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Martes, 17 Septiembre 2019

No, hijo de Francisco Santos no falsificó su título de abogado

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Un artículo del portal Pluralidad Z retoma un informe de Caracol Radio y lo titula desacertadamente. Es cierto que el congresista Santos no se ha graduado de derecho, pero afirmar que falsificó el título es inexacto.

Hace dos semanas Caracol Radio publicó la primera entrega del informe “¿Mienten o no los congresistas en sus hojas de vida?”. Según el medio, “luego de revisar las hojas de vida de 278 congresistas, tanto privadas como públicas, 6AM Hoy por Hoy encontró inconsistencias en al menos 40”.

En esta primera entrega, la emisora reveló inconsistencias en la información académica de los congresistas Carlos Alberto Cuenca, Óscar Villamizar, John Jairo Cárdenas y Gabriel Santos García. Este último es el hijo del ex vicepresidente y actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.  

El portal Pluralidad Z retomó la información de Caracol radio y publicó, una semana más tarde, un artículo titulado: “Hijo de Pacho Santos terminó falsificando su título de abogado”.

Captura de pantalla

El primer párrafo del artículo dice: “Se descubrió que Gabriel Santos, el hijo de Pacho Santos (Francisco Santos Calderón), ostenta un título de abogado sin tener más que el de bachiller. Dicha noticia se descubrió después de una investigación rigurosa de varios funcionarios del gobierno donde se sacaron a luz sus títulos falsificados”. Y continúa mencionando el informe de la emisora. 

Esto fue lo que publicó Caracol Radio sobre Gabriel Santos: “En el portal del SIGEP [Sistema de Información y Gestión del Empleo Público] el representante Santos aparece como abogado, también dan a entender que tiene esa profesión su propia página web y Congreso Visible”. 

El informe continúa con una entrevista que le hicieron al congresista en la cual este señala que estudió nueve semestres de derecho en la Universidad de los Andes, pero nunca terminó la carrera y que después se fue un año a estudiar a la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. De ninguna de las dos instituciones obtuvo título alguno.

“Representante, ¿pero por qué en todos los perfiles que veo usted aparece como abogado junior… en el SIGEP?”, le pregunta el periodista. A lo que Santos responde: “No, yo presenté todo en el SIGEP, presenté los títulos y ahí está todo lo mío digamos hasta noveno”. 

“Pero también en su página web, en la página de Congreso Visible… dice que usted es abogado”, contrapregunta el periodista y el representante dice: “No, yo puse que estudié derecho. Sí trabajé en Gómez Pinzón Zuleta y en Holland and Knight. Lo que pasa es que ahí a veces le dan a uno ese título o de asistente o algo así”. Se refiere al cargo de asistente junior que aparece en la captura de pantalla que adjunta la emisora:

Érika Cepeda, monitora de investigación de Congreso Visible, le dijo a Colombiacheck que durante la pasada campaña al Congreso la organización desarrolló una investigación en la que se basó parte del informe de Caracol Radio. En esa primer investigación, Congreso Visible tomó datos de las páginas oficiales de los candidatos. 

Así quedó registrado en la página de Congreso Visible un párrafo en relación a los estudios de Gabriel Santos: “Decidí dedicarme a terminar mis estudios en derecho y posteriormente estuve vinculado a firmas de abogados, espacio donde trabajé en temas minero-energéticos”.

A excepción de este párrafo (que fue modificado y ahora dice “tengo estudios en derecho”), toda la biografía de Santos aparece en su página web tal cual como la tomó Congreso Visible.  

En una segunda etapa de la investigación de Congreso Visible, cuenta Cepeda, hicieron la actualización a través de entrevistas e información del directorio legal para realizar una base de datos. Y en esta base de datos, Congreso Visible no registra nivel educativo para el representante Santos. Esta fue la imagen de la misma que nos remitió Cepeda:

Por su parte, en el directorio legal de Gabriel Santos dice que no tiene títulos académicos.

Efectivamente el representante Santos da a entender que es abogado, porque indica que tiene estudios en derecho, pero no ha afirmado que los haya culminado y tenga el título. Y, hasta donde Colombiacheck pudo averiguar, no ha falsificado título alguno. En cualquier caso, de acuerdo con Érika Cepeda, no es requisito tener un título de universitario para ser congresista, “es más”, dice, “ni siquiera hay una clase de estándar mínimo de educación”.

De modo que calificamos la nota de Pluralidad Z como cuestionable, pues utiliza la información disponible para llegar a una conclusión errónea.

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Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.