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Viernes, 08 Noviembre 2019

Mindefensa encargado dice que GAO violó el DIH, expertos persisten en dudas sobre actuación del Ejército

Por Sania Salazar

El ministro de defensa encargado y comandante de las Fuerzas militares asegura que en bombardeo en Caquetá el que violó el DIH fue el grupo armado ilegal al que combatían. Pero persisten dudas sobre la aplicación del DIH por el Ejército también.

El comandante de las Fuerzas Militares y ministro de defensa encargado, General Luis Fernando Navarro Jiménez, aseguró que “es necesario tener en cuenta que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar, es decir, que el GAO residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar”.

Esto lo dijo en una rueda de prensa en la que se dieron detalles del bombardeo dirigido al cabecilla del GAO residual 7, alias el “Cucho”, en el que, según la Fiscalía, murieron ocho niños.

Calificamos la afirmación del general Navarro Jiménez como cuestionable, pues hay dudas sobre el procedimiento del Ejército y diferentes interpretaciones sobre la aplicación que este hizo del DIH. Además, porque, en todo caso, el principio de reciprocidad indica que hay que respetar el DIH así el adversario no lo haga.

En la oficina de prensa de Navarro Jiménez le dijeron a Colombiacheck que el general basó su afirmación en el Artículo 51 numeral 7 del protocolo número 1 de Ginebra (1977) que “quiere decir que no se puede utilizar personas civiles o protegidas en zonas de operaciones militares en especial para tratar de poner a cubierto objetivos militares y evitar con esto que sean atacados”.

También aseguraron que el general se basó en el Artículo 8, literal B, numeral 23 del Estatuto de Roma “que expresa en el mismo sentido utilizar la presencia de personas civiles o protegidas en zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares. En conclusión emplear civiles para con ello evitar ser atacados”.

El grupo armado ilegal violó el DIH por reclutar menores de edad,[a] población que es considerada de especial protección. Pero además hay un debate sobre la aplicación del principio de precaución del DIH por parte del Ejército. Este principio indica que al seleccionar el objetivo militar se deben evitar los daños desproporcionados, es decir, el Ejército debió asegurarse de que en el lugar no había población civil cerca que pudiera resultar afectada. Mientras que el Ejército niega haber sabido que había menores de edad en el lugar, hay versiones que indican que ya se habían recibido denuncias sobre reclutamiento forzado, como lo contó Colombiacheck.

Sobre la presencia de los menores en el sitio del bombardeo, el director de Human Rights Watch en las Américas, José Manuel Vivanco, aseguró en RCN Radio que “si se trata de menores que participaban activamente en las hostilidades, ya hubieran sido reclutados a la fuerza o voluntariamente, el derecho internacional humanitario no distingue (es decir, son blancos lícitos)”, pero que “si no participaban de las hostilidades son civiles”, es decir, personas que debían ser protegidas.

Vivanco indicó que “el actor principal, que es el Ejército, que es el que ordena el ataque, debe contar con esa información, aparentemente no contaba con esa información y eso creo que en este caso en particular coloca en entredicho la justificación básica de un ataque de esta naturaleza”, pero aclaró que “si hay evidencias concretas de que participaban en las hostilidades debió evaluarse si era posible arrestarlos antes de matarlos” y concluyó que no se puede lanzar un operación militar sin la suficiente información.

Precisamente sobre la información de inteligencia militar el exministro de defensa, Rodrigo Rivera, concluyó en Twitter que ante la duda había que abstenerse de lanzar el ataque.

También hay dudas sobre el la aplicación del principio de proporcionalidad, que prohíbe los métodos o armas que causen daños excesivos en la población civil con respecto a la ventaja militar conseguida con el ataque. Es decir, el bombardeo puede ser considerado excesivo frente al objetivo de capturar o matar a alias “Cucho”, pues se pudo utilizar otro método para tal fin.

Además, el principio de reciprocidad indica que debe respetarse el DIH incluso si el adversario no lo hace, esto con respecto al argumento del general Navarro Jiménez de que la única responsabilidad es de quienes tenían en el lugar a los menores.

El Estatuto de Roma dice que reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades es un crimen de guerra. 

La discusión sobre el asunto incluso ha sobrepasado los límites de la legalidad y algunos se preguntan si es moralmente aceptable, a lo que Catalina Botero, decana de la Facultad de derecho de la Universidad de Los Andes y exRelatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contestó en Twitter que no.

Otra interpretación

Para Paula Comellas, doctora en derecho internacional y profesora de DIH en la Escuela Superior de Guerra, el Ejército respetó el DIH en este caso exitía una necesidad y había una ventaja militar porque se trataba de uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc y por lo tanto era un objetivo lícito.

