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Chequeo Múltiple

Viernes, 26 Febrero 2021

La ‘verdad sobre los falsos positivos’ es distinta a la que presenta el Centro Democrático

Por José Felipe Sarmiento

La cuenta del partido en Twitter publicó un trino con dos frases falsas y una ‘verdadera pero’ sobre los asesinatos de civiles para simular bajas en combate y las actuaciones del gobierno de Álvaro Uribe al respecto.

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicara un auto en el que reveló que la contrastación de varias fuentes indica que el Estado asesinó a 6.402 personas para simular bajas en combate en los seis primeros años de gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008), el expresidente y su partido, el Centro Democrático, han salido a cuestionar esos datos.

“¿Quieres conocer la verdad sobre los falsos positivos? Aquí te la contamos”, dice un trino en la cuenta oficial de la organización política. El mensaje lleva tres imágenes con mensajes sobre tres episodios relacionados con esos hechos.
 
Trino del Centro Democrático sobre la supuesta "verdad" de los 'falsos positivos'

Estos son: un convenio con la Fiscalía en 2006, un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2010 y las supuestas irregularidades de la investigación de la justicia transicional frente a los casos ocurridos en Dabeiba, Antioquia. Dada su repercusión (1.600 retuits, 1.000 ‘me gusta’ y 1.600 comentarios), Colombiacheck verificó las tres afirmaciones. Dos son falsas y una, verdadera pero.

Los equipos de prensa de Uribe y su partido fueron contactados para este chequeo y otro sobre declaraciones adicionales que dio el expresidente en medios de comunicación, con el fin de consultar sus fuentes y detallar el contenido de los mensajes. Su respuesta fue que toda la información necesaria estaba contenida en un hilo de Twitter, un comunicado de la misma agrupación política y otro directamente del exfuncionario que él mismo puso también en esa red social.

El convenio con Fiscalía

La imagen publicada en el trino dice:

“En 2006 las Fuerzas Militares hicieron un convenio, autorizando que la Fiscalía investigara cada muerte en combate para que se supiera la verdad”.

VERDADERA PERO...

El convenio entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación fue expedido en junio de 2006 con el propósito de “facilitar la investigación” sobre posibles homicidios en medio de operaciones militares cuando empezaron a aparecer denuncias al respecto. Eso es cierto.

Lo que no dice la imagen del Centro Democrático es que sus efectos fueron escasos y, en cambio, el mismo Uribe ha criticado esa decisión de su propio gobierno. Por eso la frase es ‘verdadera pero’.

Lo que establecía el documento era que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) debía inspeccionar, con protección y transporte de las Fuerzas Militares, los lugares donde hubieran ocurrido las muertes. Luego de obtener la evidencia necesaria, la Fiscalía quedaba encargada de decidir si el caso respectivo podía pasar a la Justicia Penal Militar (JPM) por estar relacionado con actos del servicio, como los señala la Constitución, o tenía que permanecer en la ordinaria.

A pesar de esto, los datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y organizaciones civiles coinciden en que el pico de estos crímenes se presentó en 2007, como lo documentó la JEP. Es decir que los casos aumentaron al año siguiente de la firma del convenio, en lugar de disminuir.

Por ejemplo, al campesino José Arcadio Rodríguez, de 71 años, los militares lo presentaron ante la Fiscalía como muerto en combate después de asesinarlo en Maní, Casanare, a finales de febrero de 2007. Lo mismo le pasó a Lenin Yustres Amézquita en Tesalia, Huila, en agosto de ese año porque los responsables del crimen le pusieron armamento después de muerto para simular que había habido un enfrentamiento.

Hasta en el caso de los jóvenes desaparecidos de Soacha, Cundinamarca, que aparecieron como bajas en Ocaña, Norte de Santander, en 2008, el Ejército alcanzó a afirmar en medios que los levantamientos se habían hecho legalmente. Uribe defendió en público la falsa hipótesis del combate con la famosa frase de que “no fueron a recoger café”, apoyado en información que le dio el fiscal general de la época, Mario Iguarán.

