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Jueves, 30 Noviembre 2017

Marta Lucía Ramírez insiste en falsedad sobre la JEP y agrega otra

Por Sania Salazar

La precandidata insistió en el argumento falso de que la JEP no impondrá restricciones a la libertad. Además dijo que (por la Ley de Amnistía) todos los exguerrilleros que estaban presos ya habían recobrado la libertad, mientras que había militares que seguían presos.

Marta Lucía Ramírez, integrante del Partido Conservador y exministra de Defensa, recicló una frase falsa sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en una entrevista que le hicieron el pasado 28 de noviembre en Canal Capital en su calidad de precandidata presidencial.

“El hecho de tener hoy una jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el tratado de Roma, ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente”, dijo Ramírez.

La precandidata, de quien se ha dicho en los últimos días que sería la ficha a la presidencia de la alianza entre los expresidentes Uribe y Pastrana, dijo además que “hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar condenados, mientras que los de las Farc están todos por fuera”. Esto en clara alusión a la aplicación de Ley de Amnistía pactada en el Acuerdo Final.

Tras consultar diferentes fuentes, Colombiacheck encontró que ninguna de las dos frases de la precandidata presidencial corresponde a la verdad, por lo que califica su intervención con respecto a estos dos aspectos, como Falsa.

La primera frase tiene un elemento falso muy usado durante la campaña por el voto negativo al plebiscito realizado el 2 de octubre de 2016. Ramírez estuvo entre los líderes políticos que lideraron la campaña por el no. En el Acuerdo Final sí están contempladas restricciones efectivas de la libertad para quienes sean sancionados por la JEP. Colombiachek ya había verificado el tema en el chequeo titulado Las Farc no pagarán cárcel, ¿verdad?, donde se explica que si bien las sanciones no implicarán cárcel, sí implicarán limitaciones en la movilidad de los sancionados. Hay que aclarar que quienes comparezcan ante esta jurisdicción y no digan la verdad sobre los delitos en los que participaron tendrán que ir a la cárcel y sus sanciones durarán más tiempo (entre 15 y 20 años).

Quienes aporten verdad desde un principio se someterán a sanciones que durarán entre cinco y ocho años. Los magistrados de la JEP “fijarán de forma concreta los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados durante los periodos, horarios de ejecución y cumplimiento de las sanciones propias del Sistema, que tendrán un tamaño máximo equivalente al de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, dice el Acuerdo Final en el punto cinco sobre las víctimas del conflicto (página 165).

Juan Carlos Henao, abogado constitucionalista que participó en la elaboración de la JEP, lo explica de una manera sencilla:

“Van a tener una restricción de movimiento y de domicilio, por decir algo, si usted está en la vereda Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, usted va a estar ahí, no es que se pueda ir a pasar el fin de semana a Cartagena”.

Según el Acuerdo final, las sanciones deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado con el fin de satisfacer el derecho de las víctimas.

“No es solamente que le restringen la libertad o lo mandan para la cárcel, es que al mismo tiempo tiene que reparar, por decir algo, reconstruyendo la iglesia de Bojayá, desminando”, agregó Henao.

Marta Lucía insistió en un argumento falso en contra de la JEP y los periodistas que la entrevistaron en Canal Capital no le hicieron notar su error.

¿Militares presos y guerrilleros libres?

Ramírez no tiene razón cuando dice que hay militares que siguen en la cárcel mientras que todos los exguerrilleros que estaban presos ahora están libres, pues en ambos casos faltan personas por beneficiarse de la Ley de Amnistía, lo que incluye recuperar la libertad totalmente o con condiciones.

El balance de la Secretaría Ejecutiva de la JEP sobre aplicación de la Ley de Amnistía y tratamientos especiales (con corte al 24 de noviembre pasado) indica que 3.148 exguerrilleros de los 3.779 que se beneficiarían de esa ley han quedado en libertad condicionada o han sido trasladados a zonas veredales. Eso quiere decir que se sometieron a la JEP y deben comparecer cuando sean llamados.

En el caso de la Fuerza Pública se han beneficiado de la Ley de Amnistía 1.717 uniformados de los 1.751 a los que los cobija la norma.

