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Jueves, 07 Noviembre 2019

Los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos, pero son más protegidos por el DIH que los adultos combatientes

Por Isabel Caballero Samper

El Derecho Internacional Humanitario da protecciones especiales a los soldados menores de edad que son reclutados ilegalmente por grupos armados, pero sí permite que sean considerados combatientes y por tanto blancos legítimos de la fuerza letal en su contra.

Rafael Nieto Loaiza, viceministro del interior y de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2017, publicó un hilo en Twitter sobre el bombardeo denunciado por el senador Roy Barreras en el que murieron siete o más menores de edad. 

En el tercero de los 12 trinos que publicó, Nieto Loaiza dice que “los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan”.

Calificamos esta afirmación de “cuestionable” porque, a pesar de que en algunas circunstancias los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es verdad que este no los proteja. Tanto ante el DIH como ante otros instrumentos internacionales (y nacionales) los niños gozan de un estatus de protección especial.

En primer lugar hace falta aclarar que, aunque según el Estatuto de Roma es un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años”, en el Código Penal Colombiano (Ley 599 del año 2000, Artículo 162) el delito de “reclutamiento ilícito” cobija a “menores de 18 años”. 

Además, Colombia es firmante del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (que en Colombia entró en vigor el 12 de febrero de 2002 a través de la Ley 833 de 2003 y el Decreto 3966 de 2005) donde se determina que la edad mínima legal para vincular a un adolescente a un ejército, regular o no, es de 18 años. 

Esto significa que los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y que quien los haya reclutado está cometiendo un delito.

Sin embargo, hay un largo debate internacional al respecto. René Provost, profesor de derecho internacional de la Universidad de McGill en Canadá, publicó una entrada en el blog del European Journal of International Law en 2016 analizando si los niños soldados son blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario, pues según explica hay un vacío en la literatura legal sobre este tema.

Aunque no hay acuerdo entre los expertos sobre esto, Provost dice que sí se puede considerar que los niños soldados pueden ser combatientes en todo el sentido del término.  

Aquí viene otra complicación, pues el derecho internacional no es claro en la definición de “combatiente” en el caso de los conflictos armados internos, como es el caso de Colombia. Provost utiliza la definición de combatiente que aparece en la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario” del Comité Internacional de la Cruz Roja que es que una persona asuma una “función continua para el grupo” (es decir que no es espontánea o esporádica) y que esta función comprenda su “participación directa en las hostilidades”. 

La guía de la Cruz Roja dice explícitamente que “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.

En esto también coincide Antonio Varón, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario experto en DIH, quien le dijo a Colombiacheck que cuando una persona está empuñando un arma, sea o mayor de edad o no, su contrincante está legitimado para contrarrestarlo a través del uso de la fuerza. 

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista en RCN Radio esta mañana dijo que “si se trata de menores que participaban activamente en las hostilidades (...) el derecho internacional humanitario no distingue [entre si son menores de edad o no]”. Y un punto clave en el que insistió varias veces es que “Habría que determinar si esos menores participaban o no de las hostilidades. porque si no participaban son civiles”.

Volviendo a la argumentación de Provost, el profesor de McGill argumenta que aún si se considera que los niños soldados pueden ser blancos legítimos, el test que se aplica para determinar si un niño es o no un combatiente debería ser más exigente que el que se aplica para un adulto, porque los niños tienen un estatus protegido bajo la ley internacional y por tanto debe haber una presunción a su favor del carácter civil. 

Este profesor explica que el Artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se refiere a las protecciones especiales de las que gozan los niños. En el primer párrafo proclama el deber de proteger a los niños, en el segundo la obligación de no reclutarlos y en los siguientes tres las protecciones especiales de los niños soldados que han sido detenidos. El problema, según Provost, es que este protocolo “elude por completo la fase intermedia en la que el niño está tomando parte activa en las hostilidades”.

El estatus protegido de los niños también aparece en la Convención Internacional de Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación por la Ley 12 de 1991, que establece en su artículo tercero que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”. Y además el Artículo 44 de la Constitución dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

Bajo este estatus protegido, según argumenta Provost, si por ejemplo un adulto en uniforme huye de una batalla no necesariamente se asume que deja de ser un combatiente pues puede ser una huida estratégica, mientras que por otro lado un niño que huye sí se debe asumir que se convierte inmediatamente en civil y por tanto deja de ser un blanco legítimo.

Además, Provost argumenta que los medios y métodos permitidos en contra de los niños soldados también deben reflejar su carácter protegido. La prohibición de causar sufrimientos innecesarios (Artículo  35, Protocolo I) al ser aplicada al caso de los niños soldados significa que solo son blancos legítimos cuando hay una necesidad militar tangible para el ataque y ninguna otra opción viable puede ser identificada. 