Según su vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, el convenio buscaba “dejar bien sentado que debía haber una información a la Fiscalía” cuando hubiera muertes en combate, de modo que las autoridades judiciales pudieran intervenir tras recibir el aviso de la baja por parte de las Fuerzas Militares. En ese sentido, considera que sí se cumplió.

Sin embargo, el penalista reconoce que esto no era garantía para evitar los llamados “falsos positivos” porque “son sucesos que se apartan completamente del curso de acción”. Afirma que el CTI fue convocado por obligación “aún cuando se trataba de combates fingidos” y justamente han sido los levantamientos los que han permitido establecer casos de alteraciones en las escenas, disparos a corta distancia y otras pruebas de ejecuciones extrajudiciales; pero en otros se trató de “muertes ocultas a primera vista”.

Por otro lado, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reclamó en Twitter que para 2006 ya se habían cometido al menos 500 ‘falsos positivos’ de acuerdo con datos de la Fiscalía. Además, aseguró que la medida “muchas veces se incumplió”.

De hecho, esta tampoco implicaba un gran cambio en el panorama normativo previo. En 2005, el Manual Único de Policía Judicial ya había dejado claro que, en caso de no haber fiscales o policías competentes para inspeccionar un cadáver, la función debe ser asumida por los alcaldes como último recurso. No les dio ningún poder a los militares en ese aspecto.

Desde 1994, una sentencia de la Corte Constitucional había establecido que la Carta Política prohíbe la asignación de labores de policía judicial (como los levantamientos) a las Fuerzas Militares, así sea de manera transitoria. Ese tribunal y la Corte Suprema se han pronunciado varias veces en el mismo sentido.

Ya como expresidente, el mismo Uribe ha criticado el acuerdo con la Fiscalía pero por razones diferentes. En 2012, publicó una columna en la que se refería a él como una de las “decisiones de buena fe de nuestro Gobierno [que] pudieron debilitar el Fuero Militar” y pedía cambiar las reglas en sentido contrario: darle la competencia inicial sobre cualquier caso a la JPM por que los militares tenían “temor a injusticias de la justicia ordinaria”.

De modo que el convenio sí existió. El “pero” es que no representó una transformación normativa ni práctica importante en términos de prevención de los asesinatos conocidos como ‘falsos positivos’, que venían aumentando de forma drástica desde 2002. Entre tanto, Uribe ha renegado antes de la medida pero no por ineficiente sino por su supuesta afectación al fuero militar.

El informe de la ONU

El trino dice:

“La ONU confirmó que de 2008 a 2010 hubo 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos, la respuesta del presidente Uribe fue: ‘no debería haber ni uno solo’”.

FALSA

Por donde se le mire, la afirmación es falsa. Las cifras que en ese entonces ya había publicado la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia eran muchísimo más altas y no hay registro de esa supuesta respuesta de Uribe. De hecho, el partido tampoco respondió al pedirle las fuentes del informe y el pronunciamiento.

Al buscar en Google la supuesta frase textual en relación con los términos ‘ONU’, ‘Uribe’, ‘2010’ y ‘derechos humanos’ no sale ningún resultado que la confirme. Solo aparece una publicación que cita y critica el mensaje del Centro Democrático.

Por otro lado, las cifras que recogió el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Philip Alston en su visita a Colombia en 2009 eran muy diferentes. Su informe al respecto, publicado en marzo de 2010, cita múltiples fuentes, incluídas dos del gobierno Uribe, y todos los números que le dieron se contaban en cientos o miles:

“Todavía no hay claridad sobre el número exacto de homicidios. Un grupo de la sociedad civil [la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos] ha registrado al menos 995 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad entre julio de 2002 y junio de 2007. Otro grupo [la Comisión Colombiana de Juristas] registró 2.276 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado entre julio de 1996 y junio de 2008 (1.486 entre julio de 2002 y junio de 2008). El Ministerio de Defensa afirmó que había 1.391 casos de homicidios presuntamente atribuidos a miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, aunque no se me proporcionaron estadísticas sobre el número de ellos que el Ministerio consideraba lícitos. El Gobierno [a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario] me informó de 552 denuncias, entre 2000 y 2008, de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas militares. El Gobierno señaló que también podría haber otras denuncias registradas por la Fiscalía o la Procuraduría. La Fiscalía me informó de que, en mayo de 2009, su Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario estaba investigando 1.708 homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado. La Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando otros 317 casos. La Procuraduría informó 639 investigaciones preliminares realizadas desde 2000”.

