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Martes, 17 Septiembre 2019

No, hijo de Francisco Santos no falsificó su título de abogado

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Un artículo del portal Pluralidad Z retoma un informe de Caracol Radio y lo titula desacertadamente. Es cierto que el congresista Santos no se ha graduado de derecho, pero afirmar que falsificó el título es inexacto.

Hace dos semanas Caracol Radio publicó la primera entrega del informe “¿Mienten o no los congresistas en sus hojas de vida?”. Según el medio, “luego de revisar las hojas de vida de 278 congresistas, tanto privadas como públicas, 6AM Hoy por Hoy encontró inconsistencias en al menos 40”.

En esta primera entrega, la emisora reveló inconsistencias en la información académica de los congresistas Carlos Alberto Cuenca, Óscar Villamizar, John Jairo Cárdenas y Gabriel Santos García. Este último es el hijo del ex vicepresidente y actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.  

El portal Pluralidad Z retomó la información de Caracol radio y publicó, una semana más tarde, un artículo titulado: “Hijo de Pacho Santos terminó falsificando su título de abogado”.

Captura de pantalla

El primer párrafo del artículo dice: “Se descubrió que Gabriel Santos, el hijo de Pacho Santos (Francisco Santos Calderón), ostenta un título de abogado sin tener más que el de bachiller. Dicha noticia se descubrió después de una investigación rigurosa de varios funcionarios del gobierno donde se sacaron a luz sus títulos falsificados”. Y continúa mencionando el informe de la emisora. 

Esto fue lo que publicó Caracol Radio sobre Gabriel Santos: “En el portal del SIGEP [Sistema de Información y Gestión del Empleo Público] el representante Santos aparece como abogado, también dan a entender que tiene esa profesión su propia página web y Congreso Visible”. 

El informe continúa con una entrevista que le hicieron al congresista en la cual este señala que estudió nueve semestres de derecho en la Universidad de los Andes, pero nunca terminó la carrera y que después se fue un año a estudiar a la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. De ninguna de las dos instituciones obtuvo título alguno.

“Representante, ¿pero por qué en todos los perfiles que veo usted aparece como abogado junior… en el SIGEP?”, le pregunta el periodista. A lo que Santos responde: “No, yo presenté todo en el SIGEP, presenté los títulos y ahí está todo lo mío digamos hasta noveno”. 

“Pero también en su página web, en la página de Congreso Visible… dice que usted es abogado”, contrapregunta el periodista y el representante dice: “No, yo puse que estudié derecho. Sí trabajé en Gómez Pinzón Zuleta y en Holland and Knight. Lo que pasa es que ahí a veces le dan a uno ese título o de asistente o algo así”. Se refiere al cargo de asistente junior que aparece en la captura de pantalla que adjunta la emisora:

Érika Cepeda, monitora de investigación de Congreso Visible, le dijo a Colombiacheck que durante la pasada campaña al Congreso la organización desarrolló una investigación en la que se basó parte del informe de Caracol Radio. En esa primer investigación, Congreso Visible tomó datos de las páginas oficiales de los candidatos. 

Así quedó registrado en la página de Congreso Visible un párrafo en relación a los estudios de Gabriel Santos: “Decidí dedicarme a terminar mis estudios en derecho y posteriormente estuve vinculado a firmas de abogados, espacio donde trabajé en temas minero-energéticos”.

A excepción de este párrafo (que fue modificado y ahora dice “tengo estudios en derecho”), toda la biografía de Santos aparece en su página web tal cual como la tomó Congreso Visible.  

En una segunda etapa de la investigación de Congreso Visible, cuenta Cepeda, hicieron la actualización a través de entrevistas e información del directorio legal para realizar una base de datos. Y en esta base de datos, Congreso Visible no registra nivel educativo para el representante Santos. Esta fue la imagen de la misma que nos remitió Cepeda:

Por su parte, en el directorio legal de Gabriel Santos dice que no tiene títulos académicos.

Efectivamente el representante Santos da a entender que es abogado, porque indica que tiene estudios en derecho, pero no ha afirmado que los haya culminado y tenga el título. Y, hasta donde Colombiacheck pudo averiguar, no ha falsificado título alguno. En cualquier caso, de acuerdo con Érika Cepeda, no es requisito tener un título de universitario para ser congresista, “es más”, dice, “ni siquiera hay una clase de estándar mínimo de educación”.

De modo que calificamos la nota de Pluralidad Z como cuestionable, pues utiliza la información disponible para llegar a una conclusión errónea.

Lunes, 05 Marzo 2018

Plazas Vega confunde cifras de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos

Por Sania Salazar

El candidato al Senado asegura que no se cumplió la meta de erradicación de cultivos ilícitos, cuando, en realidad, se sobrepasó. En su crítica omite que el programa tiene dos componentes y generaliza con los datos de uno solo.

Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército, conocido por liderar la retoma del Palacio de Justicia, y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, criticó en su cuenta de Twitter los resultados de la política de erradicación de cultivos de coca en el país. Según el candidato, en febrero de 2017 el Gobierno fijó la meta de erradicar 100 mil hectáreas de coca, pero no lo logró, por lo que ampliaron el plazo hasta mayo, pero a la fecha del trino (8 de febrero de 2018) solo habían erradicado 16 mil hectáreas.

 

 

Después de consultar varias fuentes oficiales y un estudio sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el país, Colombiacheck califica la afirmación como engañosa porque, aunque la cifra de la meta es cierta, esta se refiere a dos estrategias: erradicación y sustitución, de las cuales la primera superó su objetivo -totalmente contrario a lo que dice el candidato- y la otra sí es la que ha tenido problemas para su ejecución.

