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Jueves, 13 Febrero 2020

No existe ningún indicio de que la fosa de Dabeiba sea de las Farc

Por Isabel Caballero Samper

Algunos comentaristas aseguran que la fosa común que ahora investiga la JEP en Antioquia había sido creada por las Farc. Pero no encontramos pruebas que demuestren que esto esté comprobado como dicen las publicaciones.

En diciembre la revista Semana y El Espectador publicaron la noticia de que funcionarios de la Justicia Especial para la Paz (JEP) están investigando las versiones de un grupo de militares según las cuales, en el cementerio del municipio de Dabeiba, en el occidente antioqueño, habrían enterrado los cuerpos de 50 o más personas que habrían asesinado y hecho pasar falsamente como muertos en combate.

Pocos días después se empezó a mover en redes sociales y entre algunos usuarios de Twitter la idea de que la fosa, realmente, era obra de las Farc y que esto ya había sido comprobado. Revisamos esta afirmación y encontramos que no hay pruebas que la apoyen y que es falso que esté comprobada.

Como supuestas pruebas de la responsabilidad de las Farc, además de una falsa portada de la revista Semana sobre la que ya hicimos un chequeo, se compartieron varias publicaciones en Facebook. Además, algunos tuiteros, como el columnista David Ghitis en Twitter, dieron por cierta esa versión.

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Le preguntamos a Ghitis de dónde venía esa información y cuáles eran sus fuentes para respaldarla. Nos dijo que “un análisis juicioso de las noticias de la época sumado al conocimiento de cómo actuaron siempre las FARC, me lleva a concluir que esa fosa común fue utilizada por las FARC para sepultar allí a sus muertos”.

Ghitis argumentó que en octubre de 2000 las Farc atacaron Dabeiba (ataque que en efecto ocurrió, como contaremos más adelante) y que aunque hay cifras sobre víctimas de la fuerza pública, no hay datos oficiales sobre el número de bajas que sufrieron las Farc en este ataque. Según Ghitis, la fosa común que encontró la JEP en el Cementerio Católico de Las Mercedes debió haber sido utilizada por las Farc para sepultar a sus muertos de manera clandestina para ocultar el número de bajas que habían sufrido.

Ghitis, además, dijo: “yo no creo que la fosa común publicada por revista SEMANA sea de falsos positivos pues no se ajusta a lo que buscaban quienes asesinaban campesinos para mostrarlos como guerrilleros. Precisamente eso: no los mostraron. Esa fosa era para esconder”.

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La identificación de las víctimas

El Instituto Colombiano de Medicina Legal está avanzando en el proceso de identificación de los cadáveres en la fosa de Dabeiba pero aún no han publicado ningún informe identificando a quién corresponden los cuerpos.

El 17 de febrero la JEP anunció que el primero de estos cuerpos había sido identificado y sería entregado a su familia diciendo en un trino que "fue plenamente identificada esta persona que habría sido asesinada por parte de miembros de la fuerza pública en 2002". Se trataba de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un joven de 23 años fue retenido por el Ejército en 2002 de la finca en la que estaba trabajando y cuyo cuerpo fue encontrado en Dabeiba como si hubiera muerto en combate.

[Actualización 17 de febrero de 2020: le agregamos más información al párrafo anterior para incluir el anuncio de la JEP de la identificación del primero de los cadáveres encontrados en el cementerio de Dabeiba.]

Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) han acompañado a la JEP como observadores en la investigación del Caso 003 de ese tribunal, que busca esclarecer las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, es decir, los casos conocidos como “falsos positivos”.

En una entrevista del 25 de diciembre del año pasado, Claudia García Fino, directora de Medicina Legal, le explicó a Colprensa la labor que había avanzado su institución como parte de este caso. García dijo que había recibido 17 cuerpos de la primera fase de exhumación de la fosa de Dabeiba hecha por la Unidad de Investigaciones y Acusaciones de la JEP. 

La directora también dijo que un primer informe preliminar tendría los resultados de las necropsias médico-legales que incluyen la individualización de los cuerpos y las causas de muerte. En ese momento se toman también muestras para cotejar primero con un banco de perfiles genéticos de desaparecidos de la región y luego con el banco de todos los desaparecidos del país. 

