Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Lunes, 01 Marzo 2021

Uribe no ordenó en 2003 que levantamientos en combate fueran hechos por el CTI

Por José Felipe Sarmiento

Un argumento del expresidente para defender su actuación frente a los “falsos positivos” es que dio una orden que, en realidad, hubiera sido contraria a otras decisiones del principio de su administración.

Entre las afirmaciones con las que el expresidente Álvaro Uribe ha defendido su gobierno luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelara que en sus seis primeros años (2002-2008) hubo 6.402 asesinatos que el Estado hizo pasar por muertes en combate, una de las más repetidas es que él ordenó, en 2003, “no mover los cuerpos dados de baja hasta que la Fiscalía, el CTI [Cuerpo Técnico de Investigación], hiciera el levantamiento”.

La frase está en un trino que contiene otras dos afirmaciones ya verificadas por Colombiacheck: que su administración firmó un convenio con la Fiscalía en 2006 con ese mismo propósito (verdadera pero) y que autorizó el pago por información solo a civiles, no a militares (falsa). El dato también está en un comunicado suyo compartido en Twitter, en otro de su partido, el Centro Democrático, y en un hilo de mensajes que esta agrupación política publicó en la misma red social.

Trino de Álvaro Uribe sobre supuestas medidas de su gobierno contra falsos positivos

Trino del Centro Democrático sobre supuestas medidas de Uribe contra falsos positivos

Estas últimas fuentes fueron a las que su equipo de prensa pidió que nuestro portal se remitiera en los dos chequeos anteriores. Al ver la insistencia sobre ese punto en particular, decidimos revisar su veracidad y encontramos que es falso. El CTI ya hacía levantamientos de bajas en combate en 2003, pero no por orden de Uribe. De hecho, las decisiones de su administración al respecto en esos años iban en sentido contrario.

En una sentencia de 1993, la Corte Constitucional determinó que la coordinación de las actividades de policía judicial (entre ellas la inspección de cadáveres y lugares de los hechos) es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. O sea que la Presidencia no tiene potestad para dar órdenes al respecto.

En el 94 expidió otra en la que concluyó, además, que la Carta Política prohíbe que estas labores les sean asignadas a las Fuerzas Militares, incluso de manera transitoria. Desde entonces, se ha pronunciado varias veces en el mismo sentido, al igual que la Corte Suprema.

Es más, el Consejo Nacional de Policía Judicial del 4 de septiembre de 2002, cuando Uribe llevaba poco menos de un mes en la Casa de Nariño, discutió la propuesta de buscar una reforma constitucional para abrir esa posibilidad. En el acta consta que la idea contaba con el apoyo de Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares y el recién posesionado gobierno, a través de su director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera; la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y el de Interior y Justicia, Fernando Londoño.

El cambio quedó incluido en un acto legislativo de 2003. Este fue propuesto por el Gobierno con la firma, como ministro de Defensa encargado, de otro asistente a esa reunión: el general Jorge Enrique Mora Rangel, entonces comandante de las Fuerzas Militares.

Al notar que la aprobación del proyecto en el Congreso fue irregular porque se había desconocido una votación que debió causar su archivo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible y, por tanto, lo dejó sin efecto. Sin embargo, la providencia dejó registro de que el gobierno lo defendió hasta el final, incluyendo el parágrafo que les daba funciones de policía judicial a los militares.

El propio presidente Uribe y sus nuevos ministros de Interior, Sabas Pretelt, y Defensa, Jorge Alberto Uribe, intentaron darle desarrollo a esa reforma constitucional con el proyecto de Estatuto Antiterrorista de 2004, que también fue aprobado por el Legislativo pero quedó sin piso tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma superior a la que hacía referencia. Así que su administración en ese entonces no estaba realmente interesada en que “todos los levantamientos” de cadáveres fueran hechos por el CTI, como dice que lo ordenó.

