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Verdadero pero...

Sábado, 10 Septiembre 2016

Frank Pearl se descacha al usar datos de presos 'gringos' sin aclararlo

Por Óscar Felipe Agudelo B.

"Porcentajes de reincidencia de las personas que salen de las cárceles superan el 75%” dijo el negociador desde La Habana. El dato es cierto pero describe el contexto estadounidense y no sirve para comparar con la situación colombiana.

Pocas horas después de culminadas las negociaciones de paz entre gobierno y Farc los integrantes del equipo negociador del gobierno colombiano salieron a dar una rueda de prensa en la que según se dijo, “se resolverían dudas referentes al acuerdo de paz pactado entre Farc y gobierno”.

Una de las personas que integraron esa rueda de prensa fue Frank Pearl, un negociador con trayectoria en los procesos de paz y con gran pericia en los temas de reincorporación de quienes se han desmovilizado.

En dicha rueda de prensa del 25 de agosto en La Habana, Pearl sin despeinarse sostuvo que el índice de reincidencia de los presos es del 75%, una cifra que llamó la atención de Colombiacheck y que este medio se propuso chequear.

El hallazgo fue certero. Pearl empleó una fuente de connotada autoridad aunque es importante aclarar que la cifra no viene de un contexto nacional sino de un estudio realizado con presos estadounidenses.

Colombiacheck contactó al miembro del equipo negociador y éste por medio de una misiva respondió que para dar la cifra del 75% se basó en un estudio de Bureau of Justice Statistics del Departamento de Justicia de USA. Dicho estudio abordó durante cinco años, 2005 a 2010, la situación de los presos de 30 estados del país del ‘Tío Sam’.

Una de las conclusiones del estudio fue la que precisamente citó Frank Pearl en La Habana, que el índice de reincidencia de las personas que salen de la cárcel es cercano a un 75%, exactamente un 76.6%, según el estudio.

Por otro lado, Colombiacheck quiso conocer una cifra de un contexto más criollo y sobre todo un poco más actual. Por esta razón acudimos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, una entidad que expuso unas estadísticas mucho menos elevadas que las suministradas por el miembro del equipo negociador.

De acuerdo con el Inpec, al momento de hablar de reincidencia de presos es necesario diferenciar el tipo de sanción que ha pagado cada persona. El Inpec maneja tres tipos de sanciones: la intramural, la domiciliaria y la de vigilancia.

La información suministrada, con corte a julio de 2016, muestra unos porcentajes de reincidencia muy alejados del 75%.

 

Los presos que estuvieron en intramural reincidieron en un 17.8%, los que estuvieron en domiciliaria en un 11.8% y los que que pagaron su sanción de manera vigilada reincidieron en un 10.9%.

Respecto a las cifras del Inpec, Pearl le explicó a Colombiacheck que los datos de personas que reinciden corresponde solo a las personas recapturadas y no al número real de las personas que vuelven a actividades ilícitas.

De acuerdo con el integrante del equipo negociador del gobierno, ese hecho resulta de gran trascendencia porque según el Índice Global de Impunidad México 2016, IGP, Colombia es el tercer país con más impunidad en una escala de 59 países. Solo lo superan Filipinas y el propio México.

Pearl no duda, y lo explicita en su misiva, que el número real de personas que reinciden en Colombia es mayor a las cifras entregadas por el Inpec. Lo anterior resulta apenas lógico en un país con tan altos niveles de impunidad. ¿Cómo censar a las personas que delinquen y cuyo delito queda en la impunidad?

Pese a sus explicaciones Colombiacheck califica la afirmación del negociador del Gobierno como aproximada pues aunque sustentó de manera clara el origen de su aseveración, la cifra del 75% no es del todo vigente (con corte a 2010) y además, no se recomienda aplicar el índice de reincidencia de un país a otro.

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Falso

Viernes, 07 Julio 2017

¿El impuesto al uso de bolsas plásticas financiará la política de las Farc?

