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Jueves, 07 Noviembre 2019

Los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos, pero son más protegidos por el DIH que los adultos combatientes

Por Isabel Caballero Samper

El Derecho Internacional Humanitario da protecciones especiales a los soldados menores de edad que son reclutados ilegalmente por grupos armados, pero sí permite que sean considerados combatientes y por tanto blancos legítimos de la fuerza letal en su contra.

Rafael Nieto Loaiza, viceministro del interior y de justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe y precandidato presidencial del Centro Democrático en 2017, publicó un hilo en Twitter sobre el bombardeo denunciado por el senador Roy Barreras en el que murieron siete o más menores de edad. 

En el tercero de los 12 trinos que publicó, Nieto Loaiza dice que “los menores de edad, incluso los menores de quince años, que empuñan las armas, son combatientes y, por tanto, son blancos legítimos y no están protegidos por el derecho internacional humanitario, sin importar la edad que tengan”.

Calificamos esta afirmación de “cuestionable” porque, a pesar de que en algunas circunstancias los niños soldados sí pueden ser blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es verdad que este no los proteja. Tanto ante el DIH como ante otros instrumentos internacionales (y nacionales) los niños gozan de un estatus de protección especial.

En primer lugar hace falta aclarar que, aunque según el Estatuto de Roma es un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años”, en el Código Penal Colombiano (Ley 599 del año 2000, Artículo 162) el delito de “reclutamiento ilícito” cobija a “menores de 18 años”. 

Además, Colombia es firmante del “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados” (que en Colombia entró en vigor el 12 de febrero de 2002 a través de la Ley 833 de 2003 y el Decreto 3966 de 2005) donde se determina que la edad mínima legal para vincular a un adolescente a un ejército, regular o no, es de 18 años. 

Esto significa que los niños y adolescentes menores de 18 años que hayan sido reclutados por un grupo armado son considerados niños soldados y que quien los haya reclutado está cometiendo un delito.

Sin embargo, hay un largo debate internacional al respecto. René Provost, profesor de derecho internacional de la Universidad de McGill en Canadá, publicó una entrada en el blog del European Journal of International Law en 2016 analizando si los niños soldados son blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario, pues según explica hay un vacío en la literatura legal sobre este tema.

Aunque no hay acuerdo entre los expertos sobre esto, Provost dice que sí se puede considerar que los niños soldados pueden ser combatientes en todo el sentido del término.  

Aquí viene otra complicación, pues el derecho internacional no es claro en la definición de “combatiente” en el caso de los conflictos armados internos, como es el caso de Colombia. Provost utiliza la definición de combatiente que aparece en la “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario” del Comité Internacional de la Cruz Roja que es que una persona asuma una “función continua para el grupo” (es decir que no es espontánea o esporádica) y que esta función comprenda su “participación directa en las hostilidades”. 

La guía de la Cruz Roja dice explícitamente que “existe la posibilidad de que incluso las personas civiles que son obligadas a participar directamente en las hostilidades o los niños que no tienen edad legal para ser reclutados [sean considerados combatientes y por tanto] pierdan la protección contra los ataques directos”.

En esto también coincide Antonio Varón, profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario experto en DIH, quien le dijo a Colombiacheck que cuando una persona está empuñando un arma, sea o mayor de edad o no, su contrincante está legitimado para contrarrestarlo a través del uso de la fuerza. 

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista en RCN Radio esta mañana dijo que “si se trata de menores que participaban activamente en las hostilidades (...) el derecho internacional humanitario no distingue [entre si son menores de edad o no]”. Y un punto clave en el que insistió varias veces es que “Habría que determinar si esos menores participaban o no de las hostilidades. porque si no participaban son civiles”.

Volviendo a la argumentación de Provost, el profesor de McGill argumenta que aún si se considera que los niños soldados pueden ser blancos legítimos, el test que se aplica para determinar si un niño es o no un combatiente debería ser más exigente que el que se aplica para un adulto, porque los niños tienen un estatus protegido bajo la ley internacional y por tanto debe haber una presunción a su favor del carácter civil. 

Este profesor explica que el Artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales se refiere a las protecciones especiales de las que gozan los niños. En el primer párrafo proclama el deber de proteger a los niños, en el segundo la obligación de no reclutarlos y en los siguientes tres las protecciones especiales de los niños soldados que han sido detenidos. El problema, según Provost, es que este protocolo “elude por completo la fase intermedia en la que el niño está tomando parte activa en las hostilidades”.

El estatus protegido de los niños también aparece en la Convención Internacional de Derechos del Niño, incorporada a nuestra legislación por la Ley 12 de 1991, que establece en su artículo tercero que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”. Y además el Artículo 44 de la Constitución dice que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". 

