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Jueves, 05 Marzo 2020

Aborto es un delito y también un derecho

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El exconcejal Marco Fidel Ramírez publicó un trino con cuatro afirmaciones sobre la ponencia del magistrado Linares y la discusión sobre el aborto. Se rajó en dos, pero le atinó a las otras dos.

En las últimas semanas se reabrió el debate del aborto en Colombia. Primero, por la polémica generada por un hombre que se oponía a que su expareja accediera a su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego, por la ponencia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares para despenalizar por completo el aborto en las primeras 16 semanas de embarazo.

La discusión de la ponencia de Linares en la Corte se fijó para el pasado lunes 2 de marzo. Ese día, grupos de mujeres y organizaciones autodenominadas “provida” se reunieron frente a la Corte Constitucional para hacer un plantón a favor y en contra, respectivamente, de la despenalización del aborto.

También ese día, Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá (quien se hace llamar el “concejal de la familia”) publicó un trino (que fue compartido en su Facebook) luego de que la corte anunciara su decisión. En la publicación, Ramírez dijo: “Derrotada la ponencia herodiana del magistrado Linares en la @CConstitucional . Votación 6-3 . Aborto en Colombia sigue siendo un delito. El aborto no es un derecho, es un crimen”.

Revisamos una a una las cuatro afirmaciones verificables de su trino y encontramos una verdadera, una verdadera pero, una cuestionable y una falsa.

El contexto

Antes de entrar a la verificación de las afirmaciones de Ramírez vale la pena devolverse un poco en los hechos para contextualizar.

La ponencia del magistrado Linares surgió porque la abogada Natalia Bernal presentó el año pasado dos demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código Civil y el artículo 122 del Código Penal.

El primero determina que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”.

El artículo del Código Penal tipifica el delito del aborto y establece que:

“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. 

La Corte Constitucional, sin embargo, en la Sentencia C-355 de 2006 estudió la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal y despenalizó dicha conducta en tres circunstancias específicas (que explicamos en un artículo anterior):

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.

  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

  3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Lo que buscaba Bernal, por medio de la demanda de constitucionalidad a los dos artículos de los códigos señalados, es que la Corte volviera a penalizar el aborto bajo el argumento de que existe evidencia científica para asegurar que el derecho a la vida debería regir antes del nacimiento. Además, que “el aborto inducido afecta la dignidad, la integridad psicológica y física de las mujeres que abortan voluntariamente, pone en peligro la conciencia y la salud mental de los médicos que realizan el procedimiento con autorización de los Estados, atenta contra la vida, la dignidad, la intimidad y la integridad de los niños y niñas indefensos”, según el boletín 25 de la Corte Constitucional.

Es decir, la abogada pretendía tumbar lo dicho por la entidad judicial desde 2006,

La demanda llegó a la Corte Constitucional y le fue asignada a Alejandro Linares quien la admitió. No obstante, la ponencia que redactó el magistrado iba en contravía de lo que pretendía la demanda de Bernal. 

Según un artículo publicado por El Espectador, que revisó la ponencia, el proyecto: 

“Apunta que lo que debe hacer la Corte Constitucional en este momento es avanzar aún más en la despenalización del aborto y declararlo completamente legal antes de las 16 semanas, sin que haya causales de por medio, e insistirle al Estado y sus instituciones en que no pueden existir más barreras que solo tienen como objetivo que las mujeres colombianas no accedan a este derecho fundamental. La propuesta es que, después de la semana 16 de gestación, las causales ya aprobadas entren a regir”. 

Linares presentó la ponencia a los demás magistrados de la Corte para que la estudiaran y la discusión se fijó, como mencionamos al comienzo, para el 2 de marzo.

Ese lunes, al final de la tarde, la Corte Constitucional dio a conocer a la opinión pública la decisión que tomó frente a la ponencia del magistrado Linares, y tal y como tituló La Silla Vacía su artículo, la Corte decidió no decidir. El ente judicial se inhibió de pronunciarse.

Ahora, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones de Ramírez al respecto?

“Derrotada la ponencia”

Cuestionable

 

 

Para Jorge Enrique Roa Roa, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado, afirmar que la ponencia del magistrado Linares fue derrotada es una cuestión de perspectiva.

Podría decirse que sí fue derrotada porque el aborto no se despenalizó por completo en el primer trimestre de gestación, como pretendía la ponencia.

Pero, también podría decirse que no fue derrotada porque ni siquiera llegó a discutirse; la corte se inhibió.

Según Diego Castillo, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un auto inhibitorio se da cuando un tribunal (de cualquier tipo) considera que por distintas razones existe una imposibilidad para pronunciarse. Puede ser, como en este caso, porque la demanda no estaba bien fundamentada.

