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Miércoles, 02 Agosto 2017

“El gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Dijo Claudia López al denunciar un ‘mico’ en el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, radicado ante el Congreso. Y aunque el 'animal' existe, su afirmación sobre la reducción de las condenas es engañosa.

Tres ministros del gabinete de Juan Manuel Santos radicaron ayer, 1 de agosto, en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Se trató de Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, Guillermo Rivera, ministro del Interior, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia.

No habían pasado 24 horas cuando Juanita Goebertus, exdelegataria del gobierno en la mesa de la Habana y directora de Proyectos Latam, señaló que en dicho proyecto había un ‘mico’. Lo hizo por medio de su cuenta de Twitter:

 

 

Pero Goebertus no fue la única que protestó por el ingreso del supuesto primate. Haciendo eco de su denuncia también trinó Claudia López, aspirante a la presidencia de Colombia y actual senadora de la República:

 

 

Colombiacheck indagó si en realidad y a través del proyecto radicado por el gobierno, se le estarían dando a las Farc beneficios adicionales a los estipulados en el Acuerdo Final. Específicamente verificamos la veracidad de la afirmación según la cual se les reduciría a la mitad las condenas “a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, como lo aseguró Claudia López.

 

¿Qué dice el Acuerdo Final?

Como contamos en el chequeo Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad? es necesario revisar el Acuerdo Final para verificar que en esencia se establecieron dos caminos para que los exguerrilleros lleguen ante la justicia especial, la JEP.

En la página 160 del Acuerdo Final, en lo relativo al punto cinco sobre Víctimas y más específicamente sobre la JEP, quedó establecido que serán dos distintas secciones en el Tribunal para la Paz, “una sección de primera instancia en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que proferirá sentencias” y otra “sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, donde se celebrarán juicios contradictorios y se proferirán sentencias, bien absolutorias o bien condenatorias. En este caso, se impondrán las sanciones ordinarias o alternativas que correspondan”, explica el texto.

Lo que estableció el Acuerdo Final es que quienes digan la verdad irán a una sección que les permitirá tener penas alternativas que no pasaran de los ocho años. Y por penas alternativas se debe entender sanciones no intramurales (cárcel) y cuyo tiempo varía según el tipo de delito.

Por el lado de los renegados a decir la verdad, estos irán a otra sección y allí tendrán procesos contradictorios, además, esos casos perderán el derecho al beneficio de penas alternativas, es decir, en estos casos sí tendrán que pagar sus penas en cárceles detrás de las rejas. Lo que se conoce en el Acuerdo como sanciones ordinarias.

Así quedó en lo negociado en La Habana y así lo aclaró para Colombiacheck Juanita Goebertus, pieza fundamental en el diseño sobre el Punto de Víctimas y quien dijo que esto se pactó así para “incentivar el reconocimiento temprano”.

En síntesis, el que no acepta responsabilidades de manera inmediata pierde los beneficios de salvarse de pagar su sanción en una cárcel intramural como La Picota o el Buen Pastor, así se pactó en La Habana.

 

Así es el proyecto del Gobierno

Con este panorama claro Colombiacheck se dispuso a verificar el ‘mico’ del proyecto radicado por el gobierno bajo la batuta de tres ministros.

En primer lugar se revisó el artículo 137 del proyecto, que se refiere a los renegados de las Farc porque aborda procesos contradictorios que, como lo mencionamos anteriormente, solo fueron diseñados para quienes no digan la verdad en primera instancia. El subtítulo de ese apartado se denomina: “Sanciones alternativas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia”.

Ese artículo 137 menciona que "en cualquier caso en el que el Tribunal para la Paz aprecie que el reconocimiento de verdad y responsabilidad efectuado no ha sido exhaustivo, completo y/o detallado, se aplicará por el Tribunal para la Paz sanciones alternativas según el siguiente procedimiento:”

De lo anterior queda claro que bajo la frase “en cualquier caso” (casos que no hayan dicho la verdad en primera instancia) el Tribunal para la Paz aplicará “sanciones alternativas”, algo contrario a lo acordado en La Habana porque las sanciones alternativas solo fueron diseñadas para quienes digan la verdad en primera instancia. Ese es precisamente el incentivo para que hablen de manera pronta.

Según Goebertus, quienes en principio no reconozcan la verdad pero luego en otra sección lo hagan, tendrán que pagar cárcel de cinco a ocho años, los que no reconozcan la verdad en ninguna instancia sí irán a la cárcel y tendrán que pagar condenas de hasta 20 años. Todo depende del tipo de delito.