Bajo este estatus protegido, según argumenta Provost, si por ejemplo un adulto en uniforme huye de una batalla no necesariamente se asume que deja de ser un combatiente pues puede ser una huida estratégica, mientras que por otro lado un niño que huye sí se debe asumir que se convierte inmediatamente en civil y por tanto deja de ser un blanco legítimo.

Además, Provost argumenta que los medios y métodos permitidos en contra de los niños soldados también deben reflejar su carácter protegido. La prohibición de causar sufrimientos innecesarios (Artículo  35, Protocolo I) al ser aplicada al caso de los niños soldados significa que solo son blancos legítimos cuando hay una necesidad militar tangible para el ataque y ninguna otra opción viable puede ser identificada. 

Casualmente, el autor utiliza como un ejemplo el caso de un niño soldado reclutado por las Farc que hace una siesta contra un árbol cuando es identificado por un dron del Ejército (el artículo es de enero de 2016). Provost dice que en este caso es necesario que se demuestre la ventaja militar específica de atacar a este niño y además que no hay ninguna alternativa menos dañina para el niño para que sea legítimo atacarlo.

Varón, el profesor del Rosario, dijo que el uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar enfocado a poner al otro fuera de combate capturándolo o hiriéndolo y que matar siempre debe ser la última opción.

En esto también coincide Vivanco, de Human Rights Watch: “Si efectivamente hay evidencias que allí había menores y que esos menores estaban participando activamente en las hostilidades, eso no los convierte automáticamente en un blanco militar legítimo. El que lanza el ataque, en este caso el Ejército, tiene la obligación jurídica de evaluar si es factible arrestarlos y no darlos de baja”.

Varón además dijo que por más importante que sea un objetivo militar no se puede justificar cualquier cantidad de daño colateral y que en este caso los niños soldados no eran el objetivo de la operación sino un daño colateral, el objetivo era el comandante alias “Gildardo el Cucho”. Varón dijo que el Ejército debió haber sido diligente a la hora de advertir que los menores de edad estaban allí y haber agotado otras opciones para sacarlos de combate sin usar fuerza letal. 

A pesar de que el Ministro de Defensa Guillermo Botero dijo que cuando se hizo la operación no sabía de la presencia de menores de edad, ya el personero de Puerto Rico, Caquetá, había advertido del reclutamiento de menores en la zona. También una investigación de La Silla Vacía demostró que al menos tres entidades diferentes le habían advertido al Ejército en varias ocasiones sobre la presencia de menores de edad reclutados en la zona.

Para hacer este chequeo intentamos contactar a Nieto Loaiza para preguntarle por su interpretación del DIH no nos contestó los mensajes.

Así que aunque es verdad, como dice Nieto Loaiza, que incluso los menores de 15 años que empuñan las armas pueden ser blancos legítimos bajo el DIH, esto no es automático y las exigencias que se deben cumplir para que sean un blanco militar legítimo son bastante altas, mucho más que en el caso de los adultos. Por tanto no es verdad que los niños soldados no estén protegidos por el derecho internacional humanitario, por eso calificamos la afirmación de Nieto Loaiza de "cuestionable".

Martes, 04 Julio 2017

¿Los paramilitares se ensañaron contra las mujeres rurales?

Por Sania Salazar

La frase es de la exministra liberal Cecilia López. Estudios del Centro de Memoria Histórica, en los que se basa López, indican que la situación fue así, por lo menos en el Caribe colombiano.

En una reciente columna de Cecilia López Montaño que tituló El odio y la paz, la exministra y exsenadora liberal escribió: “Entre quienes han analizado el conflicto sin sesgos políticos se afirma que los paramilitares fueron los responsables de las mayores atrocidades cometidas en la guerra, especialmente contra las mujeres rurales”.

Colombiacheck llamó a López para saber en qué fuente en particular basó su afirmación. La columnista explicó que está escribiendo un artículo para un libro en el que tiene las cifras de violencia contra la mujer en el conflicto colombiano, pero que no puede publicar la información todavía.

“La violencia de las Farc contra la mujer fue mucho contra sus propias guerrilleras, los paramilitares no tenían un número importante de mujeres, ellos sí ejercieron un poder muy fuerte usando la violencia sexual para debilitar la posición de los campesinos en las regiones, para debilitar a los hombres y forzar el desplazamiento, ese proceso fue supremamente cruel”. indicó la columnista.

López aclaró que aunque las Farc también fue violenta con las mujeres de las comunidades, no es comparable con la de los paramilitares, porque en el caso de ese grupo armado la violencia contra las mujeres fue muy concreta como instrumento para someter las regiones, para debilitar la unidad familiar, debilitar a los hombres y forzar el desplazamiento

López indicó que la información se encuentra en un estudio realizado por la investigadora María Emma Wills del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, sobre los actos de violencia cometidos por los paramilitares contra las mujeres en el Caribe colombiano.