De acuerdo con el boletín 25 de la entidad judicial, “la ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 122 del Código Penal, condujo a que la Corte se inhibiera de proferir una decisión de fondo”.

“La Corte encontró que el artículo 122 del Código Penal fue objeto de un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal mediante sentencia C-355 de 2006 y que la demandante no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional”, señala el mismo boletín.

Como la corte ni siquiera llegó a discutir el fondo de la ponencia (la pertinencia de despenalizar el aborto hasta la semana 16), sino que se concentró en la forma de la demanda, para Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, no se puede decir que “fue derrotada”. 

Y en esto también coincide Roa Roa, pues “el magistrado [Linares] puede decir que no hubo derrota ni victoria porque el tema ni siquiera se discutió”. 

Como lo que quería la demandante no se cumplió, no se puede decir que fue una victoria de los sectores religiosos y autodenominados provida, pues la IVE sigue estando despenalizada en los casos establecidos desde 2006. Es decir, todo queda como estaba antes de la polémica.

Entonces, dado que no existe un consenso sobre cuál es la interpretación correcta de la afirmación del exconcejal Ramírez, calificamos este punto como cuestionable.

“Votación 6-3”

Verdadero

 

 

De acuerdo con el boletín 25 de la Corte Constitucional, “los magistrados Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos salvaron el voto en relación con la providencia anterior”. Es decir, no compartieron las razones aducidas por la mayoría en la sentencia.

Los otros seis magistrados estuvieron de acuerdo con la inhabilidad. De modo que es verdadero que la votación quedó 6-3, como señala Ramírez.

“Aborto en Colombia sigue siendo un delito”

Verdadero, pero

 

 

Efectivamente, como explicamos al comienzo, el aborto es un delito tipificado en el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, también como ya explicamos, no lo es si la mujer o persona gestante se encuentra en una de las tres causales.

Y como tras la discusión en la corte el pasado lunes no cambió nada, pues es cierto que el aborto sigue siendo un delito en Colombia, pero no en todos los casos; por eso calificamos esta afirmación de Ramírez como “verdadera, pero”.

“El aborto no es un derecho, es un crimen”

Falso

 

 

“Sí es un derecho y es un derecho fundamental desde la sentencia C-355 de 2006 hasta la SU-096 de 2018”, dice Roa Roa. El docente señala que incluso esta última sentencia dice: “Derecho fundamental a la IVE” y reafirma los derechos reproductivos (la protección de la autodeterminación reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva) como derechos fundamentales.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la sentencia C-355.

Y, como contamos en un chequeo anterior, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

El abogado Jorge Enrique Roa resume el asunto con un ejemplo: El derecho al voto solo aplica cuando hay elecciones. Eso no quiere decir que el resto del tiempo no haya derecho al voto. De la misma manera, que el aborto sea delito en unos casos no quiere decir que no exista el derecho al aborto, ni que en todos los casos sea un delito ni un crimen, como dijo Ramírez. Por esta razón, calificamos esta última afirmación como falsa.
 

***

El 3 de marzo contactamos a Marco Fidel Ramírez vía WhatsApp para consultarle por las fuentes y razones en las que basó sus afirmaciones. Aunque leyó nuestros mensajes, no nos respondió. Lo contactamos, además, vía Twitter en respuesta al trino objeto de esta verificación y obtuvimos lo mismo: silencio de su parte.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Viernes, 12 Febrero 2021

Corte Constitucional no le ha dicho ‘NO’ al aborto, como publican portales

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

En portales y redes sociales publicaron esta información, pero la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la demanda que busca eliminar el delito de aborto del Código Penal.

El 1 de febrero el portal Oiga Noticias publicó una nota titulada “Corte colombiana le dice NO al aborto”.  El portal señala que “la Corte Constitucional de Colombia mantiene una postura de 5 contra 4 que impide la despenalización del aborto” y cita una nota de Panam Post titulada de manera similar: “Colombia: Corte Constitucional le dice no al aborto”. 

Sin embargo, al revisar ambas notas encontramos que comparten información equivocada pues la Corte Constitucional despenalizó el aborto, en tres causales,  desde 2006.

La nota que Panam Post compartió en su Facebook cuenta, a la fecha, con más de 3.000 interacciones. Además, a través de la herramienta CrowdTangle, hicimos una búsqueda de la frase “Corte dice no al aborto” y encontramos más de 90.000 interacciones alrededor de este tema. 

El aborto, como dijimos, está despenalizado en Colombia desde 2006 por medio de tres causales y en varias ocasiones, a través de sentencias, la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental. Razón por la cual Colombiacheck decidió revisar la publicación y la calificó como falsa.

