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Jueves, 11 Julio 2019

La verdad sobre la carta de ‘Tirofijo’ al presidente Valencia

Por José Felipe Sarmiento

El fundador de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, sí le escribió al mandatario en 1964. Pero fue durante la Operación Marquetalia, no antes, y no ofreció entregar las armas de forma explícita.

La cuenta de Twitter @EsMemorable, que se dedica a compartir contenido histórico, publicó un mensaje en el que asegura que “en 1964, ‘Tirofijo’ y 30 campesinos ofrecieron entregar las armas al presidente [Guillermo León] Valencia (...) a cambio de una escuela, un centro de salud y un camino vecinal para sacar las cosechas a la carretera” y que, ante esto, la “respuesta” del Gobierno “fue atacarlos en Marquetalia”, vereda de Planadas, Tolima.

Captura de pantalla del tuit cuestionable sobre la carta de Tirofijo a Valencia

Un lector le pidió a Colombiacheck revisar si es verdad que Pedro Antonio Marín, líder de las Farc conocido con los alias de ‘Manuel Marulanda Vélez’ y ‘Tirofijo’, envió esa propuesta y si el gobierno de Valencia respondió con el famoso ataque a Marquetalia.

Aunque la carta sí existe, no dice nada sobre entregar las armas. Por otro lado, el mandatario no ordenó el ataque en respuesta a la misiva, pues esta fue escrita con la acción militar ya en marcha y entregada casi un mes después.

El ataque a Marquetalia

La Operación Marquetalia o Soberanía comenzó oficialmente el 18 de mayo de 1964, ordenada por el presidente Valencia. Se trató de una intervención por la fuerza en la más famosa de las “repúblicas independientes” que había denunciado el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado tres años antes: comunidades de campesinos armados en 16 puntos del país, remanentes de la Violencia y la amnistía otorgada por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

Las fuentes difieren sobre el tamaño de las tropas, apoyadas por Estados Unidos. Varía de 1.200 a 16.000 hombres entre una versión y otra.

Del otro lado, según los relatos guerrilleros, estaban ‘Marulanda’ y 30 personas. Documentos desclasificados en los Archivos Nacionales de Washington, que reveló la revista Semana en 1999, concuerdan con esa versión, matizada por una capacidad de convocatoria para 200 combatientes más. El Departamento Administrativo de Seguridad reportaba, semanas antes, que eran al menos 400 efectivos armados y 800 con el personal de apoyo.

Informe de inteligencia del DAS al Gobierno sobre Marquetalia

Las consecuencias de ese ataque, que duró tres meses, todavía son materia de debate.

El origen de las Farc

Esa ofensiva del Ejército pasó a ser el mito fundacional de la antigua guerrilla de las Farc, hoy convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que la concebían “como una agresión del Estado contra la población campesina, hecho que precipitó el tránsito hacia su definición como organización guerrillera”. Así lo recuerda el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“De manera contraria, en el discurso de algunos de los generales que participaron en la operación, el ataque a Marquetalia fue posterior a la ofensiva y a la reactivación de la lucha guerrillera de este grupo, que ya habría iniciado en 1963”, contrasta en seguida el documento publicado en 2013.

La misma discusión se aprecia en el informe que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, conformada por 14 académicos, le entregó a la mesa de diálogos de La Habana en 2015. Un relator, Eduardo Pizarro Leongómez, recuerda que el Partido Comunista Colombiano había aprobado la utilización de “todas las formas de lucha” desde 1960 y señala como “indudable la continuidad” entre sus guerrillas y las Farc. El otro, Víctor Manuel Moncayo, reconoce esa relación pero le da más valor a los acontecimientos del 64 como hitos en el origen de ese grupo armado.

Mientras seis de los comisionados ni siquiera mencionan la vereda en sus ensayos, otros como Sergio de Zubiría Samper, Jairo Estrada Álvarez y el padre Javier Giraldo Moreno plantean que lo sucedido allí fue determinante en la génesis de la guerra. El sacerdote jesuita, por ejemplo, toma como referencia la proclama del 20 de julio de 1964 en la que se dio el anuncio definitivo del alzamiento armado en la región, tras la operación militar en cuestión.