Estas y otras cifras incluso mayores que han ido surgiendo con los años fueron compiladas por Colombiacheck en un explicador de 2019 recién actualizado con el nuevo dato de la JEP. De modo que la cifra de cuatro “casos sospechosos” reconocidos por la ONU está absolutamente alejada de la realidad. Por tanto, es falsa.

El caso Dabeiba

El trino dice:

“Los casos de la JEP sobre falsos positivos tienen irregularidades como lo demostró la Comisión Civil de la Verdad con el inexistente caso de Dabeiba”.

FALSA

Sobre Dabeiba, el partido publicó otro hilo con detalles más específicos de su acusación contra la JEP. En esta cadena de trinos asegura que “las ‘fake news’ sobre fosas comunes y falsos positivos afectan la reparación de las verdaderas víctimas del conflicto” y hace las siguientes afirmaciones:

“La JEP presenta a Édison Lezcano como falso positivo, supuestamente asesinado a golpes por el Ejército fuera de su casa en 2002. La exhumación de Lezcano muestra que murió por arma de fuego, como dicen los militares que participaron en la Operación Mongolia”.

“El informante de la JEP dijo que en la fosa de Dabeiba estaban los cuerpos de asesinatos entre 2005 y 2007, y a Lezcano lo mataron el 18 de mayo de 2002”.

“La versión de la esposa de Lezcano tiene irregularidades porque reconoce el cuerpo de Édison y dice que el NN encontrado junto a él es un guerrillero activo del frente 34 de las Farc. Si Lezcano no era de las Farc, ¿por qué su cuerpo estaba junto a un guerrillero activo?”.

La negación de que Édison Lexánder Lezcano Hurtado fue asesinado para hacerlo pasar por guerrillero muerto en combate es una falsedad que contraría toda evidencia judicial. Los argumentos que utiliza el partido para desestimar la historia son tergiversaciones de la realidad.

No es cierto que la versión judicial sea que a Lezcano, un campesino de 23 años, lo hubieran matado a golpes frente a su casa. Lo que dicen las declaraciones de su familia y otros testigos, incluidos militares que participaron en el crimen, es que él y otros hombres fueron sacados de sus casas a la fuerza y golpeados. Luego, liberaron a la mayoría pero a él lo asesinaron y, en efecto, está probado que fue con un tiro en la cabeza.

El disparo se lo dieron mientras estaba acostado boca abajo, en estado de indefensión. No fue un combate, como informó en principio el capitán Hermes Alvarado, comandante de una de las compañías que participaba en la Operación Mongolia contra el frente 34 de las FARC que se desarrolló en Dabeiba, Antioquia, y sus alrededores en mayo de 2002. En esto también miente la publicación del Centro Democrático.

Este recuento está, por ejemplo, en las historias que publicaron el diario El Espectador y el portal Verdad Abierta a propósito de la identificación de su cuerpo en febrero de 2020. Los artículos se basan en las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la JEP, así como en la sentencia que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió contra el Ministerio de Defensa y el Ejército por el homicidio en 2010.

De hecho, la jurisdicción transicional no hizo ninguna alusión a la causa de muerte específica en su comunicado, en su página dedicada al macrocaso 03 sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ni en sus trinos al respecto, identificados por búsqueda avanzada. Ni siquiera en el reciente auto sobre la estrategia de investigación dice nada sobre los golpes que le dieron ni sobre la forma como lo mataron, a pesar de que sí hay un párrafo sobre su hallazgo.

Igualmente, en ninguno de estos documentos de la JEP se dice que “el informante” de Dabeiba (en realidad son varios) haya declarado que el periodo de tiempo en el que se efectuaron los asesinatos fue entre 2005 y 2007. El mismo auto señala que hay ejecuciones en Dabeiba que se remontan incluso a 1997, aunque la mayoría sí se concentra a partir de 2005. Por tanto, no existe la señalada incoherencia con la fecha del crimen de Lezcano.

