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Miércoles, 05 Agosto 2020

La Policía no puede allanar espacios privados en Medellín por incumplimiento de Ley Seca

Por Laura Bayer Yepes - RedCheq

El alcalde de Medellín ordenó a la Policía Metropolitana entrar a las fiestas que se presenten en espacios privados por consumo de alcohol, pero en realidad, las reuniones pueden ser intervenidas es por la violación de la medida sanitaria.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, afirmó en su “Balance de cómo vamos en Medellín” del 2 de julio, que la Policía tendría total facultad para ingresar a las viviendas en las cuales se esté llevando a cabo alguna reunión o fiesta con ingesta de licor, como consecuencia de la violación a la Ley Seca. 

La Alcaldía, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus, prohibió el expendio y consumo de bebidas alcohólicas para la ciudad durante todos los fines de semana que dure la pandemia a través del Decreto municipal 0686 de 2020, expedido el 2 de julio, como medida de protección y contención del COVID-19. 

“La ley seca prohíbe el consumo de alcohol en un territorio y no dice si es dentro de la casa o fuera de la casa. Hay gente que creía que era solo el consumo de licor en el espacio público”, dijo el alcalde. Y posteriormente agregó: “Si hay una fiesta, eso le permite a la Policía entrar a esa casa para parar la fiesta, tomar las decisiones y sancionar a las personas que rompieron la ley seca”.

Colombiacheck encontró que ambas afirmaciones son falsas.

Ley seca

Así se le denomina a un decreto del Ministerio del Interior que fija las disposiciones para que se pueda prohibir o restringir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, durante un tiempo y en un territorio determinados. Es una “medida preventiva y temporal, que un alcalde decreta para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, con el fin de mantener o restablecer el orden público”, especifica el Decreto 1740 del 25 de octubre de 2017.

¿Adentro o afuera?

El Decreto 990 del 9 de julio de 2020, que hizo la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, con sus respectivas excepciones, del 16 de julio al 1 de agosto, expedido por la Presidencia de la República, además faculta a alcaldes y gobernadores para prohibir el consumo de bebidas embriagantes. Pero especifica muy bien que el consumo se puede restringir en “espacios abiertos y establecimientos de comercio”. Asimismo, no imposibilita la venta de bebidas alcohólicas. 

En los espacios semiprivados y privados, las condiciones son diferentes. Es cierto que el artículo 14 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) faculta a un alcalde para prevenir el riesgo ante situaciones de emergencia, como esta pandemia por la COVID-19, y con esta potestad podría “disponer acciones transitorias de policía, ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población”. Sin embargo, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-204/19, afirma que la intervención de la fuerza pública en espacios semiprivados “debe responder a las exigencias de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación”.

El decreto municipal sí estableció que estaba prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en toda la ciudad. Sin embargo, al ser de emisión anterior al decreto nacional, que lo admite, da lugar a incoherencias. “Los alcaldes se están extralimitando en las competencias constitucionales durante la emergencia. Particularmente el de Medellín es muy punitivo”, dice la doctora Lina Fernanda Buchely Ibarra, PhD. en Derecho de la Universidad de los Andes y docente de la Universidad Icesi.

¿Pueden entrar a la casa?

En la sentencia antes mencionada, la Corte advierte que la inviolabilidad del domicilio y la intimidad son derechos y si no fue notificada una razón concreta para un registro, eso permitiría arbitrariedades. Además, asimismo, en julio de 2019 la Corte declaró inexequible el artículo 162 del Código de Policía, que indicaba que los alcaldes podían dictar mandamiento escrito para registrar domicilios o sitios abiertos al público por motivos de salubridad pública. Esto, todavía, sigue siendo competencia de un fiscal y ratificación de un juez, según la Sentencia C-223/17

Aunque en los recientes decretos ya no está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, los habitantes de Medellín recibieron el mensaje de que habría Ley Seca los fines de semana en Medellín, “hasta el fin de la pandemia”. Pero no se prohibirá la venta de alcohol y sí su consumo en espacio público, según el Decreto 1076 de 2020 expedido el 30 de julio por la Presidencia y el Decreto de Cuarentena por la Vida expedido por la Gobernación de Antioquia

De modo que también es falsa la segunda parte de la afirmación del Alcalde (“si hay una fiesta, eso le permite a la Policía entrar a esa casa para parar la fiesta, tomar las decisiones y sancionar a las personas que rompieron la ley seca”).

La Policía no puede actuar por el consumo de alcohol en espacio privado, como ya establecimos. Sí puede hacerlo por violación de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno nacional (el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto o las aglomeraciones de personas en espacios donde no se pueda guardar la distancia mínima de 2 metros, por ejemplo). Pero no puede imponer comparendos si se trata de un espacio privado. De acuerdo con la resolución 1003 de 2020 del Ministerio de Salud, expedida el 19 de junio de este año, lo que debe exigir la autoridad es, simplemente, que se suspenda la reunión. 

La ley seca a la que se refiere el alcalde, aún en el marco de la pandemia, no se extiende a un lugar privado, según la abogada Lina Buchely. Es decir, no se puede prohibir el consumo de alcohol en una casa. 

