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Viernes, 17 Marzo 2017

Las Zonas Veredales no son repúblicas independientes

Por Sania Salazar

Aunque los militares retirados insisten en comparar las Zonas veredales con lo que hace 50 años se denominó repúblicas independientes, en el Acuerdo Final hay argumentos fuertes para concluir que no cabe la comparación.

Las críticas y preocupaciones de los exmilitares con el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc han dado hasta para asegurar que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn, se pueden convertir en “Repúblicas independientes”. Temor que le expresaron al Presidente Juan Manuel Santos en una carta.

Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), explicó en un trino que a las Zvtn tienen entrada las autoridades del Estado, por lo que no son repúblicas independientes.

 

 

 

Comandantes de las Farc, militares y académicos, entre otras voces, han coincidido en desmentir este supuesto peligro y el Acuerdo Final deja claro los límites y las reglas bajo las cuales funcionan estas zonas, por lo que Colombiacheck califica la frase de Álvarez como verdadera.

Estrada Álvarez le dijo a Colombiacheck que el país atraviesa un momento totalmente distinto a la época en que se acuñó la frase “Repúblicas independientes” para referirse a las zonas donde se ubicaron algunos grupos comunistas, “Colombia está viviendo un proceso de paz que contiene unos acuerdos que deben conducir al proceso de dejación de armas de las Farc y a su ingreso a la vida civil”.

El miembro de Voces de paz aclaró además, que “las Zonas no son territorios vedados en la medida en que, si se atienden las regulaciones correspondientes, pueden entrar y salir funcionarios, de hecho, en estos días los hemos visto entrar y salir, entre otras cosas, para mirar cuál es el estado de las Zonas. Eso no es ninguna república independiente, es una zona transitoria que tiene una función específica”.

Por último, Estrada Álvarez, resaltó que los excombatientes se movilizan libremente en los campamentos, pero que para hacerlo en las Zonas veredales (que son más grandes) necesitan autorización y solo lo pueden hacer desarmados.

El Acuerdo Final definió que las Zvtn son “temporales y transitorias, definidas, delimitadas y previamente concertadas entre el Gobierno Nacional y las Farc, y cuentan con el monitoreo y verificación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mm&v, que por cada Zvtn contará con Equipos de Monitoreo Local”.

Sobre el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mm&v, hay que recordar que está compuesto por un componente internacional en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el Gobierno Nacional y las Farc.

El Acuerdo también precisa que “dentro de las Zvnt se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las Zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo”.

En el documento pactado en la mesa de negociación en La Habana se reitera que “las autoridades civiles no armadas pueden ingresar permanentemente a las Zvtn sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde están ubicadas las estructuras de las Farc”.

En resumen, las Zvtn tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas, además de preparar a los excombatientes para su reincorporación a la vida civil, pero no son zonas en las que las Farc puedan hacer lo que quieran, no están vedadas para el control del Estado.

El general Javier Flórez, jefe del Comando Estratégico para la Transición, le aseguró a W Radio que las Zonas veredales se terminan el 29 de mayo cuando se complete el Día D+180 y que luego de eso los campamentos se podrán utilizar para otro tipo de actividades. El general indicó además que trasladarán a los excombatientes que tengan asuntos pendientes con la Jurisdicción Especial para la Paz a la zona veredal en Mesetas, Meta, donde habrá un campamento especial para su reclusión.

Pedro Piedrahíta, Mágister en Seguridad y Defensa Nacional y Doctor en derecho internacional le dijo a Teleantioquia Noticias que considera que

estamos frente a un asunto muy diferente, “primero porque el Estado sigue teniendo un control pues se trata de zonas delimitadas y controladas por los organismos de seguridad. Esto es garantía de que allí se están estableciendo estos grupos precisamente para cumplir con lo acordado en La Habana y no que allí vayan a establecer un poder político”.

¿Qué fueron las repúblicas independientes?

En un archivo histórico audiovisual de Señal Colombia, Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966, se refiere a las repúblicas independientes como “algunas áreas apartadas del país en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad”.

“En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado venía denunciado desde 1961 la existencia de 16 “repúblicas independientes” que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari”, indica Eduardo Pizarro León Gómez en el artículo titulado Marquetalia: el mito fundacional de las Farc.

Pizarro León Gómez cuenta que ante la presión de las declaraciones de Gómez Hurtado, “el presidente conservador Guillermo León Valencia tomó la decisión de exterminar a sangre y fuego estos enclaves comunistas”.

Uno de esos ataques es históricamente conocido como el bombardeo a Marquetalia, en el Tolima.

Entre quienes reaccionaron al pronunciamiento de los militares están Jorge Restrepo, Director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, e Iván Márquez, integrante del secretariado de las Farc, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango

 

 

 

 

 

Precisamente Pizarro León Gómez en el texto mencionado habla de las posiciones contrarias que hay sobre el ataque a Marquetalia, pues hay quienes sostienen que “la emergencia de las Farc no se hubiese producido en efecto si no se hubiese llevado a cabo el ataque contra Marquetalia. Las autodefensas campesinas de influencia comunista se habrían mantenido como tales y, probablemente, con el correr del tiempo se hubieran extinguido lentamente”.

Mientras que están los que sostienen lo inevitable del nacimiento, tarde o temprano, de las Farc, dado que ya existía en el seno del Partido Comunista (PC) las tesis para justificar su nacimiento. En efecto, desde el IX Congreso del PC celebrado en 1961 se había aprobado la tesis de la “combinación de todas las formas de lucha revolucionaria”.

