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Jueves, 05 Agosto 2021

La obstrucción de vías “es un delito”; los bloqueos “no hacen valer ningún derecho”

Por José Felipe Sarmiento

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Uno de los puntos principales del discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de la cuarta y última legislatura del actual Congreso fue su crítica a las manifestaciones contra su gobierno. En particular, se refirió a los bloqueos de esta manera:

“Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. No existe el derecho a impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, esa obstrucción es un delito, sin ambivalencias, sin licencias morales. Y, óiganmelo bien, los bloqueos no son cortes de ruta; los bloqueos son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos”.

Colombiacheck verificó esta afirmación dentro de un especial en el que también revisamos otras frases de su intervención. En el chequeo de esta se encontró una mezcla de datos ciertos con otros que no lo son, por lo que la calificación de lo dicho por Duque sobre estas formas de protesta es cuestionable.

Por un lado, es cierto que existe el delito de obstrucción de vías y que su definición corresponde a grandes rasgos con los hechos descritos en principio por el mandatario. En la entrevista reciente que le hizo El Espectador, publicada el 24 de julio, incluso fue más específico al referirse al mismo tema: “Nuestro Código Penal, en el artículo 353, es diáfano”.

No obstante, la contracara es que no todos los bloqueos encajan en esas características, ni siquiera la mayoría, sino que corresponden a expresiones de derechos protegidos por la Constitución, aspecto que el jefe de Estado pretende desconocer de forma explícita.

El delito sí existe

Como lo explicó Colombiacheck en un chequeo de mayo de 2021, el Código Penal sí incluye la conducta de “obstrucción de vías que afecte el orden público” desde 2011. Para que se configure como delito, el Artículo 353A (Duque se descachó por la A) establece que el bloqueo debe hacerse “por medios ilícitos” y “de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.

Además, la Corte Constitucional avaló esta penalización en la sentencia C-742 de 2012, luego de que fuera demandada. El tribunal consideró que el texto limita claramente las circunstancias a protestas violentas y, por tanto, no viola el derecho a manifestarse públicamente de forma pacífica.

Justamente este último es el que el presidente dice proteger, respetar y garantizar al tiempo que niega la posibilidad de hacerlo por medio de bloqueos en general. Ahí está el problema: esa generalización que estigmatiza todas las obstrucciones de vías como si cumplieran con las características propias del delito tipificado en el Código Penal es errónea.

Bloqueos como protesta

Tanto en el chequeo anterior sobre los bloqueos como delitos como en un explicador de 2020 sobre la protesta social, Colombiacheck ha citado voces expertas para señalar el límite en el que las obstrucciones de vías pueden empezar a considerarse delitos y pierden la protección como manifestaciones pacíficas. Así, la evaluación debe hacerse caso a caso y no de manera general, como lo plantea Duque.

Para la constitucionalista Catalina Botero Marino, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la protesta “es naturalmente disruptiva” y por eso es normal que tenga ciertas consecuencias. “Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”, señaló en el citado explicador.

El politólogo Víctor Barrera Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), también dijo en ese entonces que el límite se debe dar cuando “haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. Es decir, de nuevo, que no se puede partir de una hipótesis general para disolver las manifestaciones.

Por otra parte, el penalista Andrés Garzón Roa aclaró en el chequeo de mayo que el “camino del tipo penal” se empieza a recorrer “cuando el bloqueo es violento y prolongado” de modo que pone en riesgo, por ejemplo, la vida o la salud de quienes no participan en él. Una vez más, advirtió que estos no son todos los casos.

El abogado también señaló que la movilidad de las personas ajenas a la manifestación no es un derecho que, al ser afectado, permita justificar la tipificación penal por sí solo. De esta forma, también coincidió en que la protección constitucional a la protesta sí puede cobijar los bloqueos en la mayoría de los casos.

Protesta como derecho

Al contar con la protección constitucional como formas de protesta pacífica, salvo en los casos específicos en los que desbordan esos límites y empiezan a caer en el delito de obstrucción, los bloqueos sí pueden constituir la expresión de derechos fundamentales. El presidente negó esto en su discurso.

En otro chequeo reciente, Colombiacheck profundizó sobre la existencia del derecho a la protesta. Si bien este no está escrito literalmente en la Carta Política, las jurisprudencia sí lo ha reconocido de forma expresa, pues está incluido en el de reunión y manifestación pública pacífica y el de libertad de expresión, entre otros.

Esto ha sido determinado, por ejemplo, por la Corte Constitucional en la sentencia C-009 de 2018 y por la Suprema de Justicia en el fallo STC 7641 de 2020. Este último fue el que surgió de una tutela interpuesta por la represión contra el Paro Nacional de finales de 2019.

En la providencia, la Sala de Casación Civil del alto tribunal aclaró que “no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo del derecho a la protesta”. Incluso le ordenó al gobierno expedir un estatuto para proteger este derecho, lo que resultó en el Decreto 003 de 2021.

El profesor Fabio Pulido Ortiz, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, incluso dijo que la protesta también “combina” otros derechos fundamentales. En particular, mencionó las libertades de expresión y asociación así como el ejercicio y control del poder político.

Lo mismo se considera a nivel internacional. Así lo reflejan informes de la CIDH y de relatores especiales de las Naciones Unidas al respecto. “El derecho a la protesta social es un ejercicio del derecho a la manifestación que sí está consagrado en las convenciones y en las obligaciones internacionales”, dijo la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, en W Radio el 27 de mayo de 2021.