Según dijo García en la entrevista, ese primer informe de avances sería publicado hacia la tercera semana de enero. También dijo que esperaba recibir más restos humanos de Dabeiba una vez la JEP reiniciara las exhumaciones en el nuevo año. Pero este informe preliminar aún no ha sido publicado, según le confirmó Medicina Legal a Colombiacheck, y no se sabe aún cuándo estará listo. Además, los resultados que identificarían plenamente a las víctimas no estarían en este informe preliminar, sino en un informe completo posterior, para el cual García no dio fecha.

Medicina Legal y la JEP serán las encargadas de identificar los cadáveres y dar un veredicto final. Sin embargo, al revisar el contexto histórico, tanto del conflicto armado en Dabeiba, como de los llamados “falsos positivos”, pudimos ver que es muy improbable que las personas enterradas en esta fosa hayan sido miembros o víctimas de las Farc.

La historia del conflicto armado en Dabeiba

Según Mario Aguilera Peña, autor del informe “Guerrilla y población civil, trayectoria de las FARC 1949-2013” del Centro Nacional de Memoria Histórica, las Farc llegaron en 1969 a la zona que comprende el Urabá y el occidente antioqueño. Dabeiba queda justamente en el límite entre estas dos regiones: es el último municipio del occidente de Antioquia sobre la carretera que va de Medellín a Apartadó. Las Farc llegaron en alianza con el Partido Comunista que había estado allí haciendo trabajo político y sindical desde los años cincuenta.

Según documentó Verdad Abierta en una historia del Frente 5 de las Farc, este se había establecido en San José de Apartadó en 1971 (es decir dos años más tarde de lo que dice Aguilera) y a finales de los años setenta se desdobló y creó el Frente 18 en los límites entre Córdoba y el Urabá antioqueño. La guerrilla empezó un periodo de rápido crecimiento y en 1982 la Séptima Conferencia creó nuevos frentes en la región: el 34 para operar en los límites con el Chocó entre los ríos Atrato y Darién; el 35, el 36 y el 37 en el Nordeste antioqueño; el 58 junto al 5 en la zona bananera; y el 47, primero en el Magdalena Medio y luego en el Suroeste y Oriente lejano de Antioquia.

Estas ocho estructuras respondían al Frente 5 que consideraban el “Frente Madre” y juntas conformaban el Bloque Noroccidental, que en un comienzo se llamó Bloque José María Córdova y luego Bloque Iván Ríos.

La fuerza de las Farc en la región era tanto militar como política. En las elecciones de 1986 la Unión Patriótica, UP, que había sido creada un año antes durante el proceso de paz de las Farc con el gobierno de Belisario Betancur, obtuvo mayorías en los concejos de Apartadó y de Mutatá (municipio vecino de Dabeiba). En 1988, en la primera elección popular de alcaldes, la UP ganó las alcaldías de estos dos municipios y además la mayoría en el Concejo de Arboletes.

Luego en los años noventa el paramilitarismo logró tomar el control del eje ganadero y bananero de Urabá, según cuenta Aguilera en su libro. El proyecto Rutas del Conflicto registra cuatro masacres perpetradas por los paramilitares en Dabeiba y cinco masacres más en el municipio vecino de Mutatá entre 1996 y 1999, con un saldo total de 52 víctimas. Los responsables de estos crímenes fueron en un primer momento las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de la casa Castaño y el grupo Los Velengues de Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán. Estas organizaciones luego se unieron bajo la sombrilla de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y continuaron operando en Dabeiba a través del Bloque Élmer Cárdenas y en Mutatá también con los bloques Bananero y Metro.

Por su lado, las Farc “emitieron un comunicado en el que declararon objetivo militar a quienes colaboraran con los paramilitares” y “atacaron de forma indiscriminada a los pobladores de la región”. Por ejemplo, El Tiempo registró en Dabeiba en septiembre 1998 una masacre de 8 personas cometida por las FARC.