Si bien Colombiacheck revisó varios informes del Cnmh y de otras organizaciones que concluyen que en el conflicto armado colombiano las mujeres sufrieron de manera acentuada la violencia de los paramilitares, hay que tener en cuenta que son estudios de zonas muy específicas del país y que no encontramos un estudio con cifras generales del fenómeno en Colombia. Por tanto, calificamos la frase de López como aproximada. Por otra parte, varios de los informes se hicieron cuando aún no estaba en curso el proceso de negociación y paz con las guerrillas y por esta razón, en la introducción de varios informes sobre la experiencia de las mujeres en la guerra, el GMH aclara que estos son hallazgos que es necesario ir revisando a medida que el contexto ofrezca mayor seguridad a las mujeres para hablar con tranquilidad de lo vivido bajo dominios guerrilleros.

Lo que hay en la memoria histórica

El informe Basta Ya, del Cnmh, explica que la violencia sexual, particularmente la violación, ha sido una de las modalidades de violencia que ha impactado mayoritaria y directamente a las mujeres.

Según este informe, de 63 casos de víctimas de violación sexual documentados por este Centro, en Magdalena entre 1990 y 2005 “40 fueron perpetrados por grupos paramilitares (63,5%), cuatro por las guerrillas (6,3%), cuatro por miembros de las Fuerza Pública (6,3%), uno (en alianza) de grupos paramilitares y miembros de las Fuerza Pública (1,6%) y los 14 restantes no tienen un autor identificado (22,2%).

“Además de reconocer la magnitud de los hechos de violencia sexual, es crucial registrar la variación entre grupos armados en su uso y modalidades. Si bien el registro cuantitativo muestra una baja cobertura en cuanto a la distribución de responsabilidades, el registro testimonial del trabajo de campo del Grupo de Memoria Histórica revela indicios que ponen de presente la alta prevalencia de los grupos paramilitares en este tipo de acciones, seguidos de las guerrillas y los miembros de la Fuerza Pública”, precisa el informe.

Basta Ya indica además, que luego de revisar, depurar y actualizar el anexo reservado del Auto 092 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el conflicto armado identificaron 142 casos ocurridos entre 1990 y 2010. “Entre estos, 129 fueron perpetrados por grupos paramilitares (90,9%), mientras que 13 por las guerrillas (9,1%)”.

El informe contrastó estas cifras con las del Registro Único de Víctimas, RUV, que en el momento de realización de Basta Ya reportaba presunta autoría en 748 de los 1.754 casos que tenía registrados. “Entre estos, 370 fueron perpetrados por las guerrillas (49,5%), 344 por grupos paramilitares (46%), ocho por miembros de la Fuerza Pública (1,1%), siete por más de un autor y 19 por otros”.

El informe Mujeres y guerra, víctimas y resistentes en el Caribe colombiano se pregunta en esa zona del país, ¿cuál es la proporción de víctimas mujeres en relación con el universo de víctimas hombres?

“El porcentaje de mujeres víctimas sobre el universo total de las que se conoce la identidad o el sexo, se mantiene alrededor del 10% pero a partir de 2001 empieza a ascender y sobrepasa el 12%. En el período en el que se empieza a hablar de negociación con los paramilitares y se constituye una mesa de diálogo en Santa Fe de Ralito (2003), el número de víctimas no disminuye y el porcentaje de mujeres sobrepasa el 12%. En 2004 y 2005, en pleno proceso de negociación, aun cuando el número total desciende, el porcentaje de mujeres víctimas aumenta drásticamente (21,77%) y en 2005 sigue siendo alto (13,54%)”. concluye.

Análisis de la violencia “para” contra la mujer

Los documentos y estudios consultados por Colombiacheck coinciden en mostrar una acentuada violencia contra la mujer de parte de los paramilitares.

“Masacres como la Rochela, El Salado, Bahía Portete, La Gabarra y el Alto Naya, son claros ejemplos de la estrategia de erradicación de cualquier movimiento de carácter rural que pudiese desestabilizar el proyecto paramilitar. En ese contexto, el desplazamiento, el despojo y la violencia sexual se convirtieron en mecanismos persistentes de agresión contra las mujeres rurales y sus movimientos organizativos”, indica un documento de la Defensoría del Pueblo publicado en 2014 y titulado El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural. Estudios de casos en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá.

El informe La otra violencia: control paramilitar y vida cotidiana en Rincón El Mar y Libertad, del Centro de Memoria Histórica, relata que durante el periodo en que los paramilitares vivieron en Rincón del Mar y Libertad, en Sucre, las mujeres constituyeron el grupo más vulnerado, pues el proyecto paramilitar en estos dos corregimientos impuso un único modelo de mujer aceptada. Aquellas que se salían de estos parámetros fueron públicamente humilladas y castigadas. "Los problemas intrafamiliares, las infidelidades y triángulos amorosos, las desautorizaciones y la rebeldía de la mujer contra los esposos se convirtieron en los principales delitos sancionados por los armados”.