En resumen, Duque tiene razón en que las obstrucciones de vías que impiden ir al trabajo, acceder a la salud o abastecerse de alimentos son delitos. No obstante, esto no implica estigmatizar los bloqueos en general y declarar que estos “no hacen valer ningún derecho”, como lo asevera el presidente en contradicción con la protección nacional e internacional a la protesta que él mismo asegura respetar. Por eso esta parte de su intervención es cuestionable.

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Viernes, 06 Agosto 2021

“Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”

Por Andrés Felipe Martínez

Este chequeo hace parte del especial sobre el discurso del presidente, Iván Duque, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio de 2021.

Durante su discurso, el presidente Duque mencionó algunos resultados de su política de Paz con Legalidad. Entre esos logros afirmó:  “Ya hemos logrado que 700 mil víctimas superen su situación de vulnerabilidad”.

Respecto a la cifra de víctimas, se debe tener en cuenta que en Colombia desde el año 2015, se miden las condiciones de vida de las personas caracterizadas como víctimas del desplazamiento forzado, y se evalúa su nivel de acceso a derechos como identificación, salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, entre otros. 

Cuando una víctima tiene garantizados estos derechos, se concluye que ha superado su situación de vulnerabilidad.

El indicador se llama Superación de Situación de Vulnerabilidad (SSV). Los criterios para esta evaluación fueron inicialmente establecidos con la Resolución 1126 de 2015, del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y la Unidad para las Víctimas. Este documento fue actualizado en 2018 con la Resolución 2200.

Cada año, en su rendición de cuentas, la Unidad para las Víctimas hace un balance del número de personas han superado su situación de vulnerabilidad, de acuerdo a los criterios de dicha resolución.

Durante el anterior cuatrienio, 2014 - 2018, un total de 798.005 superaron su condición de vulnerabilidad, de acuerdo con esta entidad. Mientras en el período de la actual presidencia, con corte a junio de 2021 (33 meses), esa cifra es de 1,07 millones de personas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de este indicador en el quinquenio 2015 - 2020, con cifras acumuladas:

Situación de vulnerabilidad, víctimas

 

De esta forma, las cifras de Duque sobre víctimas coinciden con las registradas por el índice de Superación de la Situación de Vulnerabilidad en Colombia.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre las condiciones en las que se lleva a cabo este conteo de cifras.  El año pasado, en su informe anual, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas concluyó que “persiste la ausencia de un enfoque de goce efectivo de derechos en la medición de la Superación de Situación de Vulnerabilidad de la población desplazada”.

De esta Comisión hacen parte la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

“La Comisión evidenció que el 61 % de las víctimas que superaron su situación de vulnerabilidad (de acuerdo con el indicador de Plan Nacional de Desarrollo) no se les comprobó el cumplimiento del derecho a la vivienda; y a un 36%, el de alimentación. Llama la atención que el indicador se base principalmente en la verificación de un nivel mínimo de ingresos del hogar, con lo cual se presume que la población puede obtener por sí misma derechos como salud, educación, vivienda digna y alimentación, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional, el Decreto 1084 de 2015 y la Resolución 2200 de 2018”, dice el informe, que puede ser consultado aquí.

En este documento, la Comisión señala que “todavía falta mucho” para hablar de la superación del estado de vulnerabilidad en las víctimas en este indicador.

“En la práctica, sus derechos no se han restablecido y esto se debe a políticas públicas que en unos casos están incompletas (salud y educación), en otros son erróneas (caso vivienda). En otras, a pesar del tiempo, de los recursos, y de la importancia que logró el tema, el Estado aún no ha definido y no existe una política pública para las víctimas al respecto (empleo y generación de ingresos)”, advierte.

El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Posso, también menciona algunas debilidades de este indicador:

“Este indicador tiene como referencia unas variables mínimas que incluyen solo parcialmente la reparación de derechos, porque hay otros aspectos que no se consideran respecto a los activos perdidos, el daño moral, y no tienen en cuenta que la reparación es restituir una situación mejor que la que perdieron las víctimas. Hay una subvaloración. En algunos casos se reconocen los mínimos, pero se desconoce la deuda con lo justo”, señala.

Consultamos también a Ánderson Morales, representante de la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, quien considera que el índice de Superación de Vulnerabilidad se ciñe a una lista de chequeo en la que no se refleja la situación real de las personas.

“La encuesta que aplican para la superación de Vulnerabilidad no analiza el contexto real de un hogar. Se vuelve un checklist, con preguntas muy limitadas. Una variable es tener identificación o cédula, y con eso se suma para decir que se superó la vulnerabilidad”, advierte.

Y continua: “No se puede decir que alguien superó su situación de vulnerabilidad cuando no se ha recuperado ni siquiera lo que perdió por el conflicto. Hay un error que hemos manifestado sobre el cálculo: ellos toman en cuenta el núcleo familiar que se desplazó hace diez años, y ahora miden si una persona de ese núcleo tiene ingresos, entonces esa familia ya superó su vulnerabilidad; pero resulta que actualmente ya esa familia no es una, sino tres o cuatro, porque han pasado diez años”.

Según el vocero de las víctimas, “también está la vulnerabilidad de la exclusión social: en ciudades como Bogotá siguen viendo a las víctimas como un mantenido del Estado, pero es un mantenido que nadie mantiene. Existe la vulnerabilidad en la posibilidad de empleo, pues la mayor parte de los desplazados somos campesinos que no encontramos fácilmente ocupación en la ciudad”.

En ese sentido, aunque las cifras para dar por superada la vulnerabilidad de una persona desplazada por el conflicto armado dadas por Duque se ajustan a los datos oficiales, estos han sido cuestionados por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, que reúne a las entidades del Ministerio Público, por los mismos voceros de víctimas y expertos. Por esa razón, al poner en contexto su afirmación y cotejarla con fuentes alternativas, la calificamos de cuestionable.