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Viernes, 11 Junio 2021

Hospital Universitario de Santander sí atendió a los policías heridos en Bucaramanga

Por Vanguardia

El Hospital Universitario de Santander (HUS) no negó la atención médica a tres uniformados que resultaron heridos en los disturbios del pasado 9 de junio, contrario a lo que se afirmó en redes sociales. A un uniformado sí lo insultaron dentro del hospital y la Personería pedirá a la Procuraduría una investigación al respecto.

Por redes sociales circuló un trino y un audio en donde se asegura que “me informan que en el @HUSantander no quisieron atender al policía herido y que el personal de atención le grita cerdos a la @PoliciaBmanga".

El trino fue publicado por el tuitero Laureano Tirado, quien informó en otra publicación que la Procuraduría tenía conocimiento del tema porque el audio que acompaña el segundo trino se difundió en el Puesto de Mando Unificado creado para hacerle seguimiento a la protesta social.

 El medio regional del departamento de Santander, Vanguardia, en alianza con Colombiacheck, pudo comprobar, por un lado, que los uniformados sí fueron atendidos en el HUS, contrario a una de las afirmaciones de Tirado y que fueron replicadas también en WhatsApp. Frente a las denuncias sobre insultos por parte del personal médico hacia los policías, una delegada de la personería aseguró que fue testigo de estos hechos y señaló a dos auxiliares de enfermería. Desde el centro de salud indicaron que están investigando.

Lo que dice el autor del trino

Al respecto, el autor del trino, Laureano Tirado, le aseguró a Vanguardia que el audio que publicó, junto a otros dos que no divulgó, fueron enviados por un miembro de la Policía Nacional que presenció los hechos.

“Ese audio me lo envía directamente un integrante de la Policía para contarme lo que estaba sucediendo. Me dice que fueron groseros y displicentes cuando ellos llegaron a la unidad de urgencias del Hospital Universitario. Tengo varios audios que narran los hechos, solamente publiqué uno. Decidí publicar porque me parece muy delicado que haya ocurrido el hecho”, comentó Tirado.

Además, Tirado le explicó a Vanguardia que su intención era dar a entender que “un hospital está al servicio de todos los ciudadanos, sin distinción alguna. No puede haber selección y la atención debe ser oportuna para todas las personas”. 

Al respecto, Javier Martínez, coordinador de Urgencias del HUS, aseguró que no es cierto que los uniformados no fueron atendidos en el centro de salud y explicó que los tres hombres fueron atendidos “con el profesionalismo que siempre ha caracterizado a la institución”. 

"Un paciente está en la UCI después de la cirugía. El otro paciente está en urgencias, siendo revisado por personal de cirugía plástica. Un tercer uniformado fue dado de alta. Estamos seguros que se les brindó una atención oportuna, humanizada y muy segura a los integrantes de la fuerza pública que llegaron al hospital", comentó Martínez.

El uniformado, de 33 años, adscrito al Esmad, presentó quemaduras en el brazo izquierdo producto de una bomba incendiaria que fue lanzada a la Policía en la carrera 26 con calle 10, cerca a la UIS.

Lo que muestran las cámaras

Vanguardia obtuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad del sector de Urgencias del Hospital Universitario de Santander, HUS, en donde se ve que efectivamente los uniformados llegan a las 8:38 de la noche del 9 de junio al centro médico.

El uniformado, identificado como Ángel Campos, perteneciente al Esmad, ingresó a la sala del triage para ser valorado. En el tiempo que dura el uniformado en esta sala, decenas de personas, entre pacientes, familiares y personal de salud, recorren sus pasillos. 

A las 8:40 ingresa un patrullero de la Policía para acompañar a Campos, pero se retira del lugar a las 8:41. Segundos después, el herido se levanta y se acerca a la puerta de la sala y llama al patrullero.

Una vez el hombre regresa, Campos le pide ayuda para quitarse los implementos de su uniforme. A las 8:43 ingresan dos uniformados más a acompañar al herido. 

