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Verdadero pero...

Viernes, 06 Noviembre 2020

Justicia y Paz sí dictó su primera sentencia cinco años después de empezar a funcionar

Por Sania Salazar

La expresidenta de la JEP, Patricia Linares, tiene razón en el tiempo que le tomó a la Ley de Justicia y Paz proferir las primeras condenas y se acercó al número de sentencias impuestas en sus 15 años de funcionamiento.

Durante la entrega del balance de los tres primeros años de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, su presidenta durante este periodo, la magistrada Patricia Linares, aseguró que “en Colombia Justicia y Paz en 15 años ha producido 70 sentencias condenatorias contra paramilitares, la primera cinco años después de iniciar sus tareas”. Esto en una clara alusión a las críticas que algunos sectores le han hecho a esa jurisdicción por no haber proferido sentencias todavía.

Linares se refiere a la Ley 975, o Ley de Justicia y Paz, que se aprobó en julio de 2005 para hacer posible la desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Colombiacheck califica la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, pues se acercó mucho a la realidad. Según la Fiscalía General de la Nación, en los 15 años de Justicia y Paz se han proferido 65 condenas, cinco menos de las que aseguró la magistrada, y la primera sentencia en firme de este sistema se dictó en 2010, es decir, cinco años después de la promulgación de la Ley.

El equipo de prensa de la JEP le envió a Colombiacheck un artículo de El Tiempo titulado “Las deudas y aciertos de Justicia y Paz, a 15 años de su creación”, publicado el 28 de julio de 2020, como la fuente de la información citada por Linares. En el artículo, en efecto, dice que luego de 15 años de funcionamiento de esa justicia se han emitido 70 condenas, pero no habla expresamente del tiempo que se demoró la primera sentencia.

El artículo “Ley de justicia y paz, un balance de su primer lustro”, publicado en agosto de 2010 en la edición número 5 de Perfil de coyuntura económica de la Universidad de Antioquia, indica que la primera sentencia condenatoria de Justica y Paz la dictó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en junio de 2010 contra dos de los excomandantes paramilitares, Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Uber Enrique Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”. El portal periodístico Verdad Abierta reseña también esa como la primera condena. 

El artículo mencionado señala que según cifras de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a septiembre de 2010 solo tres postulados se encontraban en la fase del incidente de reparación integral, última etapa antes de la sentencia condenatoria, lo que quería decir que en ese momento apenas era ese el número posible de postulados condenados.

“Esto resulta problemático, máxime si se le compara con el número de postulados (4.346), muchos de los cuales llevan más de cuatro años con medida de aseguramiento privativa de la libertad, y más aún teniendo en cuenta que la condena máxima que puede dársele es de ocho años”, precisa el artículo.

Hay que mencionar que en marzo de 2009 el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá condenó a Wilson Salazar Carrascal, alias ‘El Loro’, desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC, pero ese mismo año la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión. 

En diciembre de 2011 los medios registraron la condena a Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, el primer comandante de bloque de las AUC en ser condenado, pues hasta ese momento, según lo explicó el portal Verdad Abierta, los demás sentenciados no habían tenido control total de un grupo numeroso de hombres de ese grupo armado ilegal.

Precisamente ese medio de comunicación cuenta en el artículo titulado "Justicia y Paz: lecciones aprendidas en 10 años" cómo al principio de la aplicación de esa ley se pretendía investigar todos los hechos y a todos los excombatientes, pero se dieron cuenta de que no era posible por la cantidad de hechos.

“Además de ser imposible, para algunos expertos conocer el caso a caso no permitía ver el panorama completo ni explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Por tal razón, se cambió la forma de investigar, después de la reforma de la Ley de Justicia y Paz en 2012, se priorizaron los crímenes más graves y a los máximos responsables. ‘Cuando llegué empezamos a sacar el plan de priorización, porque en ocho años solo había 14 sentencias y solo una contra un máximo responsable. Caímos en la minucia y ocho años después no había nada’, contó Juan Pablo Hinestrosa, quien en 2012 pasó a ser el director de Justicia Transicional y ahora está a cargo de la Dirección de Análisis y Contexto”, cuenta el artículo, publicado en 2015.

