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Martes, 24 Julio 2018

A pesar de los trinos de Uribe, los homicidios no siempre aumentan cuando aumentan las hectáreas de coca

Por Ana María Saavedra

El expresidente saca pecho por la reducción de cultivos ilícitos en su gobierno y dice que el Presidente actual “nos deja el asesinato aplazado”. Una frase que calificamos de Engañosa.

En las últimas semanas, el expresidente Álvaro Uribe ha estado muy activo en Twitter en el tema de los homicidios y los cultivos ilícitos.

Lo primero que ha hecho es recordar que Juan Manuel Santos deja su presidencia con una alta cifra de cultivos ilícitos que, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, para 2017 fueron 209.000 hectáreas.

El actual senador aprovechó ese hecho para lanzar dardos a su antiguo aliado.

 

 

 

 

 

Al analizar estas dos frases, consultando con tres analistas expertos y usando las cifras del gobierno de Estados Unidos, los censos de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) y los informes de homicidios Forensis de Medicina Legal y de la Policía (revelados por Ideas para a Paz y el Ministerio de Defensa), encontramos que las afirmaciones del senador Uribe son Engañosas.

Lo primero que debemos decir es que Uribe tiene razón en resaltar que durante su gobierno (7 de agosto de 2002 a 7 de agosto de 2010) los homicidios bajaron. Una publicidad del Centro Democrático, divulgada en las pasadas elecciones por redes sociales, indicaba que “durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe disminuyeron los homicidios 46,2%”.

Esta cifra es cierta, teniendo en cuenta las estadísticas de homicidios de la Policía Nacional. Si se tiene en cuenta las cifras del Instituto de Medicina Legal la baja fue de un 44%, solo dos puntos de diferencia.

 

 

 

Uribe, en su tuit dice, que Santos “se ufana de la disminución del asesinato, (mucho menor que en el periodo 2002-2010)”. En efecto, durante la era Uribe la disminución de los homicidios fue mayor que la disminución durante los siete años de Santos que se han contabilizado hasta el momento.

Según las cifras de la Policía, los homicidios desde el 2010 hasta el 2017 han tenido una baja de 14%. Las de Medicina Legal reportan un descenso del 24%.

Esta diferencia se debe a que las dos entidades han tenido cifras diferentes históricamente. La diferencia radica especialmente en el último año del gobierno Uribe. Mientras que la Policía reportó 15.459 homicidios en 2010, Medicina Legal contabilizó 16.459.

Además, las diferencias en números y métodos de reporte han generado un debate sobre cuáles son las cifras más acertadas para usar al discutir el registro de los homicidios en Colombia.

El estudio ‘Los Homicidios en Colombia: Un análisis comparativo de las fuentes de información’, de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto, Cerac, indica que “un evento puede ser identificado por cada una de las fuentes. Por ejemplo, puede ser reportado como homicidio por una entidad y como muerte indeterminada o en accidente por otra”.

Sin embargo, Restrepo aclara que su estudio no tiene el ánimo de resolver el debate de la calidad de las cifras.

Por su parte, Andrés Villaveces, experto en epidemiología de la violencia e investigador del Banco Mundial en temas de seguridad, cree que Medicina Legal es la fuente más confiable para revisar las cifras de homicidios. Para Villaveces, Medicina Legal “es una fuente confiable que lleva casi 20 años o más recolectando sistemáticamente esta información y reportándola”.

Más allá de las cifras

Tanto Villaveces como la economista Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil y experta en prevención y análisis de la violencia, coincidieron en que las afirmaciones de Uribe son simplistas.

Villaveces cree que se debe resaltar tanto la reducción de la era Uribe como la de Santos (la cifra total de 2017 es la más baja en décadas), pero también dice que asignarle el logro de disminución solo a Uribe o Santos es una falacia. “Esas bajas no le le pueden asignar a un caudillo. Es trabajo de muchos y muy difícil de evaluar de manera confiable. Cualquiera que diga ‘esto fue por mí’ está mintiendo. La disminución de la violencia es consecuencia de un proceso social donde muchos participan”, dice.

Ante la afirmación de Uribe de que Santos “nos deja el asesinato aplazado” y su pregunta en Twitter de “qué pasará cuando el nuevo Gbno tenga que enfrentar más de 209 mil hts de coca!”, Villaveces tiene varias críticas para el expresidente.

“Lo que asegura Uribe es absurdo e ignorante”, asegura el experto. “Nadie puede predecir con base en hectáreas coca que los asesinatos vayan subir o bajar y tampoco se puede relacionar solo con los cultivos ilícitos. La violencia es multicausal y no solo debida a los narcos”.

