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Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.

Sábado, 21 Octubre 2017

Sustitución, no erradicación, se pactó en el Acuerdo de La Habana

Por Sania Salazar

Así lo aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, donde han asesinado campesinos en medio de confrontaciones por la erradicación.

“Si hay un proceso de paz en el que dice que debe ser sustitución mas no erradicación, entonces como campesinos reclamamos que el Gobierno cumpla lo que pactó en La Habana”, aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, en entrevista con Blu Radio.

Elier hablaba del asesinato, en ese vereda el pasado 5 de octubre, de seis campesinos que trataban de impedir que la Policía erradicara cultivos de coca. Las autoridades investigan el hecho, pues pobladores de la zona señalan a los policías como los responsables de los disparos.

El asesinato de los campesinos es un hecho intolerable, pero debemos señalar que Martínez se equivoca en su afirmación, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación, por lo que calificamos la afirmación como falsa, aunque hay que anotar que los testimonios recogidos indican que la erradicación no se estaría haciendo en los términos acordados en La Habana.

Aunque el líder se refiere al Acuerdo Final, lo llamamos en varias oportunidades para corroborar la fuente en la que basó su afirmación, pero no logramos comunicarnos.

Si bien el Acuerdo basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o un situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Tumaco, una situación compleja

Hay que recordar que Tumaco es el municipio colombiano con mayor número de hectáreas de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, el año pasado había 23.148 hectáreas, que representan el 16% de los cultivos de coca que hay en el país.

Mario Lima, secretario de Gobierno (encargado) de Nariño, le explicó a Colombiacheck que en Tumaco se suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con algunas organizaciones y productores. Acordaron que las autoridades no erradicarían forzosamente los cultivos de quienes se habían comprometido voluntariamente a cambiar de cultivo ni las plantaciones de menos de 3,8 hectáreas, pues se considera que de ahí en adelante son cultivos industriales ligados al narcotráfico.

Según Lima, el grupo de erradicadores empezó a arrancar las matas de los grandes cultivos, pero hay campesinos que tienen sus sembrados en medio de los industriales, una razón por la que campesinos bloquearon la labor de los erradicadores. Quienes no han firmado la intención de acogerse a los programas de sustitución también se han opuesto.

El encargado de la cartera de Gobierno explicó que la comunidad pide que las reglas y los tiempos de la erradicación sean claros. Además, reconoció que hay escepticismo entre las familias que han tenido que sembrar coca para sobrevivir porque no ven claras las garantías económicas que les permitan subsistir con otros cultivos, porque ni siquiera les han dicho qué sembrar. Lima indicó que la población no ve que el Gobierno trabaje en mejorar las vías para poder sacar los productos y comercializarlos, ni en infraestructura educativa, de salud y de agua potable.

Diana Montilla Moreno, encargada de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, coincidió con el funcionario en que la población está de acuerdo con la sustitución, pero que no ve garantías de vida digna en los planes alternativos que les ofrece el Gobierno. Además, aseguró que no se ha definido cuáles son los cultivos industriales y que el Gobierno no ha socializado la erradicación de esas áreas.

Hay que mencionar que campesinos de la zona han denunciado que narcotraficantes los amenazan de muerte si no se oponen a la erradicación.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en BluRadio que el Gobierno ofrece programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero se está demorando más de un año en entregar a cada familia las primeras ayudas económicas prometidas. Además, aseguró que les dieron el dinero solo a 1.800 familias de un total de 40.000 que deben cambiar de cultivo y que entregaron esos auxilios económicos en el sector de La Carretera, una zona distinta al sector de Alto Mira y Frontera, lugar donde se registró el homicidio de seis campesinos el 5 de octubre y donde asesinaron el pasado 17 de octubre al líder comunitario José Jair Cortés.