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Verdadero pero...

Jueves, 17 Diciembre 2020

Salario mínimo frente al promedio en Colombia sí es de los más altos

Por José Felipe Sarmiento

La tasa no está disponible para muchos países pero la proporción es una de las mayores al comparar los disponibles, lo que refleja la alta informalidad del empleo más que el poder adquisitivo de las personas.

“El salario mínimo, respecto del salario promedio de la economía y la productividad de la economía, es de los más altos del mundo. No que sea alto en términos de su capacidad adquisitiva, sino que es alto en relación con la capacidad de pago del país”, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en entrevista con Blu Radio el pasado 7 de diciembre.

Algunos medios recortaron la cita en sus títulos de modo que daba la impresión de que el funcionario había asegurado que el mínimo era “de los más altos del mundo” en términos absolutos [1, 2]. Otros portales incluso fueron más lejos y le atribuyeron propuestas de reducirlo que no hizo de forma explícita: cuando le preguntaron si esa medida sería “antitécnica”, respondió que “si el salario mínimo o el salario que sea es superior a la producción que implican esos trabajadores formales, pues terminamos condenando a mucha gente al desempleo o a la informalidad” [3, 4].

Titulares sobre la frase de Carrasquilla con respecto al salario mínimo

En todo caso y debido a la polémica generada, Colombiacheck verificó lo que Carrasquilla realmente dijo y encontró que su afirmación es ‘verdadera pero’. La comparación es cierta frente a los países sobre los que existen datos que permiten hacerla. Sin embargo, la diferencia radica sobre todo en que sus salarios promedios tienden a ser más altos, no en que sus mínimos sean más bajos.

El equipo de prensa del MinHacienda no respondió sobre la fuente de la afirmación, pero el economista Germán Darío Machado Rodríguez, asesor del ministro, dijo que se basa en una tabla de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta presenta dos tasas por país que ponen el salario mínimo con relación al promedio, que es la división por partes iguales de la suma de todos los salarios, y al mediano, que es el que divide a la mitad de personas mejor pagadas del otro 50 por ciento peor pagado. En Colombia, el mínimo equivale al 59 por ciento del primero y al 90 por ciento del segundo.

Ambas cifras son superiores a las del resto de países incluidos allí, pero estos son apenas 31 y todos tienen productos internos brutos per cápita a poder adquisitivo constante mucho más altos, o sea que son economías mucho más productivas con relación a su población y costo de vida. De hecho, hay 21 europeos y apenas otros tres latinoamericanos: México, Chile y Costa Rica. El resto son Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Canadá.

La descripción de la misma tabla señala que, a la hora de comparar entre países, es mejor usar la relación del mínimo frente al mediano porque tiene en cuenta las diferencias en la distribución de ganancias, contrario al promedio. Esto coincide con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el análisis de estas variables, donde también se señala que los resultados tienden a ser más altos para los países en desarrollo y que esto refleja su productividad “al menos en parte”.

En los datos de la OCDE, Colombia supera por 15 puntos porcentuales a Turquía, que tiene la segunda tasa más alta frente a la mediana de salarios (75 por ciento). Mientras tanto, está solo 3 puntos arriba de Nueva Zelanda, que tiene el segundo puesto frente al promedio (56 por ciento).

La descripción también aclara que las comparaciones entre salario mínimo y mediano “no están disponibles para un gran número de países”. En consecuencia, es frecuente acudir a los promedios como lo hizo Carrasquilla. De hecho, la OIT tiene bases de datos por salarios mínimos y medios, no medianos, y la comparación entre ambas también le da la razón al ministro con algunas salvedades similares: los datos también son escasos porque pocos países aparecen en ambas con datos comparables y más o menos actualizados.

El analista económico José Roberto Acosta explica que “en muchos países ni siquiera hay salario mínimo”. Estos son cerca del 8 por ciento de los estados miembros de la agencia laboral de Naciones Unidas, según sus datos de 2014 (algunos lo han adoptado después, como Surinam, y otros siguen sin hacerlo, como Singapur).

En otras partes, hay sistemas de múltiples mínimos que dependen de diversas variables. En India, por ejemplo, se tiene en cuenta la actividad económica y la experiencia.