Tampoco hay irregularidad en cuanto al reconocimiento del cuerpo ni su hallazgo al lado de un guerrillero prueba que él también lo fuera. El cadáver de camuflado que los testigos han identificado como guerrillero y que posiblemente corresponda a los restos enterrados junto a los de Édison era un cuerpo que los militares trasladaron a la cabecera antes de llevarse a los demás hombres, incluido el joven campesino. Ese hombre ya estaba muerto desde antes, nadie ha dicho que los mataron al mismo tiempo.

En cuanto a la Comisión Civil de la Verdad que cita el partido como fuente, es una entidad creada en septiembre de 2020 por organizaciones de víctimas. Su líder hasta hace poco era el recién fallecido activista Herbin Hoyos, que en diciembre puso en duda que el caso pudiera ser considerado como una desaparición con el argumento de que los familiares sabían que Lezcano estaba muerto e incluso identificaron el cuerpo antes de que fuera enterrado, omitiendo que su lugar exacto de inhumación les fue ocultado por 18 años.

Además, Colombiacheck ya ha tenido que desmentir otras desinformaciones del uribismo sobre esta fosa, como cuando dijeron que era de las FARC a pesar de estar en un cementerio católico del casco urbano (la misma JEP investiga fosas de esa guerrilla, pero en el área rural, que era donde operaba). Con esa noticia falsa, incluso hicieron un montaje que imitaba una portada de la revista Semana.

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Jueves, 07 Junio 2018

Duque insiste en posición del Estado sobre 'falsos positivos'

Por José Felipe Sarmiento Abella

Igual que lo han hecho las autoridades en los gobiernos Uribe y Santos, el candidato presidencial del Centro Democrático considera que las ejecuciones extrajudiciales no fueron una política pública.

Entre los muchos escándalos del gobierno de Álvaro Uribe por los que la periodista Patricia Janiot le preguntó al candidato presidencial Iván Duque, ficha del exmandatario, el aspirante del partido Centro Democrático empezó por referirse al de los ‘falsos positivos’ para desestimar los cuestionamientos de su interlocutora.

“Los falsos positivos los he rechazado siempre y además no fueron una política de Estado”, contestó el exsenador. De paso recordó que hubo una “purga” en las Fuerzas Militares tan pronto estalló el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en 2008, a raíz del caso de los jóvenes reclutados con engaños en Soacha (Cundinamarca) que luego aparecieron como supuestos guerrilleros muertos en combate en Ocaña (Norte de Santander).

De hecho, hace cerca de un mes se viralizó un trino que Duque publicó en diciembre de 2010, en el que afirmaba que Uribe había actuado “con firmeza” para ponerle fin a ese fenómeno. El entonces funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que apenas había empezado a tener cercanía directa con el recién salido jefe de Estado, llamaba “difamadores” a quienes negaban esa versión de la historia.

 

 

El candidato también señaló que las investigaciones por los ‘falsos positivos’ avanzan en el país.

Su posición coincide con la teoría de que son “casos aislados”. Así se ha defendido el Estado ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya pasó ante la Corte IDH un proceso contra Colombia por las denuncias de impunidad en cuatro de esas ejecuciones.

Es cierto que hasta ahora no existe una decisión judicial que ratifique la existencia de una política pública para asesinar civiles y presentarlos como muertes en combate. No obstante la Nación sí ha sido condenada por casos independientes en los que se ha reconocido el carácter sistemático de esas acciones, que las convierten en crímenes de lesa humanidad, mas no los tipifica como una política de Estado.

En mayo pasado el Consejo de Estado le ordenó pagar una indemnización por un montaje de esas características que le hicieron a un adolescente de 15 años en 2005. El comunicado del Alto Tribunal reconoce que el joven fue “víctima del afán de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable política de incentivos”. El fallo no menciona nada sobre esta, aunque afirma que el objetivo del pelotón responsable era aumentar su registro de bajas y que a cambio la institución les reconocía recompensas.

La historia ya es conocida. “Por esas bajas les daban medallas, vacaciones, plata”, recuerda Jaqueline Castillo, vocera de las Madres de Soacha. Su hermano Jaime fue uno de los 19 hombres que desaparecieron en agosto de 2008 en ese municipio y después fueron asesinados por militares 650 kilómetros al norte, para hacerlos pasar como guerrillero muertos en combate.