Los paramilitares les dieron fuertes golpes a las Farc (y especialmente a las comunidades campesinas que consideraban sus bases civiles) y obligaron a la guerrilla a replegarse. La sentencia la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra alias El Alemán, citada por Verdad Abierta, dice que este comandante dijo que el propósito de la Operación Conjunta a Dabeiba de las AUC fue “liberar el municipio” que “se encontraba a merced del grupo de las Farc”.

En 1997 Iván Márquez llegó a la región para dar un nuevo ímpetu a las Farc. Aunque al año siguiente la Brigada XVII del Ejército desmanteló su principal base de operaciones que quedaba en Villa Arteaga, Mutatá, Márquez logró fortalecer a la guerrilla.

En su libro, Aguilera explica que el ritmo de la guerra se intensificó en todo el país en la segunda mitad de los noventa cuando, aprovechando la debilidad del gobierno de Ernesto Samper, las Farc “intentó dar el salto de la guerra de guerrillas a la fase de guerra de movimientos”. En esta modalidad, se juntaban entre 500 y en algunas ocasiones hasta 1.200 combatientes de varios frentes para atacar contundentemente al Ejército.

Bajo el mando de Márquez las Farc consiguieron controlar el Cañón de La Llorona, una zona selvática entre Dabeiba y Mutatá, atacaron Mutatá en marzo de 1998, dejando 39 militares muertos y atacaron la base de la Infantería de Marina en Juradó en 1999. También atacaron Dabeiba, dejando más de 50 soldados muertos, incluyendo los tripulantes de un helicóptero que lograron tumbar. Este es el ataque del que habla Ghitis en sus trinos.

A la par, entre 1997 y 2002 el paramilitarismo intensificó sus acciones y, según el libro de Aguilera, logró dejar en muy malas condiciones a las Farc, tanto en esta región, como en general en el norte del país.

Verdad Abierta recoge que, según el testimonio de El Alemán ante Justicia y Paz, en 2001 las AUC conformaron el Frente Dabeiba. El portal también cuenta que los informes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo dicen que desde ese año en adelante “la población de la zona empezó a ser objeto de homicidios selectivos, desapariciones, señalamientos, bloqueo económico, saqueos y masacres”.

Para 2005, dice Verdad Abierta, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH decía que, mientras la guerrilla estaba en la zona rural del municipio, especialmente en la parte nororiental hacia el Nudo de Paramillo, la cabecera urbana y los cascos de algunos corregimientos estaban en manos de las AUC.

El Bloque Élmer Cárdenas fue uno de los últimos en desmovilizarse en agosto de 2006, pues El Alemán se negó a negociar con los demás jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito, argumentando que estos se habían aliado para matar a Carlos Castaño y permitir el ingreso de narcotraficantes puros a las negociaciones.

Después de la desmovilización, el hermano de “El Alemán”, Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, fundó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas ahora como el Clan de Golfo o Los Urabeños) junto a Dairo Úsuga, alias Otoniel.

Desde ahí el conflicto en la región se fragmentó y reconfiguró. En 2013 el observatorio InSight Crime dijo que el Bloque Noroccidental era “el más débil dentro de las divisiones de las Farc, en términos de mando y control, y por lo tanto, corre el mayor riesgo de fragmentación y criminalización”. Una de las razones para decir esto era que el bloque era comandado desde Venezuela (y luego desde La Habana) por Iván Márquez y el día a día de las operaciones estaba en manos de “Isaías Trujillo”, de más de 70 años y cuyo nombre real era Luis Carlos Úsuga Restrepo. Es decir que el líder de las Farc era primo del líder de Los Urabeños. Otro alto mando del Bloque Noroccidental, Luis Carlos Durango, alias “Jacobo Arango”, también era de la familia Úsuga.

¿Podrían los N.N. del cementerio ser de las Farc?

La abogada Liliana Uribe, coordinadora del espacio de litigio estratégico de diez organizaciones de derechos humanos, coincide con Ghitis en decir que “las Farc siempre cargaban con sus muertos, entre otras cosas porque mostrarlos y hacerlos visibles dentro de las lógicas de la guerra hace que muestren debilidad. No mostraban sus muertos cuando eran muertos en combate”.