Plazas Vega adjunta en el trino un video en el que el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, informa que la meta del Gobierno para 2017 es “afectar y sustituir 100 mil hectáreas de cultivo de coca, de las cuales 50 mil en procesos de sustitución voluntaria y 50 mil en procesos de erradicación forzada”. Esa es la primera precisión que hay que hacer, pues quien lea el trino, pero no vea el video, puede creer que el objetivo era erradicar las 100 mil hectáreas, cuando el plan incluía también sustitución. Los medios, registraron el anuncio de la meta del Gobierno en enero de 2017.

Por un lado, en lo que tiene que ver con erradicación, un informe del Ministerio de Defensa indica que en 2017 erradicaron manualmente 52.001 hectáreas y que en enero de 2018 el conteo iba en 1.615, lo que da un total de 53.616. Es decir, se han erradicado 37.616 más hectáreas de las que dice Plazas Vega. Además, superaron las 50 mil prometidas, por lo que sobrepasaron la meta en erradicación. ¿Pero cuántas se han sustituido?

El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto, Eduardo Díaz Uribe, aseguró el pasado 22 de febrero en una columna en El Tiempo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha certificado la sustitución de 16.754 hectáreas de coca.

Una cifra menor cita el informe ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos. Balance del 2017 y lo que viene en 2018, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. “Con la información disponible no es posible determinar cuántas hectáreas fueron erradicadas voluntariamente durante ese año. Si bien las familias reportaron casi 40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de sustitución, hasta diciembre de 2017 Unodc había verificado un poco más de 15.000 (la tercera parte de la meta anual establecida)”.

En cuanto al plazo para alcanzar la meta de sustitución, El Espectador informó en septiembre de 2017 que, según el Alto Consejero para el Posconflicto, este se cumpliría a finales de 2017 o inicios de 2018. Sin embargo, Díaz Uribe le dijo a Colombiacheck que la fecha límite es mayo de este año, pues, aunque ambas estrategias fueron anunciadas en febrero, la de sustitución tuvo una primera etapa de conversación con las comunidades y, como tal, inició tres meses después, en mayo de 2017. De todos modos, a tres meses de la nueva meta, Naciones Unidas sólo da cuenta de que se ha alcanzado un 33%.

Además, contactamos a un asesor y al equipo de prensa de Plazas Vega para saber en qué fuente se basó para asegurar lo de la ampliación del plazo y la mencionada cifra de erradicación, pero no hemos recibido respuesta. En resumen, la frase del candidato usa cifras cercanas a la realidad, pero las pone en el contexto equivocado:

 

  1. La meta de erradicación era de 50 mil hectáreas, no de 100 mil. Ese último dato hace referencia a la meta del programa completo, es decir, mitad erradicación y mitad sustitución.
  2. La meta de erradicación sí se alcanzó, e incluso se superó.
  3. La ampliación del plazo, en el caso de la sustitución, parece que sí se dio, pues el gobierno, efectivamente, inicialmente habló de que se cumplirían las dos metas durante el año pasado.
  4. No se han erradicado 16 mil hectáreas, sino 53.616. Al parecer, el candidato confundió esa cifra con los alcances que ha tenido el programa de sustitución, cuyas dificultades explicamos a continuación.

La sustitución, difícil y lenta

El director del programa de sustitución resaltó que la sustitución depende del involucramiento de las familias cultivadoras y explicó que Naciones Unidas verifica si esta se está realizando, proceso que está rezagado por motivos de seguridad: “de 17 misiones que se hicieron entre enero y febrero 12 fueron bloqueadas”, informó.

Díaz Uribe indicó que los principales problemas a los que se han enfrentado para lograr que los cultivadores de coca sustituyan sus sembrados por productos lícitos es la desconfianza en las instituciones. También los intereses de quienes no quieren que esos cultivos desaparezcan, que han derivado en problemas de seguridad como asesinatos de líderes y bloqueos de las actividades de sustitución y de verificación de las Naciones Unidas.

El informe de la FIP aclara que a un año de la implementación del Acuerdo Final y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es apresurado sacar conclusiones sobre su éxito o su fracaso.

“La sustitución requiere de recursos y tiempo. Se trata, nada más y nada menos, que de generar condiciones para que comunidades afectadas por la guerra y dependientes de esta economía ilegal sean incluidas social y productivamente. En otras palabras, que el Estado llegue y permanezca en territorios donde su presencia ha sido intermitente”, dice el informe.

El documento da cuenta de los avances, pero también de las dificultades del proceso de sustitución:

-El aumento en las tasas de homicidios y los altos niveles de violencia en las zonas donde se desarrolla la sustitución de cultivos.

-La respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza, con la creación de centros estratégicos, sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural.

-La asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto no han llegado a las regiones. “Actualmente, hay miles de familias recibiendo un subsidio mensual sin ningún tipo de orientación o asistencia técnica”.

-La inversión en bienes públicos es claramente insuficiente.

Coordinación con Mindefensa

Díaz Uribe explicó que el Ministerio de Defensa, encargado de la erradicación, ayuda en el proceso de sustitución brindando seguridad y ayudando en la sustitución cuando la comunidad lo solicita, en un trabajo conjunto que han denominado “sustitución asistida” o “sustituir con seguridad”. La diferencia entre ambas estrategias radica en que para las sustitución el punto de partida son las familias, mientras que para la erradicación son las matas”, precisó.