Casualmente, el autor utiliza como un ejemplo el caso de un niño soldado reclutado por las Farc que hace una siesta contra un árbol cuando es identificado por un dron del Ejército (el artículo es de enero de 2016). Provost dice que en este caso es necesario que se demuestre la ventaja militar específica de atacar a este niño y además que no hay ninguna alternativa menos dañina para el niño para que sea legítimo atacarlo.

Varón, el profesor del Rosario, dijo que el uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar enfocado a poner al otro fuera de combate capturándolo o hiriéndolo y que matar siempre debe ser la última opción.

En esto también coincide Vivanco, de Human Rights Watch: “Si efectivamente hay evidencias que allí había menores y que esos menores estaban participando activamente en las hostilidades, eso no los convierte automáticamente en un blanco militar legítimo. El que lanza el ataque, en este caso el Ejército, tiene la obligación jurídica de evaluar si es factible arrestarlos y no darlos de baja”.

Varón además dijo que por más importante que sea un objetivo militar no se puede justificar cualquier cantidad de daño colateral y que en este caso los niños soldados no eran el objetivo de la operación sino un daño colateral, el objetivo era el comandante alias “Gildardo el Cucho”. Varón dijo que el Ejército debió haber sido diligente a la hora de advertir que los menores de edad estaban allí y haber agotado otras opciones para sacarlos de combate sin usar fuerza letal. 

A pesar de que el Ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que cuando se hizo la operación no sabía de la presencia de menores de edad, ya el personero de Puerto Rico, Caquetá, había advertido del reclutamiento de menores en la zona. También una investigación de La Silla Vacía demostró que al menos tres entidades diferentes le habían advertido al Ejército en varias ocasiones sobre la presencia de menores de edad reclutados en la zona.

Para hacer este chequeo intentamos contactar a Nieto Loaiza para preguntarle por su interpretación del DIH no nos contestó los mensajes.

Así que aunque es verdad, como dice Nieto Loaiza, que incluso los menores de 15 años que empuñan las armas pueden ser blancos legítimos bajo el DIH, esto no es automático y las exigencias que se deben cumplir para que sean un blanco militar legítimo son bastante altas, mucho más que en el caso de los adultos. Por tanto no es verdad que los niños soldados no estén protegidos por el derecho internacional humanitario, por eso calificamos la afirmación de Nieto Loaiza de "cuestionable".

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Jueves, 11 Julio 2019

La verdad sobre la carta de ‘Tirofijo’ al presidente Valencia

Por José Felipe Sarmiento

El fundador de las Farc, ‘Manuel Marulanda’, sí le escribió al mandatario en 1964. Pero fue durante la Operación Marquetalia, no antes, y no ofreció entregar las armas de forma explícita.

La cuenta de Twitter @EsMemorable, que se dedica a compartir contenido histórico, publicó un mensaje en el que asegura que “en 1964, ‘Tirofijo’ y 30 campesinos ofrecieron entregar las armas al presidente [Guillermo León] Valencia (...) a cambio de una escuela, un centro de salud y un camino vecinal para sacar las cosechas a la carretera” y que, ante esto, la “respuesta” del Gobierno “fue atacarlos en Marquetalia”, vereda de Planadas, Tolima.

Captura de pantalla del tuit cuestionable sobre la carta de Tirofijo a Valencia

Un lector le pidió a Colombiacheck revisar si es verdad que Pedro Antonio Marín, líder de las Farc conocido con los alias de ‘Manuel Marulanda Vélez’ y ‘Tirofijo’, envió esa propuesta y si el gobierno de Valencia respondió con el famoso ataque a Marquetalia.

Aunque la carta sí existe, no dice nada sobre entregar las armas. Por otro lado, el mandatario no ordenó el ataque en respuesta a la misiva, pues esta fue escrita con la acción militar ya en marcha y entregada casi un mes después.

El ataque a Marquetalia

La Operación Marquetalia o Soberanía comenzó oficialmente el 18 de mayo de 1964, ordenada por el presidente Valencia. Se trató de una intervención por la fuerza en la más famosa de las “repúblicas independientes” que había denunciado el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado tres años antes: comunidades de campesinos armados en 16 puntos del país, remanentes de la Violencia y la amnistía otorgada por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla.

Las fuentes difieren sobre el tamaño de las tropas, apoyadas por Estados Unidos. Varía de 1.200 a 16.000 hombres entre una versión y otra.

