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Jueves, 15 Noviembre 2018

Foto de policía “infiltrado en marchas estudiantiles” es de enfrentamientos entre indígenas y Esmad en Cauca en 2015

Por Ana María Saavedra

Un foto ronda las redes como supuesta prueba de que la Policía infiltró las marchas de la semana pasada. Pero hablamos con el fotógrafo que la tomó y comprobamos que es de hace tres años.

Varias fotos han sido sacadas de contexto en los últimos días para hacerlas pasar como retratos de las marchas estudiantiles que se vivieron en algunas partes del país la semana pasada. Por ejemplo, un usuario de Facebook compartió una foto en el grupo “Colombia apoya a Gustavo Petro” con mensaje:

“¿El ESMAD y las fuerzas oscuras del establecimiento infiltra encapuchados a las marchas para luego reprimir a los estudiantes? ¿Así es como el Gobierno de @IvanDuque legítima la represión de la Protesta Social?”.

Publicación engañosa en Facebook con foto de 2015

Esta misma foto había sido publicada en el portal Las 2 Orillas en 2016 junto a una nota titulada “¿Qué hace este encapuchado con el ESMAD?” como supuesta prueba de que la Policía había infiltrado las protestas campesinas de ese año en el norte del Cauca.

En Colombiacheck rastreamos el origen de la foto y encontramos que tanto los nuevos mensajes de Facebook como la nota de Las 2 Orillas son engañosos, pues la foto no tiene nada que ver ni con las marchas estudiantiles ni con las protestas campesinas del 2016.

Para investigar este caso, nuestro primer paso fue hacer una búsqueda de imagen inversa en Google.

 

Búsqueda inversa de la imagen

 

Así, encontramos que había sido usada en por lo menos otras 15 ocasiones.

Resultados de la búsqueda inversa

 

Entre estos resultados, el que tenía fecha de publicación más antigua es de una entrada del blog Propaga la llama, publicada en marzo de 2015. Allí, se habla de las acciones de los indígenas nasa del norte del Cauca, en particular en los municipios de Corinto y Caldono, para la “liberación de la madre tierra”.

Este proceso se refiere a la intención de los nasa de recuperar tierras en este departamento, debido a los incumplimientos del Gobierno ante la entrega de territorios a su comunidad. En estas acciones han ocupado haciendas, lo que ha originado choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía.

En ese blog, encontramos que la foto estaba firmada por “D.Fellous/Colombia Tierra Herida”. Al buscar su nombre en Google, encontramos que se trataba de Damien Fellous, uno de los fundadores de una agencia de fotoperiodistas llamado Mira-V.

Contactamos por Facebook a Fellous y él nos aclaró que la foto hacía parte de una serie de fotos que tomó en Corinto, Cauca, cuando cubría la “Liberación de la Madre Tierra”. Esta foto en particular la tomó el 5 de marzo de 2015 y la subió a su Facebook.

“Ese día yo tomé fotos del Esmad con machetes corriendo detrás de la comunidad Nasa, los vi usar caucheras gigantes y les vi tirar piedras. Lo documenté y les presenté a la ONU Derechos Humanos las fotos y ellos las presentaron a la Fiscalía”, dijo.

También aclaró que la foto no retrata a un infiltrado de la Policía. En cambio, “lo que aparece es el chofer de una tanqueta del Esmad, que se bajó del vehículo con esa capucha antifuegos. Él salió del carro y se fue a tirar piedras contra los marchantes”.

Nuestros colegas de AJ+Verifica resumieron este chequeo en forma de una imagen postal para que la puedan compartir más fácilmente en todas sus redes sociales.

AJ+ Verifica/Colombiacheck Esmad

 

Miércoles, 12 Septiembre 2018

En Colombia las desapariciones son más que en las de dictaduras de Chile y Argentina

Por Sania Salazar

Un trino compara, sin tener en cuenta el contexto, el número de desaparecidos de las dictaduras de Chile y Argentina con las del conflicto colombiano.