En Colombiacheck hicimos una búsqueda en Google para indagar en qué podría estar basándose Oiga Noticias para emitir la información que publica, y encontramos la nota original de Panam Post al igual que una entrada del portal Politik

En ocasiones pasadas Colombiacheck ya ha verificado y desmentido publicaciones hechas por estos portales relacionadas con el director de la Organización Mundial de la Salud, las elecciones de Estados Unidos del año pasado, una frase que no dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la falsa noticia sobre corrupción en la entrega del premio Nobel a Juan Manuel Santos

En esa nueva desinformación estos son los argumentos que publica Panam Post, que Oiga Noticias y Politik replican en sus respectivas notas, y que precisamos a continuación:

  1. “La Corte Constitucional de Colombia mantiene una postura de 5 contra 4 que impide la despenalización del aborto”. Y “todas las magistradas se oponen a la despenalización total del aborto, lo cual desmonta el relato feminista de que es una causa de mujeres”.
  2. “Todo país hispanoamericano, a excepción de Cuba, es firmante del Pacto de San José, donde se reconoce el derecho a la vida”. Y que este pacto “tiene jerarquía constitucional”. Por lo cual, afirman los portales, “sobre esta base se sostiene el argumento de que despenalizar el aborto implicaría ir contra la ley”.
  3. Y narran la historia de “Juan Sebastián, un niño de siete meses de gestación que fue abortado”.

“Postura 4 contra 5 impide la despenalización del aborto”

Como Colombiacheck contó en el Explicador: Preguntas y respuestas sobre el derecho al aborto en Colombia, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está despenalizada por la Corte Constitucional y es legal en Colombia si se enmarca dentro de tres causales:

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.
  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.
  3. Cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

En Colombia, sin embargo, hay una situación particular, como contamos en este otro chequeo, y es que el aborto es un derecho fundamental, pero también un delito en cuanto está penalizado en el Código Penal (artículo 122). 

Lo que hizo la Corte Constitucional con la sentencia C-355 de 2006 fue decir que en los casos en que apliquen las causales anteriormente mencionadas, ninguna mujer podrá ser procesada judicialmente por abortar.

En septiembre de 2020, sin embargo, el movimiento Causa Justa, integrado por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el delito de aborto ante la Corte Constitucional. La intención de la demanda es eliminar el delito y permitir el aborto sin causales.

Posiblemente las notas publicadas por Panam Post, Oiga Noticias y Politik se refieren a esa demanda que está aún en curso en la alta corte. Al igual que a la información que publicó Noticias Caracol el 31 de enero (un día antes de las entradas de los portales) en la que cuenta sobre la demanda y anuncia que de los nueve magistrados que conforman la Corte Constitucional, cuatro podrían estar a favor de eliminar el delito de aborto, mientras que cinco, estarían en contra.

Panam Post señala, al igual que Noticias Caracol, que “a favor [de eliminar el delito de aborto] están los magistrados Alberto Rojas, Alejandro Linares, José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo. Este último es el ponente. En contra están Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. También los miembros del alto tribunal, Gloria Ortiz y Diana Fajardo, están en contra”.

La cuestión con este asunto es que Panam Post, y quienes replican la desinformación, lo afirman como un hecho. Pero la realidad es que la demanda sigue en trámite actualmente en la Corte Constitucional y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva. 

Hasta este momento, de acuerdo con el equipo de prensa de la corte, los magistrados no han debatido sobre el tema. Ni siquiera existe aún un proyecto de fallo, que tendría que proponer el magistrado ponente Antonio José Lizarazo, y que tendría que ser discutido en la sala plena del alto tribunal. 

Solo cuando la discusión termine en la sala plena habrá una decisión sobre el caso. Y para esto aún faltan, al menos, un par de meses. Esto porque debido a solicitudes de nulidad del proceso y a recusaciones contra los magistrados, el plazo máximo para tomar una decisión se encuentra suspendido desde el 7 de diciembre, de acuerdo con información que nos proporcionó el equipo de prensa de la corte. 

Mario Cajas, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, le dijo a Colombiacheck, además, que al ser este un tema tan polémico en Colombia, en caso de que se hubiese tomado ya una decisión, medios de comunicación reconocidos lo habría informado “porque eso es difícil tenerlo oculto”. Pero ese no es el caso. 

De modo que, hasta que no haya una sentencia publicada no es posible saber con precisión si se despenalizará completamente el aborto en Colombia o no, así como el número de votos y la posición de cada magistrado y magistrada frente al tema.

Ahora bien, de acuerdo con la nota de Noticias Caracol, de los cinco magistrados que podrían llegar a votar contra la demanda por la eliminación del delito de aborto, se cuentan a las tres miembros mujeres de la corporación. 

Por eso, también posiblemente, los portales habrían publicado que “todas las magistradas se oponen a la despenalización total del aborto”, afirmación que, como decimos, es prematura de hacer porque  aún no han votado.

