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Jueves, 05 Marzo 2020

Aborto es un delito y también un derecho

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El exconcejal Marco Fidel Ramírez publicó un trino con cuatro afirmaciones sobre la ponencia del magistrado Linares y la discusión sobre el aborto. Se rajó en dos, pero le atinó a las otras dos.

En las últimas semanas se reabrió el debate del aborto en Colombia. Primero, por la polémica generada por un hombre que se oponía a que su expareja accediera a su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Luego, por la ponencia que presentó el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares para despenalizar por completo el aborto en las primeras 16 semanas de embarazo.

La discusión de la ponencia de Linares en la Corte se fijó para el pasado lunes 2 de marzo. Ese día, grupos de mujeres y organizaciones autodenominadas “provida” se reunieron frente a la Corte Constitucional para hacer un plantón a favor y en contra, respectivamente, de la despenalización del aborto.

También ese día, Marco Fidel Ramírez, exconcejal de Bogotá (quien se hace llamar el “concejal de la familia”) publicó un trino (que fue compartido en su Facebook) luego de que la corte anunciara su decisión. En la publicación, Ramírez dijo: “Derrotada la ponencia herodiana del magistrado Linares en la @CConstitucional . Votación 6-3 . Aborto en Colombia sigue siendo un delito. El aborto no es un derecho, es un crimen”.

Revisamos una a una las cuatro afirmaciones verificables de su trino y encontramos una verdadera, una verdadera pero, una cuestionable y una falsa.

El contexto

Antes de entrar a la verificación de las afirmaciones de Ramírez vale la pena devolverse un poco en los hechos para contextualizar.

La ponencia del magistrado Linares surgió porque la abogada Natalia Bernal presentó el año pasado dos demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 90 del Código Civil y el artículo 122 del Código Penal.

El primero determina que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”.

El artículo del Código Penal tipifica el delito del aborto y establece que:

“La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 

A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”. 

La Corte Constitucional, sin embargo, en la Sentencia C-355 de 2006 estudió la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal y despenalizó dicha conducta en tres circunstancias específicas (que explicamos en un artículo anterior):

  1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud (física y mental) de la mujer.

  2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

  3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.

Lo que buscaba Bernal, por medio de la demanda de constitucionalidad a los dos artículos de los códigos señalados, es que la Corte volviera a penalizar el aborto bajo el argumento de que existe evidencia científica para asegurar que el derecho a la vida debería regir antes del nacimiento. Además, que “el aborto inducido afecta la dignidad, la integridad psicológica y física de las mujeres que abortan voluntariamente, pone en peligro la conciencia y la salud mental de los médicos que realizan el procedimiento con autorización de los Estados, atenta contra la vida, la dignidad, la intimidad y la integridad de los niños y niñas indefensos”, según el boletín 25 de la Corte Constitucional.

Es decir, la abogada pretendía tumbar lo dicho por la entidad judicial desde 2006,

La demanda llegó a la Corte Constitucional y le fue asignada a Alejandro Linares quien la admitió. No obstante, la ponencia que redactó el magistrado iba en contravía de lo que pretendía la demanda de Bernal. 

Según un artículo publicado por El Espectador, que revisó la ponencia, el proyecto: 

“Apunta que lo que debe hacer la Corte Constitucional en este momento es avanzar aún más en la despenalización del aborto y declararlo completamente legal antes de las 16 semanas, sin que haya causales de por medio, e insistirle al Estado y sus instituciones en que no pueden existir más barreras que solo tienen como objetivo que las mujeres colombianas no accedan a este derecho fundamental. La propuesta es que, después de la semana 16 de gestación, las causales ya aprobadas entren a regir”. 

Linares presentó la ponencia a los demás magistrados de la Corte para que la estudiaran y la discusión se fijó, como mencionamos al comienzo, para el 2 de marzo.

Ese lunes, al final de la tarde, la Corte Constitucional dio a conocer a la opinión pública la decisión que tomó frente a la ponencia del magistrado Linares, y tal y como tituló La Silla Vacía su artículo, la Corte decidió no decidir. El ente judicial se inhibió de pronunciarse.

Ahora, ¿qué tan ciertas son las afirmaciones de Ramírez al respecto?

“Derrotada la ponencia”

Cuestionable

 

 

Para Jorge Enrique Roa Roa, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado, afirmar que la ponencia del magistrado Linares fue derrotada es una cuestión de perspectiva.

Podría decirse que sí fue derrotada porque el aborto no se despenalizó por completo en el primer trimestre de gestación, como pretendía la ponencia.

Pero, también podría decirse que no fue derrotada porque ni siquiera llegó a discutirse; la corte se inhibió.

