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Miércoles, 30 Mayo 2018

Las cuentas en rojo de Humberto de la Calle

Por Martha Lucía Segrera

A Humberto de la Calle no solo le quedó la resaca de haber perdido las elecciones. No alcanzó el umbral, tiene que pagar un préstamo de 1.500 millones y aun no se sabe si tiene que devolver $9.000 millones que le anticiparon para la campaña.

“La derrota más macha que le hayan metido a un político”. Así definió Humberto de la Calle su resultado en los comicios del pasado domingo, en los que, por primera vez, el Partido Liberal no alcanzó el umbral en unas elecciones presidenciales. De hecho, el jefe de esa colectividad no lo acompañó en su discurso público ante cientos de seguidores, cuando se conocieron las votaciones.

Ante este panorama, muchos ciudadanos se preguntaron si De la Calle también se quedaría solo para pagar las deudas que le dejó la campaña. Tanto, que se gestó un vaca para ayudarlo, mientras en redes sociales y en medios se ha desatado una polémica acerca de si el excandidato tendrá que devolver los anticipos que le dio el Estado.

Colombiacheck encontró que son dos cosas diferentes: por un lado, están los $1.500 millones que le prestó Bancolombia y que sí tendrá que devolver; y, por otra parte, están los más de $9.000 millones que recibió como financiación estatal adelanta, sobre los que existe un limbo jurídico que deberán aclarar las autoridades.

La duda la sembró el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, quien advirtió, en entrevista con la emisora RCN Radio, que “la ley 996 del 2005, de garantías electorales, establece que todo candidato presidencial tiene derecho a un anticipo, pero el anticipo debe ser devuelto en el evento en que no obtenga una votación superior al equivalente de 4% del total de votos válidos depositados en la respectiva elección”.

Este es el caso del exnegociador en el proceso de paz, quien obtuvo tan solo 399.180 votos, de un total de 19.636.714, con lo cual no alcanzó el umbral, que era de 773.445 votos.

Pero, el asunto no termina allí. Resulta que en una ley posterior, la 1475 de 2011, se estableció una excepción según la cual, en el caso de las campañas presidenciales, “no habrá lugar a la devolución del monto recibido por concepto de anticipo, siempre que hubiere sido gastado de conformidad con la ley”.

Y en este punto, parece que hay una contradicción de las normas vigentes, que tendrán que dirimir los magistrados del CNE pues, según Álvaro Campos, asesor del Fondo Nacional de Financiación Política de esa entidad, esta es la primera vez que se presenta un caso de un candidato presidencial que solicita anticipos y no alcanza el umbral.

Sin embargo, hay varias voces que se inclinan porque se aplique la norma que eximiría a De la Calle o su partido de hacer el pago, como el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien ha manifestado que se alegra por esta posibilidad.

El exregistrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, indica que “la ley 996 también permite que no haya que devolver anticipos. Hay que ir al fallo C-1153 de 2005, que es el fallo de constitucionalidad sobre esa ley”. En dicho documento, la Corte Constitucional concluye que los anticipos no exigen ajuste de cuentas y no dependen de que se alcance o no el umbral.

Para empezar, indica que existen tres pagos independientes: “(i) uno primero, que es la primera parte del anticipo, representado en órdenes de publicidad, (ii) uno segundo, que es la segunda parte del anticipo, en efectivo para gastos generales de la campaña, y (iii) uno tercero, que es el pago por reposición de votos. La suma de los tres no puede superar los gastos efectivos de la campaña. Así pues, el tercer pago no implica descuento alguno del anticipo”.

Luego, la Corte aclara, “el sistema anteriormente descrito, al no establecer un descuento del anticipo respecto de la suma a ser cancelada después de las elecciones, no vincula la financiación previa con el número de votos obtenidos por el candidato. Dicho pago previo equivale a una cifra determinada, que se paga anticipadamente, sin que después haya lugar a un ajuste de cuentas para establecer si de la relación entre ella y el número de votos obtenidos, el candidato sale o no a deber y en qué proporción. Así, el único pago que efectivamente tiene una relación con el mayor o menor caudal de votación es el tercero, que acertadamente el legislador llama “por reposición de votos”, pues efectivamente lo es. Los otros dos no guardan una relación de proporcionalidad directa con el número de votos obtenidos, y en tal virtud no consisten propiamente en sistemas de financiación por reposición de votos”.

Lo anterior, ajustado al caso del candidato De la Calle y, según se desprende de sus reportes oficiales, sería así: (i) un primer pago por valor de $6.598.628.518, (ii) un segundo pago de $ 2.423.555.496 y, (iii) el tercer pago, que no se materializó, porque De la Calle no alcanzó el 4% que necesitaba para acceder a la reposición de votos (el dinero que el Estado les da a los contrincantes por cada voto que obtuvieron).

Sánchez también llama la atención respecto de lo que significa el 4% al que hace referencia el artículo 11 de la Ley 996, que es el mismo en el que se refugia el magistrado Novoa: “Es que son dos porcentajes de 4%: uno es el 4% para obtener el anticipo y, otro, es el 4% para la reposición de gastos. Aquí lo que pasa es que están aplicando el mismo racero”.