Mientras tanto, sucedían casos como el asesinato del reciclador Wilfrido Chantrix Quiroz (quien tenía una discapacidad mental) en Agustín Codazzi, Cesar, el 21 de octubre de 2003. Los militares responsables, hoy sometidos a la JEP, movieron el cuerpo y alteraron la escena para simular una baja en combate antes de que llegara la Fiscalía al lugar para la inspección.

También ocurrieron homicidios como los de los vendedores ambulantes Alonso Rincón León y José Alfredo Castañeda, ejecutados en Viotá, Cundinamarca, el 26 de junio del mismo año para hacerlos pasar como paramilitares. El levantamiento de sus cuerpos en el sitio de los hechos fue evadido por los militares, que los trasladaron en un camión con la excusa de que la Fiscalía, a la que nunca contactaron, “no podía hacerlo” por razones de orden público (el mismo argumento propuesto para justificar la reforma).

El balance que el propio gobierno de Uribe publicó en abril de 2010, a cuatro meses de terminar su segundo mandato, sobre las medidas que tomó tras el escándalo que estalló en 2008 por los llamados “falsos positivos” de Soacha, Cundinamarca, tampoco menciona ninguna acción para fortalecer el trabajo con el CTI anterior al convenio de 2006. En cambio, cita directivas del Ministerio de Defensa en ese sentido que fueron posteriores y recuerda la jurisprudencia al respecto.

Incluso el exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, en ese entonces vicefiscal, considera que “no era necesario que hubiera un convenio en ese sentido” porque la competencia de la policía judicial estaba clara desde mucho antes. Además, como se detalla en el chequeo al respecto, considera que el acuerdo se cumplió pero que no era garantía para evitar los “falsos positivos”.

El informe de 2010 también menciona que el Código Penal Militar de 1999, todavía vigente para la época, permitía que la inspección de cuerpos fuera hecha por instrucción militar. Sin embargo, indica que se prefería dejarle la competencia a la policía judicial en virtud de lo dictaminado por las cortes y que el nuevo código contemplaría esto con mayor claridad.

A este proyecto solo le faltaba la sanción presidencial, pero Uribe no lo firmó antes de irse a pesar de que su trámite en el Congreso había terminado en 2008. Fue su sucesor, Juan Manuel Santos, quien lo convirtió en ley 10 días después de posesionarse.

Ya como expresidente en 2012, el mismo Uribe publicó una columna en la que de nuevo apoyaba una reforma para darle la competencia inicial sobre cualquier caso a la Justicia Penal Militar, como también está citado en el chequeo sobre el convenio de 2006. Es decir, volvió a expresar una posición contraria a la orden que hoy dice haber dado.

A pesar de todo esto, Colombiacheck hizo una búsqueda avanzada en Google para dar con la supuesta orden de 2003 y no apareció. El resultado fue el mismo al explorar los archivos digitales de medios de comunicación, en particular El Tiempo, El Espectador y Semana. Ni siquiera los registros históricos del portal de la Presidencia de la República arrojaron esas declaraciones.

Por el contrario, hay otro documento en el que el Uribe del pasado desmiente al actual. Se trata de las palabras que pronunció en el V Encuentro de la Jurisdicción Constitucional en agosto de 2009. “Desde hace casi dos años [o sea desde 2007] no puede haber el levantamiento de un cadáver sin presencia de la Fiscalía”, dijo el entonces jefe de Estado.

De modo que no hay pruebas de la orden que hoy dice haber dado en 2003. En realidad, lo que hizo al principio de su gobierno fue buscar que las facultades para hacer levantamientos fueran a manos de los militares y ha insistido en eso incluso después de dejar el cargo.

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Jueves, 17 Septiembre 2020

Las imprecisiones de la cadena sobre el ‘pasado violento’ de Javier Ordóñez

Por Ana María Saavedra y José Felipe Sarmiento

El mensaje cita denuncias por lesiones y violencia intrafamiliar contra el ingeniero, víctima de un episodio de brutalidad policial en un CAI de Bogotá, pero ninguna estaba activa cuando fue atacado.