Fue en ese momento en el que empezaron a investigar patrones de macro criminalidad, las prácticas sistemáticas y reiteradas del grupo, lo que ha hecho la JEP desde un principio con la apertura de los macro casos.

El Análisis sobre los resultados y costos de la ley de justicia y paz, publicado por la Contraloría General de la República en 2017, indica que, según entrevistas realizadas a funcionarios de entidades relacionadas con la Ley de Justicia y Paz, los bajos resultados de la aplicación de la misma se explican principalmente por tres factores: “1. El gran número de víctimas y hechos delictivos que no se previó al momento de expedir la Ley terminó desbordando la capacidad institucional del aparato judicial. 2. Varios de los procedimientos establecidos inicialmente fueron similares a los del sistema penal ordinario, por ende, se requirieron reformas sobre la marcha y, 3. La introducción de la justicia transicional ha generado una transformación, ante la cual la estructura organizacional y los recursos humanos del sistema judicial se han adaptado parcialmente”. 

Según la publicación agosto-septiembre de 2020 de Huellas, revista institucional de la Fiscalía General de la Nación, Justicia y Paz ha dictado 65 sentencias en sus 15 años de existencia en las que ha condenado a 619 postulados. El sistema de información de Justicia y Paz indica que en la actualidad hay 1575 postulados activos.

El ritmo de la JEP

El cuarto informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz sobre la implementación del Acuerdo Final que comprende el periodo diciembre de 2018-noviembre de 2019 concluyó que el punto cinco del Acuerdo Final (en el que está incluida la JEP) fue uno en los que más se avanzó en su implementación durante el periodo revisado. “Esto se debe en parte a que las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR o ‘el Sistema’) tienen la voluntad, autonomía e independencia suficientes para cumplir con sus respectivos mandatos”, indica el informe.

En conversación con RCN Radio el magistrado Eduardo Cifuentes, nuevo presidente de la JEP, recordó que esa jurisdicción no actúa caso por caso y dijo que “en los macrocasos se acreditan 100.000, 50.000 víctimas, se trata efectivamente de tomar en consideración lo que hizo Colombia en los últimos 50 años a nivel judicial”.

En cualquier caso, calificamos la afirmación de Linares como “verdadera, pero”, ya que es cierto que la primera condena de Justicia y Paz ocurrió cinco años después de que comenzara a funcionar, pero el número de sentencias totales es de 65 y no de 70.

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Sábado, 18 Noviembre 2017

¿Extranjeros del Comité de Escogencia cercanos a grupos terroristas?

Por David Tarazona

El pasado 8 de noviembre el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, hizo unas declaraciones en la W Radio que cuestionaron la idoneidad de tres de los cinco miembros del Comité de Escogencia, encargados de seleccionar a los integrantes de la Comisión de la Verdad. Colombiacheck las verificó.

“El comité seleccionador estaba conformado por tres extranjeros. Un español muy cercano a la ETA. Un peruano muy cercano a Sendero Luminoso. Un argentino muy cercano a los Montoneros”. Esta fue la frase dicha por el general (r) Jaime Ruiz Barrera, en la W Radio cuando lo entrevistaron sobre las molestias de los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), por la falta de representación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de la Verdad, a pesar de la presencia de Carlos Ospina Galvis, un ex oficial del Ejército, por 21 años. En dichas declaraciones, Ruiz Barrera se refería al español Álvaro Gil-Robles, al peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.

Tras un trabajo de contrastación, que incluyó una entrevista al general (r) Ruiz Barrera, la revisión de documentos y las hojas de vida de los extranjeros del Comité de Escogencia, Colombiacheck calificó esas afirmaciones como Engañosas.

¿Por qué? Vamos a demostrarlo caso por caso.

Juan E. Méndez
Juan E. Méndez. Crédito: Comité de Escogencia

Juan E. Méndez

Según dijo el general (r) Ruiz Barrera a Colombiacheck, el jurista argentino Méndez “fue encarcelado por su relación con los Montoneros en un gobierno militar. Durante el tiempo que fue encarcelado fue objeto de muchos vejámenes, torturas”. Para Ruiz Barrera, desde entonces Méndez odia a los militares. Los Montoneros fue un grupo guerrillero argentino que existió en la década de los setenta con una orientación de izquierda peronista.

