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Miércoles, 12 Julio 2017

¿Hubo compromiso de entrega de bienes en el acuerdo con las AUC?

Por Paula Vásquez

En el caso de las AUC la entrega de bienes fue una condición que se introdujo por la vía jurídica.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostuvo un debate con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal en la W Radio acerca de los cambios que haría el Partido Centro Democrático, al que pertenece Cabal, si ganan las elecciones presidenciales de 2018.

Los congresistas hablaban del manejo del dinero y los bienes que debe entregar las Farc y en ese momento Cepeda le dijo a Cabal: “Los gobiernos del presidente Álvaro Uribe hicieron una especie de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ¿hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? la verdad es que no”.

Colombiacheck habló con el senador Cepeda quien nos dijo que su afirmación se basaba en la realidad. “En el proceso que hicieron entre 2003 y 2010 los gobiernos de Álvaro Uribe y las AUC, no hubo ningún compromiso sobre entrega de bienes, el resultado es que la reparación de las víctimas de los paramilitares ha sido totalmente insuficiente, en materia de justicia hubo muy pocas decisiones judiciales”.

“No hubo ningún pacto en el que voluntariamente entregaran bienes, el proceso de la Ley 975 (o de Justicia y Paz), no fue producto de un pacto entre el gobierno y los paramilitares, sino que fue un proceso muy accidentado que hubo en el Congreso y que modificó sensiblemente la Corte Constitucional, hay decisiones judiciales en las que se impone como castigo o sanción la reparación de las víctimas, ahora, esa reparación ha sido realmente insignificante”, precisó el senador.

Después de hablar con Cepeda, de revisar el proceso de desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz que reglamentó dicho proceso y de comparar los dos acuerdos a los que se llegó con las Farc, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada.

Si bien en el caso de las Autodefensas es verdad que la entrega de bienes se introdujo por vía legal. En el caso de las Farc estaba de manera muy general en el primer Acuerdo, pero en el documento final que se está implementando se debieron hacer precisiones respecto a ese compromiso y las Farc debieron comprometerse públicamente.

El proceso con las AUC

La ley tuvo tres momentos, el primero fue el proyecto de ley 180 del 2004 presentado por Luis Carlos Restrepo (Comisionado de paz del momento) en la que no se menciona el destino de los bienes de las AUC. El segundo momento es la Ley 975 aprobada por el Congreso, en la que está estipulado que tanto para la desmovilización colectiva como para la individual uno de los requisitos era la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal”. En esa ley basa Cepeda su afirmación.

El tercer momento es el fallo de la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-370 en el que se habla de una reparación obligatoria para las víctimas con bienes tanto ilícitos como lícitos.

epeda dice que la diferencia del proceso con las Farc es que el grupo guerrillero se comprometió voluntariamente a entregar dinero y bienes.

Comparamos el Acuerdo inicial con las Farc y el Acuerdo Final. Si bien en el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena la guerrilla se comprometía a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, después de la negociación con los voceros de las campañas que pedían revisar y modificar el Acuerdo, se introdujeron precisiones respecto a cómo y cuándo las Farc entregaría el inventario de sus bienes.

Un día antes del plebiscito las Farc anunció expresamente que entregarían sus bienes para reparar a las víctimas.

Miradas

El especial realizado por Verdad Abierta en 2015 ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? indica que uno de los fracasos inminentes de esta negociación fue la entrega de bienes, pues “solo el 6% del dinero para reparar las víctimas ha sido de los paramilitares”.

Ivonne Rodríguez, periodista de ese medio, explica que el proceso de Justicia y Paz permitió la desmovilización de unos 30 mil paramilitares en todo el territorio nacional, de los cuales 3 mil fueron a la cárcel. Para no perder los beneficios de este tipo de justicia transicional, que propuso entre cinco y máximo ocho años de cárcel, los postulados a esta Ley debían cumplir con varios requisitos, entre ellos confesar los crímenes, no seguir delinquiendo y entregar todos los bienes que adquirieron en la legalidad y la ilegalidad para reparar a las víctimas del conflicto armado. Así que la entrega de bienes era una exigencia contemplada en la Ley.

Sin embargo, “lo que pasó en la aplicación de la Ley es que el Estado no fue eficiente en administrar los bienes entregados por los paramilitares. Y también faltó más investigación para saber si estaban ocultando otros, como lo ha venido descubriendo el siguiente proceso de justicia transicional, el de Restitución de Tierras”, afirma Rodríguez.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Carlos Montoya, aseguró que la desmovilización de las AUC fue un ejercicio que partió de lo que cada bloque iba entregando. Dichas entregas podían ser en especie, “hay historias como por ejemplo que Mancuso entregó unas reses que se adelgazaron y murieron, también de casas, carros, además muchos de los bienes entregados no se han podido vender para la reparación de víctimas”.

¿Es válida la comparación?

Según el senador Cepeda, sí vale la pena comparar el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc con la negociación de las AUC y con todos los procesos que ha habido en Colombia y en el mundo. Ya que “solamente a través de la comparación sabemos realmente hasta donde se están cumpliendo medidas que pueden ser satisfactorias e importantes para el país”.