En redes sociales y en cadenas de WhatsApp circula una información en la que hablan del supuesto “pasado violento” de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, quien fue electrocutado con taser y golpeado hasta la muerte presuntamente por policías del Centro de Atención Inmediata (CAI) Villa Luz en Bogotá el 9 de septiembre, según las primeras investigaciones y el informe médico revelados que se han dado a conocer, como contamos en otro chequeo.

El texto viral señala a Ordóñez de estar indiciado por tres crímenes y no estar registrado ante el Consejo Superior de la Judicatura como abogado, profesión que algunos medios dijeron que tenía. Aunque las denuncias que menciona sí existen, es cuestionable porque omite información importante sobre las tres y exagera sus verdaderas implicaciones.

Cadena de WhatsApp sobre el supuesto pasado violento de Javier Ordóñez

Según una plataforma de Facebook a la que Colombiacheck tiene acceso en una alianza para combatir la desinformación, el supuesto prontuario ha sido compartido en esta red social por medio de grupos como ‘Uribe el gran colombiano’ y ‘Gran marcha de apoyo al presidente Uribe’.

Algunos de los mensajes agregan frases como: “Que esta información se difunda y le llegue a todos los medios amarillistas de este país”; “La indefensa víctima Javier Humberto Ordóñez Bermúdez: su pasado violento”; “¿Quién era el angelito ingeniero ‘abogado’ taxista Ordóñez?” o “Este señor no era una paloma precisamente, prontuario violento”.

También circuló un montaje que le atribuía a la revista Semana el haber revelado los supuestos antecedentes. Además, el contenido ha sido reproducido en los portales ATN Televisión, un canal local de Cúcuta; Momento24 y Políticos.com.co.

Nota en portal que también le atribuye varios delitos a Javier Ordóñez

En el último, anexaron un archivo en formato PDF de la base de datos de la Fiscalía General de la Nación sobre el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Debido a que solo los funcionarios de esa entidad y la Policía Judicial tienen acceso a esa información, Colombiacheck corroboró con la primera que el documento es real. “Ese documento sí es del SPOA, pero este es reservado y su divulgación es una violación al tema de intimidad y habeas data”, nos indicó una fuente de esta institución.

Además, los números de las denuncias que aparecen en los mensajes efectivamente existen en la plataforma de consulta pública. Solo que esta no deja ver los datos personales de quienes hacen parte de los procesos.

Al revisar el los datos completos en el documento filtrado, se encuentran varias informaciones importantes que hacen cuestionables las versiones de los mensajes y artículos que lo tergiversaron. Sobre todo porque ninguna de las denuncias está activa. Los casos fueron archivados por diferentes motivos y los antecedentes de Ordóñez aparecen limpios tanto en la página de la Procuraduría como en la de la Policía.

Antecedentes de Javier Ordóñez en el portal de la Procuraduría: limpios

Antecedentes de Javier Ordóñez en la página de la Policía: limpios

La noticia criminal más reciente en la que aparece Ordóñez como indiciado es de agosto de 2020 por violencia intrafamiliar (en todos los mensajes dice que este delito está en el Artículo 239 del Código Penal, pero este tipifica el hurto; el correcto es el 229). El anónimo le da especial importancia a este caso, pues asegura que el difunto ingeniero “se atrevía a golpear a su esposa, madre de sus propios hijos”.

Denuncia archivada contra Javier Ordóñez por violencia intrafamiliar en SPOA

La indagación preliminar llegó a manos de la Unidad de la Fiscalía contra la Violencia Intrafamiliar el 21 de agosto pasado. No obstante, según la base de datos del SPOA, el estado del caso es “inactivo” y fue archivado “por conducta atípica”, de acuerdo con el Artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Este dice lo siguiente:

Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.

