Pasar al contenido principal

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Jueves, 28 Julio 2022

Es falso que el Acuerdo de Escazú vaya a prohibir cultivar en Colombia

Por Paola Benjumea Brito

Este tratado internacional, según expertos, no tiene nada que ver con la regulación de las actividades económicas como la agricultura, sino con el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental y además con la protección de los defensores del medio ambiente.

El Senado aprobó el 26 de julio de 2022, en segundo debate, el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Colombia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú

A raíz de la aprobación por el Senado, en redes sociales empezaron a circular desinformaciones sobre el tema. “El acuerdo de Escazu va a prohibir cultivar con la Hp excusa de proteger el medio ambiente y va a matar a los colombianos de hambre mamertos 70 hps!” (sic), dice un trino publicado por el usuario @criticolombia, que en su biografía se describe como “uribista al 100%”.

Trino Escazú

El trino tenía más de 559 me gusta y había sido retuiteado por 266 personas, hasta el momento de la publicación de este chequeo, por lo que decidimos verificar si era cierto.

Asimismo, en Colombiacheck ya habíamos verificado otras desinformaciones publicadas por el perfil de Abuelo Emberracado. Entre ellas se encuentra la nota ‘Trino de Francia Márquez sobre “vivir como nuestros hermanos y hermanas venezolanas” es un montaje’, de marzo de 2022. 

Como lo dijimos en este explicador, el Acuerdo de Escazú  fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica. El periodo de firma de los países latinoamericanos y del Caribe estuvo abierto entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020, tiempo durante el cual 24 países se adhirieron. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, entró en vigor el 22 de abril de 2021.

Este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones de su Comité de Negociación. Además, según el texto del tratado, es el “único acuerdo jurídicamente vinculante derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Su objetivo, según el texto del acuerdo, es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Lina Muñoz Ávila, doctora en Derecho y directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, le dijo a Colombiacheck que la afirmación de que el Acuerdo de Escazú va a prohibir cultivar hace parte de una serie de mitos que se han construido sobre este tratado y que son infundados. 

“Cuando lees el objetivo del Acuerdo de Escazú no tiene que ver nada con la regulación de las actividades económicas. El Acuerdo no modifica ningún tipo de reglamentación con respecto al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca o los hidrocarburos. Eso sigue y seguirá siendo potestad soberana de los Estados”; explicó Muñoz.

Agregó que el Acuerdo de Escazú nos ayuda a entender cómo garantizar que haya información, participación y justicia a la hora de tomar decisiones ambientales, “pero eso no modifica las normas de licenciamiento ambiental, los permisos o autorizaciones que se dan a los sectores económicos para el desarrollo de sus emprendimientos. Lo que significa es que cuando se vaya a construir una hidroeléctrica o una carretera podamos tener información sobre por dónde va a pasar, cuántos árboles se van a deforestar, cómo se va a compensar, que es información ambiental y pública. O si voy a construir un proyecto minero al lado de tu casa al menos puedas participar y tu opinión sea escuchada y tenidas en cuenta”. 

Muñoz también aseguró que no es cierto que este acuerdo vaya a empobrecer  a los países o a prohibir los proyectos porque “la participación de las personas no significa un derecho al veto, sino a que sus opiniones sean debidamente consideradas a la hora de tomar las decisiones por parte de las autoridades”. 

Vanessa Torres, abogada ambientalista y subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, organización que participó en el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú como representante del público, coincidió en que hay muchos mitos con relación al Acuerdo de Escazú debido al desconocimiento de su contenido. 

“El Acuerdo de Escazú contiene los pilares de la democracia ambiental, que no es más que la existencia de una armonía y concordancia entre las decisiones que se toman desde las instancias institucionales y las posturas por parte de la ciudadanía. Y para que pueda existir esa armonía se basa en tres derechos: acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Adicionalmente, en el marco de las negociaciones la ciudadanía puso en la mesa un punto muy importante que es la protección de defensores y defensoras ambientales, que está en el artículo 9”, explicó Torres. 