Según Diego Castillo, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, un auto inhibitorio se da cuando un tribunal (de cualquier tipo) considera que por distintas razones existe una imposibilidad para pronunciarse. Puede ser, como en este caso, porque la demanda no estaba bien fundamentada.

De acuerdo con el boletín 25 de la entidad judicial, “la ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra del artículo 122 del Código Penal, condujo a que la Corte se inhibiera de proferir una decisión de fondo”.

“La Corte encontró que el artículo 122 del Código Penal fue objeto de un pronunciamiento previo por parte de este Tribunal mediante sentencia C-355 de 2006 y que la demandante no presentó argumentos suficientes para desvirtuar la existencia de cosa juzgada constitucional”, señala el mismo boletín.

Como la corte ni siquiera llegó a discutir el fondo de la ponencia (la pertinencia de despenalizar el aborto hasta la semana 16), sino que se concentró en la forma de la demanda, para Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, no se puede decir que “fue derrotada”. 

Y en esto también coincide Roa Roa, pues “el magistrado [Linares] puede decir que no hubo derrota ni victoria porque el tema ni siquiera se discutió”. 

Como lo que quería la demandante no se cumplió, no se puede decir que fue una victoria de los sectores religiosos y autodenominados provida, pues la IVE sigue estando despenalizada en los casos establecidos desde 2006. Es decir, todo queda como estaba antes de la polémica.

Entonces, dado que no existe un consenso sobre cuál es la interpretación correcta de la afirmación del exconcejal Ramírez, calificamos este punto como cuestionable.

“Votación 6-3”

Verdadero

 

 

De acuerdo con el boletín 25 de la Corte Constitucional, “los magistrados Alejandro Linares Cantillo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos salvaron el voto en relación con la providencia anterior”. Es decir, no compartieron las razones aducidas por la mayoría en la sentencia.

Los otros seis magistrados estuvieron de acuerdo con la inhabilidad. De modo que es verdadero que la votación quedó 6-3, como señala Ramírez.

“Aborto en Colombia sigue siendo un delito”

Verdadero, pero

 

 

Efectivamente, como explicamos al comienzo, el aborto es un delito tipificado en el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, también como ya explicamos, no lo es si la mujer o persona gestante se encuentra en una de las tres causales.

Y como tras la discusión en la corte el pasado lunes no cambió nada, pues es cierto que el aborto sigue siendo un delito en Colombia, pero no en todos los casos; por eso calificamos esta afirmación de Ramírez como “verdadera, pero”.

“El aborto no es un derecho, es un crimen”

Falso

 

 

“Sí es un derecho y es un derecho fundamental desde la sentencia C-355 de 2006 hasta la SU-096 de 2018”, dice Roa Roa. El docente señala que incluso esta última sentencia dice: “Derecho fundamental a la IVE” y reafirma los derechos reproductivos (la protección de la autodeterminación reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva) como derechos fundamentales.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos, y como tales, han entrado a formar parte del derecho constitucional”, dice la sentencia C-355.

Y, como contamos en un chequeo anterior, la sentencia T585 de 2010 ha estipulado que la Constitución no tiene que decir explícitamente que existe el derecho a abortar para saber que ese es un derecho. Esto es lo que dice la sentencia:

“Esta Sala concluyó que las prerrogativas que conceden los derechos reproductivos, incluida la IVE, son parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991 pues especifican las facultades que se derivan necesariamente de su contenido en los ámbitos de la reproducción. En este sentido, los derechos reproductivos, con ellos la IVE, están implícitos en los derechos fundamentales a la vida digna (artículos 1 y 11), a la igualdad (artículos 13 y 43), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), a la información (artículo 20), a la salud (artículo 49) y a la educación (artículo 67), entre otros”.

El abogado Jorge Enrique Roa resume el asunto con un ejemplo: El derecho al voto solo aplica cuando hay elecciones. Eso no quiere decir que el resto del tiempo no haya derecho al voto. De la misma manera, que el aborto sea delito en unos casos no quiere decir que no exista el derecho al aborto, ni que en todos los casos sea un delito ni un crimen, como dijo Ramírez. Por esta razón, calificamos esta última afirmación como falsa.
 

***

El 3 de marzo contactamos a Marco Fidel Ramírez vía WhatsApp para consultarle por las fuentes y razones en las que basó sus afirmaciones. Aunque leyó nuestros mensajes, no nos respondió. Lo contactamos, además, vía Twitter en respuesta al trino objeto de esta verificación y obtuvimos lo mismo: silencio de su parte.

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Viernes, 26 Octubre 2018

En Colombia no hay cifras concluyentes sobre el aborto

Por Sania Salazar

La Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez tiene razón. No hay cifras consolidadas ni actualizadas sobre el aborto en Colombia. Organizaciones sociales lo atribuyen a deficiencias técnicas y a estigmas sobre el aborto.

