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Lunes, 31 Mayo 2021

Macías exagera sobre bloqueos de vías como delitos cuando afectan la salud: no son de lesa humanidad

Por José Felipe Sarmiento

El señalamiento del senador del Centro Democrático solo acierta en que casos como el de los bebés fallecidos en ambulancias atacadas pueden constituir delitos, pero no de esa magnitud.

En la plenaria del Senado del 24 de mayo de 2021, en la que se debatía la fallida moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por los abusos policiales cometidos contra el Paro Nacional que empezó el 28 de abril y ya lleva más de un mes, el senador Ernesto Macías Tovar defendió al funcionario con un argumento crítico de las manifestaciones que fue citado en varios medios (1, 2, 3) y en un comunicado de la corporación.

Tras recordar los dos casos en los que murieron bebés en ambulancias atacadas por manifestantes en vías bloqueadas, el congresista del partido Centro Democrático preguntó “quién dio la orden” de efectuar esas acciones. “Los bloqueos no son un derecho, son una violación a los derechos. En plena pandemia, que tristemente se registran cerca de 500 fallecidos al día, misiones médicas, pacientes graves en las ambulancias; no dejan pasar el oxígeno, las vacunas. Estos son delitos de lesa humanidad”, afirmó.

Dado el impacto de la frase en la opinión pública por su aparición en diferentes sitios de noticias, Colombiacheck decidió verificarla y encontró que es cuestionable. Si bien los bloqueos pueden considerarse delitos en ciertas circunstancias, incluidas las afectaciones a los derechos a la vida y la salud como las mencionadas por Macías, no son de lesa humanidad. Decir eso es una exageración.

La “obstrucción de vías que afecte el orden público” sí es un delito que se incorporó al Código Penal en 2011. No obstante, la definición legal que este contiene es más específica que la de simplemente bloquear, pues debe hacerse “por medios ilícitos” y “de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”.

Al estudiar una demanda contra esta norma, la Corte Constitucional avaló esta penalización teniendo en cuenta que su correcta interpretación pone unas condiciones específicas que no afectan a las marchas o los plantones en general. Así, la sentencia C-742 de 2012 advirtió que “sólo la protesta social pacífica goza de protección constitucional” y, por tanto, las manifestaciones violentas, no.

La constitucionalista Catalina Botero Marino, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la libertad de expresión, le dijo a Colombiacheck para el explicador sobre la protesta social publicado en 2020 que esta “es naturalmente disruptiva”. Es decir:

“Naturalmente va a haber ruido, es bastante probable que haya carteles y papeles. Si uno no está dispuesto a asumir que la protesta social tiene esas consecuencias, entonces no está dispuesto a proteger la protesta social. Hay que sincerarse. Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta”.

En esa misma ocasión, el politólogo Víctor Barrera Ramírez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), destacó que la disolución de una protesta se debe dar cuando “haya un estado real de cosas donde haya una afectación muy explícita e intolerable de la seguridad y la integridad física de las personas”. No es válido hacerlo con base en situaciones hipotéticas.

Asimismo, el penalista Andrés Garzón Roa señala que el límite entre el derecho a la manifestación pacífica y el delito de obstrucción de vías está marcado por sus efectos sobre los derechos fundamentales de otros ciudadanos, entre ellos la salud y la vida (como en los casos señalados por el senador). “La movilidad, no”, aclara.

“Cuando el bloqueo es prolongado y violento, ahí ya no se ampara la protesta [con la Constitución] y empezamos el camino del tipo penal”, explica. Incluso considera que, en los casos de los bebés que murieron en Cundinamarca y el Valle del Cauca, podría imputarse el cargo de homicidio.

Sin embargo, también recalca que esta conducta está lejos de poder considerarse dentro de la categoría de lesa humanidad. “Ahí hay pirotecnia. Las cosas hay que decirlas como son. No se puede exagerar”, afirma.

¿Por qué no es lesa humanidad?