Daniel Pécaut, más moderado, asegura que el ataque significó “un giro importante” en la historia. Lo considera “el punto de partida del relato heroico que Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, ambos líderes, van a escribir y que se va a convertir en el breviario de sus reclutas”. Con esta versión, que califica como “casi oficial”, también sitúa el origen del conflicto armado en 1964.

Para María Emma Wills, Marquetalia fue una motivación del “proceso organizativo armado” de las autodefensas campesinas comunistas que terminarían convertidas en las Farc. Estas, según la comisionada, “elaboraron una memoria que puso el énfasis en los excesos militares y que reforzó la imagen de unas Fuerzas Armadas monolíticas –enemigas absolutas de los comunistas y de los campesinos, e instrumento de los intereses norteamericanos—”, pese a las divisiones que había en el Ejército de la época.

Pero el ensayo para La Habana que dedica más extensión a los hechos que rodearon esa operación es el de Alfredo Molano Bravo, ahora miembro de la Comisión de la Verdad. Él considera que el conflicto armado nació en 1948 y la toma señala, en palabras de ‘Arenas’, el paso “de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica”. Recuerda que ‘Marulanda’ y sus compañeros nunca dejaron las armas que habían empuñado en la Violencia aunque, a finales de los 50, alcanzaron a trabajar en obras para sus comunidades con el gobierno de Alberto Lleras Camargo.

“En 1957, los grupos armados de orientación comunista decidieron suspender la acción guerrillera pero conservaron las armas, en previsión de posibles ataques del gobierno o de otros grupos. (...) En el sur del Tolima, orientados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, tuvieron confrontaciones abiertas con autoridades y otros grupos armados”, relata Jorge Orlando Melo en su Historia mínima de Colombia (El Colegio de México y Turner, 2017). El autor resalta que el ataque a Marquetalia se había aplazado desde 1962 y califica su ejecución como “contraproducente”, porque impulsó a los defensores de la lucha armada.

Los hechos en los que hay acuerdo son que las Farc nacieron como tales después de Marquetalia (asumieron ese nombre en 1966), pero sus primeros líderes estaban armados desde mucho antes y ambas partes habían ejecutado acciones violentas previas a esa operación militar. Lo que revisó Colombiacheck, dentro de todo ese cuadro, fue un hecho específico: la existencia de la carta y su relación con el histórico ataque ordenado en el gobierno de Valencia.

Referencias

El historiador Arturo Alape menciona el documento en su libro Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo (Planeta, 2004). En boca de ‘Jacobo Arenas’, otro líder de las Farc, cuenta que en 1964 les enviaron cartas abiertas a instituciones y personalidades para pedir que intervinieran en contra de la operación, pues el plan se había filtrado desde abril, según el diario del jefe guerrillero, y el rumor había llegado a los medios de comunicación por declaraciones de oficiales de alto rango en las Fuerzas Militares.

“Nos dirigimos a todo el mundo, tocamos todas las puertas, al gobierno, a sus ministros, denunciando la agresión del ejército contra una región agraria, que hasta ese momento, la verdad histórica, era defendida por un grupo de autodefensa”, relata en la página 323 de la obra de Alape.

Tanto el historiador como ‘Arenas’ citan una carta dirigida por la comunidad, liderada por ‘Tirofijo’, al presidente Valencia. “Sabe que nuestro ‘delito’ para ganarnos las iras de la oligarquía y de los altos mandos militares que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra oposición al sistema bipartidista paritario del ‘frente nacional’ (sic) oligárquico, que consideramos antidemocrático y antinacional”, decía la misiva.