La abogada ambientalista aclaró que el Acuerdo de Escazú no tiene el objetivo de profundizar en temas económicos como la agricultura, sino que lo que busca es hacer una revisión de los marcos normativos nacionales que tienen los países de América Latina y el Caribe, verificar que tan efectiva ha sido la implementación de estas normas y, en caso de no serlo, establecer nuevas normativas desde un escenario regional, que pueda permitir el acceso a la información, la participación ciudadana y justicia ambiental. 

Laura Santacoloma, directora (e) de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, resaltó que el Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de Derechos Humanos relacionado con temas ambientales y es falso que tenga la capacidad de ingerir directamente en los proyectos productivos. 

“Cuando se suscribe un tratado internacional lo que se busca es llegar a un acuerdo de voluntades. Colombia se compromete con los países de la región a cumplir los compromisos pactados, que son garantizar el acceso a la información y la participación y para eso desarrolla en su derecho interno cuáles son esos mínimos a partir de los principios establecidos en el acuerdo y eso lo hace el poder ejecutivo. Eso requiere una reglamentación, no es que opere de un día para otro, y lo que se va a aclarar es cuáles son esas reglas que el Estado debe cumplir”, expresó Santacoloma. 

También, según Santacoloma, se va a afinar la ruta para la protección de los defensores y defensoras ambientales, teniendo en cuenta que Colombia ocupa el primer lugar en el mundo con más asesinatos de ambientalistas, según la ONG Global Witness. 

Por su parte, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advirtió que en ninguna parte del texto del Acuerdo de Escazú se hace referencia a la prohibición de cultivar. 

“Lo único que se está diciendo es que hay que cumplir la legislación, que implica la reglamentación del uso del suelo y en ese sentido hay que cumplirla. Lo otro es una interpretación sesgada porque hay gente que quiere sembrar en los páramos, los parques y dice que vamos a morirnos de hambre. No es así y en ninguna parte del texto lo dice, por el contrario lo que dice es que hay que cumplir la normatividad ambiental asociada al ordenamiento territorial que pasa en este país y en cualquier otro”, dijo Botero. 

¿Cómo va la ratificación en Colombia?

Como lo contamos en el explicador, el presidente Iván Duque anunció el 9 diciembre de 2019 que Colombia firmaría el Acuerdo de Escazú. Esta decisión fue resultado de los compromisos que el dirigente adquirió con los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional Ambiental en la Gran Conversación Nacional, un espacio que abrió el Gobierno  para atender a las demandas del paro del 21N. Antes, el gobierno había sentado la posición de no adherirse al acuerdo porque consideraba que Colombia ya contaba con las herramientas para la protección del medio ambiente, argumento que también se ha usado en países como Paraguay. 

Dos días después, Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, firmó el acuerdo en la sede de esta organización, en Nueva York. 

El despacho de Duque radicó el proyecto, el 23 de julio de 2020 en la Cámara de Representantes y el 27 de julio en el Senado, con mensaje de urgencia [eso significa que la aprobación es prioridad para el Gobierno y que se reducen a tres los cuatro debates que generalmente se necesitan], pero la sesión de presentación del proyecto de ley fue aplazada cuatro veces hasta que finalmente se realizó el 4 de noviembre y se decidió la realización de dos foros regionales antes de dar el debate. Además, varios miembros del Centro Democrático, el partido de Duque, se han pronunciado abiertamente en contra del acuerdo. 

Después de varias dilaciones, finalmente el 26 de julio de 2022 el Senado aprobó en segundo debate, con 73 votos a favor  y  23 en contra,  el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Colombia al acuerdo. Ahora faltan dos debates en la Cámara de Representantes y la posterior revisión de la Corte Constitucional para establecer su viabilidad. 