El exregistrador se refiere a una condición que impone esa norma para que un candidato y su partido se ganen el derecho a los anticipos: deben haber obtenido al menos el 4% de los votos válidos en las elecciones para el Congreso, que ocurren antes de las presidenciales. Esto se estableció así para tener una garantía de seriedad de la candidatura presidencial y, además, con el fin de dirigir los recursos públicos, únicamente, a campañas con posibilidades reales de hacer llegar su candidato a la primera magistratura, lo cual obedece, también, a “la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos, así como de garantizar la seriedad del debate democrático”.

Al aterrizar esta teoría a la situación que afronta el Partido Liberal, es preciso señalar que en las elecciones del Congreso del pasado 11 de marzo, votaron alrededor de 14,5 millones de personas. De estas, 1.901.933 lo hicieron por dicho partido para el Senado y 2.471.400 en la Cámara, con lo cual los liberales cumplieron el requisito para acceder a los anticipos para su candidato presidencial.

No obstante, han surgido otras voces. Algunas de protesta, como la de la excandidata a la presidencia, Viviane Morales, quien se queja de que Humberto de la Calle pueda ser exonerado de devolver los anticipos:

 

 

Al respecto, el asesor del CNE, Álvaro Campos le dijo a Colombiacheck que lo que ocurrió con Morales es que su movimiento no alcanzaba los mencionados requisitos de la Ley 996 para recibir financiación previa y que también se encuentran en el Decreto 863 de 2006, del Ministerio de Hacienda, que es quien gira el dinero a los candidatos.

En todo caso, si las autoridades se decantan a favor del excandidato, a De la Calle aún le quedaría una deuda pendiente de pago: los $1.500 millones que adquirió a manera de préstamo, a título personal, en Bancolombia, para cubrir gastos de su campaña.

Para nadie es un secreto que lo que más hace falta en una campaña electoral es plata. Pero esta deuda ya no debería quitarle el sueño al candidato, pues, un grupo de ciudadanos, a través de financiación colectiva, quiere ayudarle a pagar la culebra. La iniciativa se alojó en el sitio web de crowdfunding, Vaki. Allí, los que quieran pueden hacer donaciones desde $9.000 en adelante. Los números crecen aceleradamente y hasta esta madrugada de hoy, iban recolectados $397.709.359, por 10.249 donantes.

Desde la campaña de De la Calle informan que éste aprobó la iniciativa y, que, de igual forma, solicitó que los dineros fuesen auditados. Por lo pronto, la colecta por De la Calle irá hasta el 27 de junio de 2018, después de la segunda vuelta presidencial.

Conozca la ruta del chequeo
  1. 1

    Frase: Humberto de la Calle tendrá que devolver los anticipos que recibió del Estado
    Autor de la frase: varias personas, en medios y redes sociales
    Fuentes consultadas y expertos: Ley 966 de 2005; Ley 1475 de 2011; Corte Constitucional; Álvaro Campos, asesor del Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral; Carlos Ariel Sánchez, exregistrador nacional.
    Contexto: el rumor empezó a surgir tras los resultados de la primera vuelta presidencial
    Calificación de la afirmación: Ligera

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Lunes, 02 Octubre 2017

¿No habrá implementación completa del Acuerdo Final?

Por Sania Salazar

Henry Acosta, mediador entre el Gobierno y las Farc, llama la atención sobre varios puntos del Acuerdo Final que, asegura, no se están cumpliendo, por lo que teme que el Gobierno le quede mal a la Farc y el proceso fracase. Ninguna de las frases es completamente cierta.

Circula desde hace unos días por Whatsapp una cadena cuyo autor dice ser Henry Acosta, el empresario que sirvió como intermediario entre el Gobierno y las Farc para iniciar las negociaciones de paz. Acosta se declara preocupado ante la posibilidad de que la implementación del Acuerdo Final se quede a medias y señala cinco puntos específicos en peligro, de los cuales chequemos tres que consideramos verificables.

A través de Whatsapp, él nos confirmó ser el autor de la cadena, y ya el 13 de septiembre había manifestado en Caracol Radio inquietudes al respecto.

Colombiacheck califica la cadena como inflada, pues ninguna de las frases es completamente cierta.

“Se está discutiendo en la Corte Constitucional la posibilidad legal de SI o NO, pueden la Farc hacer política. Se sabe que el NO está teniendo posibilidades. Eso sería el fin del fin” (sic).

Es cierto que la Corte Constitucional está revisando los actos legislativos 1 y 3 para la reincorporación política de la Farc. El acto legislativo número uno de 2017 define que los exguerrilleros no serán inhabilitados para hacer política a pesar de que sean sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

El acto legislativo número tres define la manera como el partido de la Farc obtendrá la personería jurídica, su financiación y la de su centro de pensamiento.