Por Sania Salazar

La teoría es del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter y tuvo eco en varios medios de comunicación nacionales. Verificamos y resultó totalmente falsa.

Críticas, exigencia de pruebas y hasta burlas han sido las respuestas que el diputado conservador del Magdalena, Alex Velásquez Alzamora, ha recibido a un trino en el que asegura que el impuesto al uso de bolsas plásticas que se empezó a cobrar en Colombia es para financiar la participación en política de las Farc.

 

 

Después de revisar la Ley que reglamenta el impuesto al uso de bolsas plásticas, el decreto donde se definen los gastos del Presupuesto General de la Nación para 2017 y de contrastar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Velásquez Alzamora como falsa.

Colombiacheck habló con el diputado. “Es un tributo que está colocando el Congreso de la República y los tributos o impuestos no tienen destinación específica, van al Presupuesto General de la Nación, los recursos que está destinando ese presupuesto son para la implementación de los acuerdos”, aseguró.

El diputado fue enfático al afirmar que “toda” la política nacional está destinada a la implementación del Acuerdo Final, “no existe otra destinación, así de sencillo, es mi criterio”, y añadió que se basó en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y en la destinación de los rubros del presupuesto.

La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas

A diferencia de otros tributos, este es un impuesto que no busca recaudar mucho dinero sino desestimular el uso de las bolsas plásticas para disminuir la contaminación ambiental. Dicho concepto o espíritu de la norma fue confirmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo a la W Radio que ese impuesto tiene la “única vocación de que la gente no lo pague, es decir, que no compren bolsas plásticas”, e indicó que es una medida que Colombia estaba en mora de implementar porque existe en muchos países.

En el ABC del impuesto, que se puede descargar de la página del Ministerio de Ambiente, indican también que el objetivo es “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago”.

En la oficina de prensa del Minhacienda explicaron que, efectivamente, el dinero del impuesto irá al Presupuesto General de la Nación, pero que no hay un cálculo exacto de lo que se pueda recoger, porque, enfatizaron, la idea es que la gente no lo pague, que usen bolsas de papel, tela u otros elementos. Además, aseguraron que el impuesto puede ir a cualquier programa del Gobierno.

El diputado tiene razón en que el impuesto no tiene destinación específica, pero por la misma razón que plantea, no se puede afirmar que vaya a ser utilizado puntualmente para la implementación del Acuerdo Final y mucho menos, que vaya a financiar la participación en política del partido que saldrá de la desmovilización de las Farc.

Revisamos también el Presupuesto General de la Nación, pero en ese documento no hay ninguna destinación específica para la participación política de las Farc. Allí se detallan inversiones relacionadas con la terminación del conflicto como atención a víctimas y reintegración de personas y grupos alzados en armas o justicia transicional, pero también hay destinaciones en sectores tan variados como la soberanía territorial y desarrollo fronterizo, hasta la calidad y fomento de la educación superior.

En septiembre de 2016, cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017, el ministro Cárdenas resaltó que con ese dinero se debían cubrir, entre otros, gastos del posconflicto.

“Este impuesto no tiene destinación específica, sino que entra a una bolsa general del Gobierno y ninguna parte de esa plata está atada a un gasto en particular. En el presupuesto general hay un porcentaje que va para la implementación del acuerdo de paz, pero hay otra parte para muchas más cosas. Como el diputado lo está diciendo, entonces cualquier impuesto es para eso, desde el IVA, el predial, hasta el impuesto a la renta”, concluyó Andrés Castro, investigador del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia.

Hay que recordar que la financiación de la actividad política de las Farc ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que Colombiacheck publicó recientemente dos chequeos sobre el asunto, pero en el Acuerdo Final quedó establecido que el movimiento político que resulte de esa guerrilla, ya desmovilizada, recibirá una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”, indica el Acuerdo Final. Ese dinero contribuirá a la financiación del Centro de pensamiento y formación política así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, explica el texto.