De todas formas, Colombiacheck cruzó la información de la OIT para poder comparar una mayor diversidad de economías. Para esto, tomó los datos más recientes de cada uno de los 28 países que tienen datos posteriores a 2010 de salarios, tanto mínimo como promedio, medidos con paridad de poder adquisitivo. Con este método, aquellos en donde el salario mínimo representa una mayor proporción del promedio son:

  1. Haití, 128 % (2011-2012).
  2. Níger, 116 % (2010-2013).
  3. Bangladesh, 65 % (2017-2018).
  4. Malí, Madagascar y Macedonia del Norte, 58 % (2014-2016, 2013-2015 y 2014-2018, respectivamente).
  5. Costa de Marfil, 55 % (2017-2018).
  6. Fiji, 53 % (2012-2016).
  7. Nepal, 50 % (2013-2017).
  8. Arabia Saudita, 45 % (2013-2015).

Solo tres de ellos superan el 59 por ciento que registra la OCDE para Colombia. Así que sí es verdad que este es “uno de los más altos del mundo” de los que se tiene información, incluso más allá de la fuente utilizada por el Ministerio de Hacienda. Lo que pasa es que esto no quiere decir que sea más plata en términos absolutos, como lo aclaró el mismo Carrasquilla en la entrevista.

No obstante, “lo que no dice es que el promedio en Colombia es más bajo”, advierte el profesor Acosta. Por regla de tres con el mínimo vigente de 877.803 pesos, la media es de casi 1,5 millones de pesos, alrededor de 435 dólares al cambio actual. A su vez, estos equivalen a 409 dólares de 2017, que es la moneda en la que están estandarizadas las cifras de la OIT.

Este monto deja al país por debajo de casi todos los que aparecen en la tabla usada por MinHacienda y, en cambio, por encima de siete de los diez que quedaron en el escalafón elaborado por Colombiacheck, incluyendo los tres primeros. De hecho, Colombia está al nivel de Ucrania, que tiene el puesto 76 de 112 países que aparecen con este dato en los registros de la agencia laboral de Naciones Unidas.

El economista Alejandro Barrera Escobar, docente de la Universidad de Manizales, indica que también se debe tener en cuenta que estos promedios comparables internacionalmente se refieren a las ganancias de personas que trabajan tiempo completo. En este sentido, el estándar que se usa es de mínimo 30 horas a la semana en su empleo principal.

Por otro lado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que sí incluye a todo tipo de ocupados, la cifra más reciente es de apenas 853.613 pesos en agosto. En el primer trimestre de 2020, cuando apenas llegaba la pandemia de COVID-19 al país, había alcanzado un pico de 1 millón.

Además, con paridad de poder adquisitivo, el salario mínimo es el cuarto peor según otra tabla de la misma OCDE con 31 países (más o menos los mismos de la primera) y el 60 entre 129 en dólares, según la OIT. Así que es cierto que la afirmación de Carrasquilla nada tiene que ver con el poder adquisitivo de quienes ganan esa suma y, en cambio, sí se relaciona con la informalidad.

Esto último se debe a que, en Colombia, solo se puede aportar a seguridad social si los ingresos son superiores al mínimo y eso es lo que determina la formalidad del empleo. “A finales del año pasado, más o menos la mitad de la gente en el mercado laboral [...] recibía como remuneración una suma inferior al salario mínimo legal”, reconoció el ministro en Mañanas Blu. De hecho, Colombiacheck había hecho una verificación sobre un dato similar en mayo de 2019. El DANE dice que ahora es el 63,8 por ciento (enero-octubre de 2020).

Precisamente por esto es que la aclaración sobre la relación del promedio de salarios en el país frente a los demás es importante para interpretar la comparación que hizo el funcionario sobre su relación con el mínimo. La omisión de esta explicación es el ‘pero’ de su afirmación verdadera.

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Sábado, 07 Octubre 2017

“Nueve millones de colombianos están por debajo del umbral de pobreza”

Por Sania Salazar

La frase es de la precandidata presidencial Piedad Córdoba, quien redondea la cifra por encima y utiliza el número de un tipo de pobreza distinto al que ella se refiere.

En una entrevista con el medio digital español eldiario.es la precandidata presidencial Piedad Córdoba aseguró que en Colombia hay nueve millones de personas por debajo del umbral de pobreza y que sin una economía sana no es posible garantizar la paz.

 

 

Córdoba, quien en agosto pasado inscribió ante la Registraduría el comité promotor de la recolección de firmas Poder ciudadano para ser candidata presidencial, mencionó la cifra cuando le preguntaron si corría riesgo el proceso de paz con las Farc.