Este fragmento también aparece en una crónica de Molano Bravo para el diario El Espectador en 2014. En ese periódico se ha contado la historia de esta carta más de una vez. Una nota de Jaime Flórez Suárez daba mayores detalles en 2015. Entre otros, menciona que la carta tenía 16 firmantes, incluido ‘Marulanda’, que pedían “la apertura de carreteras y caminos vecinales” para Marquetalia. El periodista interpreta que lo ofrecían a cambio de dejar las armas, pero no presenta una cita literal que lo compruebe.

La historia de esta correspondencia es consistente con la que siempre ha escuchado la senadora Griselda Lobo, más conocida como ‘Sandra Ramírez’. La congresista de la Farc fue la última pareja de Marín, fallecido en 2008, y hoy replica la versión de los hechos que él le dio. “Lo que nos relataban es que no solo le escribieron al presidente sino a la Iglesia y a todo aquél que se les atravesó para tratar de evitar la operación”, recuerda.

Motivados o no por esos escritos, al presidente sí le llegaron reclamos de diferentes sectores por la intención de atacar Marquetalia.

Por el lado del clero, monseñor Germán Guzmán Campos y los sacerdotes Gustavo Pérez Ramírez y Camilo Torres Restrepo (el mismo que luego se uniría al ELN) quisieron prestar sus buenos oficios para acercar a las partes, pero el cardenal Luis Concha Córdoba les negó la autorización. Con la Iglesia fuera de la comisión por el diálogo, también renunciaron los demás integrantes, que eran académicos destacados y políticos liberales: Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina. Las noticias sobre fallida delegación, tomadas de la prensa de entonces, aparecen en las biografías de sus protagonistas y en el libro de Alape sobre ‘Tirofijo’.

En el Archivo General de la Nación reposan otros pronunciamientos dirigidos al Gobierno en los que grupos de mujeres, sindicatos y otras organizaciones sociales de todo el país les pedían a Valencia y sus ministros reconsiderar sus planes militares contra Marquetalia, de los que se habían enterado por los periódicos. “Si el Gobierno Nacional está interesado por la verdadera PAZ, el progreso económico, social y cultura para los Colombianos, debe impedir por todos los medios que Mrquetalia sea arrazados sus moradores y sus plantaciones” (sic), decía una comunicación que el jefe de Estado recibió el 13 de mayo de 24 “jóvenes de distintas corrientes políticas y pertenecientes a diferentes ramas del trabajo”.

Diversos documentos dirigidos al gobierno Valencia en rechazo a la Operación Marquetalia

Pero las correspondencia viajaba lento. Algunos de esos documentos llegaron al Palacio de San Carlos, la sede presidencial de la época, cuando la operación contra Marquetalia ya estaba en curso. Tatiana Acevedo cuenta, en un artículo publicado por El Espectador en 2010, que el caso de la carta firmada por ‘Marulanda’ y compañía fue similar. La radicación es del 17 de junio de 1964, un mes después de que comenzó el ataque. Pero hay algo más: según la nota, la fecha del envío es el 27 de mayo, también posterior al inicio de la ofensiva.

El libro de Alape y el diario de ‘Arenas’ ubican el primer combate directo entre las partes el mismo 27 de mayo. Acevedo incluso menciona, entre las muchas quejas expresadas en la misiva, la inquietud por el cerco militar. Esto quiere decir que ‘Tirofijo’ y los marquetalianos respondieron al ataque con la carta; no fue Valencia quien les contestó con las acciones militares, como dice el trino. La comunicación original confirma esta conclusión, pese a una diferencia de tiempo con los datos de El Espectador.

Carta abierta

Colombiacheck encontró la Carta abierta de los colonos y campesinos de Marquetalia al presidente, doctor Guillermo León Valencia en cinco hojas ligeramente arrugadas y de bordes amarillentos que corresponden a los folios 48 a 52, de los 119 que contiene la carpeta 1 de la caja 150, en la que el Archivo General de la Nación guarda la correspondencia sobre orden público del despacho de la Presidencia de la República de 1964.