Con todas estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como falso que el Acuerdo de Escazú va a prohibir cultivar, pues según las explicaciones de los expertos este acuerdo no tiene nada que ver con la regulación de las actividades económicas como la agricultura, sino con el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental y además con la protección de los defensores del medio ambiente.  

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Viernes, 08 Noviembre 2019

Sobre cuota de pesca de tiburones, Gobierno dio explicaciones ciertas pero insuficientes

Por José Felipe Sarmiento

En general, los argumentos con los que el Ministerio de Ambiente defendió la polémica resolución del de Agricultura son verdad, pero hay cuestionamientos sobre sus bases científicas y su efectividad.

Ante la indignación que generó en redes sociales la resolución del Ministerio de Agricultura que establece las cuotas generales de pesca para 2020, en la que se incluyen especies vulnerables de tiburones, la cartera de Ambiente emitió un comunicado con aclaraciones sobre su sustento.

Colombiacheck encontró que los argumentos son ‘verdaderos pero’ porque, además de algunas aclaraciones que hacen falta, los expertos tienen dudas sobre la efectividad en el control de la medida y el sustento científico de las cifras establecidas en la norma. Estas son 125 toneladas de tiburones en el Caribe, que incluyen 5,2 de aletas de tiburón sedoso (4,16 por ciento), y 350 en el Pacífico, entre las que se cuentan 9,9 toneladas de aletas repartidas entre tres especies (2,83 por ciento).

En el Atlántico, se contempla todo el género de los peces martillo, que incluye dos especies en peligro de extinción, dos vulnerables y una cercana a ese nivel, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés); además, entran el tiburón sedoso y el zorro de anteojos, también vulnerables, así como el de puntas negras, el tigre y el toro que están cercanas a ser amenazadas. En el Pacífico, solo se nombran los zorros pelágicos y los de anteojos, ambos vulnerables, además de la cornuda coronada, una especie de martillo cerca de estar amenazada.

Protección internacional

El primer argumento del Gobierno es que Colombia ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) en 1981, lo que es cierto. Su Apéndice II es un listado de especies que se pueden comercializar con unas restricciones mínimas para garantizar su supervivencia. Estas se especifican en el Artículo IV y que cada Estado debe garantizar su cumplimiento.

Ahí están cobijados los tiburones sedosos, todo el género de los zorros y tres especies de martillo: el liso, que es vulnerable, y los que están en peligro de extinción, que son el común y el gigante. El otro martillo vulnerable, el dorado, está ausente.

Aunque MinAmbiente asegura que Colombia ha sido “abanderada” por la inclusión de estas especies, no aparece en el apéndice como defensor particular de ninguna de ellas. En cambio, sí es mencionada como promotora de la inclusión, por ejemplo, de las rayas (que son parientes de los tiburones).

En todo caso, este instrumento no establece medidas de presión más allá de llevar a cabo investigaciones autorizadas por el mismo país cuando se detecte falta de aplicación eficaz y hacerle recomendaciones con base en los resultados. Pero tampoco limita la posibilidad de que los firmantes impongan condiciones más estrictas en sus legislaciones internas. Estas son dos aclaraciones necesarias que omite el comunicado.

Protección nacional y aleteo

El MinAmbiente también aduce la existencia del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia. En efecto, esa norma fue expedida en 2013 y se compiló en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en 2015.

El plan da lineamientos en investigación, conservación, vigilancia y control; para lo cual prioriza diferentes especies de acuerdo, entre otras variables, a su importancia comercial y a su clasificación según la IUCN. En el Pacífico, las dos especies de tiburones zorro que entran en la resolución tienen prioridad muy alta y la cornuda coronada, media. En el Caribe, el sedoso, el tigre, el martillo común y el zorro de anteojos tienen alta; mientras el toro, puntas negras y los martillos gigante y pala (de baja preocupación a nivel internacional) están clasificados en media.