Del otro lado, según los relatos guerrilleros, estaban ‘Marulanda’ y 30 personas. Documentos desclasificados en los Archivos Nacionales de Washington, que reveló la revista Semana en 1999, concuerdan con esa versión, matizada por una capacidad de convocatoria para 200 combatientes más. El Departamento Administrativo de Seguridad reportaba, semanas antes, que eran al menos 400 efectivos armados y 800 con el personal de apoyo.

Informe de inteligencia del DAS al Gobierno sobre Marquetalia

Las consecuencias de ese ataque, que duró tres meses, todavía son materia de debate.

El origen de las Farc

Esa ofensiva del Ejército pasó a ser el mito fundacional de la antigua guerrilla de las Farc, hoy convertidas en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que la concebían “como una agresión del Estado contra la población campesina, hecho que precipitó el tránsito hacia su definición como organización guerrillera”. Así lo recuerda el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“De manera contraria, en el discurso de algunos de los generales que participaron en la operación, el ataque a Marquetalia fue posterior a la ofensiva y a la reactivación de la lucha guerrillera de este grupo, que ya habría iniciado en 1963”, contrasta en seguida el documento publicado en 2013.

La misma discusión se aprecia en el informe que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, conformada por 14 académicos, le entregó a la mesa de diálogos de La Habana en 2015. Un relator, Eduardo Pizarro Leongómez, recuerda que el Partido Comunista Colombiano había aprobado la utilización de “todas las formas de lucha” desde 1960 y señala como “indudable la continuidad” entre sus guerrillas y las Farc. El otro, Víctor Manuel Moncayo, reconoce esa relación pero le da más valor a los acontecimientos del 64 como hitos en el origen de ese grupo armado.

Mientras seis de los comisionados ni siquiera mencionan la vereda en sus ensayos, otros como Sergio de Zubiría Samper, Jairo Estrada Álvarez y el padre Javier Giraldo Moreno plantean que lo sucedido allí fue determinante en la génesis de la guerra. El sacerdote jesuita, por ejemplo, toma como referencia la proclama del 20 de julio de 1964 en la que se dio el anuncio definitivo del alzamiento armado en la región, tras la operación militar en cuestión.

Daniel Pécaut, más moderado, asegura que el ataque significó “un giro importante” en la historia. Lo considera “el punto de partida del relato heroico que Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, ambos líderes, van a escribir y que se va a convertir en el breviario de sus reclutas”. Con esta versión, que califica como “casi oficial”, también sitúa el origen del conflicto armado en 1964.

Para María Emma Wills, Marquetalia fue una motivación del “proceso organizativo armado” de las autodefensas campesinas comunistas que terminarían convertidas en las Farc. Estas, según la comisionada, “elaboraron una memoria que puso el énfasis en los excesos militares y que reforzó la imagen de unas Fuerzas Armadas monolíticas –enemigas absolutas de los comunistas y de los campesinos, e instrumento de los intereses norteamericanos—”, pese a las divisiones que había en el Ejército de la época.

Pero el ensayo para La Habana que dedica más extensión a los hechos que rodearon esa operación es el de Alfredo Molano Bravo, ahora miembro de la Comisión de la Verdad. Él considera que el conflicto armado nació en 1948 y la toma señala, en palabras de ‘Arenas’, el paso “de la resistencia a la guerra guerrillera auténtica”. Recuerda que ‘Marulanda’ y sus compañeros nunca dejaron las armas que habían empuñado en la Violencia aunque, a finales de los 50, alcanzaron a trabajar en obras para sus comunidades con el gobierno de Alberto Lleras Camargo.

“En 1957, los grupos armados de orientación comunista decidieron suspender la acción guerrillera pero conservaron las armas, en previsión de posibles ataques del gobierno o de otros grupos. (...) En el sur del Tolima, orientados por Pedro Antonio Marín, ‘Tirofijo’, tuvieron confrontaciones abiertas con autoridades y otros grupos armados”, relata Jorge Orlando Melo en su Historia mínima de Colombia (El Colegio de México y Turner, 2017). El autor resalta que el ataque a Marquetalia se había aplazado desde 1962 y califica su ejecución como “contraproducente”, porque impulsó a los defensores de la lucha armada.

Los hechos en los que hay acuerdo son que las Farc nacieron como tales después de Marquetalia (asumieron ese nombre en 1966), pero sus primeros líderes estaban armados desde mucho antes y ambas partes habían ejecutado acciones violentas previas a esa operación militar. Lo que revisó Colombiacheck, dentro de todo ese cuadro, fue un hecho específico: la existencia de la carta y su relación con el histórico ataque ordenado en el gobierno de Valencia.