“Las FARC han dejado las armas pero ahora hay toda una tarea por delante de construcción de un Estado. Es decir, 9 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza es una cifra absolutamente provocadora en términos de desestabilización social. Con un salario mínimo de 240 dólares al mes una familia no puede sobrevivir. En el momento en el que estamos, vamos hacia la repetición del conflicto si no hay una reforma económica de Colombia”, fue la respuesta completa de Córdoba.

Después de consultar las cifras de pobreza del Dane, Colombiacheck califica la afirmación como inflada, no solo porque la candidata redondea por encima la cifra, sino porque relaciona la economía con el conflicto, sobre lo que los expertos en el tema no han encontrado consenso.

Según la oficina de prensa de Piedad, ella se basó en el dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que indica que en 2016 la pobreza multidimensional en Colombia fue de 18% para sacar sus propios datos.

Según el DANE, en Colombia hay dos metodologías para medir la pobreza: la Pobreza Monetaria que compara el ingreso en los hogares con el valor de la línea de pobreza (esta incluye la medición de la pobreza extrema) y la Pobreza Multidimensional que evalúa cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.

Las cifras más recientes son de 2016 e indican que en Colombia la pobreza monetaria es del 28% (13.268.000 personas) dentro de los que están 4.003.000 personas en condición de pobreza extrema, es decir el 8,5% de la población, y la pobreza multidimensional (a la que se refirió Córdoba) del 17,8% (8.586.000 personas).

En conclusión, Córdoba utiliza la cifra de pobreza multidimensional para referirse al umbral de pobreza, que se mide con la metodología de pobreza monetaria, lo que no se puede hacer, pues son medidas diferentes, explicaron en el DANE.

Córdoba aseguró también en su respuesta a eldiario.es que con un salario mínimo de 240 dólares una familia no puede sobrevivir. Esa cifra corresponde a 705.882 pesos (al cambio de hoy) y el salario mínimo en el país (sin subsidio de transporte) está en 737.717. Según explicaron en el Departamento de Planeación Nacional, si una familia de cuatro integrantes recibe en Colombia 966.692 pesos o más, no es considerada pobre.

¿Qué relación hay entre la economía y la paz?

El profesor de economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, explica que no hay consenso sobre si es posible o no relacionar la pobreza y el conflicto. “Claro que las condiciones de pobreza generan condiciones que favorecen actividades riesgosas, pero no es suficiente con eso para explicar la emergencia del conflicto ni tampoco para explicar que un acuerdo de paz o una transición hacia el posconflicto tenga éxito, es decir, no es una condición suficiente, más sí, tal vez, necesaria para una sociedad en presencia con conflicto”.

En el artículo “Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza? publicado en abril de 2012, la economista Ana María Ibáñez dice que el conflicto armado en Colombia “puede ser parcialmente” responsable de la poca efectividad de los programas para disminuir la pobreza y la desigualdad cuando se compara al país con los vecinos. “La violencia armada tiene un impacto desproporcionado sobre la población civil y, en particular, sobre la población pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, inhibe la inversión y debilita los mercados”.

El texto titulado “Guerras y violencias en Colombia. Herramientas e interpretaciones” coincide en que la relación entre pobreza y conflicto es bastante compleja, pero menciona un elemento sobre el que sí hay consenso, que el conflicto tiende a afectar desproporcionadamente a los pobres.

El texto indica que el conflicto afecta a la economía indirectamente debido a que la inversión en actividades productivas se desvía al sector de defensa y esto hace que se reduzca el potencial de crecimiento y la posibilidad de mejora de las condiciones de vida de los más pobres. También menciona que los conflictos violentos tienen efectos indirectos duraderos sobre el bienestar de los individuos y las comunidades más pobres a través de la destrucción de capital humano (la inseguridad humana, menor acceso a servicios públicos como educación, salud y polícia.

El documento menciona además, que aunque hay un acuerdo en la literatura sobre los canales mediante los cuales el conflicto empeora las condiciones de pobreza, la hipótesis según la cual la pobreza causa el conflicto es más problemática.

“La pobreza y el lento desarrollo económico en Colombia tienen raíces históricas profundas. La combinación de una distribución desigual de la riqueza (tierra) y del poder político dio lugar a instituciones económicas y sociales que reprodujeron en el tiempo la estructura excluyente del poder económico y político. Una de las consecuencias fue la provisión insuficiente de bienes públicos como educación, salud, y servicios básicos para los pobres, carencia o tímidas políticas de redistribución de activos (tierra, por ejemplo) y acceso limitado al poder para nuevos actores sociales y políticos”, concluye el análisis.