Ahora, si se trata de una fiesta en un espacio privado, la Policía puede intervenirla cuando esta esté perturbando la tranquilidad del sector o ponga en riesgo las condiciones de salubridad con las aglomeraciones. Según la docente Buchely, la Policía puede imponer sanciones administrativas, con motivo de la violación de la medida sanitaria o del incumplimiento del Código de Policía, pero no puede allanar la vivienda. 

“Eso sería una contravención; una conducta antijurídica, peligrosa, que amenaza un bien jurídico, pero en menor gravedad. Por eso no es considerada un delito. Es de carácter administrativo y no penal”, explica la abogada. “Es una sanción económica, cualquier otra medida viola el habeas corpus”. 

Esto indica que las incautaciones de equipos de sonido o el mismo licor no tienen lugar. Aún así, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá impuso 624 comparendos por consumo de licor en Medellín en julio, pero no le especificó a Colombiacheck cuáles de estos habían sido en espacios semiprivados o privados. 

Por otra parte, el artículo 163 del Código de Policía, que se refiere al ingreso a un inmueble sin orden escrita, no hace referencia en ninguno de sus seis numerales a la entrada por motivos de salubridad pública. Es decir, la prohibición de las aglomeraciones por parte del Ministerio de Salud, tampoco faculta a la Policía para allanar sin orden judicial. 

Asimismo, la relación entre la libertad y la protección de la privacidad de una vivienda se especifica en el Artículo 28 de la Constitución Política colombiana:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley”.

Por ende, ambas declaraciones del alcalde Daniel Quintero son falsas, porque la Ley Seca solo aplica para espacios públicos y no es posible realizar allanamientos a inmuebles sin una orden de ingreso previa o la autorización del propietario del inmueble.

Por todas estas razones, concluimos que las afirmaciones del Alcalde de Medellín son falsas.

Colombiacheck contribuye a la difusión de noticias precisas y la promoción del discurso público transparente. Sin embargo, nos acogemos al llamado general del Gobierno nacional a cumplir con las disposiciones sanitarias de estos días. En este momento, las normas sanitarias nos exigen distanciamiento que debe ser respetado en pro de la contención del COVID-19. 

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Viernes, 29 Mayo 2020

Alcalde de Medellín hace afirmación ligera sobre recaudo de multas por coronavirus

Por Laura Bayer Yepes - RedCheq

El trino de Daniel Quintero tiene varias declaraciones imprecisas a la luz de la ley y los decretos presidenciales que reglamentan la medida de cuarentena del 22 de marzo y sus respectivas extensiones.

Al 31 de marzo de 2020, las autoridades de los municipios del Valle de Aburrá, en Antioquia, reportaron que 3.724 personas habían violado la medida de cuarentena preventiva obligatoria en Medellín, lo que los hacía merecedores de sanciones tales como comparendos, que pueden sumar hasta 10.000 salarios diarios mínimos legales vigentes (292’600.000 pesos) y prisión de cuatro a ocho años, de acuerdo con el Decreto 457 de 2020 del Ministerio del Interior que ordenó el primer periodo de aislamiento preventivo obligatorio y los demás decretos que lo extendieron.

Al mismo tiempo que anunció la citada cifra, a la que se refirió como el número de “personas multadas” en la ciudad, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, anunció por Twitter que “ese fondo de casi 3.000 millones lo vamos a usar en dotación médica”.

Colombiacheck califica esta afirmación como cuestionable, ya que tiene varias declaraciones imprecisas, a la luz de la ley y los decretos presidenciales que reglamentan la medida de cuarentena del 22 de marzo y sus respectivas extensiones.

¿Personas multadas?

El Alcalde de Medellín dijo: “Tenemos 3.724 personas multadas”. Pero no es lo mismo una multa que una orden de comparendo. 

De acuerdo con Santiago Alarcón, abogado administrativista y docente de la Universidad de Antioquia, un patrullero puede emitir una orden de comparendo a una persona que halle cometiendo una conducta contraria a la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía y Convivencia Ciudadana). Sin embargo, es un inspector de Policía quien puede convertir la orden de comparendo en una multa o una amonestación (acción pedagógica). 

“Hasta que el inspector de Policía no revise los comparendos, no los ratifique y no acepte las apelaciones de los mismos, no se puede hablar de que hay un número de personas multadas; porque realmente no es así”, explica el abogado. 

Aunque en la imagen que acompaña al trino de Quintero sí se utiliza la palabra “comparendo” (cuando afirma “Ya van 3.724 comparendos a personas que han incumplido con la cuarentena”), lo adecuado habría sido decir “tenemos 3.724 órdenes de comparendo”, ya que ninguna se ha convertido en multa efectiva hasta este 26 de mayo. 

¿Casi 3.000 millones?