Referencias

El historiador Arturo Alape menciona el documento en su libro Las vidas de Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo (Planeta, 2004). En boca de ‘Jacobo Arenas’, otro líder de las Farc, cuenta que en 1964 les enviaron cartas abiertas a instituciones y personalidades para pedir que intervinieran en contra de la operación, pues el plan se había filtrado desde abril, según el diario del jefe guerrillero, y el rumor había llegado a los medios de comunicación por declaraciones de oficiales de alto rango en las Fuerzas Militares.

“Nos dirigimos a todo el mundo, tocamos todas las puertas, al gobierno, a sus ministros, denunciando la agresión del ejército contra una región agraria, que hasta ese momento, la verdad histórica, era defendida por un grupo de autodefensa”, relata en la página 323 de la obra de Alape.

Tanto el historiador como ‘Arenas’ citan una carta dirigida por la comunidad, liderada por ‘Tirofijo’, al presidente Valencia. “Sabe que nuestro ‘delito’ para ganarnos las iras de la oligarquía y de los altos mandos militares que la locura de vuestra excelencia estimula, reside en nuestra oposición al sistema bipartidista paritario del ‘frente nacional’ (sic) oligárquico, que consideramos antidemocrático y antinacional”, decía la misiva.

Este fragmento también aparece en una crónica de Molano Bravo para el diario El Espectador en 2014. En ese periódico se ha contado la historia de esta carta más de una vez. Una nota de Jaime Flórez Suárez daba mayores detalles en 2015. Entre otros, menciona que la carta tenía 16 firmantes, incluido ‘Marulanda’, que pedían “la apertura de carreteras y caminos vecinales” para Marquetalia. El periodista interpreta que lo ofrecían a cambio de dejar las armas, pero no presenta una cita literal que lo compruebe.

La historia de esta correspondencia es consistente con la que siempre ha escuchado la senadora Griselda Lobo, más conocida como ‘Sandra Ramírez’. La congresista de la Farc fue la última pareja de Marín, fallecido en 2008, y hoy replica la versión de los hechos que él le dio. “Lo que nos relataban es que no solo le escribieron al presidente sino a la Iglesia y a todo aquél que se les atravesó para tratar de evitar la operación”, recuerda.

Motivados o no por esos escritos, al presidente sí le llegaron reclamos de diferentes sectores por la intención de atacar Marquetalia.

Por el lado del clero, monseñor Germán Guzmán Campos y los sacerdotes Gustavo Pérez Ramírez y Camilo Torres Restrepo (el mismo que luego se uniría al ELN) quisieron prestar sus buenos oficios para acercar a las partes, pero el cardenal Luis Concha Córdoba les negó la autorización. Con la Iglesia fuera de la comisión por el diálogo, también renunciaron los demás integrantes, que eran académicos destacados y políticos liberales: Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina. Las noticias sobre fallida delegación, tomadas de la prensa de entonces, aparecen en las biografías de sus protagonistas y en el libro de Alape sobre ‘Tirofijo’.

En el Archivo General de la Nación reposan otros pronunciamientos dirigidos al Gobierno en los que grupos de mujeres, sindicatos y otras organizaciones sociales de todo el país les pedían a Valencia y sus ministros reconsiderar sus planes militares contra Marquetalia, de los que se habían enterado por los periódicos. “Si el Gobierno Nacional está interesado por la verdadera PAZ, el progreso económico, social y cultura para los Colombianos, debe impedir por todos los medios que Mrquetalia sea arrazados sus moradores y sus plantaciones” (sic), decía una comunicación que el jefe de Estado recibió el 13 de mayo de 24 “jóvenes de distintas corrientes políticas y pertenecientes a diferentes ramas del trabajo”.

Diversos documentos dirigidos al gobierno Valencia en rechazo a la Operación Marquetalia

Pero las correspondencia viajaba lento. Algunos de esos documentos llegaron al Palacio de San Carlos, la sede presidencial de la época, cuando la operación contra Marquetalia ya estaba en curso. Tatiana Acevedo cuenta, en un artículo publicado por El Espectador en 2010, que el caso de la carta firmada por ‘Marulanda’ y compañía fue similar. La radicación es del 17 de junio de 1964, un mes después de que comenzó el ataque. Pero hay algo más: según la nota, la fecha del envío es el 27 de mayo, también posterior al inicio de la ofensiva.