“Con los menores de edad hay una discusión teórica porque algunos consideran que son combatientes porque iban uniformados, estaban armados y hacían parte de las hostilidades. Soy más de la línea de que son participantes directos en las hostilidades (es decir, eran blancos lícitos), que es lo que dice el Protocolo 1 del Convenio de Ginebra”, indicó.

Según Comellas, la responsabilidad es de las disidencias de las Farc por reclutar menores. “Por la experiencia que tengo en el país, ellos (el Ejército) no trabajan por sorpresa, ahí hay una orden de operaciones, informes de inteligencia previos, entonces creo que si la operación se hizo así fue porque necesitaban hacerla de esa forma”, aseguró.

La profesora explicó que la encargada de concluir si el Ejército cumplió o no con el DIH es, inicialmente, la Fiscalía.

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Jueves, 06 Agosto 2020

Militares del Ejército investigados por delitos sexuales contra menores no son 118, sino 75

Por Sania Salazar

El general Eduardo Zapateiro usó la cifra total de miembros de la institución implicados en investigaciones por delitos sexuales que adelanta la Fiscalía para referirse a los casos en los que las víctimas son menores de edad.

Después de que se conoció que siete soldados violaron a una menor de edad indígena en Pueblo Rico, Risaralda, en junio pasado, el Comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, aseguró en una rueda de prensa que desde 2016 eran 118 los integrantes de esa fuerza implicados en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación por actos sexuales abusivos contra menores de edad.

La frase exacta del general fue la siguiente: “Hemos organizado una verificación detallada desde el 2016 identificando 118 integrantes de la fuerza relacionados en casos de presuntos actos sexuales abusivos y violentos contra menores de edad, todos esos hechos a la fecha son conocidos por la Fiscalía General de la Nación y cuentan con investigación disciplinaria”.

Basado en información de la Fiscalía, Colombiacheck califica la afirmación del comandante del Ejército como “verdadera, pero”, porque si bien es cierto que son 119, (uno más de los que él dice) los integrantes del Ejército implicados actualmente en investigaciones de la Fiscalía por delitos sexuales, no en todos esos casos las víctimas son menores de edad, como lo aseguró Zapateiro Altamiranda.

En la oficina de prensa del Ejército le explicaron a Colombiacheck que la cifra salió de una revisión interna que ordenó el comandante del Ejército y de la información que han recibido de autoridades judiciales en las que les informan sobre investigaciones penales en las que están involucrados integrantes de esa fuerza pública.

En respuesta a un derecho de petición enviado por Colombiacheck, la Fiscalía informó que, desde 2016 y hasta el 15 de julio de 2020, en sus registros tiene 113 procesos por violencia sexual con por lo menos un implicado perteneciente al Ejército Nacional. Según la entidad, son en total 119 militares implicados en las investigaciones, en su mayoría soldados (73). También están implicados un general y un coronel.

En 75 de los casos  las víctimas son menores de edad y en 36 mayores de edad. En dos casos más la Fiscalía no cuenta con información sobre las víctimas. La Fiscalía aclaró que no tiene registro de la edad exacta de 17 de las víctimas menores de edad.

Del total de casos en los que están implicados miembros del Ejército, 86 están en etapa de indagación (etapa previa en la que se averigua si hay pruebas para abrir un proceso judicial), 19 en etapa de juicio, seis en ejecución de penas y dos en investigación.

Como se ve en el siguiente cuadro, los principales delitos que se investigan en estos casos son actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

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Julia Castellanos, Coordinadora del observatorio de la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico, recordó que la violencia sexual en el marco del conflicto armado está entre las violaciones más dificiles de monitorear, por los mitos que hay alrededor de ese tipo de violencia, por el temor de las víctimas a denunciar y por desconfianza en las instituciones.

Castellanos recordó que han alertado al Estado sobre el manejo de las campañas cívico militares, actividades en las que el Ejército lleva asistencia médica, actividades recreativas para los niños, entre otras, a zonas del país en donde hay actores armados ilegales. “Lastimosamente a partir de estas prácticas se genera un acercamiento a los niños y las niñas que los pone en riesgo de situaciones asociadas con violencia sexual o asociadas a que puedan ser víctimas de amenazas, hostigamiento o seguimiento por otros grupos armados, esto lo hemos alertado mucho en la medida en que rompe el principio de distinción de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo a los menores de edad”, señaló..

Castellanos no se atrevió a calcular el porcentaje de subregistro de este delito, pero aseguró que debe ser muy alto como todos los delitos en los que las víctimas son menores de edad.