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Verdadero pero...

Martes, 21 Febrero 2017

Cristo echa mano del pacto de La Habana para sustentar su reforma política

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Aunque no es exacto decir que la reforma política que presentó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, es un mandato del Acuerdo Final pactado en La Habana con las Farc, una interpretación laxa del punto dos permite sostener ese argumento.

Luego de múltiples acusaciones, retractaciones y opiniones respecto a uno de los mayores escándalos de corrupción en el continente: el caso Odebrecht, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dio a conocer a los medios de comunicación varias propuestas para una eventual reforma política.

Los planteamientos de Cristo, en buena medida, lograron un viraje del discurso público y que la opinión pública dejara de hablar de los sobornos de Odebrecht que han salpicado a las campañas por la presidencia de Colombia en 2014, tanto la de su jefe político, el presidente Juan Manuel Santos, como la de su mayor contendor, Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático.

Varios de los miembros del Centro Democrático, partido de oposición, señalaron que las propuestas de Cristo eran cortinas de humo para tapar el escándalo que tocó las fibras del presidente.

 

 

Anticipando las críticas, el Ministro Cristo dijo que la reforma se basa en un mandato del Acuerdo Final de La Habana que quedó explícito en el punto dos de participación política el cual “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”. Colombiacheck no encontró una referencia literal en el Acuerdo Final pero sí halló un párrafo que permite sustentar su tesis, por eso califica su afirmación como aproximada.

Y aunque no podemos determinar la intención del Ministro al hacer tan importante y polémico anuncio, por la complejidad de sus planteamientos es indiscutible que abrió otro frente de debate en el discurso público colombiano sobre cómo debería ser la próxima reforma política.

 

¿Cuestión de maquillaje?

Cristo propuso eliminar la figura del vicepresidente, permitir que el voto electoral sea desde los 16 años y obligatorio, ampliar a un año más el periodo presidencial (eliminando la reelección), listas cerradas al Congreso, volver a a la figura de la Constitución de 1886 del designado por el Congreso de la República, que el Estado se ocupe de financiar las campañas electorales, entre otras iniciativas.

El principal argumento que dio Cristo para lanzar su propuesta fue que el punto dos del Acuerdo Final negociado en La Habana, el de la participación política, “plantea que hay que reformar el sistema político colombiano”, una tesis que respaldó al enfatizar que “el proceso de paz no puede servir única y exclusivamente en materia política para crear el partido de las Farc o financiarlo. Tenemos que ser conscientes que hay que ir más allá".

 

 

Colombiacheck buscó al Ministro del Interior para conocer en qué parte del punto dos del Acuerdo Final se plantea una reforma al sistema político colombiano y una de sus voceras nos indicó que lo argumentado por él lo podíamos encontrar en las páginas 36, 37 y 38 del texto negociado en La Habana.

Este medio buscó en dichas páginas y no encontró ningún párrafo que de forma literal indique que el sistema político colombiano debe ser reformado. Es más, Colombiacheck buscó la palabra “reforma” en todo el texto del Acuerdo Final y dicha palabra (sumando reforma y reformas) solo aparece una vez en el punto dos. Está en la página 53 bajo el título: “Reforma del régimen y de la organización electoral”.

Por lo demás, la palabra “reforma” está 65 veces en el Acuerdo Final pero en cuanto al punto dos solo aparece una vez, lo que representa un 1.5% del número de veces que la palabra se registra en el acuerdo.

Apariciones de la palabra "reforma" por cada punto del Acuerdo de Paz

¿Por qué sustenta Cristo que su reforma política viene de La Habana?

Es evidente que el punto dos del Acuerdo Final no plantea explícitamente “que hay que reformar el sistema político colombiano”, sin embargo, hay un párrafo que le sirve de salvavidas al Ministro y que aparece en unas de las páginas que refirió su vocera, la número 37.

“Para cumplir con todo lo anterior, se harán las revisiones y los ajustes institucionales necesarios que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, y de esa manera, hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

Vale la pena acotar que “todo lo anterior” se refiere a un conjunto de consideraciones e ideas que el Gobierno y las Farc acordaron sobre materia de participación política y apertura democrática en las páginas 35 y 36.

En síntesis, el texto no es específico en cuanto a que es imperioso hacer una reforma política pero sí exhorta a hacer revisiones y ajustes institucionales para una plena participación política. Además, el punto dos dio los primeros pasos de una reforma política porque aborda temas como el estatuto de garantías para la oposición, garantías de seguridad, una participación ciudadana en los medios comunitarios y demás, una promoción del pluralismo político, control y veeduría ciudadana, reforma al régimen de organización electoral, entre varios temas.

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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.