Como la denominación lo indica, los delitos de lesa humanidad “son conductas gravísimas que afectan a toda la humanidad, no solo a la víctima sino a todo el conglomerado social”, dice Garzón. El abogado especifica que “los bloqueos pueden ser una situación que afecta a toda Colombia, pero no se pueden considerar de lesa humanidad desde la legislación internacional; no es un atentado contra la dignidad como la tortura o la explotación sexual”.

En otro explicador de 2020, Colombiacheck señaló que el Estatuto de Roma, que rige a la Corte Penal Internacional, tiene un listado de conductas específicas que entran en esa clasificación: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo por su identidad, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos.

La definición de cada uno tiene unos elementos específicos que establecen un nivel de gravedad que supera al de las mismas conductas en situaciones aisladas. En general, para que una de esas acciones sea enmarcada como de lesa humanidad debe hacer parte de un ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

La sistematicidad se refiere a que los actos deben ser producto de un plan organizado. La generalidad, por otro lado, tiene que ver con el número de víctimas: la acción debe estar dirigida contra un gran número de personas. La acreditación de ambos factores requiere un análisis del contexto documentado con pruebas contrastables que den cuenta de las estructuras criminales participantes y su funcionamiento.

Así lo explica una cartilla de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) coescrita por la jurista Claudia López Díaz, hoy magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El documento se refiere a la aplicación de los delitos de lesa humanidad en Colombia con base en la jurisprudencia nacional e internacional.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que algunos habitantes de Cali han alegado que están “secuestrados” por los manifestantes, hay que aclarar que el delito de lesa humanidad más parecido es el de privaciones graves de la libertad pero sus elementos no coinciden con lo que ha sucedido allá. La definición en realidad corresponde a acciones como los secuestros cometidos por las FARC, como lo determinó la JEP en la imputación contra ocho ex jefes de esa guerrilla (ver chequeo).

Como las conductas que describió Macías no coinciden con el listado que contiene el Estatuto de Roma, dado que la definición del delito de obstrucción de vías en el Código Penal nada tiene que ver con los que están descritos como de lesa humanidad a nivel internacional, no hay lugar para su afirmación. En lo único en lo que tiene razón es en que algunos casos específicos han afectado derechos fundamentales como la vida y la salud y, por tanto, pueden constituir conductas punibles, pero no de esa magnitud.

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Jueves, 06 Mayo 2021

Decreto de Estado de Conmoción Interior del 5 de mayo de 2021 que rota en redes es falso

Por José Felipe Sarmiento y Laura Rodríguez Salamanca

Circula un pantallazo del supuesto documento firmado por Iván Duque pero, además de que el gobierno lo desmintió, tiene varias señales para desconfiar de que sea real.

En la tarde del 5 de mayo de 2021 empezó a circular en redes sociales y cadenas de mensajería privada una captura de pantalla de un supuesto decreto con el que el presidente, Iván Duque, habría declarado Estado de Conmoción Interior por 30 días en todo el territorio nacional el mismo día. 

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El Estado de Conmoción Interior es un tipo de Estado de Excepción que, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución Política, puede ser declarado “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”. Puede ser declarado en todo el territorio nacional o en un territorio específico. 

Y según explicó en Twitter el politólogo y magíster en Políticas Públicas en Alejandro Cortés Arbelaéz, su declaratoria implica que el presidente “puede expedir decretos legislativos que tienen el mismo peso normativo que las leyes”, las cuales son expedidas por el Congreso y condiciones normales tienen mayor peso que las decisiones del presidente.

Es decir, en palabras de Arbeláez: “el Presidente asume la facultad de expedir normas más poderosas que las que puede expedir en tiempos normales, sin Estado de Excepción. Así, el Presidente queda imbuido de “superpoderes” institucionales”. Es importante aclarar, sin embargo, que esas decisiones estarían sujetas a control de la Corte Constitucional y el Congreso y que en ningún caso estaría autorizado para, por ejemplo, suspender los derechos humanos.

Muchas personas dieron por cierto el documento, dado que el mismo 5 de mayo el presidente había declarado que no descartaba declarar el Estado de Conmoción y que varios miembros de su partido, el Centro Democrático, le habían solicitado que lo hiciera [1, 2 y 3]. 