Más que una directiva

Una de las claves de esos premios que recibían los militares está en la directiva 29 de 2005 que expidió el ministro de Defensa, Camilo Ospina.

El documento secreto ofrecía dinero por las muertes de miembros grupos armados ilegales y narcotraficantes. Pero su papel dentro de la historia es más complejo de lo que parece.

En 2010 el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, publicó un informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en el que descartó la teoría de la política de Estado pero reveló el entramado criminal con mayores detalles.

Concluyó, por ejemplo, que esos pagos oficiales no iban dirigidos a los militares sino a “reclutadores” que conseguían las víctimas. Entretanto, cada brigada podía decidir si premiaba de alguna manera, con cargo a los gastos reservados, a sus integrantes por las bajas que produjeran.

Así lo registró también el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), que agrupa a 267 organizaciones sociales.

Con base en las declaraciones que algunos militares le dieron a la Fiscalía, la ONG estableció también que estos buscaban a sus víctimas por medio de la “red de cooperantes” civiles -una política que promovió de forma abierta el presidente Uribe- y en alianza con grupos paramilitares.

El propio Ministerio de Defensa admitió fallas en los controles en las recompensas, los ascensos y los gastos militares. A raíz de ese diagnóstico, este fue uno de los principales puntos dentro de las 15 medidas que impulsaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, en 2008 para tratar de acabar con la práctica de los falsos positivos.

Juntos, con el viceministro Sergio Jaramillo, promovieron también la investigación interna que llevó a la “purga” que menciona Duque, que empezó con el despido de 27 altos mandos, incluido el comandante del Ejército, general Mario Montoya, tras el escándalo de Soacha. Sin embargo, esto no bastó para evitar que la ONU le reprochara al Estado la desestimación de otras denuncias y las críticas a decisiones judiciales en su contra.

No tan firmes

Es que los pecados de Colombia en los ‘falsos positivos’ son de acción, pero también de omisión.

No de otra forma se explica que las víctimas se cuentan por millares. Un estudio sociológico publicado este año por dos expolicías calcula que fueron 10.000 las personas asesinadas en los ocho años de mandato de Uribe. Las Madres de Soacha estiman la cifra por encima de 6.000. La Fiscalía contaba 4.190 en 2016. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registra al menos 1.034 casos desde 1984, unos individuales y otros con múltiples víctimas.

Los datos de esta institución y un estudio de las universidades de La Sabana y el Externado demuestran un aumento vertiginoso entre 2002 y 2010, sobre todo desde la directiva de 2005 hasta las medidas de choque tras el escándalo en 2008. Pero la práctica de las ejecuciones extrajudiciales era de vieja data y su proliferación se había hecho evidente mucho antes de que el Estado la reconociera.

La política de seguridad democrática que planteó en 2003 la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez (ahora fórmula vicepresidencial de Duque), ya contemplaba reformas a la manera en que se medía el éxito operativo de las Fuerzas Militares y la necesidad de lograr una “disminución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos”.

Pero Ospina, su sucesor, permitió que se diera todo lo contrario.

En 2006, la CIDH advertía sobre el aumento en las ejecuciones extrajudiciales; la ONU lo había hecho ya en sus informes anuales sobre derechos humanos en el país de 2004 y 2005. En los medios también parecían casos con cada vez mayor frecuencia, en especial cuando algunos militares investigados por ellas resultaron también implicados en la masacre de Jamundí y los montajes de atentados previos a la segunda posesión de Uribe.

Las investigaciones aparecieron en la revista Semana desde septiembre de 2006 y el analista Alfredo Rangel, actual senador uribista, denunciaba esa práctica en su columna de Cambio en junio de ese mismo año.

Mientras, la Cancillería protestaba por las críticas internacionales y el Ministerio de Defensa hacía lo mismo ante el control político de los senadores Gustavo Petro, ahora candidato presidencial por la coalición Colombia Humana, y Juan Manuel Galán.