El encabezado de Marquetalia, sur del Tolima, dice que fue escrita el 20 de mayo de ese año, no el 27. En todo caso, el ataque ya estaba en marcha. Desde la primera página, ‘Marulanda’ y los demás firmantes, que en realidad eran cerca de 300, recuerdan que “el 18 del presente, los altos mandos militares anunciaron oficialmente que este día había comenzado la invasión militar contra nuestra región” y se quejan de que “las [escuelas] que había producto del esfuerzo colectivo de las gentes de aquí, ya fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.

Además, la carta se tardó casi un mes en llegar a su destino. El sello de radicación ante el despacho del presidente con el número 49025 sí es del 17 de junio, como lo había contado Acevedo.

En la tercera hoja está la ya citada frase que aparece en los textos de Alape, ‘Arenas’ y Molano sobre la oposición de la comunidad de Marquetalia al Frente Nacional. Después de un largo recuento de los problemas de la zona y su versión de los historia violenta de Colombia desde 1946, en el penúltimo párrafo enumeran sus exigencias. Estas coinciden con las peticiones resumidas por los artículos de El Espectador, pero no se limitan a ellas:

“Exigimos del gobierno el inmediato retiro de todas las fuerzas oficiales de la región (...), restaurar el principio de autoridad y las facultades de administración a los poderes departamentales del Huila, Tolima, Valle y Cauca (...), pedimos el restablecimiento de las escuelas ocupadas hoy por las fuerzas militares, la apertura de carreteras, caminos vesinales (sic), puestos de salud, restablecimiento bajo garantía para el gremio de arriería de sus derechos de profesión (...), devolución inmediata de los bienes de campesinos y colonos usurpados por las fuerzas militares reaccionarias y juicios sumarios públicos, contra los militares aquí denunciados”.

En la carta no hay, sin embargo, ofrecimiento alguno de entrega o siquiera dejación de armas a cambio. Por el contrario y aunque afirman son “enemigos de la violencia, repudiamos la violencia, y luchamos contra la violencia”, le advierten al presidente “que sabremos cobrar caro la vida de nuestros dirigentes y cada colono, campesino o indígena que sea víctima de la nueva agresión a Marquetalia” y cierran declarándose “dispuestos a morir peleando”.

Carta de Tirofijo y otros líderes de Marquetalia al presidente Valencia

Así, el trino es cuestionable porque la carta existió pero fue una respuesta al anuncio oficial de que había empezado la Operación Marquetalia y no al revés. Antes del ataque, los llamados al Gobierno para que reconsiderara sus planes fueron hechos por terceros intermediarios o independientes. Además, las peticiones que cita la cuenta son ciertas, pero no están planteadas para “entregar las armas”; en cambio, ‘Marulanda’ y las 15 personas que firman a su lado reivindican su lucha armada ante la ofensiva ya inminente.

[Actualización el 8 de agosto de 2019]

El historiador Robert Karl, miembro del Instituto para Estudios Avanzados en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Manchester, le escribió a Colombiacheck el pasado 6 de agosto a través de Twitter con una corrección sobre el número de firmantes de la carta. “No fue firmada por 16 personas, sino por más de 300”, señaló el académico, doctorado en Harvard con una tesis sobre la violencia y la formación del Estado en Colombia en ese periodo.

Tras contactarlo por correo, Karl envió fotografías de las ocho páginas de firmas, incluida la última hoja de la carta, donde está la rúbrica de ‘Marulanda’. Las últimas siete no están con el documento consultado para esta nota en el Archivo General de la Nación. El historiador tuvo acceso a ellas en 2007, cuando todavía estaban guardadas en Presidencia.

Firmas que acompañaban la carta de Marquetalia al presidente Valencia

Este dato fue corregido en el texto, pero no cambia la calificación del chequeo.
 

Viernes, 30 Agosto 2019

Plazas Vega repite error de Jacobo Arenas y le suma otras inconsistencias

Por José Felipe Sarmiento

Basado en un video del fallecido jefe guerrillero, el coronel retirado del Ejército contradice a la justicia sobre el asesinato de Bernardo Jaramillo y ataca a la Alianza Verde con tergiversaciones.

El coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega ató cabos con base en un video donde habla el fallecido jefe guerrillero Luis Alberto Morantes Jaimes, alias ‘Jacobo Arenas’, uno de los fundadores de las Farc, y llegó a dos conclusiones que publicó en un trino: que “el M-19 (ahora partido [Alianza] Verde) nació de las Farc” y que este desaparecido grupo armado ilegal participó en el magnicidio del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP) para las elecciones de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa.

Captura de pantalla del tuit de Plazas Vega sobre el video de Jacobo Arenas

Colombiacheck revisó ambas afirmaciones y encontró que la primera es cuestionable, porque exagera sobre el alcance de algunos vínculos que son ciertos mientras que omite otros, y la segunda es falsa, porque contradice lo que la justicia ha probado hasta el momento sobre el homicidio con base en la repetición de un error que cometió Arenas.

Aunque el exoficial del Ejército ignoró los mensajes y llamadas para consultarle sobre el sustento de sus afirmaciones, este portal encontró un segmento un poco más largo de la misma grabación en YouTube.

Allí Arenas, que también murió en 1990, dice que Jaramillo es un “traidor al movimiento revolucionario”. También cuenta que, luego de su supuesta deserción de las Farc, el frente quinto “estuvo durante un año persiguiéndolo, no para premiarle su actitud sino para otra cosa” y recuerda que dirigentes del M-19 como Carlos Pizarro y Álvaro Fayad pertenecieron primero a esa otra guerrilla.

Pero la existencia de esas declaraciones es insuficiente para probar las aseveraciones del excoronel en Twitter.

“El M-19 (hoy Partido Verde) nació de las Farc”

Cuestionable

Además de Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, otros dirigentes del M-19 también pasaron antes por las filas de las Farc. Jaime Bateman e Iván Marino Ospina llegaron a este grupo en 1966, el mismo año en el que asumió su nombre y su sigla. Les siguieron Luis Otero y los dos hombres mencionados por Arenas, como lo cuenta el historiador Darío Villamizar en Aquel 19 será (Planeta, 1995).

Entre otras fuentes, el autor retoma apartes de la historia que algunos de ellos le contaron a la periodista Patricia Lara para su libro Siembra vientos y recogerás tempestades (Planeta, 2014), publicado por primera vez en 1982. También concuerda con la versión establecida en el informe entregado en 2010 por la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, toma efectuada por el M-19 en 1985 y en la que Plazas comandó la retoma por parte del Ejército.

Los futuros altos mandos del ‘Eme’ entraron a las Farc como militantes de un ala de las Juventudes Comunistas (Juco) más simpatizante de la lucha armada que el resto. Pero, siendo muchos citadinos, se estrellaron con una organización rural y dispersa, que percibían alejada de las posibilidades de un triunfo que les permitiera acceder al poder, objetivo que era fundamental para ellos mientras que el grupo seguía concentrado en la lucha por la tierra. Fayad se le explicó a Lara de esta forma:

“Y a pesar de que encontrábamos positiva nuestra experiencia en las Farc… A pesar de que habíamos aprendido la técnica guerrillera y la de supervivencia en la selva… A pesar de que ya sabíamos que los conocimientos adquiridos en las Farc eran de los más valiosos que pudieran darse en América Latina… A pesar de que ya habíamos aprendido que, por ello, no es gratuito –como dicen– que el ejército colombiano sea el mejor preparado para la lucha antiguerrillera… A pesar de que sabíamos ya que ello se debe a que ha tenido como contendor a una guerrilla fuerte, a una guerrilla que ese ejército nunca ha podido destruir, a una guerrilla comandada por dirigente con experiencia y tradición como Jacobo y [Manuel] Marulanda, dirigentes políticos y militares capaces de ser los jefes de todo un pueblo… A pesar de todo lo anterior, veíamos que esos dirigentes estaban enmarcados dentro de una estructura que los limitaba, que encajonaba su capacidad de liderazgo, su agilidad política y mental”.