Pero la abogada considera que es “imposible” que la guerrilla hubiera utilizado el cementerio católico del casco urbano de Dabeiba para enterrar a sus muertos. “Dabeiba era un municipio en el que hacía presencia la guerrilla, pero no era un municipio donde la guerrilla estuviera en las calles porque es un municipio más o menos grande. Entonces lo que hace la guerrilla es entrar y salir y hacer ataques al comercio o a la Policía. Pero ella tiene más influencia hacia las zonas rurales”.

Nuestra investigación de la historia de Dabeiba coincide con esto: las Farc nunca tuvieron dominio absoluto del casco urbano de Dabeiba y por lo tanto no se entiende cómo hubieran podido disponer del Cementerio Católico de Las Mercedes para enterrar subrepticiamente a sus muertos. Los cementerios no son tierras de nadie donde cualquiera entra a enterrar a sus muertos sin ningún control. Menos aún en el caso de un cementerio católico de un municipio grande como Dabeiba.

Según un informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el caso del Cementerio de La Macarena en el Meta, a comienzos de la década del 2000, el manejo de los cadáveres de personas no identificadas y de la administración de los cementerios se regían bajo la Ley 09 de 1979 de la Protección del Medio Ambiente. Los cadáveres no identificados eran considerados evidencia judicial y por tanto deberían estar siempre bajo la cadena de custodia, aunque el informe advierte que la ley nunca fue “observada en su totalidad”.

El ataque a Dabeiba del año 2000 había terminado con la retirada de las Farc después de 30 horas de combate con el Ejército. Ese día murieron dos policías, 30 militares contraguerrilla y 22 militares que viajaban en un helicóptero Black Hawk que las Farc lograron derrumbar aparentemente con una bala que alcanzó al piloto mientras intentaba aterrizar. Ghitis tiene razón en que no hay registro de cuántos guerrilleros murieron en ese combate, pero dado que las Farc se retiraron y no se pudieron tomar el pueblo, no se entiende cómo hubieran podido entrar a enterrar sus cadáveres en el Cementerio de Las Mercedes. Así que es improbable    que los cadáveres que fueron encontrados en ese cementerio sean los combatientes de las Farc que murieron ese día.

Liliana Uribe, además, agregó que aunque las Farc asesinaron a muchas personas en Dabeiba, no tiene sentido que estas víctimas hubieran sido enterradas como N.N. (personas de las cuales se desconoce sus nombres) en las fosas comunes del cementerio porque “era gente del territorio” y sus propias familias les habrían hecho los enterramientos.

Alejandro Ramelli, el magistrado de la JEP encargado del caso, habló en emisora La FM y dejó en claro que en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba sólo hay víctimas de la Fuerza Pública que están siendo investigadas como posibles falsos positivos. 

Otra cosa es la posibilidad, que la JEP también está investigando, de que en las zonas rurales del municipio de Dabeiba que sí fueron controladas por la guerrilla haya víctimas de las FARC. "En los alrededores de Dabeiba, donde estaban los campamentos, sí hay fuertes indicios de ejecuciones y desapariciones de las Farc," dijo el magistrado en La FM.

[Actualización 22 de febrero de 2020: le agregamos más información a los dos párrafos anteriores para incluir lo que dijo el magistrado Ramelli sobre la diferencia entre las víctimas del Ejército que están en el cementerio católico de Dabeiba y las posibles víctimas de las FARC que estarían en fosas clandestinas en las zonas rurales.]

¿Enterrar N.N. en un cementerio legal se ajusta a los métodos de los falsos positivos?

Otro argumento de Ghitis para afirmar que la fosa común de Dabeiba “resultó ser de las Farc” fue que “no se ajusta a lo que buscaban quienes asesinaban campesinos para mostrarlos como guerrilleros. Precisamente eso: no los mostraron. Esa fosa era para esconder”.

Colombiacheck revisó el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Philip Alston, presentado en 2010 para entender cómo funcionaban los falsos positivos.

El relator dice que “en las unidades militares se ejercía cierta presión para ‘mostrar resultados’ y demostrar que el ejército seguía ganando terreno a la guerrilla y a los delincuentes” pero no especifica en qué época fue esto. Liliana Uribe precisó que la política de pago de recompensas que incentivó “mostrar resultados” a través de muertes en combate fue la Directiva ministerial 029 de 2005 del Ministerio de Defensa.