El abogado penalista Carlos Hernán Escobar explica que esto quiere decir que el hecho denunciado no se enmarca dentro de una conducta punible. “La conducta es atípica cuando lo que se denunció no es delito. Cuando la causal de archivo es atípica, significa que la Fiscalía se dio cuenta de que los hechos que se denunciaron no son delitos, no existió conducta punible”, agrega.

El segundo registro mencionado es de 2007. Según el texto viral, el supuesto delito es el de lesiones que está en el Artículo 111 del Código Penal (el mensaje le puso un uno de más, pero el 1.111 no existe). Al consultar el estado de la denuncia en el portal de la Fiscalía, dice que se encuentra inactiva por inasistencia de ambas partes, o sea que ni Ordóñez ni la persona que lo denunció se presentaron a las diligencias.

Denuncia archivada contra Javier Ordóñez por lesiones en 2007

La penalista María Camila Correa Flórez le dijo a Colombiacheck que “quizás se pusieron de acuerdo por fuera del proceso para no asistir”, pero aclaró que esa es apenas una posibilidad. La información disponible no permite saber con exactitud qué pasó en el caso concreto.

El punto es que nunca pasó a otras instancias ni la persona querellante demostró interés en que avanzara. Además, el hecho de que fuera una querella también implica que las lesiones fueron de una gravedad menor o sin intención, de acuerdo con lo establecido para esos casos por el mismo Código de Procedimiento.

Por su parte, Escobar señala que, de lo contrario, el archivo del proceso no hubiera sido posible. La Fiscalía hubiera tenido que seguir investigando. “Muchos de estos delitos son lesiones en accidentes de tránsito o lesiones menores”, dijo.

La tercera noticia criminal es la más antigua porque data de 2005. El indicio es por lesiones culposas, lo que significa que fueron “sin querer”, explica Correa. Además, el SPOA indica que la denuncia ante la Fiscalía 256 Local está inactiva porque se llegó a una “conciliación con acuerdo” entre las partes.

Denuncia archivada contra Javier Ordóñez por lesiones culposas en 2005

El abogado Escobar indica que “un delito es culposo cuando se infringe el deber objetivo de cuidado, es decir cuando no se obra conforme a las expectativas que la sociedad tiene sobre cómo una persona prudente debe actuar. Esto está en el Artículo 23 del Código Penal. Además, en delitos querellables la conciliación es causal de extinción de la acción penal”, indica.

Politicos.com.co, el portal creado en 2017 que publicó el archivo filtrado del SPOA, menciona también un posible delito de estafa. Sin embargo, el mismo documento de la Fiscalía deja claro que Ordóñez era el denunciante de este delito, por hechos de los que fue víctima en 2010. No era el presunto delincuente.

En cuanto al perfil profesional, ya se aclaró que Ordóñez todavía estaba haciendo la carrera de Derecho en la Universidad La Gran Colombia, que expresó sus condolencias en redes sociales. Estaba en último semestre y, según le contó su excuñada Eliana Garzón al diario El Espectador, había decidido estudiar esa carrera porque era ingeniero aeronáutico pero “nunca encontró su salida profesional en eso y nunca se pudo emplear”.

Mientras las investigaciones avanzan y la justicia se pronuncia, lo que está claro es que la cadena escoge una información deliberadamente incompleta para desprestigiar a la víctima.

Como dice el abogado Escobar, “la sola anotación de existencia de actuaciones penales no constituye un antecedente judicial para ningún ciudadano. Él ya no era indiciado. La orden de archivo de una investigación tiene fuerza vinculante para la Fiscalía y solo puede ser desarchivada cuando existen elementos con la contundencia suficiente para desarchivar. Lo que podemos concluir es que, en ninguna de estas situaciones, seguía ostentando la calidad de indiciado”.

Así que calificamos la cadena, los mensajes en redes y los artículos que los reprodujeron en diferentes portales como cuestionables, pues mezclan algunos elementos ciertos con otras verdades a medias y otros manipulados para llegar a una conclusión engañosa.