El ministro Santos empezó a tomar medidas en 2007. Aun así, solo fue al año siguiente cuando el caso de Soacha llevó a un gran revolcón de las políticas de Defensa en favor de los derechos humanos. Desde entonces las cifras de ‘falsos positivos’ cayeron de manera estrepitosa con el reconocimiento de la ONU y otros organismos internacionales.

El trino de Duque en el que exalta la “firmeza” de Uribe para hacer esos cambios y expulsar a los oficiales implicados se dio, de hecho, cuando los cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks pusieron en entredicho esa mano dura.

Al embajador William Brownfield le preocupaba la influencia que el general Montoya y otros altos mandos cuestionados mantenían sobre el presidente y su resistencia a aceptar las reformas propuestas por Santos, Padilla y Jaramillo, así como a sancionar a quienes salían nombrados en la investigación administrativa interna de las Fuerzas Militares. Algunos funcionarios hablaron incluso de saboteo.

Para la abogada Carolina Daza, del Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), que defiende a muchas de las víctimas, además ha habido revictimización por parte del Estado y del expresidente.

Sobre todo porque, diez años después de los hechos, la justicia todavía no llega a muchos responsables y la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha permitido que algunos condenados salgan de la cárcel de manera provisional. “Están buscando que esto quede en la impunidad”, se queja Castillo.

Además, es célebre la frase, con la que periodistas como Julián Martínez o Daniel Samper le respondieron a Duque, en la que Uribe señaló que los jóvenes asesinados “no estarían recogiendo café” y la retractación que tuvo que hacer en un proceso en su contra por calumnia luego de señalarlos como “delincuentes”.

 

 

Pero nada de esto ha llevado todavía un pronunciamiento judicial que concluya, de manera general, que los ‘falsos positivos’ fueron una política de Estado, porque tanto los procesos penales como los administrativos se han centrado en casos específicos. Hasta ahí podría considerarse verdadera la afirmación de Duque.

El problema es que la conclusión definitiva no está dada. La ONG internacional Human Rights Watch y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se han pronunciado a favor de la tesis de que hubo una política, como mínimo, a nivel de las brigadas implicadas.

Entonces la interpretación que hace el candidato es ligera, porque en el marco de la justicia transicional o con una eventual intervención de un tribunal internacional podría darse un pronunciamiento contrario a su aseveración, con base en las evidencias ya existentes y conocidas.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Los falsos positivos no fueron una política de Estado”.

    Autor: Iván Duque, candidato presidencial del Centro Democrático.

    Fuentes: Fallos del Consejo de Estado que condenan al Estado por el asesinato de José Lorenzo Taborda y un adolescente de 15 años, comunicado sobre este último; tesis de maestría en Estudios Políticos de Alejandra Bonilla Mora en la Universidad Javeriana, informes de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en 2012 y 2016, informe de Human Rights Watch sobre responsabilidad de altos mandos en ‘falsos positivos’, informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su informe de fondo sobre cuatro casos y comunicado sobre el paso a la Corte de ejecuciones extrajudiciales; cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Bogotá filtrados por WikiLeaks (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Twitter de Álvaro Uribe e Iván Duque y su campaña (que no respondió), política pública de seguridad democrática y su balance 2002-2006; Jaqueline Castillo, representante de las Madres de Soacha; Carolina Daza, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo; informes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) sobre ‘falsos positivos’ y su banco de datos sobre el conflicto armado, informe del Ministerio de Defensa de 2010 sobre la implementación de las 15 medidas para enfrentar las ejecuciones extrajudiciales y sus directiva 29 de 2005 (derogada) y 19 de 2007; informe del relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, sobre su visita a Colombia en 2009; estudio de las universidades de La Sabana y el Externado sobre el aumento de los ‘falsos positivos’ en el gobierno Uribe, reseña del diario británico The Guardian sobre estudio de expolicías, ediciones 1.273 a 1.283 de la revista Semana y 677 de Cambio; Facebook de Daniel Samper Ospina.

    Contexto: Entrevista con la cadena informativa Univisión al día siguiente de la primera vuelta presidencial, ante pregunta de la periodista Patricia Janiot sobre los escándalos del gobierno Uribe.

    Calificación: Ligera.