Llama la atención este cambio pues nunca estuvo en duda que el beneficio de sanción alternativa solo fue diseñado para quienes digan la verdad de manera inmediata y no en otras instancias que es como lo propone el proyecto radicado por el gobierno.

El mismo artículo 137, en referencia a procesos contradictorios, expone además que: “la Sección competente del Tribunal para la Paz le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y el grado de su reconocimiento de verdad, de responsabilidades y de colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

En definitiva, el texto radicado por el proyecto ofrece penas alternativas incluso a quienes no digan la verdad en primera instancia, siempre y cuando lo hagan en la sección posterior, la que aborda casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.

Este cambio en las condiciones del juzgamiento de los exguerrilleros y demás personas que se acojan a la JEP, con respecto a lo pactado en el Acuerdo Final, es lo que da vida al ‘mico’ que señalaron Goebertus y López.

 

El error de Claudia López

Además de mencionar el ‘mico’, la senadora López sostuvo que “el gobierno pretende reducir a la mitad condenas a quienes no colaboren ni reparen a las víctimas”, afirmación que resultó engañosa porque el proyecto del gobierno no pretende reducir las penas sino reducir el tiempo en la cárcel de quienes en otra instancia diferente a la inicial reconozcan la verdad.

Al menos así se lo explicó Goebertus al tuitero Gustavo Garcia:

 

 

 

 

Lo que dice el texto del gobierno es que “el Tribunal podrá ordenar que, una vez cumplido como mínimo el 50% del tiempo de sanción impuesta, el cumplimiento de esta concluya en condiciones equivalentes a las de las sanciones propias”.

Es decir, quienes no digan la verdad en primera instancia y por ese motivo sean condenados y se encuentren en la cárcel, pero decidan contar por fin la verdad, podrían pagar el 50% de la pena restante con sanciones alternativas, claro, primero tienen que pagar la mitad de la pena en una cárcel, eso fue lo que sentenció el texto radicado por el gobierno.

No reducción de penas. Lo cambiado fue el cómo pagar esa pena, esa sanción. Colombiacheck busco todo el día a la senadora López pero no recibimos respuesta ni por teléfono ni por medios electrónicos.

El tuitero Natalio Cosoy, corresponsal en Colombia de la BBC también formuló una inquietud frente a lo radicado por el gobierno en el artículo 137 cuando se menciona “sanciones propias”. ¿Qué son las sanciones propias? A lo que Goebertus respondió por medio de su Twitter.

 

 

 

¿El Congreso votará el ‘mico’?

Una pregunta similar hizo el tuitero y consultor empresarial Luis Carlos Jacobsen, a lo que Goebertus respondió que se necesita presión en el Congreso para que incluyan una proposición. Además, el ‘mico’ tendrá que lidiar en los debates conjuntos de Cámara y Senado, no siendo poco, además, cada cámara del Congreso debatirá por aparte el proyecto. En síntesis, este primate tendrá que saltar bastante para poder ser aprobado.

 

 

Tanto Goebertus como López tiene razón al señalar la presencia del ‘mico’ pero la aspirante a la presidencia se equivocó al publicar en su cuenta de Twitter (que tiene más de 700.000 seguidores) que se reducirán las penas a las Farc.

Una salida en falso que sirvió para darle insumos a los opositores del proceso de paz, por lo menos así lo publicaron usuarios que se hacen llamar en la red social Aureliano, coronel Buendía y Jorge Enrique Gelves.

 

 

 

 

Aunque bueno, todo hay que decirlo, no fuimos los únicos que nos dimos cuenta del error de la senadora del partido Verde, tuiteros como Darío T. también la corrigieron.

 

 

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Viernes, 17 Febrero 2017

¿Los miembros de las Farc que lleguen al Congreso no tendrán legitimidad electoral?

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc establece curules en el Congreso para las Farc por dos periodos, cupos que, inicialmente, deben ganarse con votos, pero algunos miembros del Centro Democrático aseguran que la elección será a dedo.

La elegibilidad política de las Farc es uno de los grandes reparos que el Centro Democrático (CD), principal partido opositor del Gobierno Santos y de su política de paz, le ha puesto al Acuerdo Final con las Farc. Ese ha sido uno de sus grandes argumentos para criticar el Acuerdo.

