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Jueves, 19 Noviembre 2020

Estudio de Judicial Watch que sostiene que ‘hay 1,8 millones de votantes fantasmas en Estados Unidos’ es engañoso 

Por Laura Rodríguez Salamanca

Las cifras que usó el grupo activista legal para llegar a esa conclusión no son comparables y están desactualizadas. La desinformación fue compartida en Colombia por el Portal Oiga Noticias. 

Las cifras que usó el grupo activista legal para llegar a esa conclusión no son comparables y están desactualizadas. La desinformación fue compartida en Colombia por el Portal Oiga Noticias. 

La demora en la entrega de los resultados de las elecciones de Estados Unidos y varias de las declaraciones del presidente-candidato Donald Trump han desencadenado toda clase de desinformaciones en redes sociales sobre un posible fraude en los comicios. 

En las últimas semanas hemos chequeado varias de estas publicaciones, que también han sido compartidas en Colombia y que resultaron ser falsas. Entre las falsedades que hemos desmentido, por ejemplo, están que en Michigan se encontraron 140.000 votos por Biden en el correo y que en el mismo estado aparecieron muertos entre los votantes

En ese contexto, encontramos que el portal Oiga Noticias, al que hemos verificado en diversas ocasiones, publicó dos artículos con el mismo contenido [1 y 2], que no superan los dos párrafos, en los que señala que “el grupo de observación y transparencia Judicial Watch encontró que hay 1,8 millones de «votantes fantasma»” en el país y “352 condados con más votantes que ciudadanos en edad de votar”. Esto, según un estudio publicado en el Washington Times.

Dichos textos, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de redes sociales CrowdTangle, han tenido más de 200 reacciones y han sido compartidos en grupos de Facebook como Centro Democrático Bogotá, Uribe Noticias, Amigos de Uribe, Soy Colombia No, Bogotá Uribista y Uribe Senado. 

Pero esta información es engañosa. El estudio del grupo activista legal Judicial Watch no es más que una hoja de cálculo en la que, según varios expertos consultados por nuestros colegas chequeadores de Snopes, en Estados Unidos, se hace una “comparación ‘problemática’ entre dos tipos diferentes de conjuntos de datos” para inducir una conclusión errada.  [Aquí puede descargar los datos].

Como escribió Bethania Palma, autora del chequeo de Snopes, el estudio, que efectivamente se publicó en el portal conservador Washington Times en octubre de 2020, incluye “los datos de registro de votantes más recientes para condados publicados por los funcionarios electorales del estado” y “los datos disponibles más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS), 2014-2018, específicamente los de la “población ciudadana en edad de votar” [o CVAP]. Así mismo, tiene columnas para los votantes activos e inactivos y el porcentaje total de votantes registrados sobre la población ciudadana en edad de votar. 

Al comparar estas cifras, quienes realizaron el estudio obtenían como resultado que en la columna de votantes registrados sobre población ciudadana en edad votar aparecía un porcentaje mayor al 100 por ciento [como se puede ver en la siguiente tabla], lo cual les llevó a concluir que había más votantes registrados que personas en edad de votar o, como lo llamaron en el Washington Times, “votantes fantasmas”. 

Imagen de tabla

Sin embargo, hay detalles en los datos que inducen al error. “La Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense [que es la base que se tomó para determinar la población en edad de votar] se basa en muestras. No es un censo.(...) Sus estimaciones de población entre censos decenales son aproximadas [y] la aproximación será peor a nivel de condados [como se analizó en la tabla] que a nivel de estados. Usar la ACS para determinar la cantidad de votantes elegibles es problemático”, respondió el estadístico Philip Stark, decano asociado de ciencias matemáticas y físicas de la Universidad de California en Berkeley, al ser consultado por Snopes. 

De hecho, como se explica en la página de la Oficina de Censo de Estados Unidos, la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense es diferente al censo nacional. En la primera se hacen más preguntas para “proporcionar información sobre educación, vivienda, trabajo” y otros temas con el propósito de identificar las necesidades de las comunidades, mientras el censo busca obtener cada diez años “el recuento oficial de la población estadounidense”. 

Además de esto, de acuerdo con D. Sunshine Hillygus, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Duke, como los datos de la encuesta se recopilan durante cinco años, compararlos con el registro de votantes para las elecciones es “equivalente a una comparación de manzanas con naranjas”. 

Hay otras razones por las que la encuesta resulta inadecuada para el análisis que hizo Judicial Watch. Primero, después de la realización de la encuesta, que de hecho es de 2018, muchas personas cumplieron la edad legal para votar, entonces la cifra de ciudadanos en edad para votar no es certera. 

Segundo, tener 18 años [que es el único criterio que se tuvo en consideración para la base poblacional del estudio engañoso] no es el único requisito para votar en Estados Unidos. En algunos estados están impedidas las personas condenadas por delitos graves y algunas personas con discapacidad mental.