El libro de Alape y el diario de ‘Arenas’ ubican el primer combate directo entre las partes el mismo 27 de mayo. Acevedo incluso menciona, entre las muchas quejas expresadas en la misiva, la inquietud por el cerco militar. Esto quiere decir que ‘Tirofijo’ y los marquetalianos respondieron al ataque con la carta; no fue Valencia quien les contestó con las acciones militares, como dice el trino. La comunicación original confirma esta conclusión, pese a una diferencia de tiempo con los datos de El Espectador.

Carta abierta

Colombiacheck encontró la Carta abierta de los colonos y campesinos de Marquetalia al presidente, doctor Guillermo León Valencia en cinco hojas ligeramente arrugadas y de bordes amarillentos que corresponden a los folios 48 a 52, de los 119 que contiene la carpeta 1 de la caja 150, en la que el Archivo General de la Nación guarda la correspondencia sobre orden público del despacho de la Presidencia de la República de 1964.

El encabezado de Marquetalia, sur del Tolima, dice que fue escrita el 20 de mayo de ese año, no el 27. En todo caso, el ataque ya estaba en marcha. Desde la primera página, ‘Marulanda’ y los demás firmantes, que en realidad eran cerca de 300, recuerdan que “el 18 del presente, los altos mandos militares anunciaron oficialmente que este día había comenzado la invasión militar contra nuestra región” y se quejan de que “las [escuelas] que había producto del esfuerzo colectivo de las gentes de aquí, ya fueron suprimidas por el Ejército para convertirlas en cuarteles”.

Además, la carta se tardó casi un mes en llegar a su destino. El sello de radicación ante el despacho del presidente con el número 49025 sí es del 17 de junio, como lo había contado Acevedo.

En la tercera hoja está la ya citada frase que aparece en los textos de Alape, ‘Arenas’ y Molano sobre la oposición de la comunidad de Marquetalia al Frente Nacional. Después de un largo recuento de los problemas de la zona y su versión de los historia violenta de Colombia desde 1946, en el penúltimo párrafo enumeran sus exigencias. Estas coinciden con las peticiones resumidas por los artículos de El Espectador, pero no se limitan a ellas:

“Exigimos del gobierno el inmediato retiro de todas las fuerzas oficiales de la región (...), restaurar el principio de autoridad y las facultades de administración a los poderes departamentales del Huila, Tolima, Valle y Cauca (...), pedimos el restablecimiento de las escuelas ocupadas hoy por las fuerzas militares, la apertura de carreteras, caminos vesinales (sic), puestos de salud, restablecimiento bajo garantía para el gremio de arriería de sus derechos de profesión (...), devolución inmediata de los bienes de campesinos y colonos usurpados por las fuerzas militares reaccionarias y juicios sumarios públicos, contra los militares aquí denunciados”.

En la carta no hay, sin embargo, ofrecimiento alguno de entrega o siquiera dejación de armas a cambio. Por el contrario y aunque afirman son “enemigos de la violencia, repudiamos la violencia, y luchamos contra la violencia”, le advierten al presidente “que sabremos cobrar caro la vida de nuestros dirigentes y cada colono, campesino o indígena que sea víctima de la nueva agresión a Marquetalia” y cierran declarándose “dispuestos a morir peleando”.

Carta de Tirofijo y otros líderes de Marquetalia al presidente Valencia

Así, el trino es cuestionable porque la carta existió pero fue una respuesta al anuncio oficial de que había empezado la Operación Marquetalia y no al revés. Antes del ataque, los llamados al Gobierno para que reconsiderara sus planes fueron hechos por terceros intermediarios o independientes. Además, las peticiones que cita la cuenta son ciertas, pero no están planteadas para “entregar las armas”; en cambio, ‘Marulanda’ y las 15 personas que firman a su lado reivindican su lucha armada ante la ofensiva ya inminente.

[Actualización el 8 de agosto de 2019]

El historiador Robert Karl, miembro del Instituto para Estudios Avanzados en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Manchester, le escribió a Colombiacheck el pasado 6 de agosto a través de Twitter con una corrección sobre el número de firmantes de la carta. “No fue firmada por 16 personas, sino por más de 300”, señaló el académico, doctorado en Harvard con una tesis sobre la violencia y la formación del Estado en Colombia en ese periodo.

Tras contactarlo por correo, Karl envió fotografías de las ocho páginas de firmas, incluida la última hoja de la carta, donde está la rúbrica de ‘Marulanda’. Las últimas siete no están con el documento consultado para esta nota en el Archivo General de la Nación. El historiador tuvo acceso a ellas en 2007, cuando todavía estaban guardadas en Presidencia.

Firmas que acompañaban la carta de Marquetalia al presidente Valencia

Este dato fue corregido en el texto, pero no cambia la calificación del chequeo.