Un gráfico difundido en Twitter indica que los desaparecidos en el conflicto colombiano (según el trino, 86.000) superan a los de las dictaduras de Chile (3.200) y Argentina (40.000). La información del gráfico es Aproximada porque no hace la comparación con la metodología adecuada pues para sacar conclusiones en casos como este hay que tener en cuenta los periodos comparados y la población de cada país en esos lapsos.

 

 

El reporte más reciente del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, sobre desaparición forzada indica que en Colombia se han registrado 80.569 desapariciones entre 1958 y 2018. Aunque en ese mismo Observatorio se había hablado de 86.000 desaparecidos, se depuraron las bases de datos y se llegó a esa nueva cifra. En el trino no se indica el periodo de tiempo cuantificado en el caso de cada país, ni la fuente en la que se basan las cifras.

La gráfica compara cifras de periodos violentos de distinta duración. La dictadura en Chile duró 17 años (entre 1973 y 1990). Por su parte, la dictadura en Argentina duró siete años (de 1976 a 1983). Las estadísticas de Colombia, en cambio, corresponden a 60 años de conflicto armado (1958-2018), por lo que la comparación es inexacta, según explicó Andrés Suárez, director del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH-

Suárez, además, indicó que la única comparación viable entre la situación de desaparecidos en estos tres países tendría que basarse en la tasa de víctimas por 100 mil habitantes (es decir, qué porcentaje de la población que tenía cada país en el momento de los hechos fue afectada) para saber en dónde fue más grave la situación.

Según el informe del CNMH titulado Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, en Chile hubo 3.500 desapariciones documentadas y 10.000 en Argentina, en donde la proyección de ese delito es de 30.000 casos.

Para confrontar las cifras de una manera mínimamente comparable, sobre todo en términos de tiempos, Suárez recomendó tomar el lapso entre 1997 y 2004 que es el periodo más crítico de desapariciones en el caso colombiano, con 41.200 casos.

También recomendó, en el caso de Argentina utilizar la cifra de 10.000 desaparecidos por ser los casos que están documentados.

Al hacer ese ejercicio, el resultado es que Colombia sí es el país más afectado por ese delito con 93,2 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. El segundo Argentina con 35,8 y Chile el tercero con 30,2 por 100 mil habitantes. (Si en el caso argentino se tomara la cifra de los 30.000 casos proyectados, el resultado sería de 107,4 desaparecidos por cada 100 mil habitantes, un resultado más alto que el de Colombia).

Aunque en el trino se habla de Seguridad democrática haciendo alusión a la llamada política de seguridad del Estado que se denominó así durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hay que aclarar que esa política se implementó durante el doble periodo de Uribe (2002-2010) y la cifra de desaparecidos del CNMH corresponde a 60 años de conflicto.

También hay que señalar que entre 2002 y 2010 hubo 29.251 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado (de las 80.569 que se han registrado), pero también que en el periodo de consolidación de esa política hubo un decrecimiento de ese delito, (como se puede ver en el gráfico).

Infografía sobre desapraición forzada con datos del CNMH

Suárez señaló además, que esa reducción pudo ser mayor de no ocurrir los falsos positivos y resaltó que entre los responsables de las desapariciones forzadas no solo está el Estado, sino que es un crimen en el que tienen responsabilidad otros grupos armados. “A diferencia de las dictaduras no hay cómo probar en estos momentos que la desaparición fue una política sistemática o una estrategia del poder militar en Colombia o del Estado colombiano, con eso hay que tener cuidado”, concluyó Suárez.

El caso colombiano

En Colombia este es un crimen de lesa humanidad que “ha afectado sobre todo a los líderes sindicales y su familia, a la población civil sindicalizada y su familia, a los estudiantes, a los militantes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda y sus familiares, a los miembros de las organizaciones de defensa de los DD.HH.” indica el informe Hasta encontrarlos.

Ese informe indica además que también han sido víctimas de desaparición forzada los abogados o investigadores judiciales que se han ocupado de las denuncias y los miembros de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que han hecho eco de los reclamos de los allegados a las víctimas.