Luego de plantear estas y otras diferencias, con relación al lenguaje y los métodos de la revolución, fueron acusados de traición y expulsados de las Farc a principios de la década de 1970. En el caso de Bateman, a quien Marulanda había enviado a Bogotá para crear “un aparato militar urbano”, el anuncio se hizo público por medio de una resolución de la guerrilla en 1972. En esas labores propagandísticas en las ciudades también participaron otros futuros ‘emes’ como Otero, Fayad, Yamel Riaño y Jorge Eduardo Carvajalino.

Desde 1971, Ospina había liderado la conformación de una organización diferente a la que llamaron Comuneros. Esta editó cuatro números de una revista homónima en la que llamaban a la unidad con otros grupos armados de izquierda, como el ELN y el EPL.

En esta etapa llegaron reclutas célebres como Vera Grabe y María Eugenia Vásquez, según lo recuerda una tesis de la Universidad del Rosario con base en sus biografías. Villamizar también menciona otros nombres famosos venidos de diferentes organizaciones, entre ellos Otty Patiño, Rosemberg Pabón, Sandy Puentes, Esmeralda Vargas, Germán Rojas, Armando Orozco Tovar, Augusto Lara Sánchez, Guillermo Elvecio Ruiz y Afriano Parra. Este último militó simultáneamente en las Farc por dos años.

Pero el Movimiento 19 de Abril solo nació hasta 1973 y se presentó al público en 1974 con un componente adicional: la integración con una vertiente radical de la Alianza Nacional Popular (Anapo), el partido del general Gustavo Rojas Pinilla. Esta parte de la historia, que Plazas omite en su aseveración, está directamente ligada al nombre de la nueva guerrilla y es mucho más conocida que sus antecedentes en las Farc.

El exmandatario militar buscaba regresar a la Presidencia y se enfrentó en las elecciones del 19 de abril de 1970 al conservador Misael Pastrana, que contaba con el apoyo bipartidista del Frente Nacional. Rojas Pinilla llevaba la ventaja hasta la madrugada del día 20, por lo que unos medios lo anunciaron como ganador y otros dudaron porque la votación había sido reñida, como lo recuenta un artículo de la historiadora Olga Yanet Acuña.

El Gobierno informó de fallas eléctricas y telegráficas en medio del conteo. Después, para la noche del 21 de abril, el candidato frentenacionalista había tomado una ligera ventaja y estallaron las protestas anapistas por la sospecha de fraude. Sin embargo, Pastrana amaneció el 22 de abril como presidente electo y Rojas Pinilla no se manifestó a favor de quienes lo defendían en las calles como el ganador legítimo de la contienda.

“Hasta ahora, no sabemos qué causó más desconcierto y estupor en las masas, si el robo de las elecciones o la mansa actitud del resignado general”, cita Villamizar de una carta que Bateman le escribió años más tarde a la hija y heredera política del militar, María Eugenia Rojas. Esa indignación impulsó a un sector de la Anapo, liderado por los representantes Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría Rendón y Andrés Almarales Manga, a promover la creación de un brazo armado.

Tras la fundación de una plataforma interna, hicieron contacto con los Comuneros y juntos dieron origen al M-19. De modo que Plazas pasó por alto por lo menos la mitad de los antecedentes en su trino. A esto hay que sumarle la mención al partido Alianza Verde como derivado de esta guerrilla, que también contiene inconsistencias que la organización de periodistas Chicas Poderosas ya había verificado en una cadena de WhatsApp de 2018.

Con la firma de la paz y la entrega de armas en 1990, el grupo guerrillero se convirtió en el partido Alianza Democrática M-19. Allí entraron también personalidades ajenas a la lucha armada como la poeta María Mercedes Carranza o el entonces líder sindical Angelino Garzón. La colectividad tuvo una corta existencia, con unos resultados electorales que decayeron casi tan rápidamente como crecieron.