Pacto de San José 

En este punto posiblemente la publicación de Panam Post se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 4 afirma: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Pero este punto de la convención no implica que el aborto esté prohibido y que sea ilegal despenalizarlo. 

Incluso, la misma sentencia que despenalizó el aborto en Colombia en 2006 menciona el pacto de San José y el reconocimiento del derecho a la vida del no nacido. Sin embargo, según explica Cajas, en la ponderación de derechos que hizo la corte, “ha reconocido la IVE como un derecho autónomo que tienen las mujeres”. 

En la sentencia C-355 la Corte Constitucional dijo que aunque se puede establecer una protección a la vida prenatal, esta protección no puede ser superior ni eliminar por completo los derechos de las personas gestantes. Es decir, en la ponderación de derechos no se puede poner por encima de la vida de una persona la vida de quien no ha nacido; pues la característica, los derechos y la potestad de persona se adquieren al momento en que se nace.

“La historia de Juan Sebastián”

En  la nota de Panam Post también aseguran que “los magistrados han optado por no avalar esta práctica guiados por cómo las tres causales en las cuales se ha permitido el aborto han sacudido al país con prácticas que atentan contra derechos fundamentales.

El caso más destacado fue el de Juan Sebastián, un niño de siete meses de gestación que fue abortado”.

Como también contamos en un chequeo de hace un año, un hombre llamado Juan Pablo Medina generó polémica en febrero de 2020 al afirmar, en varios medios colombianos, que no aceptaba la decisión de su exnovia de acceder a una interrupción voluntaria de un embarazo que inició cuando ellos se encontraban en una relación sentimental. 

En efecto, la mujer gestante decidió acceder a una IVE y el procedimiento se llevó a cabo. Pero esta interrupción se enmarcó dentro de una de las tres causales que mencionamos hace un momento, específicamente la primera: Peligro para la vida o la salud de la mujer. 

La publicación de Panam Post dice que “aunque la vida de la madre no estaba en peligro mortal, usó la causal existente para pedir el aborto”. Esto es porque, como contamos en el explicador mencionado, la Corte Constitucional en varias sentencias se ha acogido a la definición de salud integral que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende como salud “el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esto incluye los casos en los que continuar con el embarazo (incluso deseado) signifique una probabilidad de daño físico o mental para el bienestar de la mujer. Así como aquellos casos de personas gestantes que estén sufriendo angustia por llevar a cabo un embarazo no deseado o que estén mentalmente afectadas por el hecho de no sentirse listas para enfrentar la maternidad. 

Por otro lado, como también está contado en el explicador, en la sentencia SU-096 de 2018, la Corte Constitucional aclaró que una interrupción voluntaria se puede realizar en cualquier momento de la gestación, sin ningún límite de tiempo.  

De modo que, el caso de la mujer que decidió abortar, que además contó con el acompañamiento de Profamilia, se constituyó como un procedimiento legal de acuerdo con toda la jurisprudencia alrededor de la IVE. 

“Profamilia, entidad que llevó a cabo el procedimiento en la ciudad de Popayán, señaló que este fue totalmente legal y seguro, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para embarazos avanzados”, informó en febrero del año pasado la emisora La W.

El mismo Ministerio en su página web indica que “en Colombia la Corte Constitucional reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres”.

Asimismo, ese caso, como lo dijo Martha Royo, directora ejecutiva de Profamilia, se realizó la interrupción voluntaria del embarazo de la joven, de 22 años, y que se hizo “conforme a la sentencia C-355 de 2006”, de acuerdo con lo emitido por un juzgado de Popayán.

La misma alta corte ha dicho, además, que ni el progenitor, la pareja, los amigos o la familia de una persona embarazada pueden o deben dar su consentimiento o autorización para que esta decida terminar un embarazo o para que no lo haga. 

La sentencia SU096 de 2018, por ejemplo, señala: “La Corte Constitucional ha reconocido que entre las barreras inadmisibles también se encuentra el impedir a las niñas menores de 14 años en estado de gravidez exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con dicha interrupción”. 

En ese caso, se estaría obligando a la mujer a llevar un embarazo forzado y esto sí constituiría una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. El Comité contra la tortura ha dicho que, para una mujer, llevar a cabo un embarazo cuando está dentro de las causales de aborto implica un trato cruel, inhumano y degradante. Del mismo modo lo es también obligar (y forzar) a una mujer a abortar si su deseo es continuar con el embarazo.

Así que con todos estos elementos calificamos las notas tituladas “Corte colombiana le dice NO al aborto” porque, a la fecha, el alto tribunal no ha tomado ninguna decisión sobre la despenalización total del aborto en Colombia.