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Chequeo Múltiple

Viernes, 26 Febrero 2021

La ‘verdad sobre los falsos positivos’ es distinta a la que presenta el Centro Democrático

Por José Felipe Sarmiento

La cuenta del partido en Twitter publicó un trino con dos frases falsas y una ‘verdadera pero’ sobre los asesinatos de civiles para simular bajas en combate y las actuaciones del gobierno de Álvaro Uribe al respecto.

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicara un auto en el que reveló que la contrastación de varias fuentes indica que el Estado asesinó a 6.402 personas para simular bajas en combate en los seis primeros años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008), el expresidente y su partido, el Centro Democrático, han salido a cuestionar esos datos.

“¿Quieres conocer la verdad sobre los falsos positivos? Aquí te la contamos”, dice un trino en la cuenta oficial de la organización política. El mensaje lleva tres imágenes con mensajes sobre tres episodios relacionados con esos hechos.
 
Trino del Centro Democrático sobre la supuesta "verdad" de los 'falsos positivos'

Estos son: un convenio con la Fiscalía en 2006, un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2010 y las supuestas irregularidades de la investigación de la justicia transicional frente a los casos ocurridos en Dabeiba, Antioquia. Dada su repercusión (1.600 retuits, 1.000 ‘me gusta’ y 1.600 comentarios), Colombiacheck verificó las tres afirmaciones. Dos son falsas y una, verdadera pero.

Los equipos de prensa de Uribe y su partido fueron contactados para este chequeo y otro sobre declaraciones adicionales que dio el expresidente en medios de comunicación, con el fin de consultar sus fuentes y detallar el contenido de los mensajes. Su respuesta fue que toda la información necesaria estaba contenida en un hilo de Twitter, un comunicado de la misma agrupación política y otro directamente del exfuncionario que él mismo puso también en esa red social.

El convenio con Fiscalía

La imagen publicada en el trino dice:

“En 2006 las Fuerzas Militares hicieron un convenio, autorizando que la Fiscalía investigara cada muerte en combate para que se supiera la verdad”.

VERDADERA PERO...

El convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación fue expedido en junio de 2006 con el propósito de “facilitar la investigación” sobre posibles homicidios en medio de operaciones militares cuando empezaron a aparecer denuncias al respecto. Eso es cierto.

Lo que no dice la imagen del Centro Democrático es que sus efectos fueron escasos y, en cambio, el mismo Uribe ha criticado esa decisión de su propio gobierno. Por eso la frase es ‘verdadera pero’.

Lo que establecía el documento era que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) debía inspeccionar, con protección y transporte de las Fuerzas Militares, los lugares donde hubieran ocurrido las muertes. Luego de obtener la evidencia necesaria, la Fiscalía quedaba encargada de decidir si el caso respectivo podía pasar a la Justicia Penal Militar (JPM) por estar relacionado con actos del servicio, como los señala la Constitución, o tenía que permanecer en la ordinaria.

A pesar de esto, los datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones civiles coinciden en que el pico de estos crímenes se presentó en 2007, como lo documentó la JEP. Es decir que los casos aumentaron al año siguiente de la firma del convenio, en lugar de disminuir.

Por ejemplo, al campesino José Arcadio Rodríguez, de 71 años, los militares lo presentaron ante la Fiscalía como muerto en combate después de asesinarlo en Maní, Casanare, a finales de febrero de 2007. Lo mismo le pasó a Lenin Yustres Amézquita en Tesalia, Huila, en agosto de ese año porque los responsables del crimen le pusieron armamento después de muerto para simular que había habido un enfrentamiento.

Hasta en el caso de los jóvenes desaparecidos de Soacha, Cundinamarca, que aparecieron como bajas en Ocaña, Norte de Santander, en 2008, el Ejército alcanzó a afirmar en medios que los levantamientos se habían hecho legalmente. Uribe defendió en público la falsa hipótesis del combate con la famosa frase de que “no fueron a recoger café”, apoyado en información que le dio el fiscal general de la época, Mario Iguarán.

Según su vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, el convenio buscaba “dejar bien sentado que debía haber una información a la Fiscalía” cuando hubiera muertes en combate, de modo que las autoridades judiciales pudieran intervenir tras recibir el aviso de la baja por parte de las Fuerzas Militares. En ese sentido, considera que sí se cumplió.

Sin embargo, el penalista reconoce que esto no era garantía para evitar los llamados “falsos positivos” porque “son sucesos que se apartan completamente del curso de acción”. Afirma que el CTI fue convocado por obligación “aún cuando se trataba de combates fingidos” y justamente han sido los levantamientos los que han permitido establecer casos de alteraciones en las escenas, disparos a corta distancia y otras pruebas de ejecuciones extrajudiciales; pero en otros se trató de “muertes ocultas a primera vista”.