En la Secretaría Ejecutiva de la JEP resaltaron que la libertad definitiva no es el único beneficio de la amnistía, pues está la libertad condicionada y el traslado a zonas veredales para que exguerrilleros que no han completado cinco años de privación de la libertad lo hagan (ese es el mínimo de tiempo que se fijó para beneficiarse de la ley). Este cambio de sitio de reclusión también aplica para militares, caso en el que pasan de cárceles militares a unidades de reclusión militar.

En dicha Secretaría indicaron además, que hay casos de miembros de la Fuerza Pública que están inmersos en varios procesos judiciales en muchos de los cuales no han cumplido el tiempo mínimo de reclusión fijado para ser amnistiado, por lo que sus casos se demoran más.

En cifras exactas han quedado en libertad 2.737 exguerrilleros y 1.011 militares, de los cuales 769 tienen libertad condicionada.

Colombiacheck trató de comunicarse con la candidata por teléfono y vía Whatsapp en repetidas ocasiones, desde el pasado 29 de noviembre, para saber en qué fuentes basaba sus afirmaciones. También habló con su equipo de prensa para explicar la importancia de incluir las explicaciones de la precandidata en esta nota, pero indicaron que Ramírez tenía una agenda muy apretada y solicitaron enviar las preguntas por correo, respuestas que todavía estamos esperando.

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Miércoles, 21 Febrero 2018

Fajardo y Ramírez coinciden en su preocupación por cifras de desempleo

Por Colombiacheck

Mientras en Cúcuta el nivel de informalidad laboral llega a 72,4%, el desempleo de los jóvenes en todo el país supera la tasa nacional. Dos datos verdaderos sobre los que han llamado la atención los candidatos Martha Lucía Ramírez y Sergio Fajardo, respectivamente.

“El desempleo juvenil es del 16 %, muy por encima de la tasa nacional”: Sergio Fajardo

En una columna publicada en enero en el periódico El Tiempo titulada Jóvenes con futuro, Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición Colombia (su movimiento, Compromiso Ciudadano, Alianza Verde y el Polo Democrático), aseguró: “el desempleo juvenil es del 16 %, muy por encima de la tasa nacional, de 9,3 %”.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2017 “la tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años a nivel nacional fue de 16,1%. El mismo Departamento informó que para el 2017 la tasa nacional de desempleo fue de 9,4%.

Colombiacheck califica la afirmación de Fajardo como Verdadera, ya que en ambos datos estuvo a una centésima de la cifra correcta, lo que se podría explicar al redondear la cifra por encima o por debajo.

En la columna, el candidato se refería a la presentación que haría en Tumaco del programa Jóvenes con Futuro, uno de los programas de educación de la coalición, específicamente para jóvenes vulnerables.

 

Cúcuta: una ciudad informal

Durante su visita a Norte de Santander, en enero pasado, la exministra Martha Lucía Ramírez -quien este 11 de marzo se enfrenta al exsenador Iván Duque y al exprocurador Alejandro Ordóñez, para definir el candidato presidencial de la derecha- trinó que la informalidad en Cúcuta es del 70 % y ligó el dato con el fenómeno de la inseguridad:

 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, del DANE, la informalidad en Cúcuta, entre octubre de 2017 y diciembre de ese mismo año, llegó al 72.4%, siendo la ciudad capital con la mayor tasa de informalidad, seguida por Sincelejo (64.9 %) y Riohacha (63.5 %).

Se trata de una cifra que se mantiene estable apenas algunos puntos por encima o por debajo del 70%. Por ejemplo, entre abril y junio del año pasado, la tasa fue del 69.8%, de acuerdo con el DANE. Son, puntualmente, 253 mil personas viviendo de la informalidad, del total de 359 mil que trabajan en la capital nortesantandereana. No obstante, no se puede concluir que, como señala la candidata, esto traiga inseguridad.

En lo que a esta se refiere, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, presentada en diciembre del año pasado, la tasa de percepción de inseguridad en la capital nortesantandereana fue cercana al 54.9%, por lo menos durante 2016. Muy por debajo de ciudades como Bogotá (81.7 %) y Quibdó (78 %); las tasas de victimización y de denuncia fueron del 18.2 % y del 23.7 %.

Solo en uno de estos indicadores, en la tasa de victimización, Cúcuta aparece entre las cinco primeras ciudades. Es decir: no hay una correlación evidente entre informalidad e inseguridad. Pese a que, cabe reiterar, la cifra que da la candidata presidencial respecto a informalidad en la capital nortesantandereana es cierta.