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Viernes, 31 Mayo 2019

Cadena de Whatsapp desinforma sobre cumplimiento de las partes en acuerdo de paz

Por Sania Salazar

No es cierto que el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, le otorgue porcentajes de cumplimiento a cada una de las partes firmantes del mismo.

Circula una cadena de Whatsapp que asegura: “el informe de cumplimiento de acuerdos: El Gobierno incumplió el 90% de los acuerdos, las Farc cumplieron al 90%. Universidad de Notre Dame”.

Cadena de Whatsapp

Después de revisar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que efectivamente hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, no otorga porcentajes al cumplimiento de las partes firmantes del Acuerdo. Lo que hace es evaluar el avance de los compromisos pactados.

Hay que recordar que en el Punto 6 del Acuerdo Final firmado en La Habana por el Gobierno y la exguerrilla de las Farc se pactó la creación de un mecanismo de verificación con un componente internacional para comprobar el estado y avances de la implementación del Acuerdo, que además debe “identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación”.

El Instituto Kroc hace parte de ese mecanismo, en el que le quedaron encargadas las tareas de diseñar la metodología para identificar los avances de los acuerdos “que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz”.

David Huey, representante del Instituto Kroc en Colombia, le explicó a Colombiacheck que la metodología consiste en asignarle categorías de cumplimiento a cada punto pactado en el Acuerdo, “cero” para lo que no ha arrancado, “uno” para lo que está en marcha y “tres” para lo completado. “Eso es generalmente objetivo, pero hay algo de subjetividad de los analistas en Estados Unidos de cuando una disposición ha pasado de una categoría a otra, pero hay toda una metodología rigurosa y justificada cuando una disposición se gradúa de una categoría a otra”.  

Huey indicó que se trata de un ejercicio técnico y académico que no evalúa las partes, porque no les parece constructivo y porque polarizaría el debate alrededor de la implementación, lo que evalúan es si los acuerdos se implementan o no.

“Lo que nos interesa es, de manera muy objetiva, tener una metodología en la cual todo el mundo pueda confiar, aunque nada es ciento por ciento perfecto, pero la rigurosidad académica es lo que genera la garantía de la objetividad del ejercicio, por ende nunca haríamos ese tipo de calificación al que se refiere la cadena de Whatsapp”, indicó Huey.

El representante del Instituto Kroc en Colombia concluyó que es demasiado simplista sacar conclusiones como las del mensaje de Whatsapp porque un acuerdo de paz tiene fases, responsabilidades mutuas porque un actor puede cumplir rápidamente muchas disposiciones porque le compete en esa fase del proceso y otro tiene la responsabilidad a largo plazo.

El Instituto saca un informe anual sobre el estado de la implementación en el que presenta porcentajes que muestran el nivel de avance de los compromisos. En el más reciente se puede ver cómo presentan los resultados. Según ese informe, al 30 de noviembre de 2018, de las 578 disposiciones a las que le hacen seguimiento, 391 (68%) están en algún nivel de implementación.

Instituto Kroc


Este gráfico presenta el estado de la implementación a noviembre de 2018. “El 23% de los compromisos se han implementado completamente, el 12% tiene un nivel de avance intermedio, y un 33% tiene un nivel de avance mínimo. En síntesis, el 68% de los compromisos del Acuerdo Final se encuentran en algún nivel de implementación—mínima, intermedia o completa”, indica el informe.

Instituto Kroc

En este gráfico muestran el estado de la implementación según cada punto del Acuerdo. Según Kroc, desde diciembre de 2016 los mayores avances en términos de implementación completa se continúan observando en el Punto 3 (Fin del Conflicto) y el Punto 6 (Implementación, Verificación y Refrendación). Los niveles más bajos de implementación completa se evidencian en el Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas). Así mismo, los niveles más altos de implementación no iniciada, es decir, compromisos que a la fecha no han iniciado su implementación, se encuentran en el Punto 2 (Participación Política) y el Punto 5 (Acuerdo sobre las víctimas del conflicto).

En el Instituto Kroc resaltaron que si bien son la instancia acordada por las partes como componente técnico de verificación de la implementación son totalmente independientes.

*Foto tomada del Facebook de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.

Jueves, 22 Marzo 2018

¿Qué pasa si aparecen armas y dineros escondidos por las Farc?

Por Sania Salazar

Iván Duque insistió en que en el acuerdo de paz no quedaron sanciones en caso de que el inventario de bienes de las Farc quede incompleto; pero la versión final del acuerdo sí lo incluye. Les contamos de qué trata.

En entrevista con RCN Radio Iván Duque, candidato presidencial por el Centro Democrático, reiteró sus críticas a algunos puntos del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc.

“No dejaron con precisión las sanciones ejemplarizantes para la cúpula de las Farc cuando aparezcan armas y dineros escondidos. . . esas cosas hay que modificarlas”, aseguró Duque.

Después de revisar el Acuerdo Final y las precisiones que la Corte Constitucional le hizo al acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Colombiacheck califica la frase como Falsa, pues dichos ajustes se incluyeron en la segunda versión del Acuerdo Final, en las normas de implementación del mismo y también las delimitó la Corte Constitucional. Es decir, las modificaciones que Duque dice que hay que hacer, ya se hicieron.

Hay que recordar que los sectores que estaban en desacuerdo con lo pactado entre el Gobierno y las Farc, conocidos como los del NO al plebiscito, incluyeron entre sus críticas la solicitud de que las Farc debían entregar bienes y dinero para reparar a las víctimas. Esta solicitud, en particular, fue del expresidente Andrés Pastrana.

Este punto se incluyó en la última versión del Acuerdo así: “Durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, representantes autorizados de esta organización acordarán con representantes del Gobierno Nacional los procedimientos y protocolos para inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra e informar sobre los mismos”.

Colombiacheck contactó al equipo de prensa de Duque para saber por qué el candidato insiste en que no se definieron esos castigos y respondieron que lo único que hay en el Acuerdo Final acerca de esto es la frase que dice que “los bienes y activos que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria”.

Esto significa que la entrega de recursos de la guerra es una condición que deben cumplir los excombatientes para acceder a los beneficios penales de la JEP, así como seguir gozando de ellos. Por ahora, las normas lo establecen como un requisito y serán los magistrados de la JEP quienes resolverán qué consecuencias hay, en cada caso. Si el incumplimiento de esta condición implica la pérdida de todos los beneficios, el respectivo caso debe ser resuelto por los jueces ordinarios. Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que el hecho de que este tipo de casos queden en manos de la justicia ordinaria quiere decir que en cada caso se determinarán las sanciones a imponer según el código penal.

La Corte Constitucional le hizo ajustes al acto legislativo que crea la JEP en lo relacionado con lo que señala Duque:

Estableció que le corresponderá a la Jurisdicción ordinaria investigar y juzgar los delitos “de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado durante el tiempo que las FARC-EP permanezcan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en el proceso de Dejación de Armas, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario”.

Esos delitos son lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares, que están entre los que refiere Duque. Es decir, a quienes estén sujetos a la JEP (entre ellos los integrantes de la cúpula de la exguerrilla) y se les comprueben hechos como estos, pasarán a ser juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la JEP, lo que quiere decir que podrán ir a la cárcel.

Hay que recordar que el Acuerdo Final dice que la JEP, “se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, lo que quiere decir que los delitos cometidos después de diciembre de 2016 los juzgará, también, la justicia ordinaria.