Por otro lado, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reclamó en Twitter que para 2006 ya se habían cometido al menos 500 ‘falsos positivos’ de acuerdo con datos de la Fiscalía. Además, aseguró que la medida “muchas veces se incumplió”.

De hecho, esta tampoco implicaba un gran cambio en el panorama normativo previo. En 2005, el Manual Único de Policía Judicial ya había dejado claro que, en caso de no haber fiscales o policías competentes para inspeccionar un cadáver, la función debe ser asumida por los alcaldes como último recurso. No les dio ningún poder a los militares en ese aspecto.

Desde 1994, una sentencia de la Corte Constitucional había establecido que la Carta Política prohíbe la asignación de labores de policía judicial (como los levantamientos) a las Fuerzas Militares, así sea de manera transitoria. Ese tribunal y la Corte Suprema se han pronunciado varias veces en el mismo sentido.

Ya como expresidente, el mismo Uribe ha criticado el acuerdo con la Fiscalía pero por razones diferentes. En 2012, publicó una columna en la que se refería a él como una de las “decisiones de buena fe de nuestro Gobierno [que] pudieron debilitar el Fuero Militar” y pedía cambiar las reglas en sentido contrario: darle la competencia inicial sobre cualquier caso a la JPM por que los militares tenían “temor a injusticias de la justicia ordinaria”.

De modo que el convenio sí existió. El “pero” es que no representó una transformación normativa ni práctica importante en términos de prevención de los asesinatos conocidos como ‘falsos positivos’, que venían aumentando de forma drástica desde 2002. Entre tanto, Uribe ha renegado antes de la medida pero no por ineficiente sino por su supuesta afectación al fuero militar.

El informe de la ONU

El trino dice:

“La ONU confirmó que de 2008 a 2010 hubo 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos, la respuesta del presidente Uribe fue: ‘no debería haber ni uno solo’”.

FALSA

Por donde se le mire, la afirmación es falsa. Las cifras que en ese entonces ya había publicado la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia eran muchísimo más altas y no hay registro de esa supuesta respuesta de Uribe. De hecho, el partido tampoco respondió al pedirle las fuentes del informe y el pronunciamiento.

Al buscar en Google la supuesta frase textual en relación con los términos ‘ONU’, ‘Uribe’, ‘2010’ y ‘derechos humanos’ no sale ningún resultado que la confirme. Solo aparece una publicación que cita y critica el mensaje del Centro Democrático.

Por otro lado, las cifras que recogió el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Philip Alston en su visita a Colombia en 2009 eran muy diferentes. Su informe al respecto, publicado en marzo de 2010, cita múltiples fuentes, incluídas dos del gobierno Uribe, y todos los números que le dieron se contaban en cientos o miles:

“Todavía no hay claridad sobre el número exacto de homicidios. Un grupo de la sociedad civil [la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos] ha registrado al menos 995 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad entre julio de 2002 y junio de 2007. Otro grupo [la Comisión Colombiana de Juristas] registró 2.276 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado entre julio de 1996 y junio de 2008 (1.486 entre julio de 2002 y junio de 2008). El Ministerio de Defensa afirmó que había 1.391 casos de homicidios presuntamente atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, aunque no se me proporcionaron estadísticas sobre el número de ellos que el Ministerio consideraba lícitos. El Gobierno [a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario] me informó de 552 denuncias, entre 2000 y 2008, de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas militares. El Gobierno señaló que también podría haber otras denuncias registradas por la Fiscalía o la Procuraduría. La Fiscalía me informó de que, en mayo de 2009, su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario estaba investigando 1.708 homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado. La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando otros 317 casos. La Procuraduría informó 639 investigaciones preliminares realizadas desde 2000”.

Estas y otras cifras incluso mayores que han ido surgiendo con los años fueron compiladas por Colombiacheck en un explicador de 2019 recién actualizado con el nuevo dato de la JEP. De modo que la cifra de cuatro “casos sospechosos” reconocidos por la ONU está absolutamente alejada de la realidad. Por tanto, es falsa.

El caso Dabeiba

El trino dice:

“Los casos de la JEP sobre falsos positivos tienen irregularidades como lo demostró la Comisión Civil de la Verdad con el inexistente caso de Dabeiba”.

FALSA

Sobre Dabeiba, el partido publicó otro hilo con detalles más específicos de su acusación contra la JEP. En esta cadena de trinos asegura que “las ‘fake news’ sobre fosas comunes y falsos positivos afectan la reparación de las verdaderas víctimas del conflicto” y hace las siguientes afirmaciones:

“La JEP presenta a Édison Lezcano como falso positivo, supuestamente asesinado a golpes por el Ejército fuera de su casa en 2002. La exhumación de Lezcano muestra que murió por arma de fuego, como dicen los militares que participaron en la Operación Mongolia”.