Es importante aclarar que esta es la primera ley en proponer la entrega de bienes para reparar víctimas.

Álvaro Villarraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que aunque los procesos de las Farc y las AUC son de diferentes naturalezas, se deben tener en cuenta para evitar volver a caer en los errores que se cometieron durante el proceso de reintegración de los paramilitares.

Miércoles, 25 Enero 2017

Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía

Por Sania Salazar

Por ahora solo se podrían beneficiar los guerrilleros acusados de rebelión y delitos conexos, pues los demás casos los resolverá la JEP, que aún no existe. Pero falta que esté listo el acta de compromiso que deben firmar los guerrilleros para que la amnistía quede en firme.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero que ya se podía solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía porque no se necesitaba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

 

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la frase como aproximada, pues aunque la ley está vigente, falta un documento que los beneficiarios de la misma deben firmar para que la amnistía se materialice.

La frase genera confusiones, primero porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado que se necesitaba la existencia de la JEP para aplicar la amnistía y el debate sobre la creación de la JEP apenas empezó el 18 de enero en la Cámara de Representantes, donde le dieron un primer visto bueno en la Comisión Primera.

“Es la ley que va a determinar todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz, en su sala de amnistía, para de alguna manera avanzar en todo el proceso de aplicación de la justicia transicional. Necesitamos crear la justicia transicional para aplicar la ley de amnistía”, aclaró Cristo en entrevista publicada por el periódico El Universal, de Cartagena.

Colombiacheck habló con Rivera quien aclaró que “ya se puede solicitar para los delitos de iure (los que son reconocidos por la ley), como los conexos con el delito político, todo lo demás tiene que esperar a la JEP, pero esos trámites ya se pueden desarrollar porque la ley de amnistía es clara en que hay unas personas que pueden salir porque los delitos por los que los sindican son delitos de carácter político”.

Hay que aclarar, primero, que la amnistía de iure (que se usa como contrario a de facto y significa por virtud o ministerio de la ley, según explica la Real Academia de la Lengua Española) es la que se aplicará a los guerrilleros rasos, “a quienes serían responsables por acciones propias de pertenecer a una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado, tales como porte ilegal de armas o uso de uniformes privativos de la Fuerza Pública”, explica Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

Según la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, mejor conocida como Ley de Amnistía e Indulto, en el artículo 17, la amnistía “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma”, eso quiere decir que entró en vigencia desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Santos la sancionó.

“Hay puntos específicos en los que no es posible aplicar la amnistía o indulto si no están en funcionamiento las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de aquellos casos en los que no resulta claro, a primera vista, si se trata de delito de rebelión o conexos o puede catalogarse como un crimen internacional que no sería objeto de amnistía ni indulto”, precisó la investigadora.

“Para quienes están en zonas de normalización la ley tendrá efectos reales cuando termine el calendario de la dejación de armas. Si es alguien investigado penalmente, tendrá efectos cuando el fiscal conozca que esa persona fue beneficiada por la amnistía y no continúe con la investigación penal. Si es condenado, cuando le levanten la condena y lo dejen libre”, explicó Güiza.

Pero falta un papel

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó que hay jueces que le han preguntado por el acta de compromiso que deben firmar los beneficiados con la amnistía, pues ya han recibido solicitudes para aplicar esa ley.

“Está pendiente el acta de compromiso que tienen que firmar todas las personas para salir en libertad, los beneficiados con la amnistía de Iure, que se comprometen a no volver a la lucha armada, y los que salen con libertad condicional, que se comprometen a acudir ante la JEP en caso de ser llamados, a no salir del país sin autorización y a reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está poniendo en marcha el procedimiento para suscribir el acta, se está discutiendo un borrador para que los distintos involucrados estén de acuerdo en su contenido, luego ya se pasa a lo operativo de la suscripción de las actas. Es el paso que falta para hacer efectiva la amnistía”, aclaró Díaz.

La funcionaria agregó que las Farc debe entregar una lista con los nombres de los guerrilleros que se beneficiarán con la amnistía, lista que servirá para corroborar que quienes pasen por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización pertenezcan efectivamente a las Farc. Aclaró que en el caso de guerrilleros presos, condenados o con un proceso judicial en curso, será el juez respectivo el que otorgue la libertad basado en la relación con esa guerrilla, comprobada en la sentencia o en el proceso, y que cumpla con los demás requisitos necesarios para beneficiarse de esa ley.

Díaz dijo que esperan que el acta esté lista en pocos días.

Otro debate

La investigadora de Dejusticia indicó que hay otro debate que tiene que ver con la revisión que la Corte Constitucional debe hacer a la ley de amnistía. Güiza recordó que, según el acto administrativo 1 de 2016, más conocido como fast track, “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, lo que quiere decir que la Corte las revisará sin necesidad de que sean demandadas, como ocurre ordinariamente con el resto de las leyes, sin embargo esa revisión no suspende los efectos jurídicos de la ley de amnistía, pues esta tiene vigencia desde el momento en que el Presidente la sancionó.