Logró dos curules en la Cámara de 1990 y Pizarro, que pasó de máximo comandante a candidato presidencial, fue asesinado ese año. El partido conquistó 27 por ciento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y, con ello, consiguió un puesto para Antonio Navarro Wolff en la presidencia tripartita de la corporación. Entró al nuevo Congreso electo ese año con 13 representantes y 9 senadores, menos del 10 por ciento en ambos casos, y en las elecciones de 1994 conservó una sola silla en la cámara baja.

Luego, la AD M-19 “se disolvió y sus miembros tomaron rumbos diversos”, recuerda Navarro. Su personería jurídica sí fue usada por otro exmilitante, Carlos Ramón González, para fundar el partido Opción Centro en 2005 y este se convertiría más adelante en el Verde, como se cuenta en la página de la actual Alianza. Pero “solo un par de personas permanecieron” en esta organización política, complementa el exconstituyente.

El mismo Navarro Wolff solo entró a este partido en 2014. Pero en los 20 años intermedios desde su salida de la AD, pasaron muchas cosas.

Primero, llegó a la Alcaldía de Pasto en 1995 como candidato de un grupo significativo de ciudadanos. Después, a la Cámara por Bogotá en 1998 y al Senado en 2002 con su movimiento Vía Alterna (al segundo llegó en fórmula con Gustavo Petro, también exintegrante del M-19). El año siguiente, su agrupación se fusionó con otros colectivos de izquierda para conformar el Polo Democrático, con el que Navarro se convirtió en gobernador de Nariño en 2007.

Tras terminar su periodo en ese departamento, ocupó tres meses la Secretaría de Gobierno de Bogotá en la recién iniciada alcaldía de Petro, que se había salido del Polo a fundar Progresistas. Cuando dejó el gabinete distrital, el exconstituyente asumió el liderazgo de este nuevo movimiento y fue quien terminó por fusionarlo con el Partido Verde. Ahí sí volvió al Senado, donde estuvo hasta 2018, con esta nueva Alianza.

Entre las 24 personas que hoy forman parte de la Dirección Nacional o el Comité Ejecutivo (la mayoría pertenece a ambos), los únicos exmiembros del M-19 son González, el exsenador Rodrigo Romero y Jaime Navarro Wolff, hermano de Antonio. Tres más son familiares de otros exintegrantes: el representante Inti Asprilla, hijo de Guillermo, exsecretario de Gobierno de Bogotá; el exsenador Mauricio Ospina, hijo de Iván Marino, y Andrés Felipe Arango Romero, sobrino del alcalde de Ipiales, Ricardo Romero. Suman seis, la cuarta parte del total.

Por otro lado, solo el senador Antonio Sanguino perteneció a otra guerrilla, el ELN. Y no sobra recordar que las Farc formaron su propio partido aparte tras su dejación de armas en 2017: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que nada tiene que ver con los verdes.

En cambio, hay exmilitantes del M-19 repartidos por casi todo el espectro político del país. Desde Petro, hoy senador por la coalición Colombia Humana; pasando por los verdes ya citados, hasta los exsenadores Everth Bustamante, copartidario de Plazas en el Centro Democrático, y Luis Alberto Gil, parapolítico fundador de Convergencia Ciudadana.

Entonces, la relación entre el M-19 y la Alianza Verde se puede resumir en que “ni están todos los que son, ni son todos los que están”, como dice el dicho, a pesar del vínculo jurídico y algunas trayectorias individuales. Tampoco el ‘Eme’ surgió solo de las Farc, que hoy tienen su propia agrupación política; en cambio, se separó de ellas precisamente por diferencias de forma y fondo, para aliarse con sectores muy distintos. Todo esto hace cuestionable la relación entre esas tres organizaciones planteada por Plazas.

“Al candidato presidencial comunista Bernardo Jaramillo, lo mataron las Farc”

Falsa

Plazas Vega basa su afirmación en una confusión de Jacobo Arenas, que se equivocó de apellido. El relato que hace en el video coincide es con la historia de Bernardo Gutiérrez, que en efecto sí llevaba el alias de ‘Raúl’ en el frente quinto de las Farc y desertó de esta guerrilla con algunos de sus hombres para unirse al EPL en 1978. Así lo confirman otras fuentes, como una biografía de la ONG Viva la Ciudadanía, un artículo del portal Verdad Abierta y otro de la revista Semana.