Durante un debate sobre el aborto en el programa Zona Franca, la Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez aseguró que en Colombia “no hay un monitoreo claro en cifras” sobre el aborto, “no hay bases para establecer una política pública clara en temas como la prevención y la educación sexual”.

“Las cifra que incorrectamente emplean las organizaciones pro-aborto es la del Instituto Guttmacher, que en 2011 calculó que en Colombia se realizaron 400.000 abortos”, le dijo Sánchez a Colombiacheck. También añadió que esos cálculos tienen “serios problemas metodológicos, tal como lo han planteado diversos estudios, entre ellos, uno realizado por la Universidad Externado”.

Durante el debate en Zona Franca, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, aclaró que las cifras del Instituto estadounidense Guttmacher son un estimado, como también lo aclara esa institución en su página web. Allí, el Instituto también indica que esa cifra corresponde a los abortos inducidos que se habrían practicado en Colombia en 2008.

Sánchez dijo, además, que el aborto en Colombia está mal diagnosticado y sobredimensionado debido a que no hay cifras reales, lo que crea grandes dificultades para diseñar y ejecutar políticas públicas para enfrentar el problema.

“Detrás de la palabra ABORTO, se esconden una serie de imaginarios relacionados con la ilegalidad, el miedo y, en el peor de los casos, el delito. La expresión IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres y posibilita una decisión desde la mirada de los derechos sexuales y reproductivos que, ante todo, son derechos humanos”, resalta Profamilia en su página web.

Hay que recordar que en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo está despenalizada en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida. Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. O Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Cifras desactualizadas, incompletas. . .

Colombiacheck encontró un artículo académico titulado “El mito de los 400 mil abortos en Colombia”, del docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado Mauricio Rubio, publicado en 2015. En él, el académico concluye que esa cifra sobre abortos clandestinos no tiene ninguna justificación.

En el artículo, el docente aborda dos métodos para calcular el número de abortos: primero, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS), que incluye una pregunta sobre aborto en todas sus versiones desde 1990.

“Así, las IE (interrupciones de embarazo) -espontáneas e inducidas- derivadas de las ENDS son un poco más de 100 mil. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010 -el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto- el número total de interrupciones voluntarias estaría entre 30 y 40 mil anuales; una cifra diez veces menor que los 400 mil tan pregonados”, concluye el profesor.

Segundo, el otro instrumento de medición al que recurrió Rubio fueron las encuestas de autorreporte, como la encuesta anónima del Externado, cuya pregunta principal era: "¿Se ha practicado o se ha mandado practicar alguna vez un aborto?". En el texto, el investigador explica que esa forma de redactar la pregunta “elimina la posible confusión entre aborto inducido y espontáneo”.

Según Rubio, las cifras que obtuvo el Externado hace más de dos décadas indicaron que “se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000. Menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora”.

Colombiacheck preguntó por cifras de aborto en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero nos pidieron mandar un correo del que no hemos recibido respuesta hasta la publicación de esta nota.

Una de las pocas instituciones que tiene cifras actualizadas sobre casos de aborto en las tres causas despenalizadas en Colombia es Profamilia. Según el Informe anual de actividades de Profamilia, durante 2017 practicaron 10.514 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 63% más que en 2016, cuando realizaron 6.440.

La organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene cifras sobre los casos que han atendido por barreras para acceder al aborto. Desde 2015 han asesorado a 1.122 mujeres que han tenido obstáculos para abortar.

La política pública

Para Juliana Martínez Londoño, Coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hay una deficiencia en el sistema de información que tiene que ver tanto con cómo capturan los datos quienes prestan los servicios y los reportan a las autoridades, como con los estigmas que rodean al aborto. “Ese estigma conduce a que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan por fuera del sistema de salud, lo que hace pensar que hay un subestimado. Sería imposible saber con certeza la cantidad de abortos que ocurren por fuera del sistema de salud”, indicó.

Martínez Londoño aseguró que las cifras son importantes para conocer las dimensiones de un problema o de una situación social, pero además, y sobre todo, para conocer sus características.

“Saber las edades a las que las mujeres acceden a una interrupción voluntaria del embarazo y saber las condiciones en que lo hacen, saber en qué lugar están, por cuál de las causales acceden, conocer los pormenores de esa situación y enriquecer la comprensión del fenómeno del aborto legal tendría efectos de política pública que permitirían tomar tanto medidas correctivas como medidas para ampliar difusión, estado de implementación del derecho, reconocimiento, formación de los funcionarios”, explicó Martínez Londoño.