Alston dice en su informe que como para esta época las guerrillas ya se habían comenzado a replegar alejándose de las zonas pobladas, “algunas unidades militares se vieron en mayores dificultades para entrar en combate. En esas zonas se incentivó a algunas unidades para que hicieran montajes de muertes en combate”.

En otras zonas, dice el relator, “los soldados consideraban que los guerrilleros eran particularmente peligrosos y se mostraban reacios a librar combates contra ellos. Era ‘más fácil’ asesinar a civiles”. Y, finalmente, en otros lugares “existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada”. Entonces, “como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”.

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, las Fuerzas Armadas libraron 197 combates en la zona de Dabeiba entre 2001 y 2005. Estos son 107 más que en el período anterior de 1995-2000 cuando, como ya lo contamos, las Farc estaban más presentes y en actitud de ataque contra las Fuerzas Armadas. Es sospechoso que los combates subieran de manera tan escandalosa después de que las guerrillas se replegaran y se redujeran.

Liliana Uribe, la abogada de organizaciones de derechos humanos, agregó que en los falsos positivos existen desde los años setentas y el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. Desde esa época el Ejército mataba líderes locales y campesinos que luego presentaba como guerrilleros muertos en combate para “castigar a la población, que consideraban la base social de la guerrilla”. Ella explica que en este primer momento era la misma gente de la zona la que era detenida por la fuerza pública y después aparecía en la morgue como muerta en combate.

En cambio en un segundo periodo que para Uribe empieza con la Política de Seguridad Democrática y la ya mencionada Directiva Ministerial 029 de 2005, era más común que llevaran a personas de un lado del país a otro, como en el caso de los falsos positivos de Soacha que fueron asesinados y presentados como muertos en combate en Ocaña, para evitar levantar sospechas. La finalidad de ese desplazamiento, según Uribe, es que, al enterrarlos como N.N., esto les dificulta a sus familiares encontrarlos. “Hacen todo para que no los puedan encontrar”. Esto es lo que sospecha la JEP que sucedió en Dabeiba, pues creen que los N.N. que fueron enterrados como muertos en combate eran personas que habían traído desde Medellín.

Según explica el informe del Relator Especial de Naciones Unidas, cuando una unidad militar notifica de una muerte en combate, la inspección inicial de los hechos y del cadáver está a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Aunque el Código Penal Militar dice que el fiscal militar tiene la obligación de examinar el cadáver, un acuerdo entre el Ministro de Defensa y la Fiscalía del 14 de junio de 2006 decía que las muertes en combate deben ser inspeccionadas en primer lugar por el CTI (Directiva permanente 10 de 2007 y su complemento la Directiva permanente 19 de 2007). Esto significa que, para los años en los que la JEP sospecha que sucedieron los casos de Dabeiba, entre 2005 y 2006, no había esta prioridad para que los casos fueran investigados por el CTI (el acuerdo entre ministerio y Fiscalía sería anulado por el Consejo de Estado en el 2012).

Además, Alston dijo que “la presencia de investigadores externos limita las posibilidades de los militares de encubrir los homicidios y fomenta la transparencia. Sin embargo, no impide que miembros de las fuerzas militares interfieran en la escena del crimen antes de que el CTI se haga presente”.

El relator trató de confirmar en qué porcentaje de los casos el CTI se encarga directamente de la inspección y no lo logró. El Ministerio de Defensa le respondió que no tenía datos exactos pero que el CTI se encargaba de "la gran mayoría” de casos. Y la Fiscalía dijo que el CTI estaba “en condiciones de atender al 95% de las escenas de crímenes y que la imposibilidad de responder al 5% restante se debía a la falta de transporte, el peligro (por ejemplo, cuando continuara el conflicto) o la dificultad de llegar al lugar por las características del terreno o la situación geográfica”. La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima según el informe de Naciones Unidas en el 98,5%.