Gutiérrez llegó a ser el máximo comandante del EPL en 1987, tras la ejecución extrajudicial de su antecesor, Ernesto Rojas. En esa posición de liderazgo, firmó la paz con el Gobierno y entregó las armas en 1991, al año siguiente de la muerte de Arenas, quien probablemente se refería a los acercamientos en este sentido cuando lo llamó “dos veces traidor” y lo comparó con Pizarro y Fayad, porque el M-19 también había dado el paso a la política sin armas.

Después de la desmovilización, Gutiérrez fue electo senador de la AD M-19 en 1991. El gobierno de Ernesto Samper lo nombró secretario de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, en 1995. El presidente Álvaro Uribe intentó trasladarlo al cuerpo diplomático en Jamaica en 2003, pero el exjefe guerrillero se rehusó por motivos de seguridad y pidió asilo en Italia, donde se lo concedieron y murió en 2008.

Jaramillo, en cambio, nunca fue parte de las Farc. Ingresó al Comité Central de la Juco con 23 años, cuando estudiaba derecho en la Universidad de Caldas, mientras ‘Raúl’ desertaba y era perseguido por las Farc en Urabá a finales de los 70. Luego, el joven manizaleño vivió dos años en Europa. Solo se mudó a Apartadó, para asesorar como abogado a los sindicatos bananeros, en 1981, tres años después de los hechos que relata Arenas. En ese municipio fue personero y concejal comunista.

Estando allí en 1985, entró a la recién fundada UP, que nació del acuerdo de paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, firmado en 1984. Pero, según fuentes como el informe Todo pasó frente a nuestros ojos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre el genocidio de ese partido político, Jaramillo representaba a un sector moderado, que buscaba tomar distancia de la lucha armada, defendía la autonomía de la colectividad frente a la guerrilla e intentó mediar entre ella y el Estado.

Así llegó a la Cámara por Antioquia en 1986, asumió la dirección nacional del partido tras el asesinato de Jaime Pardo Leal y lo mataron a él también, a los 34 años, siendo senador recién electo y candidato presidencial en 1990.

Esta hoja de vida se puede leer en los medios, en el portal Abra la Memoria del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Caldas o en el libro Bernardo Jaramillo Ossa: “Es un soplo de vida”, escrito por Napoleón Vanegas (Desde Abajo, 2015).

Contrario a lo que dice Plazas, la justicia nunca ha probado ningún vínculo de las Farc con el magnicidio. El autor material fue un sicario adolescente que también fue asesinado, junto a su papá, en 1992. Hasta ahora, los condenados por el crimen son los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil. En la misma sentencia de 2001 fue absuelto Gustavo Adolfo Meza Meneses, alias ‘el Zarco’, exintegrante del Cartel de Medellín.

La Fiscalía considera el caso un crimen de lesa humanidad desde 2010, cuando hubiera prescrito de no haber sido así, y esta clasificación fue ampliada en 2014 a otros 33 homicidios representativos del exterminio contra la UP. No obstante, fue apenas en 2018 que nueve escoltas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres integrantes de la Policía fueron llamados a indagatoria.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, abrió en febrero pasado el macrocaso 006 sobre la victimización de los miembros de esa agrupación política. La entidad judicial advirtió que los informes de el CNMH y la Corporación Reiniciar señalan a diversos agentes estatales y que las víctimas podrían ser 6.613, según la ONG, aunque la Fiscalía calcula 1.620 personas.

El tribunal transicional también informó que al menos 16 miembros de la Fuerza Pública se han sometido a su competencia por hechos relacionados con estos crímenes y que otros están en estudio. Estos provienen tanto del Ejército, con diversos rangos, como del DAS.

En cualquier caso, nada apunta en la dirección que señala Plazas Vega, por lo que su afirmación sobre el asesinato de Jaramillo Ossa es falsa.