Incluso el senador liberal Juan Manuel Galán publicó trinos al respecto, pero tuvo que borrarlos y ofrecer disculpas porque el pantallazo es falso.

En Colombiacheck verificamos el pantallazo del supuesto decreto difundido en redes y encontramos que es falso. Por una parte, la emisión de este fue desmentida por el Ejecutivo. “El Gobierno Nacional no ha expedido un decreto declarando Estado de Conmoción Interior. Invitamos a los colombianos a informarse a través de nuestras fuentes oficiales y evitar compartir #NoticiasFalsas”, publicó, por ejemplo,  la cuenta oficial de la Presidencia de la República. 

Por la otra parte, de acuerdo con varios abogados consultados por Colombiacheck, el pantallazo tiene varias señales para sospechar que el supuesto decreto es falso.

El pantallazo solo deja ver el articulado del decreto y la firma de Iván Duque. No permite visualizar si tiene un número de radicado asignado, la firma de todos los ministros, que se requieren para justificar este tipo de decisiones (según el artículo 213 de la Constitución) ni la exposición de motivos de la decisión completa o la paginación, que daría una idea de su extensión.

“Normalmente, el decreto debe tener la firma de todos los ministros, lo que no veo. Debe contener las razones por las cuáles se declara el Estado de Conmoción Interior y la duración del mismo. Aunque repito, no veo la totalidad del decreto; tal vez debería tener una exposición de motivos más completa”, señala la constitucionalista Luisa Fernanda García López, profesora de la Universidad del Rosario.

“El de declaratoria es escueto en el resuelve pero debe ser amplio en la justificación, en sus fundamentos”, explica Mario Cajas Sarria, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi. Un ejemplo es el Decreto 1837 de 2002, conmoción declarada por Álvaro Uribe Vélez cuando recién se posesionó por primera vez en la Presidencia, con 25 párrafos de sustentación.

Es más, el supuesto decreto tiene errores ortográficos: las palabras “publíquese, comuníquese y cúmplase” no tienen tilde. Constitución Política está escrita “Constitución política” y Gobierno Nacional está escrito “Gobierno nacional”

Además de esto, en el artículo 2 del supuesto decreto dice: “El Gobierno Nacional ejercerá la facultades a las cuáles se refiere el artículo 213 de la Constitución política (sic), el artículo 1 del presente decreto y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis de perturbación del orden público”. Pero el artículo 1 del decreto de Estado de Conmoción interior no explica las facultades extraordinarias que se le conferirían al presidente. 

Otra de las razones por las que inferimos la falsedad del decreto es que, según dicta el artículo 213 de la Constitución y la Ley 137 de 1994 (que reglamenta los Estados de Excepción en Colombia), el gobierno tiene que presentar unos informes al Congreso para que éste evalúe las medidas. Y al hacer una comparación del pantallazo con el citado decreto con el que el expresidente Uribe declaró de Estado de Conmoción Interna en 2002, encontramos que mientras en el supuesto decreto que se difunde en redes sociales no se hace mención a los informes que deberían ser presentados, en el de Uribe se mencionaban en el artículo 2 de su decreto.

Decreto_Uribe

 

Además, el exmagistrado José Gregorio Hernández destacó en Twitter que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “no es válido declarar el Estado de Conmoción Interior invocando motivos originados en actos, hechos o situaciones provocadas por actuaciones u omisiones del propio Gobierno o sus agentes”. En este caso, algunos juristas consultados advirtieron que esto podría ser un impedimento en la actual crisis, dado que las decisiones del gobierno han sido un factor fundamental.

Las fuentes también señalan con extrañeza que el pantallazo plantea un estado de conmoción por 30 días, cuando lo normal es que se declare por el máximo prorrogable de 90 días.

Por todas estas razones, calificamos como falsas las publicaciones en las que se comparten pantallazos con el supuesto decreto de declaratorio de Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional a partir del 5 de mayo. De nuevo, el gobierno desmintió la existencia del decreto y la captura de pantalla tiene varias señales de falsedad.