Santiago Valencia, Representante a la Cámara del CD, criticó esta parte del acuerdo en el periódico El Colombiano, pero no fue suficientemente claro, así que lo que dijo es engañoso.

“Los miembros que llegarían de las Farc al Congreso serían nombrados entre ellos mismos y no tendrían ninguna legitimidad electoral”, fue una de las frases del representante antioqueño.

Colombiacheck lo llamó para preguntarle en qué basaba su afirmación: “La fuente es el Acuerdo Final, lo que dice es que ellos van a tener tres senadores y tres representantes a la Cámara que ellos mismo van a elegir, nosotros hemos dicho que somos conscientes de la necesidad del tránsito de las Farc de grupo terrorista a partido político y que eso implicará participación en política, pero también hemos dicho que esa participación no se debería dar hasta que no paguen por los crímenes que han cometido y que quienes lleguen allí no sean criminales de guerra ni que hayan cometido delitos de lesa humanidad porque ese sería un precedente antidemocrático supremamente grave, pero que además lleguen allí a dedo y sin votos es todavía más grave.”

Al respecto, el Acuerdo Final dice, textualmente: “En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul”.

En una nota de El Espectador titulada Así será la participación política de las Farc y su reincorporación a la vida civil lo explican claro: “No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República. El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso, sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional”.

Valencia no solo se equivoca en el número de curules asignadas, sino que insiste en la afirmación falsa de que los integrantes del partido político que conforme las Farc que aspiren al Congreso no tendrán que ganarse esos cupos, inicialmente, en las urnas.

“Una cosa es que participen, como aparentemente lo van a hacer, y otra cosa es que obtengan la votación necesaria para llegar allí, mientras habrá senadores en cualquier partido que necesitan 50, 60 mil votos para llegar, ellos van a llegar con una representación al Senado de 3, 4 o 5 mil votos cada uno, no tienen la legitimidad electoral para estar allí”, respondió el representante cuando le recordamos que en el Acuerdo Final estaba pactado que debían medirse en las urnas como primer paso para acceder a las curules.

Valencia desconoce, además, la esencia del diálogo con las Farc, que el Presidente Santos ha reiterado en varias ocasiones. “Es muy importante que los colombianos entendamos que la razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es, precisamente, que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad, este proceso con las Farc no es una excepción ni puede serlo, las Farc tienen un origen político y su intención es poder hacer política sin armas”.

Partiendo de lo anterior, ¿qué hay de malo en que el partido político de las Farc, como lo hacen los demás partidos, elija a quienes se lanzarán al Congreso? Lo que critica el Representante.

Ahora, una cosa es medirse en las urnas y otra es la discusión sobre la legitimidad de los votos obtenidos, asunto que depende de la opinión de cada quien.

Como lo recuerda Miguel García Sánchez, Profesor asociado del departamento de Ciencia Política y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, en una columna titulada La participación política de las Farc en el posacuerdo:

“Desde la perspectiva de las Farc, el principal reto tiene que ver con la superación de lo que esa organización representa ante la sociedad colombiana. A diferencia de otros grupos insurgentes, como el M-19, que gozaban de aceptación entre algunos sectores de la sociedad colombiana y consecuentemente lograron ser exitosos electoralmente en los 90, las Farc son probablemente la organización con la peor reputación ante la opinión pública colombiana. Aunque eso no es sorprendente a la luz de los crímenes cometidos por esta guerrilla en más de 50 años de actividad insurgente, es el principal escollo que debe resolver si quiere tener alguna relevancia política en el futuro”.

Precisamente por ese pasado violento se pensó en facilitar la presencia de las Farc en los principales órganos decisorios del país, mientras que esa guerrilla se convierte en partido político y se consolida como una opción política sin armas.

Sobre participación política de responsables de delitos graves

El Acuerdo Final establece que “La imposición de cualquier sanción en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”.

Pero en el mismo artículo de El Colombiano en el que habla el Representante Valencia, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclara que ante la Justicia Especial para la Paz, JEP, tendrán que comparecer aquellos guerrilleros que hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, hechos que no son objeto de amnistía ni de indulto. “Allá reconocerán sus delitos y ese tribunal determinará la pena y las condiciones en que tienen que cumplir esa pena. Dependiendo de eso podrán o no participar en política”.

El ministro Cristo aseguró además que la JEP será la que definirá si los guerrilleros, que en ese entonces estén en la cárcel, podrán a la vez participar en las sesiones del Congreso como posibles legisladores.