El comunicado señala que el aleteo, que consiste en cortarles las aletas a los tiburones para comercializarlas y abandonar el resto del cuerpo en el mar, está prohibido por medio de otra resolución “enmarcada” dentro de ese plan de protección. Esta norma data de 2017 y su motivación sí tiene en cuenta los decretos ya citados, tal como dice el Gobierno. En el artículo 7, prohíbe de forma expresa esta práctica y ordena que las aletas deben llegar “adheridas de forma natural” al cuerpo del animal en el momento del desembarque.

Además, aunque MinAmbiente no lo dice, el artículo 2 prohíbe toda pesca industrial dirigida a tiburones y rayas, aunque admite una captura incidental de 35 por ciento (en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, baja a 5 por ciento). Es decir que estos peces pueden ser un poco más de un tercio de la carga, si han caído en faenas que buscaban otras especies. Las cuotas que tanta polémica han causado son solo para caza artesanal.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones clasifica como pesca ilegal, que es el artículo del Código Penal al que se refiere en seguida el Ministerio. Ese delito se castiga hasta con nueve años de cárcel y 50.000 salarios mínimos mensuales de multa, lo que hoy representa más de 41.400 millones de pesos. De nuevo, la entidad dice la verdad.

También acierta en que las cuotas de pesca de tiburones se establecen por lo menos desde 2010, pero no han sido idénticas. Para este año, por ejemplo, la resolución de 2018 puso las mismas cuotas que habrá el próximo, pero sin especificar dentro de ellas el peso de las aletas de especies particulares.

Así había sido desde que se establecieron las cifras para 2017. Sin embargo, en estos años recientes siempre se ha aclarado que se trata de pesca artesanal, anotación que no se hacía en 2012. Esto demuestra que la regulación se ha hecho cada vez más detallada. Otro detalle que omite el MinAmbiente.

Eficiencia y sustento

Según el decreto único del sector, el organismo que determina las cuotas es el Comité Ejecutivo para la Pesca creado en 1991. Este es presidido por el MinAgricultura, que es el que finalmente expide las resoluciones, pero también participan la cartera de Ambiente y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Esta última emitió otro comunicado sobre la caza de tiburones para el año entrante, en el que dice que la decisión se basa en información del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). Pero este, a su vez, señaló que el sustento son las evaluaciones poblacionales que hace la Aunap, en un comunicado que le envió a Colombiacheck como respuesta, junto con el ya citado plan de acción para proteger a estas especies y el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, que produjo en 2017 con el Ministerio de Ambiente y académicos de diversas instituciones.

En este último las clasificaciones de algunas especies varían ligeramente con respecto a la IUCN. Los martillos común y gigante bajan de estar en peligro a ser vulnerables, mientras el tiburón zorro de anteojos lo hace desde esta categoría a la de cercano a la amenaza. El de puntas negras, en cambio, aumenta de cercano a vulnerable.

Uno de los autores de esta obra, el biólogo marino Arturo Acero Pizarro, critica la insuficiencia de datos para poder definir de manera científica que las cuotas de pesca vigentes no afectan la supervivencia de las especies mencionadas. “Habría que hacer estudios completos con estadísticas rigurosas”, dice. En esto coincide con otros expertos citados por el diario El Espectador, que incluso llegan a calificar como “chimbas” las estimaciones actuales de población sobre estos peces.

En lo que sí difiere Acero, profesor de la Universidad Nacional sede Caribe, es en afirmar que las especies vulnerables no deberían ser objeto de “ningún tipo de pesca”. Tal prohibición absoluta es considerada “imposible” por diferentes académicos, debido a la pesca incidental, como lo señala el también biólogo y docente Fabio Gómez Delgado en la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana.

Finalmente, las voces académicas dudan de la capacidad real que tiene el Estado para hacer cumplir las regulaciones vigentes. Esta crítica, sumada a las de la falta de claridad sobre el sustento científico de que las cuotas no afectan la supervivencia de las especies de tiburón incluidas en la resolución, son el mayor ‘pero’ que tienen las explicaciones del Ministerio, a pesar de ser ciertas.