Por otro lado, la sanción mínima fijada para el incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio y la medida de pico y cédula en Medellín es una Multa General Tipo 4 que, según el Código de Policía, tiene un valor de 936.283 pesos, y bajo este monto quedó fijado en el Decreto 0419 de 2020

Pero este asunto tiene otro detalle y es que, según Alarcón, “es una imprecisión establecer que todo el dinero de todas esas órdenes de comparendo va a ser recaudado”, en referencia a los casi 3.000 millones que anunció Quintero. “Puede que se trate de una cantidad mucho menor a la que proyectó el alcalde”, señala el experto.

De acuerdo con Alarcón, los recursos que se recauden no pueden ser utilizados en este momento y tampoco hay una seguridad de que todas esas órdenes se conviertan en comparendos y luego en dineros recaudados por la Administración. 

Los artículos 222 y 223 de la Ley 1801 de 2016 establecen que en caso de que un ciudadano reciba una orden de comparendo, tiene la posibilidad de impugnarla o apelarla una vez se la imponen. 

De hecho, en la práctica y de acuerdo con lo que el abogado constitucionalista Alejandro Jiménez le dijo a Colombiacheck, hay ocasiones en las que se permite la apelación en días posteriores a la imposición de la multa, y según el artículo 180 del Código de Policía, la persona se puede presentar dentro de los tres días siguientes ante la autoridad competente para objetar la multa señalada en la orden de comparendo.

Por otro lado, según el artículo 182 del Código de Policía, la administración municipal puede emprender un cobro coactivo para el ciudadano si la multa no ha sido pagada en los 90 días siguientes a su ratificación. Esto quiere decir que el ciudadano adquiere una deuda con el Estado (en este caso, con el municipio de Medellín), quien tiene la posibilidad de cobrar intereses de mora, costos del procedimiento de cobranza e incluso, embargar bienes. 

Sin embargo, “no existe cárcel por deber multas del Código de Policía”, dice el abogado Jiménez, explicando que si el ciudadano no tiene con qué pagar su multa, el dinero puede nunca recuperarse en esa cartera del municipio. 

“No hay control sobre el presupuesto de los ciudadanos, hay un porcentaje probablemente alto de la cartera que no se va a poder recuperar”, dijo el constitucionalista basado en su experiencia, aunque no conoce el reporte de exactamente cuánto dinero en promedio se puede estar perdiendo en un municipio por esta causa y en Colombiacheck, con los datos disponibles consultados, tampoco logramos determinarlo. 

Respecto a Medellín, al consultar en las rendiciones de cuentas de la Administración 2016-2019, no hallamos una cifra específica que indique la cartera recuperada o sin recuperar del municipio. En la Secretaría de Hacienda del municipio no solamente no está disponible esta información, sino que no hay datos de estados financieros actualizados desde 2017

Desde el 20 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó 40.887 órdenes de comparendos impuestos a la ciudadanía por incumplimientos de la cuarentena y de la medida de pico y cédula. Por su parte, el equipo de prensa de la Secretaría de Gobierno de Medellín le dijo a Colombiacheck que ninguno de estos ha sido pagado y que apenas se están asignando las citas para su trámite, ya que no se pueden asignar con la misma regularidad anterior debido a las restricciones de la pandemia. 

¿“Lo vamos a usar en dotación médica”?

Por otro lado, Quintero afirma en su trino que usará el dinero recaudado en dotación médica. Pero, actualmente, el alcalde no puede disponer de este dinero para mitigar o para solucionar situaciones del sector salud en el marco de la pandemia. 

Que un patrullero le ponga una orden de comparendo a cualquier ciudadano constituye una actividad policial. Y según la Ley 1801 de 2016, los dineros recaudados en el desarrollo de la actividad de Policía tienen una destinación específica que va dirigida a la realización de cursos pedagógicos sobre el Código de Policía. 

“Para que el alcalde pueda tomar esos recursos y hacer uso de ellos como él quiere hacerlo, tendría que existir una modificación de la Ley 1801, que tiene que provenir de un decreto con fuerza de ley que realiza el presidente o del Congreso de la República”, explica Santiago Alarcón. “La determinación del alcalde de usar estos fondos para un objetivo, aunque es muy loable y necesario, tiene una dificultad normativa y presupuestal”, afirmó. 

El abogado Alejandro Jiménez, por su parte, asegura que con el Decreto 461 de 2020 se podría abrir una puerta al traslado de los fondos de las multas por Código de Policía a la salud. Pero este decreto autoriza a alcaldes y gobernadores a reorientar rentas de destinación específica de manera muy abierta y actualmente es revisado por el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo Ocampo. “Es una pelea que el alcalde debe dar en su momento”, afirma Jiménez; la discusión sería si el dinero de las multas califica como "renta de destinación específica” o no.

La respuesta oficial que le dio la Alcaldía de Medellín a Colombiacheck cuando preguntamos al equipo de prensa por esta iniciativa fue: “El tema es verdad, sigue en pie”. Pero, hasta la fecha de publicación de este artículo, no hemos recibido una respuesta más detallada de la Secretaría General del municipio en relación a si la Alcaldía adelantará la gestión hacia estos cambios que el Decreto 461 de 2020 puede hacer en la Ley 1801 de 2016. 

Por todas estas razones, calificamos el trino de Daniel Quintero como cuestionable.