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Viernes, 02 Septiembre 2022

Falso, el Cinep no vendió ninguna base de datos para el informe final

Por Oscar Felipe Agudelo y Betty Martínez

El exdirector de Cambio Radical y expresidente de la Dimayor, mencionó en su columna de Semana, que gracias al padre De Roux se adquirió una “base de datos del Cinep, la cual fue vendida a la Comisión de la Verdad”. Verificamos su afirmación.

La aseveración la hizo Jorge Enrique Vélez en su columna de la revista Semana que tituló “Los pecados del padre De Roux”, en dicho texto criticó duramente al padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, CEV, porque, según Vélez, el padre habría favorecido al Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, en el otorgamiento de contratos por parte de la Comisión. 

De acuerdo con Vélez, el favorecimiento al Cinep se dio por medio de Redprodepaz, una oenegé que según el exdirector de Cambio Radical “tiene un contacto muy estrecho con el Cinep (dirigido anteriormente por el padre de Roux)”. 

No es la primera vez que al padre De Roux le cuestionan su rol como presidente de la Comisión mediante uso de desinformación. Colombiachek ya ha verificado varias publicaciones como cuando se mencionó que su salario era de 50 millones de pesos, cuando le atribuyeron que había dicho que los policías y soldados ‘no estaban secuestrados sino pagando cárcel en la selva’, cuando manipularon una fotografía para hacerlo parecer cercano a Iván Márquez, y varios más

En relación con la base de datos mencionada por Vélez, la frase exacta que él consignó en su columna es: “Otro de los contratos que se firmó, fue la adquisición de la base de datos del Cinep, la cual fue vendida a la Comisión de la Verdad con el fin de ser utilizada para nutrir el informe de hallazgos y recomendaciones que hoy es público y es mejor conocido como Hay futuro si hay verdad - Informe Final”. 

Colombiacheck verificó esta aseveración y encontró que es falsa porque no hay registro de una transacción de esta naturaleza y porque el vínculo entre el Cinep y la Comisión de la Verdad se limitó a unas consultas muy precisas por parte de la Comisión hacía el Cinep.  

En primer lugar, este portal también examinó toda la sección de datos abiertos, repositorio en el que aparece consignada la contratación de la Comisión, mandatorio por ley, y no encontró ningún contrato con el Cinep.

Por su parte, Antonio Madariaga, asesor de la presidencia de la CEV, explicó que: “No se hizo convenio con el Cinep de entrega de información. Utilizamos toda la información pública de ellos y cuando se requirió se solicitó información puntual que nunca incluyó los microdatos sobre los temas de violaciones a derechos humanos”. 

La directora del Cinep, Martha Lucía Márquez, le aclaró a Colombiacheck que son un centro de investigación que construye información que guarda en un archivo de prensa, en base de datos de derechos humanos y de luchas sociales.

“Nosotros no hemos celebrado ningún contrato con la Comisión de la Verdad aunque ésta se acercó para cotizar un servicio. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo económico. No tenemos ningún contrato firmado con la Comisión de la Verdad”. 

La directora informó  que el Cinep, como un centro social de la compañía de Jesús, que trabaja con actores víctimas de violencia en Colombia, acompañó a  distintas organizaciones a construir y presentar seis  informes que fueron  entregados a la JEP y la Comisión de la Verdad. Reiteró, que la relación fue  básicamente con las comunidades  acompañándolos para construir los informes.

Márquez agregó que los informes en la gran mayoría fueron pagados por cooperación internacional a las propias comunidades,  para que contarán con las herramientas necesarias para su elaboración, entre ellos uno de racismo en el departamento del Chocó.

En relación a la afirmación, objeto de este chequeo, consultamos a Jorge Enrique  Vélez, sobre las fuentes que usó para su afirmación y  le aclaró a Colombiacheck que “cogieron (la Comisión) la base de datos de un análisis que habían hecho ellos, con esa base de datos empezaron todo el proceso. No es que vaya a ser textual. Pero esa fue la base para empezar con el estudio desde el concepto de la Comisión”. 

Pero como ya lo mencionamos, de acuerdo con Madariaga y Márquez, en efecto sí hubo uso de información del Cinep por parte de la Comisión, pero de datos públicos, es decir, de información que puede ser tomada por cualquier persona u organización. 

Vélez aclaró que su punto es que la Comisión usó la información del Cinep (donde estuvo el padre De Roux) para construir una verdad “con la verdad que yo mismo hice”. También le dijo a Colombiacheck que: “Me alegra que sea lo único que me están objetando porque lo otro es inobjetable”, refiriéndose a los contratos que la Comisión de la Verdad le adjudicó a Redprodepaz. 

En relación a la explicación de Vélez referente a se construyó una verdad “con la verdad que yo mismo hice (la del Cinep)”, es fundamental aclarar que, según le aclaró la Comisión a este portal, la entidad recolectó 560 bases de datos de múltiples fuentes, nueve de éstas se armaron de manera interna con los datos que se consiguieron. La información fue sobre múltiples temas relacionados con el conflicto y de distintos sectores. Por ejemplo: de las instituciones estatales se consiguieron 380 bases de datos y de organizaciones de la sociedad civil 110. Las anteriores cifras las pudo establecer Colombiacheck por medio de la CEV. 

 

Teniendo en cuenta que Vélez no aportó evidencia exacta sobre su afirmación referente a que se adquirió una “base de datos del Cinep, la cual fue vendida a la Comisión de la Verdad con el fin de ser utilizada para nutrir el informe de Hallazgos y Recomendaciones” y además, que el Cinep y la Comisión aclararon lo sucedido y que no hubo transacción económica entre las partes, en cuanto al uso de bases de datos, calificamos la aseveración de Jorge Enrique Vélez como falsa. 

 

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.