Domingo, 04 Junio 2017

Sanciones restaurativas de condenados por JEP deben ser consultadas con las víctimas

Por Sania Salazar

El Acuerdo Final entre Gobierno y Farc tiene previsto sanciones restaurativas para quienes aporten verdad, pero las víctimas las deben avalar. Además, si no aportan verdad, los sancionados serán privados de su libertad.

“Está previsto que las personas pueden proponer el componente restaurativo de su sanción, está previsto que las víctimas pueden opinar sobre ese componente restaurativo”, resaltó Catalina Díaz, directora de la Oficina de justicia transicional del Ministerio de Justicia en una entrevista con Claudia Palacios en Canal Capital sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Desde el Acuerdo final y así se prevé en la ley estatutaria, se incluye que para quienes reconocen verdad completa, exhaustiva y detallada ante la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad proceden las sanciones propias, sanciones que tienen un componente restaurativo y reparador y un componente de restricción efectiva de la libertad”, indicó Díaz cuando la consultamos al respecto.

La Sala de reconocimiento de verdad de la que habla Díaz hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La funcionara explicó que ese componente restaurativo puede incluir reconstrucción de infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, contribución a proyectos de interés para la comunidad y desminado, entre otros.

“Los que dicen verdad exhaustiva no van a tener prisión, pero sí tiene restricciones de la libertad porque son de cinco a ocho años en una vereda, o en un sitio donde van a estar encerrados, no en una cárcel con barrotes, pero de donde no se van a poder mover porque van a tener restricción a la libertad de movimiento y de domicilio. Si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”, explicó Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado y quien hizo parte del equipo que redactó los acuerdos jurídicos de La Habana, al programa Conversemos de Actualidad, de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y, efectivamente, está incluido en el texto pactado entre Gobierno y Farc. En el punto cinco del Acuerdo sobre las víctimas del conflicto (página 172) dice:
“Los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad podrán presentar un proyecto detallado, individual o colectivo, de ejecución de los trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas. En dicho proyecto se indicarán obligaciones, objetivos, fases temporales, horarios y lugares de la ejecución, así como las personas que los ejecutarán, y el lugar donde residirán. Las sanciones impuestas por el Tribunal pre-establecerán los lugares donde residirán las personas que ejecutarán los proyectos. Los lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”.

El documento aclara además, que “el proyecto deberá establecer un mecanismo de consulta con los representantes de las víctimas residentes en el lugar de ejecución, para recibir su opinión y constatar que no se oponen al mismo”.

Según el Acuerdo, el Tribunal para la Paz tendrá plena autonomía para decidir sobre el proyecto propuesto y para ejecutarlo tendrá que haber sido aprobado por la Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad

Hay que aclarar, además, que estas sanciones restaurativas cobijan también a miembros de las fuerzas militares y policías, agentes del Estado y civiles sobre los cuales tenga competencia la JEP. Pero que quienes no reconocen verdad y son hallados culpables durante un juicio, van a la cárcel y su pena, que oscilará entre 15 y 20 años, no incluye sanción restaurativa.

“En el marco de un modelo de justicia restaurativa, y así quedó definido el acto legislativo, (que la jurisdicción especial para la paz está enmarcada en un modelo de justicia restaurativa), son muy importantes las necesidades de las víctimas, su voz, porque no se trata de que la justicia venga a la sociedad en el sentido de que conduce la venganza, sino que se trata de que los ofendidos son protagonistas en ese escenario de justicia y por eso la opinión de ellos sobre las sanciones es tan importante”, resaltó Díaz.

Por qué justicia restaurativa

Entre los principales argumentos que tienen los opositores del Acuerdo Final con las Farc está el que asegura que no habrá justicia porque los responsables de delitos no irán a una cárcel, lo cual no es del todo cierto, por lo que ya explicamos.

“La idea de la justicia restaurativa es buscar que se reconstruyan los lazos sociales que se pierden con el delito, cuando un delito ocurre no solamente el perpetrador se pone por encima de la víctima, sino por encima de la sociedad. La crítica de la justicia restaurativa a la justicia tradicional es que esta última se enfoca mucho en el delito y en el delincuente y muy poco en la víctima y el daño, por eso lo que busca la justicia restaurativa es crear escenarios en los cuales las personas que se vieron involucradas en el delito puedan tener un escenario de diálogo en donde, por ejemplo, los ofensores les puedan pedir perdón a las víctimas y se comprometan a su reparación”, explicó Nelson Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

El investigador indicó que el proceso debe partir de dos bases, primero, un reconocimiento genuino de aquellos que cometieron las violaciones y en segundo lugar de un compromiso a la reparación. “Dentro de esa lógica, se establece que sean quienes ofendieron los que presenten propuestas para que puedan ser discutidas con las víctimas y dentro de ese diálogo se puedan generar esos espacios de restauración, pero al final, el que va a imponer la sanción es el juez”, aclaró Sánchez.

El objetivo es que quienes cometieron las ofensas presenten propuestas que sean materialmente atractivas para las víctimas y que estas se sientan reparadas, porque si no hay voluntad de las víctimas, difícilmente va a haber un sentimiento de reparación y que eso se genere en una audiencia, resaltó el investigador.