Por otro lado, el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Cementerio de La Macarena” de septiembre de 2010 explica que en ese lugar “antes de julio de 2007 no existió inspección técnica del lugar de los hechos. Hasta esa fecha las Fuerzas Militares trasladaban los cadáveres de las personas reportadas como muertas en combate desde el lugar donde éste ocurría hasta la cabecera municipal”. Además, “aunque hubo fechas concretas en las que la responsabilidad de la práctica de las inspecciones de cadáver y su registro estaba en manos de una institución concreta, la oficina observó que en ocasiones varias instituciones llevaban a cabo las mismas funciones sin una organización clara, lo que impactó en la fiabilidad, calidad y precisión de los registros”.

El ex soldado que compareció ante la JEP dijo que para legalizar los falsos positivos el Ejército reportaba muertes en combate en zonas de Dabeiba de difícil acceso por razones geográficas y porque los combates continuaban para que la Fiscalía no pudiera llegar. En estos casos la Fiscalía le daba al Ejército permiso excepcional para hacer el levantamiento de los cadáveres y llevarlos a la morgue del cementerio donde se hacían las necropsias. Así, dijo el ex soldado, podían manipular la escena y hacer un montaje que mantuviera todos los visos de legalidad.

Es muy improbable la sugerencia de Ghitis de que los cadáveres N.N. fueron escondidos por las Farc, pues la guerrilla no habría seguido el proceso para enterrarlos en el cementerio, ni en momento alguno tuvieron suficiente control sobre el pueblo como para simplemente crear una fosa en un cementerio en la cabecera municipal y enterrarlos allí.

Lo más probable es que los cuerpos de los muertos en combate (reales o falsos) hayan sido llevados a la cabecera municipal y entregados en la morgue por miembros del Ejército para que se siguiera el proceso necesario para enterrarlos: que se les hiciera una necropsia, legalizando así cada muerte. Esto resultaba en que los cadáveres fueran enterrados en la sección N.N. del cementerio. Pero esta no era una forma de esconderlos, puesto que los cuerpos ya habían sido mostrados y legalizados.

En el cementerio hay 32 necropsias de cuerpos que el Ejército registró como muertos en combate y de esas solo 10 tienen actuaciones en la justicia penal militar. Pero, viendo el ejemplo del cementerio de La Macarena mencionado más arriba, es completamente plausible que otras necropsias de cadáveres legalizados como N.N. muertos en combate reposen en otras instituciones.

Además, hay indicios de que el cementerio de Dabeiba fue recientemente manipulado, pues las cruces que marcan las tumbas fueron cambiadas de dirección y pintadas recientemente.

De manera que lo que ha sido descubierto en Dabeiba por la JEP y la versión que recibió del antiguo soldado que dijo que allí se encuentran los restos de por lo menos 50 falsos positivos sí se ajusta al modus operandi de los falsos positivos en otras regiones del país. Es de recalcar que hasta ahora estos son sólo indicios y que las conclusiones finales serán determinadas por la JEP con la ayuda de Medicina Legal.

En conclusión, es falso que se haya comprobado o se sepa que la fosa de Dabeiba encontrada en el Cementerio Católico Las Mercedes sea de víctimas de las FARC y no de la Fuerza Pública. Esto no sólo no está demostrado sino que no hay ningún indicio de que sea cierto pues la evidencia histórica muestra que las posibles víctimas de las FARC no estarían enterradas en ese cementerio del casco urbano sino en fosas clandestinas en las zonas rurales del municipio. 

Por lo tanto, calificamos las afirmaciones de Ghitis y otros comentaristas de que “se comprobó” que los muertos enterrados en la fosa del cementerio de Las Mercedes “resultaron” ser de las Farc como falsas.

[Actualización 22 de febrero de 2020: le agregamos más información a los dos párrafos finales para aclarar que lo que se chequeó fue la afirmación de que se habría comprobado que la fosa común del Cementerio Católico de Las Mercedes fuera de las FARC.]

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Martes, 04 Octubre 2016

“Plebiscito no tiene efecto jurídico alguno, el efecto es político”: Timochenko

Por Sania Salazar

Aunque el comandante máximo de las Farc quiera negarlo, el plebiscito tuvo efectos jurídicos: la imposibilidad de implementar el Acuerdo Final ante el triunfo del No y de sostener el cese al fuego bilateral más allá del 31 de octubre próximo, según anuncio del Presidente.