Entre las 8:46 y las 8:47 el herido estuvo solo en la sala y por el lugar transitaron al menos cinco personas entre pacientes y personal médico. A las 8:47 ingresa un uniformado.

Un minuto después, mientras cuatro personas de civil pasaban por la sala, el herido y el uniformado salieron de Urgencias.

Diez minutos después, se ve a una enfermera hablar con miembros de la Policía que acompañan al herido, mientras este recibe atención médica. A las 8:53 de la noche, Campos es ingresado a una habitación. En ese momento ya había personal de Policía de Rescate acompañando al uniformado.

‘Les salvaron la vida’

Sobre los hechos, el brigadier general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, afirmó que el hospital les salvó la vida a los uniformados.

"Después de varias cirugías, le sacan un artefacto del cuello a un uniformado. Les agradezco al personal médico por su oportuna intervención a nuestros policías que les salvó la vida. En este momento se encuentra en UCI recuperándose y oramos para que salga bien de esta agresión infame”, dijo Martín. 

Sobre los insultos, voceros de la Mebuc le informaron a Vanguardia que debe ser el Hospital Universitario de Santander el que haga las investigaciones pertinentes, pues en lo que respecta a la Policía y sus uniformados, recibieron atención médica de calidad.

Personería pedirá investigación

A su vez, el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, informó que una funcionaria delegada de Derechos Humanos de la entidad hizo presencia en el Hospital Universitario y pudo constatar que dos auxiliares de enfermería “con sus actitudes y trato lanzaron improperios contra los servidores públicos”.

Arenas explicó que denunciarán los hechos ante la Procuraduría General de la Nación para que realicen las investigaciones correspondientes.

“La delegada de Derechos Humanos pudo constatar el trato indebido contra los servidores públicos. Por eso se estructurará la respectiva denuncia disciplinaria contra estos funcionarios. Dos enfermeros y un coordinador fueron identificados por la delegada. Presuntamente las palabras eran ‘a estos cerdos no los atendemos’. Palabras que justificaban las lesiones de los funcionarios”, indicó Arenas.

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Lunes, 31 Mayo 2021

Macías exagera sobre bloqueos de vías como delitos cuando afectan la salud: no son de lesa humanidad

Por José Felipe Sarmiento

El señalamiento del senador del Centro Democrático solo acierta en que casos como el de los bebés fallecidos en ambulancias atacadas pueden constituir delitos, pero no de esa magnitud.

En la plenaria del Senado del 24 de mayo de 2021, en la que se debatía la fallida moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por los abusos policiales cometidos contra el Paro Nacional que empezó el 28 de abril y ya lleva más de un mes, el senador Ernesto Macías Tovar defendió al funcionario con un argumento crítico de las manifestaciones que fue citado en varios medios (1, 2, 3) y en un comunicado de la corporación.

Tras recordar los dos casos en los que murieron bebés en ambulancias atacadas por manifestantes en vías bloqueadas, el congresista del partido Centro Democrático preguntó “quién dio la orden” de efectuar esas acciones. “Los bloqueos no son un derecho, son una violación a los derechos. En plena pandemia, que tristemente se registran cerca de 500 fallecidos al día, misiones médicas, pacientes graves en las ambulancias; no dejan pasar el oxígeno, las vacunas. Estos son delitos de lesa humanidad”, afirmó.

Dado el impacto de la frase en la opinión pública por su aparición en diferentes sitios de noticias, Colombiacheck decidió verificarla y encontró que es cuestionable. Si bien los bloqueos pueden considerarse delitos en ciertas circunstancias, incluidas las afectaciones a los derechos a la vida y la salud como las mencionadas por Macías, no son de lesa humanidad. Decir eso es una exageración.

La “obstrucción de vías que afecte el orden público” sí es un delito que se incorporó al Código Penal en 2011. No obstante, la definición legal que este contiene es más específica que la de simplemente bloquear, pues debe hacerse “por medios ilícitos” y “de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.