“El informante de la JEP dijo que en la fosa de Dabeiba estaban los cuerpos de asesinatos entre 2005 y 2007, y a Lezcano lo mataron el 18 de mayo de 2002”.

“La versión de la esposa de Lezcano tiene irregularidades porque reconoce el cuerpo de Édison y dice que el NN encontrado junto a él es un guerrillero activo del frente 34 de las Farc. Si Lezcano no era de las Farc, ¿por qué su cuerpo estaba junto a un guerrillero activo?”.

La negación de que Édison Lexánder Lezcano Hurtado fue asesinado para hacerlo pasar por guerrillero muerto en combate es una falsedad que contraría toda evidencia judicial. Los argumentos que utiliza el partido para desestimar la historia son tergiversaciones de la realidad.

No es cierto que la versión judicial sea que a Lezcano, un campesino de 23 años, lo hubieran matado a golpes frente a su casa. Lo que dicen las declaraciones de su familia y otros testigos, incluidos militares que participaron en el crimen, es que él y otros hombres fueron sacados de sus casas a la fuerza y golpeados. Luego, liberaron a la mayoría pero a él lo asesinaron y, en efecto, está probado que fue con un tiro en la cabeza.

El disparo se lo dieron mientras estaba acostado boca abajo, en estado de indefensión. No fue un combate, como informó en principio el capitán Hermes Alvarado, comandante de una de las compañías que participaba en la Operación Mongolia contra el frente 34 de las FARC que se desarrolló en Dabeiba, Antioquia, y sus alrededores en mayo de 2002. En esto también miente la publicación del Centro Democrático.

Este recuento está, por ejemplo, en las historias que publicaron el diario El Espectador y el portal Verdad Abierta a propósito de la identificación de su cuerpo en febrero de 2020. Los artículos se basan en las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la JEP, así como en la sentencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió contra el Ministerio de Defensa y el Ejército por el homicidio en 2010.

De hecho, la jurisdicción transicional no hizo ninguna alusión a la causa de muerte específica en su comunicado, en su página dedicada al macrocaso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ni en sus trinos al respecto, identificados por búsqueda avanzada. Ni siquiera en el reciente auto sobre la estrategia de investigación dice nada sobre los golpes que le dieron ni sobre la forma como lo mataron, a pesar de que sí hay un párrafo sobre su hallazgo.

Igualmente, en ninguno de estos documentos de la JEP se dice que “el informante” de Dabeiba (en realidad son varios) haya declarado que el periodo de tiempo en el que se efectuaron los asesinatos fue entre 2005 y 2007. El mismo auto señala que hay ejecuciones en Dabeiba que se remontan incluso a 1997, aunque la mayoría sí se concentra a partir de 2005. Por tanto, no existe la señalada incoherencia con la fecha del crimen de Lezcano.

Tampoco hay irregularidad en cuanto al reconocimiento del cuerpo ni su hallazgo al lado de un guerrillero prueba que él también lo fuera. El cadáver de camuflado que los testigos han identificado como guerrillero y que posiblemente corresponda a los restos enterrados junto a los de Édison era un cuerpo que los militares trasladaron a la cabecera antes de llevarse a los demás hombres, incluido el joven campesino. Ese hombre ya estaba muerto desde antes, nadie ha dicho que los mataron al mismo tiempo.

En cuanto a la Comisión Civil de la Verdad que cita el partido como fuente, es una entidad creada en septiembre de 2020 por organizaciones de víctimas. Su líder hasta hace poco era el recién fallecido activista Herbin Hoyos, que en diciembre puso en duda que el caso pudiera ser considerado como una desaparición con el argumento de que los familiares sabían que Lezcano estaba muerto e incluso identificaron el cuerpo antes de que fuera enterrado, omitiendo que su lugar exacto de inhumación les fue ocultado por 18 años.

Además, Colombiacheck ya ha tenido que desmentir otras desinformaciones del uribismo sobre esta fosa, como cuando dijeron que era de las FARC a pesar de estar en un cementerio católico del casco urbano (la misma JEP investiga fosas de esa guerrilla, pero en el área rural, que era donde operaba). Con esa noticia falsa, incluso hicieron un montaje que imitaba una portada de la revista Semana.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Viernes, 05 Octubre 2018

Abuso sexual no es delito político, como lo asegura el Centro Democrático

Por Sania Salazar

En medio la presentación de un proyecto de ley, miembros del Partido Centro Democrático dijeron, equivocadamente, que actualmente los delitos sexuales contra menores de edad en el conflicto armado son considerados delitos políticos.