Tercero, según escribió Snopes, “los datos de ACS no reflejarían los cambios de población que han ocurrido desde que se realizó la encuesta, cambios como personas entrando o saliendo de una comunidad”. Esto resulta importante porque, de acuerdo con una encuesta publicada en julio por Pew Research Center, que refirió Hillygus a Snopes, casi uno de cada cinco adultos estadounidenses se mudó durante la pandemia.

Además de esto, Stark le señaló a Snopes otros dos problemas en la comparación: que “las cifras de registro de votantes que mantienen los funcionarios electorales estatales no siempre reflejan el número exacto de votantes registrados en un área determinada, porque las cifras no se actualizan automáticamente cuando una persona se ha mudado”, lo cual, como ya dijimos, es especialmente cierto en medio de la pandemia. 

Así mismo, que “la ley federal y varios conjuntos de leyes estatales rigen cuándo y bajo qué circunstancias una jurisdicción puede incluir a los votantes como inactivos”, por lo cual la columna que resulta de la población en edad de votar sobre los votantes registrados podría incluir votantes que han sido declarados como inactivos.

Entonces, como el estudio de Judicial Watch no es prueba de la existencia de votantes fantasmas porque la comparación que hace tiene datos desactualizados y que no son comparables entre ellos, calificamos como cuestionables los artículos y publicaciones que replican sus supuestos resultados.

Cuento viejo

Hay que aclarar que en Estados Unidos sí hay registros desactualizados de votantes. En 2012, Pew Research Center que encontró que 1,8 millones de los registros de votantes [que, de acuerdo con el estudio, se usan para las listas de registro, la asignación de distritos electorales y otras labores logísticas] eran para personas que habían fallecido, lo cual representa una pérdida de dinero para el Estado y se debía a que el proceso de sacarlas de los registros es dispendioso y muchos familiares no lo hacían. 

Trump sacó de contexto este estudio en las elecciones de 2016 y lo usó para argumentar que esos millones de personas seguramente votarían por Hillary Clinton, tal como se presume en redes sociales para el caso Joe Biden en las recientes elecciones. Pero, según el Washington Post, esa cifra no es señal de una estrategia sistemática para cometer fraude electoral en contra de él. 

Así lo escribió el periodista Philip Bump, autor del artículo: 

“Ciertamente, hay casos en los que se han depositado votos a nombre de personas que han fallecido. Probablemente también haya casos en los que la gente haya votado en dos estados en la misma elección. Pero la pregunta en general es si estas papeletas representan una parte significativa de los votos emitidos, y mucho menos si esto es parte de un sistema organizado para manipular el voto. Y simplemente no hay evidencia de que este sea el caso. Una elección presidencial implica millones y millones de votos. Incluso si se hubieran emitido 1,8 millones de votos a nombre de personas fallecidas, de lo cual literalmente no hay evidencia, y ciertamente no hay indicios de que suceda en 2016, eso no habría marcado una diferencia en los márgenes de ocho de las últimas 10 elecciones presidenciales”.

 

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Jueves, 19 Noviembre 2020

No se ha demostrado que en Pensilvania hayan aparecido más de 21.000 muertos en lista de votantes

Por Laura Rodríguez Salamanca

La desinformación surgió a raíz de una denuncia que interpuso en octubre el grupo legal conservador Public Interest Legal Foundation, pero que el juez estatal no admitió por falta de evidencia.

El portal Oiga Noticias, al que hemos chequeado en varias oportunidades, difundió dos artículos con afirmaciones erróneas y titulados “En Pensilvania permitían que los muertos votaran” y “En Pensilvania aparecieron más de 21.000 muertos en la lista de votantes”

Los artículos, de solo dos párrafos, sostienen que “Pensilvania dejó los nombres de más de 21.000 personas muertas en las listas de votantes”, afirmación sobre la que no hay alguna evidencia, más allá de una demanda, sobre la que no se dan mayores detalles en el artículo, que fue desestimada. 

En estos artículos además se señala que, aunque Donald Trump tenía “una ventaja clara” el primer día de las elecciones en ese estado, “luego de una serie de denuncias por irregularidades, entre ellas permitir votar a los muertos, ha sido superado por Joe Biden”. Lo que tampoco es cierto, como hemos explicado en otros artículos.

Las dos publicaciones, de acuerdo con la herramienta de monitoreo de redes sociales CrowdTangle, han sido compartidas en Colombia en grupos de Facebook como Uribe Senado, Bogotá Uribista, Soy Colombia No, Centro Democratico Bogotá, Amigos de Uribe y Uribe Noticias. 

Pero las afirmaciones de esos artículos son cuestionables, porque el juez a cargo de decidir sobre la demanda en la que se basa la información determinó, el pasado 20 de octubre, que ésta presentaba errores en la sustentación. 

El pasado 15 de octubre, dos semanas antes de las elecciones, el grupo legal conservador Public Interest Legal Foundation demandó a la secretaria del estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, que es demócrata, “por no mantener listas de votantes precisas y actualizadas, como lo requiere la ley federal”.