Por su parte, Aguirre agrega que “la reducción de los homicidios no está tan directamente asociada a la guerra contra las drogas o al conflicto” y dice que, en cambio, esa reducción de las estadísticas nacionales depende mucho más de la reducción en las ciudades”.

Aguirre insiste en que es imposible de predecir si más plantaciones de droga causarán más homicidios. Para este experto, creer que “la única manera de abordar la problemática de los altos cultivos es con una política de mano dura” es simplemente algo subjetivo.

Homicidios y coca

Al analizar las cifras comparadas de homicidios y cultivos de coca, podemos ver que algunos años, como 2007, cuando los cultivos ilícitos aumentaron con relación al 2006, los homicidios continuaron a la baja. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando la Unodc reportó 146.000 hectáreas de cultivos, pero los asesinatos bajaron.

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), realizó un análisis de estas dos variables. En el artículo En Colombia hay más coca y menos asesinatos, publicado en Pacifista, indica que “en el número de muertes violentas influyen múltiples variables que deben que ser tenidas en cuenta. No hay que perder de vista que las zonas que concentran los cultivos se caracterizan por una baja presencia institucional, la falta de conectividad, un menor desarrollo económico y una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley. Cada uno de estos factores también influyen en el homicidio”.

Garzón asegura que “según la información de los municipios con cultivos de coca, el reciente ‘boom’ de esa hoja no ha significado un alza en las muertes violentas”.

Precisamente, la FIP presentó un gráfico en el que cruzan los homicidios de todo el país (cifras de la Policía y el Ministerio de la Defensa) con las hectáreas de coca.

Histórico de homicidios vs. cultivos de coca en Colombia

Para ver si existía una correlación entre ambos indicadores, en Colombiacheck comparamos la lista de los homicidios en los trece municipios con más cultivos de coca en el país (desde 2007 hasta 2016).

 

 

 

Al comparar los datos de homicidios y hectáreas de coca vemos que, en general, aunque las hectáreas cultivadas de coca han aumentado en varios municipios, los homicidios han disminuido.

 

 

 

Destaca el caso de Tumaco, Nariño, donde, en 2009, el año con menos cultivos de coca desde 2007, los homicidios fueron los más altos del mismo período, un total de 306.

El expresidente Uribe también afirmó desde su cuenta de Twitter que “Santos insiste que bajó el asesinato cuando multiplicó por 5 su causa efectiva que es el narcotráfico, con el peligro que nos espera al tener que combatirlo. Además de la impunidad total”.

Teniendo en cuenta que el informe de la Unodc de cultivos ilícitos en 2017 no ha sido revelado todavía, para hacer la cuenta del expresidente usamos las cifras de cultivos dadas por el gobierno de Estados Unidos.

Según estas cifras, en 2010, cuando Uribe dejó el Gobierno, el monitoreo de Estados Unidos reportaba 58.000 hectáreas de coca cultivadas, mientras que en 2017 las hectáreas eran 209.000. Al hacer el cálculo, se puede deducir que la cantidad de hectáreas de coca se multiplicó por 3,6 y no por 5 como lo dijo el expresidente.

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Viernes, 16 Octubre 2020

La falsa acusación de MinDefensa contra Medicina Legal por caso Dilan Cruz

Por José Felipe Sarmiento

En el debate de moción de censura en su contra, que cursaba en la Cámara de Representantes, el ministro Carlos Holmes Trujillo dijo que el instituto “cometió un error” al declarar que la muerte del joven fue un homicidio.

“Ese dolor de ninguna manera podía llevar a nadie a calificar como homicidio la conducta del hombre del Esmad. Medicina Legal cometió un error ese día después de la necropsia: avanzó en la tipificación de la conducta que no le correspondía”, afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en referencia al ataque de la Policía contra una manifestación el 23 de diciembre de 2019 en Bogotá, cuando un disparo de escopeta del Escuadrón Móvil Antidisturbios mató al adolescente Dilan Cruz.

La frase del Ministro hizo parte de su intervención, el pasado 7 de octubre, en la Cámara de Representantes, para responder a un debate de moción de censura que la oposición y algunos congresistas liberales convocaron en su contra por haber desacatado la orden que le dio la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, de “presentar disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial, aquéllos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional – ESMAD- durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”.

Colombiacheck revisó esta afirmación y encontró que lo que dijo el funcionario es falso. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sí tiene competencia para determinar si una muerte fue homicidio sin que esto implique una supuesta equivocación en los términos que señaló Trujillo. Por tanto, no se extralimitó en sus funciones como lo planteó el funcionario.