Un día después de un plebiscito que no era obligatorio realizar, el comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, aseguró que ese mecanismo de refrendación del acuerdo entre el Gobierno y esa guerrilla solo tiene efecto político. La implementación del acuerdo está en veremos porque triunfó el No en las urnas y frenó los mecanismos jurídicos para adelantarlo. Por eso Colombiacheck califica la frase como falsa.

En su discurso Jiménez habló de una sentencia de la Corte Constitucional en la que consta que el plebiscito no tiene efecto jurídico.

Le solicitamos a las Farc mediante correo electrónico y WhatsApp una entrevista con Jiménez para saber en qué punto específico de la sentencia basa su afirmación, pero no hemos obtenido respuesta.

A continuación revisamos la sentencia C 379 de 2016 en la que la Corte Constitucional avaló el plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo Gobierno-Farc, que en la página 288 dice: “la refrendación popular del Acuerdo tiene naturaleza exclusivamente política, consistente en un mandato al Presidente de la República para la implementación de una decisión política a su cargo, a través de los canales y procedimientos dispuestos por la Constitución y la ley para ese efecto”.

Pero, en la páginas 291 y 293 la Corte deja claro que hay consecuencias jurídicas: en el caso de la aprobación del plebiscito la obligación del Presidente de implementar los acuerdos, pero en el caso del triunfo del No, la imposibilidad de llevarlos a cabo.

“Así, las consecuencias de la decisión del Pueblo convocado en plebiscito también son de la mayor entidad y en modo alguno pueden comprenderse como una mera sugerencia, sino como mandatos con soporte jurídico constitucional, derivado del contenido y alcance del principio de soberanía popular”, deja en claro la sentencia.

Lo político incide en lo jurídico

Colombiacheck consultó a María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, quien aclaró que los efectos políticos y jurídicos están directamente relacionados.

Rodríguez Peñaranda explicó que el efecto político es simbólico. Significa un mensaje de la sociedad al Estado diciéndole que está de acuerdo o no con su política. Es una manifestación abierta que en el caso del Acuerdo Final no era un paso obligatorio. Haber optado por realizar el plebiscito tenía el objetivo de revestir de mayor democracia la decisión. Era abrir un acuerdo Gobierno-Farc a Colombia para volverlo un pacto de todos.

El efecto jurídico está más asociado con normas que imponen procedimientos, que establecen mandatos, que otorgan derechos, precisó Rodríguez Peñaranda.

La profesora indicó que cuando se estableció el plebiscito como uno de los pasos adquirió efectos jurídicos, que fue una decisión política con impacto jurídico porque el resultado es que el país no está de acuerdo.

“Políticamente ya no se puede negar que también tiene un efecto jurídico, es decir, los acuerdos estaban condicionados a que pasaran por las urnas y que se validara con el Sí, ahora que ganó el No es muy difícil meterle el gol al país de decirle que ese paso no era tan importante, después de que se nos convocó a las urnas, eso se convierte en un acto que tiene efectos que no se pueden negar”, resaltó.

El efecto jurídico de darles voz a los ciudadanos para que se pronunciaran sobre el proceso y se sintieran parte de él tiene efectos tangibles.

“La Corte dice que acto seguido al plebiscito que validaría los acuerdos seguiría el paso de radicar ante el Congreso lo que sería la refrendación como tratado internacional para ser parte del bloque de constitucionalidad y ese es un acto jurídico”.

Ese efecto jurídico que suena tan abstracto no es más que esa incertidumbre en la que está Colombia sobre qué va a pasar, pues tal como está el Acuerdo no se puede implementar hasta que no se llegue a un consenso con quienes votaron No.

Una consecuencia directa de la negativa a aceptar el Acuerdo Final con las Farc, que se negoció durante más de cinco años, es poner en riesgo la pacificación alcanzada en buena parte de Colombia, como documentó el Centro de Recursos de Análisis de Conflictos, Cerac, y lo contó Colombiacheck tomando como ejemplo la experiencia de 147 días sin homicidios por el conflicto armado que registró Puerto Asís, Putumayo.

Prueba de lo anterior es que hoy el presidente Santos anunció que el cese bilateral y definitivo con las Farc solo irá hasta el próximo 31 de octubre.