De acuerdo con nuestra consulta, Méndez es un jurista argentino especialista en derechos humanos. Es el designado para el Comité de Escogencia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), del cual fue presidente entre 2004 y 2009. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ocupó cargos como el de relator especial para las Naciones Unidas, sobre la tortura y el de asesor especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre la prevención del genocidio.

Juan Méndez respondió sobre su supuesta animadversión hacia los militares diciendo que es “totalmente falso”, en entrevista con el periódico El Tiempo, el pasado viernes 10 de noviembre.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera que diera las pruebas de los supuestos vínculos de Méndez con la extinta guerrilla argentina, éste dijo: “pregúntele por qué estuvo preso, no fue por otra cosa distinta que su relación con los Montoneros”. De acuerdo con los datos recabados de su biografía como profesor en la Universidad Americana, Méndez fue a la cárcel en la dictadura argentina por defender presos políticos, no por ser miembro de los Montoneros. Por esto, Colombiacheck calificó la afirmación “Méndez es cercano a los Montoneros”, del general (r) Ruiz Barrera, como Engañosa, ya que no existen pruebas que lo vinculen a este grupo.

Diego García-Sayán
Diego García-Sayán. Crédito: Comité de Escogencia

Diego García-Sayán

Sobre el abogado peruano, el general (r) Ruiz Barrera dijo en la W Radio que “no debieron postular a un señor de Sendero Luminoso”, en referencia a sus supuestos vínculos con la guerrilla peruana. También dijo que García-Sayán: “fue ministro de Justicia y en su condición promovió una serie de resoluciones absolutorias a miembros de Sendero Luminoso”.

Colombiacheck consultó la hoja de vida y supo que García-Sayán fue designado por el secretario general de Naciones Unidas para el Comité de Escogencia.

García-Sayán fue relator especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados. También, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene experiencia en procesos de paz como el de El Salvador, en el que fue director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de Naciones Unidas. Durante ocho meses, entre 2000 y 2001, fue Ministro de Justicia de Perú, cargo que dejó para ser Ministro de Relaciones Exteriores, desde julio de 2001 y hasta julio de 2002.

Cuando le preguntamos al general (r) Ruiz Barrera de dónde sacó la información contra el abogado peruano, dijo que las pruebas están en un artículo llamado “Las perlitas de Diego García-Sayán” publicado en el periódico de Acore, el 3 de febrero de 2017. La principal acusación de esta pieza periodística dice que García-Sayán indultó de 31 a 36 “sentenciados por terrorismo”, durante su periodo como Ministro de Justicia.

Colombiacheck encontró que el párrafo incluido en el periódico es idéntico a uno de un blog con el nombre de voltairenet.org, llamado “El Poder Judicial y las ONG neomarxistas en el Perú”, publicado por Jorge Serrano Torres, el 1 de noviembre de 2006.

Cuando le insistimos al general (r) Ruiz Barrera por las pruebas, éste dijo que si las acusaciones no fueran ciertas ya lo hubieran demandado. “Si lo que aparece ahí (en el periódico de Acore) no es cierto, me rectifico”, agregó.

Aunque el presidente de Perú Pedro Pablo Kuscinsky acusó al jurista peruano, en 2012, de estar “muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, no existen sentencias ni documentos oficiales que cuestionen las actuaciones de García-Sayán. En entrevista con el diario La República de Perú, en noviembre de 2007, García-Sayán respondió a esas denuncias: “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales[...] acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes”. Aunque sí hubo indultos a inocentes y conmutación de penas, García-Sayán dijo que se dieron “a cambio de información”.

Contrario a lo que dice el general (r) Ruiz Barrera, el peruano García-Sayán ha sido crítico frente a las violaciones de derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, incluso se ha referido al grupo con el término de “terrorista”. También su compañero en el Comité, el jurista argentino Juan E. Méndez, desmintió las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Del doctor García-Sayán, Acore dijo que había liberado senderistas (integrantes de Sendero Luminoso), y eso es falso”.