Acosta asegura que tiene conocimiento de que cinco de los nueve magistrados de la Corte piensan que la Farc sí puede hacer política, pero después de que sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Habrá que esperar qué decisión toman, por lo que calificamos la frase como ligera.

Hay que recordar que el objetivo principal de la negociación con la antigua guerrilla de las Farc era que participaran en política sin armas.

“Las 16 zonas electorales creadas en el Acuerdo Final, para fortalecer la participación política y democrática de los territorios abandonados; están en discusión en el Parlamento nacional, con serias posibilidades que las autoricen pero con menos 175 municipios”.

En el Acuerdo Final se pactó la creación de “16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 Representantes a la Cámara de Representantes, de manera temporal y por 2 períodos electorales”. El objetivo de estas Circunscripciones es “garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política”.

En efecto, el Congreso estudia el proyecto de acto legislativo por medio del cual se crearán esas circunscripciones, al que le falta el último debate en Plenaria de Senado y Cámara.

La discusión se generó por un cambio que se le introdujo al proyecto en el tercer debate. Antes de esa discusión, se había pactado que cuando las circunscripciones (zonas donde se podrán elegir a los 16 Representantes a la Cámara) tuvieran más de 50.000 ciudadanos aptos para votar, solo se habilitarán los puestos de votación y el censo electoral de la zona rural de ese municipio, excluyendo la cabecera municipal.

En cambio, se insertó un parágrafo en el que se quitan las cabeceras municipales de “cada uno de los municipios” que conforman la circunscripción y se habilitan puestos de votación y censo electoral solo de zona rural.

“Para la MOE, esta disposición es a todas luces inconveniente. La MOE ha observado que, según datos del DANE, en los municipios donde se están excluyendo los puestos urbanos, el 44% de la población habita en la cabecera municipal, sin embargo, el 61% del censo electoral está inscrito en los puestos de las cabeceras, lo que quiere decir que gran parte de la población rural vota en la cabecera. Habilitar solo los puestos de votación de las zonas rurales excluiría del derecho al voto a grandes porciones de población rural, la cual hace parte de los sujetos hacia quienes están dirigidas las Circunscripciones”, concluye el documento.

“Hay un debate que se está abriendo con el informe de ponencia que llegó ahorita, donde hay un micazo y es que se excluyen las cabeceras municipales de los más de 174 municipios que están dentro de las 16 circunscripciones en función de que estas no participen en las elecciones”, aseguró el pasado 21 de septiembre en el programa Semana en Vivo Jairo Rivera, vocero de la agrupación política Voces de Paz, y miembro de dirección colegiada del nuevo partido de la Farc.

La Silla Vacía contó el pasado 25 de septiembre, que, según los congresistas que firmaron la ponencia, lo que se busca es evitar que, en los cascos urbanos, las maquinarias regionales tengan injerencia en esa votación.

Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el cambio introducido al proyecto no quita 175 municipios, como dice Acosta, sino sus cabeceras municipales, es decir, los cascos urbanos, no el territorio completo, aunque, como resalta la MOE, la decisión le quitaría el derecho al voto a un número significativo de población.

“El Tribunal y Salas de la JEP están siendo seleccionadas para que lo conformen exmagistrados y exjueces de diferentes estamentos de las FFMM. Y ese Tribunal y Salas deberá juzgar a todos los actores del conflicto”.

El pasado 26 de septiembre se conocieron los nombres de los 51 magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que hay tres provenientes de la justicia penal militar.

Se trata de Camilo Andrés Suárez Aldana, coronel presidente del Tribunal Superior Militar, quien será magistrado titular en el Tribunal de Paz; Claudia Rocío Saldaña Montoya, quien se desempeñó desde 1997 y hasta el año pasado como Juez de instrucción penal militar, ella estará en la Sala de Justicia; y Sandra Rocío Hernández Cruz, quien fue directora del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública y está entre las suplentes de las salas de Justicia.

Colombiacheck califica la frase como falsa, pues los magistrados que han trabajado con la justicia penal militar no son la mayoría, como lo sugiere Acosta, sino todo lo contrario. Por una supuesta tendencia contrario, es decir, de izquierda también han llegado los reproches.

En su columna de opinión, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, resalta que en la JEP hay tanto integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos, “que algunos asocian a la izquierda”, como personas que vienen de trabajar con la justicia penal militar, “que otros asocian a la derecha”, por lo que lo califica como un tribunal filosóficamente plural. “En todo caso, de estos magistrados se espera que decidan con base en la evidencia y no en sus visiones ideológicas”, concluye.

“Sobre los jueces penales militares, el Comité encontró valioso que se inscribieran porque es una muestra de su confianza en el proceso. Estos aspirantes fueron evaluados por su trayectoria y reconocimiento, repito. No creo que sea posible y tampoco útil para la reconciliación y la paz etiquetar a cada individuo en el espectro de las fronteras ideológicas, excepto para reproducir la polarización”, aseguró Claudia Vaca, integrante del Comité de Escogencia para la selección de integrantes del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en entrevista con El Espectador.