y jóvenes de sexo femenino” que aparecieron en igual número de videos, pero no especifica cuántas de las 53 tenían menos de 18 años y cuántas eran “jóvenes” por encima de esa edad. El ensayo del profesor asume que ninguna había alcanzado la mayoría de edad.

Kucia también menciona información divulgada por los medios en agosto de 2004. Esto salió de un artículo que la artista visual Claudia Salamanca publicó en 2005, en el que menciona “53 videos con 53 diferentes mujeres y niñas de los pueblos de Melgar y Girardot” y dice que el número salió de testimonios anónimos por petición de las mismas fuentes a los periodistas que las entrevistaron. El documento no cita los reportajes concretos en los que se basó y, en todo caso, tampoco asegura que todas las víctimas hayan sido menores de 18 años, como insistió Vega.

En cuanto al programa de televisión, el académico especificó en su réplica que había sido el reportaje ‘Porno marines’ de Adriana Villamarín para el noticiero sensacionalista ‘Primer Impacto’, transmitido por la cadena latina estadounidense Univisión. Esta referencia es tomada de un portal llamado El Correo de la Diáspora Argentina, que a su vez reproduce una columna de Iván Cepeda en El Espectador, supuestamente publicada el 8 de enero de 2004.

Aquí Vega se ‘pifió’ de nuevo. El texto en realidad fue publicado el 9 de enero de 2005, un año después de lo que dicen el historiador y el portal donde lo leyó, por tanto el informe televisivo del “pasado 3 de enero” también es de ese año y no del anterior. Y lo que es más grave: la reseña escrita por el hoy senador habla de “tres menores” violadas por contratistas norteamericanos de la base militar de Tolemaida, no de 53 como dice el excomisionado. Así que por esta vía tampoco se sostiene la cifra en cuestión.

El docente acudió incluso a interponer tutelas contra La Silla Vacía para que retirara las notas que ponían en entredicho la cifra que le dio a la CHCV. Pero estas acciones tampoco prosperaron, como lo contó el mismo medio tras la decisión definitiva del Tribunal Superior de Bogotá en 2016. Además, el portal reiteró sus argumentos en julio pasado, al desmentir una desinformación publicada por un sitio de internet de Santa Marta que repetía, una vez más, el dato falso.

¿Desarrollo?

A pesar de la falta de certeza sobre la cantidad de víctimas, el impacto de la denuncia de Vega llevó a que las autoridades de ambos países emitieran compromisos para esclarecer los crímenes y atender a las víctimas.

Jorge Armando Otálora, que era el defensor del pueblo en 2015, les pidió a la Cancillería y al Ministerio de Defensa usar los canales diplomáticos para evitar la impunidad, al tiempo que anunció una campaña para buscar a las niñas y adolescentes violentadas. La entonces directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, también dijo en medios que había ordenado efectuar esa búsqueda.

Fue en ese momento, no ahora, cuando el portavoz de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos, Christopher Grey, respondió al escándalo con la promesa de que los agentes de esa unidad estarían en contacto con las autoridades colombianas para investigar las acusaciones.

Colombiacheck les preguntó al ICBF, la Cancillería y la embajada de Estados Unidos en Bogotá por sus avances y contribuciones a esos propósitos. Hasta el momento no ha recibido respuesta de ninguna y en sus respectivos portales tampoco aparecen pronunciamientos posteriores a 2015 sobre el desarrollo de las investigaciones o la atención a las mujeres, que ya deben ser adultas.

Por otro lado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó, en julio de 2019, el testimonio de la madre de una niña que tenía 12 años en 2007, cuando fue abusada sexualmente por un soldado estadounidense y un contratista mexicano en Melgar. La mujer cuenta cómo ella y su hija han tenido que luchar por justicia sin apoyo del Estado:

Me he sentido maltratada, revictimizada, abandonada por la institucionalidad. Después de lo que pasó, en varias oportunidades me ha tocado salir desplazada por amenazas, intimidaciones, e incluso tuve un atentado en Bogotá en el 2011. Seguí buscando otras instituciones, hice manifestaciones al frente de la embajada, del Ministerio del Interior, fui a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, a todos los lugares que pude, intentando lograr que se hiciera justicia.

Hasta el momento, solo han recibido indemnización como desplazadas y el apoyo psicosocial llegó después del tercer intento de suicidio de la niña. “Se iniciaron unas investigaciones, incluso al interior de la base militar se encargó de la investigación a un señor, que lo que hizo fue tapar, intimidar, hacer firmar con engaños a otras víctimas para que las denuncias que había no prosperaran, incluso unos documentos estaban en inglés”, dijo más adelante.

Mientras las víctimas claman por una justicia que no llega, La Nueva Prensa presenta como “desarrollo de una investigación” las declaraciones que Grey dio hace casi cinco años y, sobre todo, reproduce una cifra sobre el número de casos que carece de sustento. Eso es lo que hace que su nota sea falsa.