Tras contrastar lo dicho por el general (r) Ruiz Barrera sobre el peruano García-Sayán, Colombiacheck también calificó de Engañoso sostener que García-Sayán es cercano a Sendero Luminoso.

Álvaro Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles. Crédito: Comité de Escogencia

Álvaro Gil-Robles

Sobre la participación del español Gil-Robles en el Comité de Escogencia, el general (r) Ruiz Barrera puntualizó en la W Radio: “No debieron escoger a alguien con relación con la ETA”. En referencia a lo anterior, Ruiz Barrera le dijo a Colombiacheck que Gil-Robles “trató de crear unos tribunales especiales para juzgar a la Guardia Nacional en acciones que se dieron contra miembros de la ETA. Quería sacarlos de la jurisdicción ordinaria y procesarlos en una especial [pero] el Estado español no lo permitió”.

Como la acusación sobre Gil-Robles ha circulado desde febrero de 2017 en páginas web, éste respondió el 5 de julio del 2017, en una entrevista para El Espectador: “A mí me hubiera gustado que ETA supiera eso antes [que supuestamente era miembro], porque me han hecho vivir con escolta muchísimos años para que no me mataran”.

De hecho, en su trabajo en la Comisión para el Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Policial en el País Vasco, Gil-Robles encontró que ETA era uno de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. En 2005, como comisario de los Derechos Humanos, reiteró su posición: la “acción de ETA constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales Derechos Humanos”.

Entre 1988 y 1993 Gil-Robles se desempeñó como defensor del pueblo en España. Es un especialista en derechos humanos y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido profesor. Fue elegido en 1999 como comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. La designación del abogado español para que hiciera parte del Comité de Escogencia en Colombia fue hecha por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El jurista argentino Juan E. Méndez también defiende al abogado español. “Del doctor Gil-Robles (Acore) dijo que había liberado gente de la ETA, también (es) falso”, dijo a El Tiempo.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera sobre los fundamentos de sus frases, dijo: “dejemos así entonces”.

En definitiva, Colombiacheck tampoco encontró pruebas que demuestren una relación de Gil-Robles con ETA, por lo que calificó dicha declaración del general (r) Ruiz Barrera como Engañosa.

Vale recordar que tanto ETA, como Sendero Luminoso –más allá de ciertos sectores disidentes– y los Montoneros son grupos extintos sin acciones de guerra en la actualidad.

¿De dónde sale el Comité de Escogencia?

El acuerdo de paz del Teatro Colón creó el Comité de Escogencia, encargado de seleccionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los miembros de la Comisión de la Verdad. Según el acuerdo de paz y el decreto 587 de abril 5 del 2017, los miembros del Comité de Escogencia son independientes, escogidos por Naciones Unidas, la Corte Suprema, entre otros. Precisamente, uno de los criterios fue que los elegidos debían generar confianza.

La Comisión de la Verdad –un ente sin poder judicial que busca rescatar la memoria del conflicto– junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son los tres ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creados en el Acuerdo de paz.

Las críticas a la elección de los once miembros de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar, tanto así que Acore anunció a Colombiacheck la creación de su propia comisión de la verdad para escribir la memoria de la guerra sin “rendir cuentas ante el enemigo”, que sería conformada por los nueve miembros postulados por esta asociación ante el Comité de Escogencia, que no fueron seleccionados. Su meta será controvertir los informes de la Comisión de la Verdad y, según el general (r) Ruiz Barrera, será financiada con recursos propios.

En un clima de acusaciones, tanto a los miembros de la Comisión como al Comité de Escogencia, Colombiacheck le preguntó al general (r) Ruiz Barrera si había contemplado la idea de que sus declaraciones llegaran a poner en riesgo la integridad de los miembros del Comité de Escogencia. “No, están más que protegidos. Los protege la misma extrema izquierda de este país”, respondió.

Para Colombiacheck este ejercicio de verificación también indicó que la experticia en derechos humanos, por parte de los extranjeros del Comité de Escogencia, no se convierte per se en una prueba de cercanía a grupos armados o terroristas como lo fueron Sendero Luminoso, los Montoneros y ETA. No hay que perder de vista que, de acuerdo con la presunción de inocencia en la legislación colombiana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.