Al estudiar una demanda contra esta norma, la Corte Constitucional avaló esta penalización teniendo en cuenta que su correcta interpretación pone unas condiciones específicas que no afectan a las marchas o los plantones en general. Así, la sentencia C-742 de 2012 advirtió que “sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional” y, por tanto, las manifestaciones violentas, no.

La constitucionalista Catalina Botero Marino, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, le dijo a Colombiacheck para el explicador sobre la protesta social publicado en 2020 que esta “es naturalmente disruptiva”. Es decir:

“Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no está dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no está dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”.

En esa misma ocasión, el politólogo Víctor Barrera Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), destacó que la disolución de una protesta se debe dar cuando “haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. No es válido hacerlo con base en situaciones hipotéticas.

Asimismo, el penalista Andrés Garzón Roa señala que el límite entre el derecho a la manifestación pacífica y el delito de obstrucción de vías está marcado por sus efectos sobre los derechos fundamentales de otros ciudadanos, entre ellos la salud y la vida (como en los casos señalados por el senador). “La movilidad, no”, aclara.

“Cuando el bloqueo es prolongado y violento, ahí ya no se ampara la protesta [con la Constitución] y empezamos el camino del tipo penal”, explica. Incluso considera que, en los casos de los bebés que murieron en Cundinamarca y el Valle del Cauca, podría imputarse el cargo de homicidio.

Sin embargo, también recalca que esta conducta está lejos de poder considerarse dentro de la categoría de lesa humanidad. “Ahí hay pirotecnia. Las cosas hay que decirlas como son. No se puede exagerar”, afirma.

¿Por qué no es lesa humanidad?

Como la denominación lo indica, los delitos de lesa humanidad “son conductas gravísimas que afectan a toda la humanidad, no solo a la víctima sino a todo el conglomerado social”, dice Garzón. El abogado especifica que “los bloqueos pueden ser una situación que afecta a toda Colombia, pero no se pueden considerar de lesa humanidad desde la legislación internacional; no es un atentado contra la dignidad como la tortura o la explotación sexual”.

En otro explicador de 2020, Colombiacheck señaló que el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, tiene un listado de conductas específicas que entran en esa clasificación: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo por su identidad, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos.

La definición de cada uno tiene unos elementos específicos que establecen un nivel de gravedad que supera al de las mismas conductas en situaciones aisladas. En general, para que una de esas acciones sea enmarcada como de lesa humanidad debe hacer parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

La sistematicidad se refiere a que los actos deben ser producto de un plan organizado. La generalidad, por otro lado, tiene que ver con el número de víctimas: la acción debe estar dirigida contra un gran número de personas. La acreditación de ambos factores requiere un análisis del contexto documentado con pruebas contrastables que den cuenta de las estructuras criminales participantes y su funcionamiento.

Así lo explica una cartilla de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) coescrita por la jurista Claudia López Díaz, hoy magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento se refiere a la aplicación de los delitos de lesa humanidad en Colombia con base en la jurisprudencia nacional e internacional.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que algunos habitantes de Cali han alegado que están “secuestrados” por los manifestantes, hay que aclarar que el delito de lesa humanidad más parecido es el de privaciones graves de la libertad pero sus elementos no coinciden con lo que ha sucedido allá. La definición en realidad corresponde a acciones como los secuestros cometidos por las FARC, como lo determinó la JEP en la imputación contra ocho ex jefes de esa guerrilla (ver chequeo).

Como las conductas que describió Macías no coinciden con el listado que contiene el Estatuto de Roma, dado que la definición del delito de obstrucción de vías en el Código Penal nada tiene que ver con los que están descritos como de lesa humanidad a nivel internacional, no hay lugar para su afirmación. En lo único en lo que tiene razón es en que algunos casos específicos han afectado derechos fundamentales como la vida y la salud y, por tanto, pueden constituir conductas punibles, pero no de esa magnitud.