En un trino publicado en su cuenta personal de Twitter, la senadora del Centro Democrático Margarita Restrepo resaltó una iniciativa de la que se viene hablando hace semanas en esa colectividad y que parte de un hecho falso.

 

 

La senadora habla en su trino del proyecto de acto legislativo que presentaron los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia el pasado 25 de septiembre para modificar lo que ellos llaman “los acuerdos de La Habana” en dos aspectos: que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado contra menores de edad no sean considerados conexos al delito político y que esos delitos lo juzgue la justicia ordinaria y no la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien tiene actualmente a cargo esos casos.

Colombiacheck le preguntó a la senadora Restrepo en qué basan el argumento de que el abuso sexual a menores de edad es considerado como delito político dentro del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta.

De todas maneras, el abuso sexual no está en la lista de delitos considerados como conexos de los delitos políticos contemplados en la Ley de amnistía e indulto. Por eso, la parte del trino de Restrepo que indica que actualmente ese delito es considerado político es falsa.

Es más, en la Ley de amnistía dice expresamente que, “este mecanismo no procede cuando se trate de ... acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual ... conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”.

En efecto, el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales, entre otros, son crímenes de guerra y de lesa humanidad y, por lo tanto, no pueden ser amnistiados.

En Colombia son considerados delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada. La amnistía es el perdón de la pena otorgado, generalmente, a quienes han cometido este tipo de faltas. Los delitos conexos son aquellos que están relacionados con el desarrollo de la rebelión (por ejemplo el porte ilegal de armas).

¿Justicia ordinaria o JEP?

En el Acuerdo Final se acordó que la JEP se encargaría de manera exclusiva de las conductas relacionadas con el conflicto armado. Por eso, a este sistema de justicia transicional, que fue diseñado para acabar con el conflicto, le corresponde juzgar los delitos sexuales que se hayan cometido en ese contexto.

La competencia para juzgar esos delitos se debe a lo anterior y no a que los delitos sexuales sean considerados como conexos al político, argumento falso, como ya lo explicamos.

La JEP tiene penas restrictivas de la libertad, que van de cinco a 20 años y que dependen de la verdad que se aporte sobre los hechos y el momento del proceso en que se cuente esa verdad. Además, las sanciones incluyen acciones de reparación a las víctimas.

Ligia María Vargas, abogada de la Universidad de Los Andes y estudiante de doctorado en derecho penal, le explicó a Colombiacheck que sacar de la JEP los delitos sexuales, aunque hayan sido cometidos contra niños y adolescentes, sería negarles su nexo con el conflicto. Además aclaró que, por el alto volumen de casos, a la justicia ordinaria le queda materialmente imposible resolverlos, por lo que el objetivo de la justicia transicional es priorizarlos y obtener justicia, verdad y reparación.

“Lo que prima en este momento es solucionar el conflicto, es pasar la página y eso no quiere decir que no haya justicia. Lo que quiere decir es que no solo se trata de eso y, lo más importante, que justicia no es igual a penas de cárcel altísimas. Justicia en este caso equivale a reconocer la verdad, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a hacer una cantidad de procesos de sanación que reconstruyan el tejido social, que es una cosa que no hace la pena de cárcel porque el derecho penal ordinario no está diseñado para hacer eso”, destacó Vargas.

En un artículo escrito para el diario El Espectador sobre la jurisdicción en la que deberían quedar estos delitos, Laura Melissa Posada, abogada del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, habla de un estudio de la Corporación Sisma Mujer según el cual “estos hechos superaban el 90% de impunidad, independientemente del actor armado responsable”.

“En términos de estándares de reparación integral, la justicia ordinaria no ha sido efectiva, pues está limitada a una justicia punitiva, sin brindar estrategias de acompañamiento psicosocial y reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas”, indica Posada.

Para Vargas, las penas reducidas tienen el objetivo de conocer la verdad, “que en este momento es más importante si lo que queremos en realidad es una paz que dure. Si no hay verdad y no hay reconstrucción del tejido social la paz nunca va a llegar”, concluyó.

La idea de que los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado los juzgue la justicia ordinaria y no le JEP no es nueva.

Ya en agosto, la Corte Constitucional declaró inconstitucional un artículo que se había incluido en Ley Estatutaria de la JEP por iniciativa de la senadora Maritza Martínez, del Partido de la U, para que esos delitos pasaran a manos de la justicia ordinaria. El presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares explicó en La W Radio que el Congreso carecía de competencia para hacer esa modificación.

Según Linares, la manera de hacer la modificación es con un acto legislativo (proyecto para reformar la constitución), que fue lo que presentaron ahora los senadores Uribe y Valencia.