En su alegato, el demandante sostuvo que, según sus propios hallazgos, “al 7 de octubre de 2020, al menos 9.212 inscritos han muerto durante los últimos cinco años, al menos 1.990 inscritos han estado muertos durante los últimos diez años y al menos 197 inscritos han estado muertos durante al menos veinte años”. Además, asegura que “Pensilvania dejó los nombres de más de 21,000 personas muertas [exactamente 21.206] en las listas de votantes menos de un mes antes de una de las elecciones generales más importantes para los funcionarios federales en muchos años”. Y, por eso, el grupo conservador pidió impedir que estas personas votaran con una medida cautelar. 

El caso alentó a los líderes de opinión y usuarios de redes sociales a compartir información, especialmente desde principios de noviembre, sobre los supuestos 21.000 muertos inscritos para votar, pero además señalando que esta era la muestra de un posible fraude a favor de Joe Biden. 

Según reportó el New York Times, “Breitbart News, la publicación de derecha, escribió un artículo al respecto. Otros luego lo citaron como evidencia de que los demócratas estaban tratando de robarse las elecciones. Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, compartió el artículo en Twitter y recopiló 74.800 me gusta. Diamond and Silk, el popular dúo de redes sociales pro-Trump, publicó sobre el rumor en Facebook. Y el representante Matt Gaetz, un republicano de Florida, trinó: ‘El voto muerto parece haber favorecido abrumadoramente a Joe Biden".

Sin embargo, lo que ni los políticos estadounidenses que ha compartido la información, ni Oiga Noticias han referido en sus publicaciones es que, de acuerdo con nuestros colegas verificadores de FactCheck.org, el grupo conservador no logró convencer a un juez federal en octubre de que su lista [de votantes muertos] era precisa y, por lo tanto, ese juez se negó a aceptar la demanda en la que se basan las desinformaciones. 

El juez John E. Jones III explicó en la decisión que no aceptaba la moción porque la medida solicitada [una medida cautelar para que quienes aparecían en las listas no votaran] solo se puede conceder “si se demuestra claramente que el demandante tiene derecho a dicha reparación”. Pero el material presentado por Public Interest Legal Foundation no presentaba “apoyo fáctico” para llegar a dicha conclusión. 

Contrario a esto, el juez escribió: “Si le concediéramos al demandante la reparación preliminar solicitada, el status quo en este caso se alteraría irreparablemente: si las personas supuestamente fallecidas son removidas, pero de hecho están vivas, no pueden votar en las elecciones de 2020. No habría nada que pudiéramos hacer para paliar ese hecho en un juicio sobre el fondo”. 

Una de las razones que incluyó Jones en su argumentación fue que “la lista ofrecida por el demandante, de 21.206 votantes registrados supuestamente fallecidos, no cuenta toda la historia”. Esto porque, de una lista de 9.300 votantes registrados fallecidos que Public Interest Legal Foundation envió inicialmente para su consideración en la demanda, “aproximadamente 5,000 no aparecieron en las listas de septiembre u octubre del demandante”. 

Esto, para el juez, “podría ser resultado de una serie de factores, incluidas las deficiencias en los procedimientos de extracción de datos del demandante” o “de los esfuerzos del estado y del condado para eliminar a los votantes no elegibles”. 

Pero en cualquiera de los casos, este error, para el juez, demostraba vacíos en la exposición del demandante. Y, en palabras de FactCheck.org, “la discrepancia llevó a la corte a "cuestionar seriamente cuántos votantes en la lista [de la organización legal] han fallecido''.

De hecho, el juez anotó que, aunque no dudaba de la buena fe con la que el demandante recabó los datos para determinar la lista de votantes fallecidos, consideraba que la información presentada “fácilmente podría ser idéntica en varios individuos” y que el demandado no tenía tiempo para verificar la lista de manera independiente. Entonces, decidió no privar al electorado de su derecho “sin previo aviso o sin una investigación adecuada sobre la base de una empresa especulativa y mal enmarcada lanzada en esta fecha tardía”. 

Después de la emisión de la decisión de la corte, de acuerdo con los chequeadores estadounidenses, la organización legal presentó una queja enmendada el 5 de noviembre en la que alegó “que entre las elecciones de 2016 y 2018, se emitieron un total de al menos 216 votos "por (o al menos en nombre de)" personas que habían muerto antes de las elecciones. [Pero la organización] no proporcionó ninguna evidencia para el reclamo en la queja”. 

Sin embargo, como escribimos en otro chequeo reciente, aunque es posible que estos casos se presenten, eso no quiere decir que esas papeletas representen una parte significativa de todos los votos emitidos y mucho menos de que, como escribió Gaetz, esto demuestre un fraude en contra de Trump. 

Ya que no se ha comprobado que la evidencia en la que se basan los artículos de Oiga Noticias tengan alguna validez, los calificamos como cuestionables.