El 28 de noviembre, la entonces directora de la entidad, Claudia García Fino, informó en rueda de prensa que los hallazgos de la necropsia de Cruz y los estudios de balística “permiten establecer como manera de muerte médico-legal: violenta, homicidio”. Desde ese momento, el dictamen causó polémica. Su base, según el comunicado, fue que la causa de muerte había sido un “trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparada por arma de fuego”, específicamente una bolsa de perdigones de plomo (bean bag) de escopeta calibre 12.

El Ministerio de Defensa le sustentó la frase a Colombiacheck con los artículos de la Constitución que les dan a la Fiscalía y la Justicia Penal Militar (que se quedó con la competencia en este caso por decisión del Consejo Superior de la Judicatura) la facultad “para investigar las conductas que revisten las características de delito y acusar ante las autoridades judiciales a los presuntos responsables”. El documento señaló que, para ello, se debe “analizar si se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable” en los términos del Código Penal

Según la argumentación del Gobierno, la Guía de Procedimientos para la Realización de Necropsias Medicolegales de Medicina Legal dice que “el perito deberá referirse siempre a la causa básica de la muerte (enfermedad o evento que desencadena la secuencia que lleva a la muerte)”, de acuerdo con una lista que incluye “proyectil de arma de fuego”. Finalmente, acude a esta cita literal:

No es conveniente que el perito incluya en el Protocolo de Necropsia inferencias o pronunciamientos sobre aspectos críticos que, aunque válidos y sustentables técnicamente, requieren ser discutidos y analizados previamente con investigadores y/o autoridades en las diferentes etapas del proceso.

Lo que omite el Ministerio es que el mismo documento del instituto, editado en 2004 tras la aprobación del nuevo Código de Procedimiento Penal, también dice que “el examen post mórtem medicolegal debe ser concluido con una opinión que abarque los puntos sobresalientes del caso, en particular sobre causa y manera de muerte”. La segunda sigue una clasificación internacional e incluye la opción de homicidio cuando la muerte es “causada por un tercero, de forma intencional o no intencional”.

En la misma definición, la guía aclara que “no se trata de tipificar un delito, ni de hacer juicios de valor o de responsabilidad ya que esto es competencia de la autoridad”. La penalista Diana Muñoz Castellanos, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, le explicó a Colombiacheck que las categorías que usan los médicos legistas en sus conclusiones “no obligan” a las entidades judiciales.

La especialista describe el dictamen como “una opinión informada de un profesional en una materia, que es susceptible de ser confrontada o contrastada”, en este caso, por la defensa del capitán Manuel Cubillos, el policía procesado. En otras palabras, se trata de un soporte para que las autoridades definan el tipo de delito, pero no es el único elemento que se tiene en cuenta. “No son equivalentes”, dice la abogada.

De hecho, Medicina Legal utiliza la categoría homicidio de manera permanente en sus registros e informes, como el Forensis, que presenta las cifras de muertes violentas cada año. El hecho de que el instituto haya determinado que la muerte de Dilan fue de esta manera acredita, en palabras de la experta, “que la muerte fue violenta y causada por otra persona; no entró a calificar si fue un homicidio doloso, culposo, preterintencional o si estaba dentro de alguna causal de ausencia de responsabilidad”. Estas sí serían valoraciones jurídicas.

El Decreto Único del Sector Salud compiló en 2016 otra norma que, desde 1990, señala entre las funciones de las autopsias médico-legales la de “ayudar a establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte y la manera como se produjo (homicidio, suicidio, accidente, natural o indeterminada), así como el mecanismo o agente vulnerante”. Esta es la facultad en la que se basan los protocolos de Medicina Legal, como explica el experto en ciencias forenses César Augusto Giraldo, docente de la Universidad CES.

El investigador no comparte el contenido de esa norma, pues considera que sí causa “confusiones” en cuanto a que la declaratoria de homicidio puede interpretarse como un juicio de responsabilidad. Sin embargo, señala que esta regulación se aplica a las necropsias en general. Muñoz, por su parte, aclara que los peritos tienen libertad para decidir qué tan específicos son en su dictamen, por eso “algunos prefieren solo poner que la muerte fue violenta”.

Por tanto, a pesar del debate que puede haber en torno a la reglamentación de estos exámenes, no se puede decir que el informe en el caso puntal de Dilan Cruz haya estado equivocado o haya avanzado en la tipificación del delito, como lo hizo Trujillo. Su señalamiento contra el instituto es falso porque contradice la normatividad vigente sobre las facultades de la entidad y el alcance de sus conceptos en este tipo de investigaciones.